Se realizó la audiencia de formalización de la
investigación en un legajo vinculado a la presunta comisión de delitos en la
adjudicación de obras públicas y el otorgamiento de derechos sobre tierras
fiscales. A pedido de la Fiscalía el juez otorgó el plazo especial para asuntos
complejos.
Los fiscales
a cargo de la investigación son Oscar Oro y Marcela Pérez. La Dra. Pérez fue
designada por el Procurador General para colaborar en la investigación ya que por
su complejidad requiere de una estructura mayor a la existente en la Oficina
Fiscal de la Comarca.
La imputación fiscal diferencia dos hechos que tienen por imputados
comunes a Miguel Castro, Gustavo Galindo y Néstor Becerra, en calidad de
funcionarios públicos, encuadrados provisoriamente en los tipos penales de “negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los
deberes de funcionario público”.
Adjudicación de obras
El primero de ellos se refiere a
presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 20013 en la adjudicación de
obras a una empresa. "Las
mencionadas adjudicaciones resultaron ser otorgadas sin respetar la legislación
aplicable, siendo que varias de las Obras, por sus montos, y conforme las
ordenanzas vigentes debían ser adjudicadas mediante licitación pública o
privada, pero, sin embargo, fueron
otorgadas en diferentes resoluciones emitidas por el Ejecutivo Municipal a la
empresa mencionada por licitación privada o contratación directa, y muchas
otras obras con montos que alcanzan a cifras millonarias, fueron desdobladas
sin justificación técnica ni legal, ello a los efectos de partir y disminuir el
precio y realizar adjudicaciones directas y evadir los procedimientos que hacen
a la garantía de transparencia, evitando
el procedimiento licitatorio", señala un párrafo del escrito fiscal.
Luego de detallar
numerosas resoluciones, concluye el relato del hecho diciendo que "hasta el momento, y de
la documentación recabada y la participación de los nombrados Hector Miguel
Castro, como intendente de la localidad de Cholila, Gustavo Javier Galindo, en
su condición de intendente interino de la misma localidad, y de Néstor Rubén
Becerra, como Coordinador de Gabinete de ese Municipio, dictaron resoluciones
contrarias a derecho y claramente parciales, entre al menos los año 2009 y
2013, interesándose en razón de su cargo en diferentes contrataciones con las
que beneficiaron a los mismos intereses económicos."
Tierras fiscales
El segundo hecho investiga el
dictado de resoluciones mediante las que habrían otorgado indebidamente derechos
sobre tierras fiscales. Además de los funcionarios, fueron imputados dos
vecinos de Cholila como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de
los deberes de funcionario público. Se trata de las personas en cuyo favor
resultaron otorgados los derechos sobre las tierras fiscales.
"Estamos dentro de la ley"
De los cinco imputados solo uno
hizo uso de su derecho a prestar declaración en la audiencia, aunque se negó a
responder preguntas. Miguel Castro dio una extensa explicación sobre la
motivación política que llevó a realizar las contrataciones del modo en que se
le cuestionan en el primero de los hechos. Aclaró que en su gestión tomaron la
decisión de hacer la obra "por administración", para asegurarse de
dar empleo a personas de la comunidad. Contó que la disponibilidad de fondos
llegaba lentamente y por ese motivo se fue haciendo frente a la misma con los
recursos existentes y en la medida de lo posible. Resaltó que todas las obras
fueron aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante "entiendo yo que
estamos dentro de la ley", afirmó. También agregó que del total de obras
realizadas en Cholila, no llegó al 7% lo otorgado a la empresa que refiere la
Fiscalía "¿dónde está el interés propio o de beneficiar a la empresa?",
inquirió.
Castro señaló que el manejo de
fondos fue revisado y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que
si hubiera habido irregularidades merecería una interpelación política, no una
investigación jurídica.
En relación al segundo Hecho, el ex
intendente sostuvo que la sesión de tierras se realizó a nombre de la viuda, ya
que tenía un poder otorgado por todos sus hijos. Agregó que lo que luego hizo
la mujer con esos derechos es asunto de ella, de una particular y no puede
achacársele al intendente.
Los partícipes
La Dra. Paola Bagnato representó a
los ciudadanos imputados como partícipes necesarios del delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público. La funcionaria judicial pidió
que el fiscal aclare o amplíe el hecho imputado, ya que a su criterio no fue
descripta la conducta de sus representados. También cuestionó la calificación
legal, señalando que si no se trata de funcionarios públicos no puede
achacárseles en ningún carácter el delito que se les imputa. Juan Colihueque,
abogado de Castro, adhirió al planteo de Bagnato y pidió el sobreseimiento de
su defendido.
Por su parte Fabián Gabalachis, abogado
de Becerra, cuestionó el tiempo empleado entre la denuncia que dio origen a la
investigación y la formalización de la investigación y argumentó deslindando
responsabilidades de su defendido en los delitos que se le achacan. Para el
letrado, el rol de Becerra fue de simple fedatario al refrendar resoluciones en
calidad de Secretario. "Los tipos penales se dirigen al funcionario cuya
intervención es de carácter ejecutivo", replicó. Finalmente pidió el
sobreseimiento de Becerra.
Complejo
Un capítulo aparte de planteos y
réplicas lo fue el pedido de tramitar el legajo como "asunto
complejo". Al pedido fiscal se opusieron todos los defensores adhiriendo
al argumento contrario dado por Gabalachis. La cuestión fue resuelta por el
juez Martín O' Connor de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía.
Abierta formalmente
El juez les explicó a los imputados
que esta audiencia es simplemente para que la Fiscalía comunique a los
imputados el marco general de la investigación, de forma comprensible. También aclaró
que la acusación es progresiva y que se va complejizando en la medida en que
avanza, por lo tanto en la audiencia preliminar habrá otros requisitos que en
esta instancia no son exigibles.
En relación al planteo del Dr.
Gabalachis, O' Connor señaló que se trata de una lectura jurídica que en este
momento procesal no puede llevarse a cabo sin producción de prueba y dictarse
un sobreseimiento.
Respecto del planteo de Bagnato
aclaró que el requisito del tipo penal es que a quienes se imputa la autoría del
delito sean funcionarios públicos y en este caso ese requisito se cumple, por
lo que pueden ser investigados como presuntos partícipes secundarios sus
defendidos.
El juez rechazó los pedidos de
reformulación de los hechos por considerarlos claros y también rechazó los
pedidos de sobreseimiento. Decretó abierta formalmente la investigación y
dispuso el plazo para asuntos complejos.
