El 29 de septiembre pasado, una resolución judicial del
fuero civil, declaró la muerte presunta de Germán Jaime Acosta. A partir de ese
momento se reactivaron los plazos procesales en la investigación penal por
homicidio. En audiencia oral y pública, a pedido de la Fiscalía, el juez José
Colabelli otorgó una prórroga ordinaria de la investigación por un plazo de
tres meses que vencerá el 29 de diciembre.
La Fiscalía investiga el presunto homicidio de Germán
Acosta. La investigación nunca fue simple. A más de cinco años de su
desaparición, aun no pudo encontrarse el cuerpo. El 4 de junio de 2011, la
hermana de Germán (quien participó este miércoles de la audiencia junto a su
padre) denunció la desaparición del joven, indicando que Germán se había ido a
José de San Martín en un Chevrolet Corsa dominio FOJ-168. Según se pudo
establecer en la investigación, llegó a esa localidad el 29 de abril de 2011
entre las 15.00 y las 16.00 horas. Siguiendo las evidencias valoradas por la
Fiscalía, Germán fue directamente a la vivienda de los imputados, con la
finalidad de retirar elementos personales como una motocicleta, ropa y
calzados. No estaba solo, iba acompañado
de la tercera imputada, hija del dueño de casa y con quién mantenía una
relación sentimental.
La investigación permitió establecer algunos movimientos de
Germán, los días siguientes en esa misma localidad. Sí se sabe que a partir del
2 de mayo los imputados empezaron a deshacerse de los bienes de Germán, procurando
venderlos.
La imputación
La Fiscalía formalizó investigación el 3 de diciembre de
2013, comunicando a los imputados que el hecho habría ocurrido presumiblemente
en la localidad de José de San Martín o en zona aledaña, provincia del Chubut,
en un lugar exacto aún a determinar, el día 2 de mayo de 2011, antes de las
16.00 horas, en circunstancias en que un grupo de personas integrado al menos
por Oscar Leopoldo Rogel, Elena Marino –pareja del anterior- y Luciana Rogel
–hija del primero-, tomaron parte en la comisión, o colaboraron para que otros
procedan prestando necesario auxilio, ya sea facilitando el accionar de
aquéllos, ya sea brindando cualquier otro tipo de ayuda, en un modo aún no
establecido y por motivos que aún se desconocen, a dar muerte a Germán Jaime
Acosta.
Al formalizar la investigación, se presentó una imputación
subsidiaria, describiendo el suceso acontecido con posterioridad al 2 de mayo
de 2011 luego de las 16.00 horas, con principio de ejecución en la localidad de
José de San Martín, provincia del Chubut, en circunstancias en que los
imputados, ocultaron, alteraron y/o hicieron desaparecer los rastros, pruebas e
instrumentos del delito (homicidio de Germán Jaime Acosta), a sabiendas de la
gravedad del mismo y con cabal conocimiento de los hechos acaecidos.
Reactivación de los plazos
A pedido del, por entonces, fiscal Martín Zacchino, el juez
de la carpeta resolvió suspender los plazos procesales de esta investigación
hasta que se resolviera una cuestión prejudicial: la declaración civil de la
muerte presunta de Germán. El trámite, iniciado en 2014, finalizó el 29 de
septiembre de este año. Al ser notificada la fiscal Fernanda Révori -a quién se asignó el caso luego de la
asunción de Zacchino como juez penal- solicitó la fijación de una audiencia
para analizar los plazos procesales y solicitar una prórroga.
La investigación
El análisis del derrotero de la investigación, también
ofrece ciertas complejidades. La primera apertura de la investigación no se
realizó en función del homicidio, sino de las primeras evidencias que apuntaban
a los delitos de estafa y falsificación de instrumento público. Respecto de ese
hecho la fiscalía presentó la acusación y se declaró la incompetencia de los
tribunales provinciales pasando el caso al juzgado federal, donde sigue su
curso.
El hecho de homicidio fue comunicado a los imputados en la
audiencia del 3 de diciembre de 2013. La investigación preliminar se realizó
hasta la resolución de suspensión de los plazos procesales.
La fiscal Fernanda Révori, sostuvo que se trata de un caso
complejo de investigar porque aún no se halló el cuerpo, por el número de
personas entrevistadas -más de 70- y por las demás características que
presenta. Requirió del juez que se otorgue una prórroga de cuatro meses a la
investigación o bien que se habilite el trámite de caso complejo, con sus
plazos de investigación especiales.
El defensor particular Oscar Romero se opuso al pedido.
Sostuvo que no se trata de un caso complejo, sino de una “tramitación compleja”
y que esa complejidad se produjo por las decisiones adoptadas por la Fiscalía. El
letrado sostuvo que no pueden sus defendidos permanecer en el tiempo sometidos
a un proceso que no concluye y requirió que se exija al Ministerio Público que
tome una definición en un plazo inferior a 15 días, acusando con los elementos
reunidos o pidiendo el sobreseimiento de los imputados.
Tres meses
El juez, José Colabelli, analizó por un lado el modo en que
deben computarse los plazos y por otro la viabilidad del pedido de prórroga de
la Fiscalía. Respecto de los plazos interpretó que volvieron a correr a partir
de la declaración de muerte presunta, el 29 de septiembre de este año. Sobre el
pedido de prórroga entendió que debe tomarse como parte de la investigación
preparatoria, no solo la recopilación de evidencias, sino también el análisis
de las mismas que debe efectuar el Ministerio Público Fiscal. Con esta
finalidad otorgó una prórroga de tres meses que computa de modo retroactivo a
al 29 de septiembre, venciendo el 29 de diciembre de este año.
En esa fecha la Fiscalía debería tomar una decisión sobre la
suerte que correrá la investigación: avanzar hacia el pedido de apertura de la
etapa de juicio o el sobreseimiento de los imputados.
