viernes, 7 de junio de 2013

Resolución de la Procuración General


MIENTRAS SE RESUELVE, LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR



El Procurador General, Jorge L. Miquelarena, emitió una resolución vinculada al expediente en que el intendente de Cholila, Miguel Castro solicitó el apartamiento de los fiscales de Esquel de una investigación vinculada a tierras fiscales. El Procurador dispuso la investigación de las acusaciones con carácter penal por un fiscal y supeditó el tratamiento de la recusación hasta que se resuelva esa cuestión. Mientras tanto para evitar que la investigación se detenga, dispuso que provisoriamente sea continuada por el fiscal de El Hoyo.



En los extensos considerandos Miquelarena ordena los planteos presentados por Castro y establece el orden en que deben ser tratados siguiendo los procedimientos establecidos para casos como este. Respecto del trámite de los legajos a los que se refiere la presentación señaló “que del escaso conocimiento que puedo tener sobre los aspectos del Legajo N° 21.868/12, a partir del relato del recusante y las copias simples que adjunta a su presentación, colijo que se encuentra en la etapa de la averiguación preliminar a que refiere el art. 268 del rito penal. Dicha instancia procesal se caracteriza por las amplias facultades del Fiscal para dilucidar los hechos y analizar la seriedad de la denuncia, identificar a los posibles involucrados y adoptar una decisión en los términos del art. 269 del mismo código”. Agrega además que en casos que se presentan complejos como parecería ser este, “formase la convicción acerca de cuál es el camino a seguir puede implicar que los tiempos procesales se extiendan, lo que al parecer ocurre en el concreto”.



La continuidad de la investigación



No está de más mencionar que no habrán de tolerarse maniobras que tiendan a obstruir dichas tareas o a apartar a un Fiscal de una investigación, sin perjuicio de lo cual los planteos que se han formalizado deben seguir el curso que los procedimientos indican, con el debido respeto y resguardando las garantías de los ciudadanos”, explicitó el Procurador previo a entrar al detalle de las decisiones que adoptaría.

Para mantener el equilibrio en el caso concreto, separó los hechos denunciados por Castro como constitutivos de conductas sancionadas penalmente y dispuso su envío a un fiscal para investigar si se produjeron y en tal caso si responden a tipos penales. Por proximidad geográfica se decidió que tal investigación la siga el fiscal Oscar Oro.

Mientras se lleva a cabo este trámite “a efectos de no demorar ni obstruir el avance de las averiguaciones que se cursan en el Legajo N° 21.868/12, corresponde su reasignación provisoria al Dr. Oscar Oro, como Fiscal General responsable del mismo, ello hasta tanto se resuelvan en definitiva las recusaciones formuladas por el denunciado, Sr. Héctor Miguel Castro.”

Cuando se tome una definición sobre las denuncias con relevancia penal, el Procurador convocará a la audiencia para dar tratamiento al planteo de recusación. Recién entonces se sabrá si será el fiscal Fernando Rivarola quien continúe la investigación en estos legajos o si por el contrario deberán ser continuados por otro funcionario del Ministerio Público Fiscal.

El deber de un fiscal es investigar


Este viernes los fiscales Martín Zacchino, Fernando Rivarola, María Bottini, Fernanda Révori y Hernán Dal Verme recibieron a la prensa. En la oportunidad Zacchino y Rivarola brindaron explicaciones a la comunidad respecto de acusaciones realizadas públicamente en su contra por el intendente de Cholila, Miguel Castro.

El Fiscal Jefe indicó que es necesario llevar luz y algunas aclaraciones a la opinión pública en lo que respecta a las noticias que están circulando desde hace un par de días y que se relacionan a una recusación y un cuestionamiento realizado por el intendente de la localidad de Cholila.

