El jueves
fue la tercera y última jornada de debate. Declararon los testigos de la
defensa, se incorporó la prueba documental y se escucharon los alegatos de las
partes. La Fiscalía mantuvo su acusación por siete hechos con el agravante de
las lesiones por el vínculo y por mediar violencia de género. El defensor
rechazó todos los cargos, por considerar que es insuficiente la prueba y
rechazó los agravantes. El imputado habló al final para afirmar que existió
violencia de ambos. El jueves 19 a las 13 hs. el juez Hernán Dal Verme leerá la
sentencia.
Los alegatos comenzaron a las 12:30 y se prolongaron
hasta las 15 hs. La Fiscal María Bottini analizó pormenorizadamente las
declaraciones de los testigos, de la víctima y del imputado, contrastándola con
el resto de las evidencias. Su análisis se enfocó en el relevamiento de
elementos, a criterio de la Fiscalía, indicativos de la violencia de género. En
este sentido la magistrada se refirió a una relación jerarquizada, desigual en
la distribución del poder entre ambos, en la que Millahuala "claramente
tenía un lugar de superioridad que ejercía a través de diferentes actos
violentos" física, psicológica y económicamente.
Bottini también propuso al juez que tenga a la vista
los estándares probatorios que prevé la ley para estos casos, "el derecho
a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de
violencia y quiénes son sus naturales testigos".
La relación del imputado con la víctima se inició
cuando ella tenía apenas 15 años y el 24. Según el relato de la joven, la
violencia sobrevino muy pronto. El agobio fue tal que en una oportunidad
intentó suicidarse. Se salvó por la intervención médica efectiva. Este episodio
extremo, a criterio de la Fiscalía, es demostrativo de la impronta que la
violencia de pareja dejó en su psiquis. A partir de ese momento comenzó a
recibir asistencia psicológica. En el juicio, las profesionales intervinientes
dieron cuenta del miedo que la joven sentía, de la impunidad del agresor a lo
largo del tiempo y de cómo esto aumentaba la sensación de impotencia y miedo de
ella, produciéndose el círculo de la violencia. Vulnerabilidad, pérdida de
libertad y de autonomía.
Como suele suceder en los casos en los que se dan
situaciones de violencia intrafamiliar, la víctima volvía porque estaba inmersa
en esta situación, por su vulnerabilidad. La relación pasaba de la fase de
acumulación de tensión, a la manipulación afectiva y de allí nuevamente a la
violencia. En los lapsos en que estaba separada no llegaba a organizar su vida.
La fiscal también se refirió en su alegato al aporte
de la Lic. Magdalena Jenny del Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de
Familia: " Era claro el nivel de superioridad de Millahuala
en la pareja. Él era el dueño de la situación. Existían en la pareja
discusiones por cualquier cosa, él perdía el humor rápidamente, y se generaban
las acciones violentas en el afán de Millahuala de mantener el control de la
situación". La profesional también se refirió a la superioridad del
imputado frente a la víctima y a que era esperable una escalada de violencia
debido a la alta vulnerabilidad de la joven. Con respecto la imputado, Bottini señaló que el ETI verificó que es
impulsivo, actuador y que minimizaba las situaciones de violencia que lo tenían
como protagonista.
En el cierre de su alegato, la magistrada destacó la
valentía de la víctima de seguir adelante pese a todas las adversidades
buscando que se haga justicia.
La defensa
El abogado Daniel Sandoval desarrolló la defensa en
torno a dos ejes centrales: atacar la suficiencia de la prueba para acreditar
fehacientemente cada una de las conductas penales achacadas a su defendido y
por otro lado poner en crisis las agravantes propuestas por la Fiscalía.
En cuanto al primer eje, el defensor separó cada hecho
procurando convencer al juez de la dificultad para alcanzar certeza
exclusivamente con los elementos de prueba producidos en el debate en relación
a cada uno de ellos interpretados individualmente. Fundamentalmente en relación
a las amenazas, las desobediencias, las violaciones de domicilio, el robo del
celular e incluso las lesiones. Puso énfasis en el cuestionamiento de la prueba
en torno al hecho más grave. La fractura de costillas calificada como lesiones
graves. La Fiscalía sostiene que esa lesión se produjo en el marco de un violento
ataque del imputado a la víctima, de madrugada, en el lugar de trabajo de ella.
Hay testigos de esa situación que expusieron sobre la magnitud de lo ocurrido. Lo
que cuestiona la defensa es que el primer certificado médico emitido en el
Hospital no da cuenta de la lesión. La médica solo realizó una revisación
externa, la joven le manifestó dolor en la zona, pero ninguna lesión fue
acreditada en el certificado. Recién al manifestar la persistencia del fuerte
dolor, ante profesionales del SAVD, fue acompañada por una de ellas y se le
realizó una placa radiográfica en la que se certificó la fractura. Sandoval
sostiene que esta situación al menos debe dar lugar a la duda del juzgador y
favorecer al imputado. A sus ojos no quedó acreditada la correspondencia entre
la agresión desplegada por el imputado y la lesión constatada, días después.
En relación a los agravantes, Sandoval puso en duda
que al momento en que se produjeron los hechos de lesiones (leves y graves)
estuvieran conviviendo, es decir que a su criterio no estaría corroborado el
vínculo. En la réplica la fiscal mencionó que la ley es explícita al señalar
que no se requiere la convivencia al momento de los hechos.
Dónde más se explayó el letrado es en torno al
agravante de género. Planteó que podría caerse, dicho en otros términos, en una
especie de batalla de los sexos. Un enfrentamiento entre hombres y mujeres
donde los que están del lado de uno se colocan en contra del otro sexo,
poniéndolos el letrado en términos de machismo vs feminismo. Pidió suma cautela
del juez a la hora de analizar este agravante ya que a su criterio llevaría a
penalizar situaciones que debieran tratarse en otros ámbitos.
El abogado puso en consideración la falta de programas
por parte del Estado para trabajar con los hombres educados en ambientes
machistas, a los que no llega suficiente información sobre los cambios sociales
en relación al rol de la mujer y del hombre en el ámbito de la pareja.
Finalmente pidió la libre absolución de su defendido.
