FISCALÍA ACUSÓ A DOS DE LAS IMPUTADAS
El Ministerio Público Fiscal presentó acusación pública en el caso que
investiga la presunta comisión de delitos de estafa y defraudación a personas
alojadas en el Hogar de Ancianos y las casas tuteladas de Esquel. En una
audiencia realizada este miércoles, el fiscal Fidel González solicitó el
sobreseimiento de Yesica Lorena Domínguez, por no haber hallado elementos que
acrediten su participación deliberada en los hechos que se discutirán en
juicio.
En febrero o marzo próximo se realizaría la audiencia preliminar en la
que la Fiscalía requerirá la elevación a juicio en relación a dos imputadas:
quien se desempeñaba como Directora del Hogar y una empleada administrativa.
Respecto de ellas se hizo un pedido de sobreseimiento parcial. Originalmente se
imputó el perjuicio a 15 víctimas, concluida la etapa de investigación
preliminar, el fiscal del caso evaluó que cuenta con elementos para sostener la
acusación respecto de 14. Es decir que el sobreseimiento requerido lo fue
únicamente en relación a una persona sobre la que no hay elementos para
sostener que hubiera sido damnificada.
Los hechos
El primer legajo señala a una
empleada administrativa del hogar de ancianos "Juan Domingo Perón",
quién habría defraudado a una anciana aprovechando su función.
"Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de débito
del Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela para luego
dirigirse al cajero automático en la vecina localidad de Trevelin y extraer la
suma de pesos mil ($ 1.000)", sin autorización de la titular y sin
entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de
2014.
El segundo legajo investiga un hecho
ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. La acusación les
atribuye el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud
muy deteriorada. Según la denuncia, la Directora habría exigido a la esposa del
damnificado, la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el
cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se
destinaría a cubrir los gastos de la internación "a sabiendas que desde el
Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se
abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados,
como así también del funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta,
higiene, etc). No quedando ningún tipo de erogación a cargo de los
internos", indica el escrito fiscal, con una salvedad, los gastos de
farmacia.
Siguiendo la línea de lo denunciado,
la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con
acompañamiento del personal administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o
al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se
lo regresaba al hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en
tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el
momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio
económico causado rondó los $67.729.
El tercer legajo investiga el
perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de
2007 y marzo de 2014. Con una modalidad similar a la descripta en el hecho
anterior, las imputadas, según la información obtenida hasta el momento,
habrían causado un menoscabo de aproximadamente $713.638.
El último legajo incrimina únicamente
a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y
julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que
ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del
dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro
damnificados de alrededor de $309.112.
