Vicente Esteban Duñabeitía declaró dando
detalle de las obras otorgadas por Nación y Provincia, difundidas públicamente
pero que nunca fueron cumplidas, de cómo eran convocados los intendentes por el
gobierno provincial para realizar reclamos a la legislatura y de cómo luego el
Ejecutivo comprometía envíos de fondos que nunca llegarían.
El Ministerio Público Fiscal investiga la
utilización de fondos asignados a equipamiento para el cuartel de Bomberos de
la localidad de José de San Martín, que el intendente aplicó al pago de
haberes. El cambio discrecional de destino de fondos específicos es sancionado
por el Código Penal en la figura de Malversación de Caudales Públicos.
El funcionario Guillermo Moré relató el
hecho en la audiencia de formalización de la investigación. La imputación dice
textualmente:
Del presente caso, surge el siguiente
hecho: En su carácter de intendente de la localidad de José de San Martín,
Provincia del Chubut, en fecha 25 de junio de 2015 firmó una resolución
municipal N° 252/2015 mediante la cual autorizaba a la tesorería municipal al
pago de haberes del mes de junio 2015 y primer cuota del SAC 2015 del personal
municipal y funcionarios utilizando los fondos provenientes del aporte no
reintegrable del cuartel de bomberos de dicha localidad depositados en la
cuenta corriente municipal 500002/1 aduciendo que el municipio no contaba con
recursos suficientes y que lo realizaba en uso de sus facultades legales
previstas en la Ley Provincial XVI N° 46.-
Que dicho aporte no reintegrable había sido
depositado por la Tesorería General de la provincia del Chubut en fecha 11 de
mayo del año 2015 mediante recibo de pago 1694225 cuya descripción rezaba ANR
destinado a compra de equipamiento para los bomberos voluntarios. Que dicho
accionar no encuentra causa de justificación o estado de necesidad alguna ni
sustento legal en ninguna normativa.-
Duñabeitía prestó declaración, contó que el
dinero había sido asignado para que el municipio compre el equipamiento y lo entregue
a Bomberos. Luego describió la situación que se vivía a escasos meses de las
elecciones, con obras en marcha para las que no llegaban los fondos, con gran
cantidad de contratados y becados que esperaban cobrar y reclamaban
constantemente al intendente, y con la necesidad de evitar que "se les
prenda fuego el municipio".
En su declaración expuso presuntos manejos
políticos del gobierno provincial y del nacional, evidenciando estrategias de
"utilización" de los municipios para presionar a la legislatura y/o
mostrar políticas públicas de desarrollo regional que nunca pasaron de los
papeles.
El proceso
La Fiscalía cuenta con el plazo de seis
meses a partir de la apertura para reunir elementos de prueba y decidir la
resolución más ajustada al caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario