EL TRIBUNAL PUSO NÚMERO A LA PENA
Los jueces Nelly
García, Carina Estefanía y Alejandro Rosales decidieron por unanimidad imponer
una pena de 10 años de prisión para Raúl A. Payalef y Roberto Alegre, 8 años de
prisión a Jonathan Llanquitrú y 6 años a Silvana de Carmen Rodríguez. Por mayoría
declararon reincidente a Alegre, con la oposición de la Dra. García que declaró
de oficio la inconstitucionalidad de la reincidencia. La audiencia se extendió
hasta entrada la tarde para tratar el pedido fiscal de continuidad de las
medidas de coerción.
La decisión de los jueces estuvo centrada exclusivamente en
el monto de la pena a imponer dentro de la escala habilitada por los tipos
penales que tuvieron en cuenta al momento de dictar sentencia deresponsabilidad. Los defensores habían solicitado la aplicación del mínimo
legal en tanto que el fiscal requirió una pena de diez años para los tres
autores y siete años para la partícipe.
En su análisis los magistrados pusieron especial atención en
la violencia desplegado en el hecho y en el impacto de que éste tuvo en la
víctima. Señalaron que se trata de un hecho que por su grado de violencia se
diferencia de los que se producen en la circunscripción, pero aunque se dieran
hechos de esas características de modo reiterado, eso no agregaría ni quitaría
responsabilidad sobre los autores por lo que en el caso concreto llevaron a
cabo. La especificación fue dirigida al argumento de uno de los defensores que intentó
relativizar el hecho, indicando que no se diferencia de otros similares que
suceden frecuentemente en otras ciudades de nuestro país.
La valoración del daño, la premeditación tanto para la
realización como para procurar luego la impunidad, el modo en que fue utilizada
el arma de fuego que portaban, y otras características llevaron a los jueces a
considerar un monto de pena cercano al máximo legal previsto. Respecto de
Rodríguez se ponderó en su contra la confianza que tenía en ella la víctima por
su relación laboral de años. A partir de allí sopesaron los atenuantes como la
falta de educación formal completa por parte de todos los imputados, la
juventud de Llanquitrú, la falta de antecedentes penales de éste y de Rodríguez
y la situación social de vulnerabilidad que atravesaron en su niñez Payalef y
Alegre.
Puestos en la balanza arrojaron como resultado las penas de
diez años de prisión para Payalef y Alegre, de ocho años para Llanquitrú y de
seis para Rodríguez.
Hasta que la condena
quede firme
Algunos de los abogados defensores ya adelantaron que
presentarán un recurso ante la Cámara Penal para que la sentencia sea revisada.
Por el momento entonces, esta condena de primera instancia no quedará firme y
los imputados aun no comienzan a cumplir la pena de prisión que se les impuso. Frente
a esta situación el fiscal Martín Zacchino, siguiendo una resolución de la
Procuración General que así lo dispone, pidió que continúe la prisión
preventiva de Payalef y Alegre, ya que subsiste el peligro de fuga, mas aun
ahora que saben el monto de pena que podrían cumplir. Respecto de Lanquitrú,
entendiendo que cumplió durante todo el proceso con las medidas que se le
impusieron y que comenzó a estudiar, lo que evidencia su intención de optar por
conductas socialmente más valiosas, consideró el fiscal que podría seguir con
prisión domiciliaria y gozando de los permisos especiales que tiene para salir
a estudiar.
Finalmente en relación a Rodríguez que está en libertad,
pidió que se le imponga arresto domiciliario, también por peligro de fuga.
Los defensores se opusieron a los pedidos. Horacio Hernández
realizó algunas consideraciones generales que fueron tomadas por el fiscal como
agravios, solicitando que se le dé copia certificada de los audios para iniciar
las acciones legales que considere convenientes. Los jueces entendieron
razonable el pedido y el defensor pidió también copia certificada para iniciar
acciones por su cuenta ya que se sintió agraviado y perjudicado en el ejercicio
de su rol.
Silvana Rodríguez había solicitado el cambio de abogado
defensor y rechazó la posibilidad de que la siga representando Zapata en la
audiencia. Se hizo un cuarto intermedio para que tome contacto con un defensor
oficial y, finalmente a su respecto se dispuso una nueva audiencia para el día
martes en la que estará representada por Omar López.
Los jueces concedieron las medidas tal como fueron
solicitadas por la Fiscalía por coincidir en que existe peligro de fuga. Entendieron
los magistrados que en esta instancia del proceso, no alcanza con la
acreditación de arraigo, y la conducta de los imputados Payalef y Alegre
evidencia que por sí solos no son capaces de respetar las medidas que se le
impongan.
A pedido del defensor de Payalef, el martes dos jueces
revisarán la medida impuesta a este imputado.
