martes, 4 de septiembre de 2012

Robo calificado en El Delfín


SE MODIFICÓ LA MEDIDA DE COERCIÓN

Fiscal Fernando Rivarola
La Fiscalía presentó el avance de la investigación en una audiencia realizada este martes por la tarde. La argumentación fue acompañada con la declaración de un miembro de la Brigada de Investigaciones, relatando el modo en que se está trabajando y los progresos obtenidos hasta el momento. Fernando Rivarola sostuvo que es indispensable que el Estado recurra al máximo de sus recursos para facilitar el éxito de la investigación. El defensor entendió que nada se aportó sobre indicios objetivos de riesgo procesal y requirió que continúe el arresto domiciliario. El Juez Javier Allende entendió que los nuevos elementos de la investigación permiten colocar al imputado con probabilidad como uno de los autores del hecho y también lo vinculan al robo al kiosco ubicado frente a la plaza, y de este modo evidencian un riesgo procesal que debe custodiarse con la prisión preventiva.

No se trató de una audiencia de revisión de la decisión anterior, sino una solicitada por la Fiscalía para ampliar sus argumentos tendientes a que se imponga una prisión preventiva en Comisaría. Esto es lo que sucedió minutos después de las tres de la tarde, no solo con la alocución de Rivarola sino también con la declaración de una integrante de la Brigada de Investigaciones.

Insuficiente

El fiscal sostuvo que la medida decretada el sábado es insuficiente para garantizar la investigación por varios motivos. Por su parte la oficial declaró que se pudo establecer que varios robos estarían vinculados a este grupo de delincuentes. En principio explicó los indicios objetivos que conectan a esta banda y al imputado con el robo al maxi kiosco de la plaza: el probable uso del mismo mameluco y las mismas zapatillas, además del modus operandi.
Defensor Julian Ripa
Una de las víctimas lo reconoció como una persona que había asistido días antes al local a comprar unas zapatillas y además brindó otros detalles que podrían colocarlo en la escena del hecho.
Otro dato interesante es que en la requisa realizada al vehículo luego de la detención, se secuestró una bufanda. Posteriormente pudo constatarse que esa bufanda es la misma que lleva colocada uno de los autores del robo. También se secuestraron dos cuchillos, que podrían ser compatibles con los utilizados en el atraco.

Se conoció también que los asaltantes tenían información precisa sobre el local. Sabían la ubicación de las cámaras de seguridad, conocían la existencia de un botón antipánico y su ubicación y también tenían el dato de dónde estaban guardadas las llaves del portón trasero y cuál era la llave del candado. Por ese lugar quisieron salir pero no pudieron porque el dueño del local había asegurado el portón y no lograron abrirlo, por eso lo hicieron por la puerta de adelante.  También lograron ocultar los elementos robados y darse a la fuga dos o tres de los asaltantes. Estos datos evidencian un trabajo de inteligencia previo, de cierta organización y evidentemente de una banda armada para cometer delitos contra la propiedad.
Con este cuadro de situación Rivarola fundamentó la evidente existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal. También recalcó que se trata de un hecho socialmente sensible por la violencia desplegada.

El defensor, Julián Ripa, sostuvo que no se aportó nada nuevo respecto de lo argumentado el sábado. Indicó también que la declaración de la oficial solo ofrece supuestos, no hay certezas aun de que el imputado estuviera involucrado en el robo, ya que los elementos que se toman del Facebook no son prueba objetiva. También pidió que se tenga en cuenta la declaración dada en su momento por el imputado. "Doy la razón a la Fiscalía de que se trata de una situación socialmente sensible y que estas situaciones deben ser investigadas y castigadas. Pero de ahí a pretender que mi defendido esté involucrado en el hecho, hay un trecho muy largo".
Juez Javier Allende

La resolución

Luego de un cuarto intermedio Javier Allende dio a conocer su resolución. Repasó los argumentos de las partes y sostuvo que el nuevo cuadro probatorio compromete de otro modo al imputado y evidencia la necesidad de imponer una medida de coerción más restrictiva. Por este motivo modificó el modo de cumplimiento de la detención, disponiendo la prisión preventiva en comisaría por los sesenta días originalmente solicitados.

Juicio abreviado

CONDENA POR ABUSO SEXUAL

La resolución fue el resultado de un juicio abreviado en el que el imputado reconoció su responsabilidad y aceptó que se le imponga una pena de tres años de prisión en suspenso. Se trata del hecho ocurrido el 13 de abril de 2011 en cercanías del puente sobre el Río Percy.

Alberto Avelino Contreras admitió que aquel día, aproximadamente a las 9:50 hs. viajaba en su Renault 12 por la Ruta 259. A la altura de la Universidad frenó y le ofreció a una joven que esperaba allí el colectivo, llevarla a Trevelin. Ella accedió y subió al vehículo, pero el imputado en lugar de seguir ese trayecto se desvió por la Ruta 72. Ya en proximidades del puente del río Percy detuvo la marcha, le quitó el celular a la joven, le tapó la boca y sacó un cuchillo mientras le decía que si no se dejaba de gritar le cortaba el cuello. A partir de esta situación se inició un forcejeo en medio del que el imputado manoseó a la víctima, para luego golpearla en la nuca. Cuando esto sucedía pasaron dos personas en un vehículo, la joven logró escapar del Renault 12 y fue auxiliada por estas personas, las que comenzaron a perseguir a Contreras, al tiempo que avisaron a la policía. Los uniformados lograron interceptar el vehículo y aprehenderlo.

Analizada la prueba y las estrategias posibles con la víctima, el Fiscal Hernán Dal Verme acordó con la Defensa la realización de un juicio abreviado, en el que el imputado reconoció los hechos y aceptó ser condenado por ellos. De este modo se evitó que la víctima deba declarar en un juicio y se aseguró una condena firme, en tanto que el imputado obtuvo un monto de pena menor al que la Fiscalía hubiese pedido en el juicio.
 
Este martes la juez Anabel Rodríguez homologó el acuerdo declarando a Alberto Avelino Contreras autor del delito de abuso sexual agravado por el uso de arma, y condenándolo a tres años de prisión en suspenso con costas. También le impuso como reglas de conducta: mantener el domicilio, someterse al control de la oficina de liberados y condenados de la Oficina Judicial e iniciar tratamiento psicológico por el que deberá presentar una certificación mensual.