VIOLENCIA DE GÉNERO
Los efectos de los pactos internacionales a los que suscribió la Argentina se hacen sentir a la hora de discutir medidas en los tribunales locales. En los últimos días fue rechazado un ofrecimiento de reparación y de suspensión de juicio a prueba en relación a una causa por incendio intencional por considerar que trata de una situación de violencia de género, y se dictó una prisión preventiva en una investigación de violencia de género y maltrato infantil.
Todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, es violencia de género según la Declaración de Naciones Unidad sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer.
Por otra parte la Ley de Protección integral de las Mujeres está destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales-considera violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Estos criterios fueron planteados por la Dra. María Bottini en ambos casos, y los jueces los contemplaron a la hora de dictar sus resoluciones. Particularmente la Dra. Anabel Rodríguez a la hora de definir si podía otorgarse al imputado la posibilidad de acceder a soluciones alternativas del conflicto cuando la damnificada no estaba de acuerdo.
Los casos
El 29 de enero de este año un hombre le envió un mensaje de texto a una mujer con la que había mantenido una relación amorosa, amenazándola de muerte. El mismo día a las 6:30 hs. el imputado fue a una estación de servicio, compró combustible en una botella plástica y luego se dirigió a la vivienda donde vive la víctima con sus hijos, arrojó el contenido de la botella en el altillo y prendió fuego. Las llamas afectaron buena parte de la vivienda y de los bienes que estaban en su interior.
Ese mismo día una juez penal dictó una prohibición de acercamiento en un radio de 100 mts. El imputado desobedeció esa orden en más de una oportunidad. Por todos estos hechos la Fiscalía realizó una investigación y presentó acusación pública por los delitos de amenazas, incendio con peligro común para los bienes y desobediencia.
La defensa intentó realizar una conciliación pero la víctima no quiso. Luego ofreció una reparación económica de cinco mil pesos, que tampoco fue aceptada por la víctima y pidió la implementación de una suspensión de juicio a prueba ya que el imputado reúne los requisitos legales.
Ese argumento fue rebatido por la Fiscalía planteando que se estaría incumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
El otro caso ocurrió recientemente en una localidad del interior provincial. El imputado comenzó a golpear a uno de sus hijos causándole lesiones. Luego agredió a su mujer, mediante golpes en todo el cuerpo. Otro de los chicos se interpuso y lo golpeó también. La mujer avisó a la policía e intentó salir en busca de auxilio pero el imputado se lo impidió cerrando puertas y ventanas, manteniendo a los tres privados de su libertad durante dos horas. Al llegar la policía, el imputado en lugar de calmarse se tornó agresivo con los agentes, intentando quebrar el brazo de una policía, además de atacar con un cuchillo a otro, sin consecuencias gracias al chaleco antibalas que llevaba.
En la audiencia, una vez mas la Dra. Bottini señaló que se trata de un caso de violencia de género, además del evidente maltrato infantil. Fundamentó los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación y el juez dispuso la prisión preventiva.
