lunes, 14 de diciembre de 2015

Violencia de género: Millahuala fue condenado a 5 años de prisión


El juez Hernán Dal Verme impuso la pena de cinco años de prisión y accesorias legales, a Oscar Damián Millahuala por haber sido autorresponsable de Lesiones Leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con Amenazas Simples; Lesiones Graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso ideal con Violación de domicilio, en concurso real con Robo Simple y Amenazas Simples; y Desobediencia, los que concurren materialmente entre sí.

La sentencia hace especial consideración respecto de la pluralidad de delitos, la decisión del autor y las especiales características de la violencia de género. Todos estos elementos fueron tenidos como agravantes por el juez. "Un denominador común que emparenta los tres hechos por los que fue condenado Millahuala: la violencia de género que se manifestó, en cuanto a su tipología, como física, psicológica y económica, ella, en una modalidad de violencia doméstica. De aquí se infiere que en las conductas de Millahuala siempre existió el designio ilegítimo de someter a su ex pareja a su voluntad", indicó Dal Verme.

Siguiendo esta línea de análisis, el juzgador consideró que el legislador, además de tomar en cuenta el valor de la integridad física de la persona, focalizó la necesidad de disuadir este tipo de conductas en el ámbito familiar, con miras a preservar la paz en dicho espacio. Pero además, juzgó necesario proteger a la mujer frente a agresiones llevadas a cabo por hombres en razón de su género. El magistrado entendió que se presenta una doble agravación y por lo tanto una mayor transgresión a la protección legal.

Un círculo que asfixia

En la sentencia de responsabilidad, Dal Verme detalló el contexto de violencia de género en que Millahuala sumergió a la víctima. Ahora, al determinar la pena a imponer, consideró que ese contexto obró como una suerte de "preparación del terreno" para que el imputado fuera acentuando la vulnerabilidad de la víctima eliminando sus posibilidades de resistencia. "Quedó claro, con las declaraciones de las Lics. Diez y Pasquini, el modo en que funciona el ciclo de la violencia domestica. Este se caracteriza por su incremento gradual de la violencia, en el que se intercalan períodos de disculpas y promesas de cambio que nunca llegan. La víctima queda inmersa en un círculo del que no es plenamente consciente, y que le proporciona una perspectiva distorsionada de la realidad en la que cumple un rol de víctima complaciente en el que su autoestima se va destruyendo", señaló.

Destacó el juez la diferencia de edad entre el imputado y la víctima y las condiciones particulares de la joven que por su historia personal estaba predispuesta a aceptar actos de violencia de pareja, además de haberse criado con sus padres ausentes.

La naturalización de la violencia hacia la mujer

El entorno en que vivían el imputado y la víctima ofreció otro elemento que abonó la vulnerabilidad de la joven "ya que, a sus ojos, quedaba claro que eran conductas aceptables, y que nadie la ayudaría".
Este aspecto fue valorado de manera diferente por el defensor Daniel Sandoval y por la Fiscal María Bottini. Para el primero esta circunstancia debe tomarse como un atenuante ya que su formación cultural lo ha llevado a naturalizar las prácticas machistas, y por lo tanto estaba condicionado para comprender lo inadecuado de sus conductas. Por el contrario para la fiscal, Millahuala se encontraba en condiciones privilegiadas para motivarse en la norma.

Esta última, fue la lectura dada por el juez al valorar que tiempo atrás al imputado se le otorgó una suspensión de juicio a prueba, lo que "implica un hito procesal que lo alertó sobre las consecuencias disvaliosas de cometer cualquier delito". Dal Verme expuso que esto es lo que busca el sistema de progresividad en la reacción punitiva, destinado a resociabilizar por medios diferentes a la prisionalización. Sin embargo en este caso no causó el efecto esperado.
En la misma línea valoró que Millahuala fue imputado de varios hechos y, "sin perjuicio de que el nombrado fue absuelto respecto de cuatro de ellos, lo cierto es que en cada caso se formó un proceso que tuvo por objeto dilucidar diferentes conductas que victimizaban, de un modo u otro, a su ex pareja. Con estos procesos, Millahuala tuvo sobradas oportunidades de concientizar que las conductas que se le atribuían eran delictivas, pero a pesar de ello, persistió insistentemente en agredir a su ex pareja de diferentes formas", planteó el juez.

Teniendo estos antecedentes en cuenta el magistrado concluyó que la formación machista de Millahuala que pudo condicionarlo en un inicio, luego, cuando los diferentes órganos del Poder Judicial le hicieron notar la ilegalidad de sus actos, tal condicionamiento no puede ser tenido en cuenta. La única medida que evitó la continuidad de la violencia desplegada, fue la imposición de prisión preventiva.

