miércoles, 12 de junio de 2013

Cholila


EL PROCURADOR SE REUNIÓ CON LA FAMILIA DE LOS DESAPARECIDOS



Jorge Luis Miquelarena estuvo en Cholila para visitar a la familia de Genaro Calfullanca y su hijo. Del encuentro participaron el fiscal Oscar Oro y la policía local. Se analizó el estado de la búsqueda y se acordaron los próximos pasos. Los familiares se mostraron agradecidos por la presencia del Procurador General.



El encuentro se concretó en la vivienda de una de las hermanas de Genaro. Poco a poco fueron llegando los integrantes de una numerosa familia preocupada por la falta de noticias sobre el hermano y el sobrino perdidos.



Genaro y su hijo se instalaron a fin de marzo en un puesto ubicado en una zona próxima a la frontera con Chile, donde la espesa vegetación impide realizar la búsqueda por medios aéreos, obligando a recorrerla palmo a palmo por senderos de montaña. El rastrillaje incluyó ambas márgenes del lago Cholila, la navegación por el lago, búsquedas por el cauce de los ríos e incursiones de buzos tácticos. Todos los puesteros de la zona fueron entrevistados sin aportar ningún dato que permita dar con el paradero de los desaparecidos.

Desde su llegada al puesto, hicieron trabajos que podrían haberles demandado un día y medio. Allí quedó la comida, el mate y otras pertenencias. Los perros siguieron el rastro hasta un punto del camino en que lo perdieron. Ninguna línea propuesta se dejo antes de agotarla.



Del encuentro surgieron dos o tres nuevas propuestas en las que se trabajará en la medida en que el clima lo permita. Queda un sector por rastrillar en la montaña, también se procurará conseguir alguna lancha provista de Eco Sonda para perfeccionar la búsqueda en el lago, y se continuará con la gestión iniciada en el Ejecutivo para el ofrecimiento de una recompensa a quien ofrezca datos certeros que permitan dar con los desaparecidos. Miquelarena les explicó a los familiares que la búsqueda nunca se detendrá, aunque la intensidad no sea siempre la misma. También sostuvo que la desaparición de personas es un tema que preocupa puntualmente a la Procuración, por eso tiempo atrás se puso en vigencia un protocolo de actuación para estos casos.

Tentativa de extorsión


SE PRESENTÓ LA ACUSACIÓN PÚBLICA



El lunes la Fiscalía presentó acusación por tentativa de extorsión en la que se encuentra imputado un abogado. En el escrito el fiscal sostiene que además de la denuncia de la damnificada, hay escuchas telefónicas que no dejan lugar a dudas sobre la maniobra extorsiva.  También solicita el sobreseimiento del detenido que realizó la filmación utilizada por el profesional del derecho para obtener un beneficio económico.



La acusación pública se inicia solicitando el sobreseimiento de uno de los imputados en este legajo. Se trata del detenido que con su computadora personal filmó a dos policías dentro de su calabozo. El interno entregó este material a su abogado, pero no hay ninguna prueba de que quisiera utilizarlo para extorsionar, sino simplemente para reclamar por sus derechos.



Distinta sería la situación del abogado a la luz de la investigación fiscal. Este no solo habría cumplido con el pedido de su cliente (solicitar que se lo traslade), sino que exigió a la oficial de policía filmada la suma de $25 mil para mantener su silencio y no divulgar públicamente el contenido del video que podría impactar negativamente en su carrera profesional.

El relato del hecho concluye diciendo que “luego de recuperada su libertad, el imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal, facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos) copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio amenazado”.



Después de la primera conversación entre el imputado y la damnificada en la comisaría, existieron cuatro conversaciones más. Todo se encuentra registrado y forma parte de la prueba de la Fiscalía. En los “diálogos telefónicos posteriores, el abogado negoció el precio de su silencio, en la suma final de $15.000, conforme las posibilidades económicas de la víctima, concretando un encuentro para demostrar la existencia del video y brindar los datos de su cuenta bancaria, para que –cuando la oficial consiguiera el dinero mediante un préstamo—se acreditara en la misma, y verificado, procedería a borrar de todos sus registros el mentado material fílmico”.

El abogado fue aprehendido con orden judicial durante un encuentro con la oficial de policía en una estación de servicio de Esquel. Después de la audiencia, el abogado volvió a amenazar a la víctima, luego daría publicidad del video, tal como se lo había anunciado en el marco de la extorsión.



Cumplidos los plazos la Oficina Judicial deberá fijar la fecha de audiencia preliminar.