jueves, 31 de julio de 2014

Delitos contra la administración pública



FRENTE AL CLARO INTERÉS PÚBLICO, EL PLAZO SIGUE SIENDO RAZONABLE

¿Qué es el plazo razonable? ¿Cómo se calcula la razonabilidad? ¿Puede establecerse unívocamente en días, meses o años? Estas cuestiones sobrevolaron el análisis realizado por los Ministros del Superior Tribunal de Justicia al revisar una sentencia recurrida por la Fiscalía. En el caso puntual entendieron que cuando están en juego presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, en el manejo de fondos públicos, el interés social es alto y también lo es el deber del Estado satisfacer tal interés mediante un juicio oral y público. Realizar el juicio no puede interpretarse como una afectación a las garantías de los imputados.

La sala penal arribó a su decisión con voto dividido. La mayoría resolvió revocar la sentencia de primera instancia y devolver las actuaciones a la Oficina Judicial de Esquel para que se fije nueva fecha de juicio. El pleno entendió que es necesario abrir acciones administrativas para determinar responsabilidades por el tiempo "muerto" transcurrido desde la presentación de la acusación fiscal hasta la fecha de juicio, fijada años después.

Cuánto debe durar un plazo para ser razonable?

Javier Panizzi apunta que " la razonabilidad es del resorte exclusivo de los jueces, y si no es posible traducir ese “término razonable” en un número determinado de días, semanas, meses o años, siempre debe estar relacionado con el juicio de que se trata y con las particularidades de cada caso para resolver." A criterio del magistrado aquí la transgresión a este principio es evidente.
El Tribunal había evaluado que "se trataba de un caso de defraudación contra la administración pública, que involucraba a funcionarios de alto rango. Sin embargo la necesidad de conciliar el interés público en la sanción de la corrupción, con el derecho de toda persona a ser juzgada sin dilaciones indebidas, les impedía lesionar esta última garantía, en el afán de preservar la persecución penal".
Panizzi concluyó que el evidente retraso del Estado no puede ir en desmedro del derecho de todos los ciudadanos de ser juzgados sin demoras injustificadas.

El pueblo quiere saber

Para quienes conformaron la mayoría lo que está en juego es la base de la República Democrática, simbolizada por la frase histórica "el pueblo quiere saber de qué se trata".
Jorge Pfleger sostuvo que "la especial condición de funcionarios públicos de quienes fueran atribuidos, situados de hecho en situación de privilegio sobre los bienes estatales en condiciones normales, apareja una mayor cuota de responsabilidad social traducida en el imperativo de realización de la ley a través del debate justo ante un Tribunal imparcial que, definiendo la situación, sirva de escenario para investigar los graves cargos formulados."

Daniel A. Rebagliati Russell argumentó que estamos "ante un claro caso de arbitrariedad por errónea aplicación de la ley sustantiva". Sobre la decisión del tribunal tuvo en cuenta que se adoptó en la misma audiencia de debate, a raíz del pedido formulado por la defensa al iniciarse el juicio. "Este acto es lo que constituyó una dilación indebida, ya que pudiendo continuar con el debate oral y público, con la finalidad de dar fin al estado de incertidumbre de los imputados, compatibles con una mejor administración de justicia, los jueces eligieron entrar a analizar si hubieron o no demoras en la tramitación y justificar de alguna manera el vencimiento del plazo razonable".

Compromiso anticorrupción

Uno de los fundamentos centrales de la queja del fiscal Martín Zacchino, se refirió a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. El acusador público resaltó que "el transcurso del tiempo de tramitación del caso –que no puso en riesgo la prescripción de la acción - no basta para echar por tierra el compromiso internacional y ético asumido con respecto a la sanción de los delitos de corrupción".
Por otra parte se refirió a la situación del imputado que aun hoy se encuentra amparado en sus fueros políticos, "si se presentara a reelección y fuera reelecto, dentro de cinco años cuando esté en condiciones de ser juzgado ¿se habría vencido el plazo razonable a su respecto?"

"No digo que sea un caso simple de resolver, solo digo que debemos continuar con el juicio", concluyó.