La difusión mediática

Dal Verme tuvo en cuenta que, aun habiéndose criado en un ambiente machista, el imputado debió saber que las conductas de violencia contra la mujer no son socialmente aceptadas."Por otra parte, la difusión mediática que la temática de género ha tenido en estos últimos años, abona la existencia de un conocimiento, por parte del imputado, de lo negativo de su comportamiento valorado desde un punto de vista social".
Para el juez esta sumatoria de alertas evidencian que no hubo imposibilidad del imputado para internalizar las prohibiciones legales, sino que "sencillamente no le importaron las normas".

Atenuantes

Los testigos que llevó la defensa a la audiencia de cesura, no aportaron elementos a valorar por el juez. "Que sea amable, respetuoso o trabajador no tiene relación con los hechos", consideró.
"Por el contario, la falta de antecedentes condenatorios del imputado, y la existencia de un grupo familiar contenedor, que lo ha acompañado a lo largo de los procesos, constituyen factores atenuantes, en particular, porque posibilitan establecer una proporcionalidad en cuanto a la necesidad en la graduación misma de la pena", concluyó el magistrado al decidir que la pena justa para el caso juzgado es la de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Presunto peculado y defraudación contra la Administración Pública

EL JUICIO YA TIENE FECHA Y JUEZ

La audiencia preliminar se realizó el jueves pasado, quedando abierta la etapa de juicio en relación a uno de los imputados. Esta mañana el juez Martín O’ Connor junto al Director de la Oficina Judicial, realizaron el sorteo del Tribunal e informaron la fecha del debate.

Los días 15, 16 y 17 de marzo se llevará a cabo el juicio oral y público en el que se debatirán cinco hechos calificados por la Fiscalía como peculado de bienes y servicios y defraudación contra la administración pública. Por sorteo resultó designado como juez de juicio el Dr. Ricardo Rolón.

Los hechos

En el transcurso del 2011, el acusado habría desviado y vendido a un particular parte de un cargamento de adoquines, de por lo menos 6 pallets (2400 adoquines), retirados previamente de la Planta de la AVP, con destino exclusivo para el Plan de PIAH en Corcovado. La venta que se le achaca habría sido efectuada de manera particular y los investigadores no pudieron establecer el monto por el que se concretó. Para la Fiscalía la adquisición fue realizada de buena fe, desconociendo que se trataba de un delito contra la administración pública. El comprador los colocó en un complejo de departamentos turísticos de Corcovado. En ese lugar fueron entregados los adoquines con vehículos y personal municipal, sin rendir cuenta de ello al municipio.

El segundo hecho tuvo lugar en el transcurso de 2012. En este caso el imputado habría vendido por lo menos 6 pallets (2400 adoquines) a una vecina de Corcovado por $2000. Los acusadores consideran que la mujer realizó la compra de buena fe, usando los adoquines para su local. Otra vez la entrega habría sido efectivizada con recursos humanos y materiales de la comuna.

El tercer hecho también sucedió en 2012. La Fiscalía postula que el imputado desvió y vendió por lo menos dos pallets (800 adoquines) a un vecino del Barrio 54 Viviendas de Corcovado, en $600. Igualmente sostienen los acusadores que el comprador desconocía que los adoquines provenían de un delito cometido contra la administración pública. La entrega se concretó de manera similar a las anteriores.

El cuarto hecho aconteció en el transcurso de 2012 y 2013 y la entrega de tres pallets de adoquines (1200) fueron entregados a la hermana del imputado. Ella, que los habría adquirido de buena fe, los colocó en su restaurante. Una vez más la entrega se habría concretado con vehículos y personal municipal.

El último de los hechos acusados sucedió el 7 de mayo de 2012, el imputado habría desviado 14 pallets de adoquines (5600) utilizando un camión de una empresa transportadora para dejarlos en una distribuidora mayorista de Esquel. El 11 de septiembre del mismo año, dos concejales de Corcovado se presentaron en la Planta de la AVP en Trevelin, donde preguntaron por los remitos y constancias de éste cargamento. El 27 de septiembre en sesión del Concejo Deliberante se planteó la necesidad de hacer una denuncia penal. En consecuencia, el 2 de octubre de 2012, cinco meses después de depositar los adoquines en Esquel, por órdenes del imputado, la misma empresa de transporte retiró el cargamento de 14 pallets de adoquines del depósito de la distribuidora y los devolvió a la Planta de Adoquines de AVP. Éste fue el único cargamento de adoquines devuelto a la Planta desde su creación a la fecha, circunstancia que motivó que la entrega sea recibida solo con la autorización del Jefe de la Planta. Por este desvío el imputado no rindió cuenta al Municipio.