Rivarola detalló que se trata de “una investigación que se inicia por la denuncia de cuatro concejales de la localidad de Cholila. Concejales elegidos por el voto popular y que, como lo establece la Constitución, representan a la población de Cholila y los intereses de la población de esa localidad. Ellos denuncian una serie de actos, tanto del departamento ejecutivo como de las composiciones anteriores del HCD, que ellos reputaron como constitutivos de ilícito. En el contexto de esa denuncia Castro es uno de los primeros que se presentó espontáneamente, fue escuchado y se recibió de él documentación de respaldo. También presentó documentación quién fue intendente interino por un período de tiempo y otro ciudadano que estaba dentro de una de las contrataciones por permuta de tierras públicas”.
Agregando que “tal es así que en la mayor parte del texto de la denuncia le hemos dado la razón al Sr. Castro, al Sr. Galindo y al ciudadano, y hemos aclarado que de todo lo que decía la denuncia quedaba solamente dos puntos donde la Fiscalía debía profundizar la investigación. Se trata de dos permutas de tierras públicas, respecto de una, que tenía que ver con la nueva traza de la Ruta 71, existía una autorización legislativa del HCD que habilitaba al intendente a permutar las tierras que afectaría esta nueva traza por otras del dominio público. Y no hay ningún cuestionamiento de validez, y así lo he dicho en mi primer resolución respecto de esa resolución”, detalló Rivarola. Esa disposición legislativa municipal indicaba que esto se debía realizar respetando las mismas proporciones y calidades “y es ahí donde dije que había que profundizar la investigación y lo vine haciendo todo este tiempo”.
La otra permuta es independiente de la Ruta 71 tiene características similares pero no contaba con un acto legislativo previo, “allí puede haber algún incumplimiento de la normativa provincial que rige todo lo que tenga que ver con tierras públicas”, expuso.

Sin apertura

Rivarola indicó que pese a que la denuncia es de agosto del año pasado aun no dispuso la apertura de la investigación “y si no he dispuesto la apertura de la investigación es porque no tengo elementos para disponerla, es decir porque no tengo yo el convencimiento personal de que estoy con materia ilícita. Simplemente estoy profundizando una investigación con la celeridad que a esta denuncia se le debe dar”.

Los recursos del Estado

El fiscal comentó también que esta no es la única denuncia en torno a tierras públicas. Son muchas las denuncias de este tipo que llegan a la agencia de investigación de delitos complejos en la que se desempeña y, llevan desde varios municipios de la zona por el manejo reputado irregular de tierras públicas.  
“La Constitución Nacional y las funciones propias del Ministerio Público, son muy sensibles en cuanto se trata de los recursos propios del Estado. Hay un sin número de figuras penales de funcionarios públicos ante el manejo de los caudales públicos. No es capricho nuestro que estas figuras penales existan y mucho menos que ante una denuncia debamos investigar en profundidad hasta lograr el convencimiento personal de si existe o no una actividad ilícita”, señaló Rivarola.

“De modo que todas las manifestaciones públicas que ha hecho el señor Intendente respecto de la animosidad de este fiscal, al manejo irregular e incluso cuestionando la propia normativa procesal que fue votada por la legislatura provincial y que es modelo a nivel nacional, es a mi persona totalmente agraviante a mi moral, a mi concepto, a mi honor y trasciende a mi persona, afecta a mi función pública y afecta incluso a mi familia”.

Mecanismos legales

Para finalizar el fiscal agregó que todo pedido de recusación o presentación ante el Consejo de la Magistratura son mecanismos legales que cualquier litigante puede utilizar, no nos sorprende que una persona sindicada como autor de un hecho nos recuse, hay un mecanismo legal previsto para ello, cuando ese mecanismo nos dé los traslados contestaremos lo que tengamos que contestar. También debo decir que no entiendo en modo alguno cómo se lo vincula al Dr. Zacchino en esta recusación cuando el único fiscal que interviene en este caso soy yo.”

Por su parte Martín Zacchino explicó que durante el tiempo que dure el trámite de la recusación la investigación las actuaciones serán llevadas por el Dr. Oscar Oro, para definirse luego si se hace lugar o no a la recusación, y en consecuencia quién deberá seguir el trámite.

A su respecto, el fiscal jefe dijo que no puede ser recusado porque nunca llevó a cabo esa investigación y no tiene puntual conocimiento de ella. Consultado por los periodistas sobre si el pedido de recusación en su caso estaría vinculado a su actuación en el caso Gerez, Zacchino sostuvo que ese caso refiere a tierras provinciales y nada tiene que ver el municipio de Cholila. “No hay elemento objetivo ninguno para sostener que Castro que no fue imputado, no es parte, no es testigo, no es nada en la causa denominada Gerez, pueda sentirse perseguido”, indicó. También sostuvo que no debe confundirse los dichos de las otras partes en ese trámite con los dichos del fiscal.