martes, 21 de octubre de 2014

Se formalizó la investigación por presuntas negociaciones incompatibles



Se realizó la audiencia de formalización de la investigación en un legajo vinculado a la presunta comisión de delitos en la adjudicación de obras públicas y el otorgamiento de derechos sobre tierras fiscales. A pedido de la Fiscalía el juez otorgó el plazo especial para asuntos complejos.
   
Los fiscales a cargo de la investigación son Oscar Oro y Marcela Pérez. La Dra. Pérez fue designada por el Procurador General para colaborar en la investigación ya que por su complejidad requiere de una estructura mayor a la existente en la Oficina Fiscal de la Comarca.
La imputación fiscal diferencia dos hechos que tienen por imputados comunes a Miguel Castro, Gustavo Galindo y Néstor Becerra, en calidad de funcionarios públicos, encuadrados provisoriamente en los tipos penales de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Adjudicación de obras

El primero de ellos se refiere a presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 20013 en la adjudicación de obras a una empresa. "Las mencionadas adjudicaciones resultaron ser otorgadas sin respetar la legislación aplicable, siendo que varias de las Obras, por sus montos, y conforme las ordenanzas vigentes debían ser adjudicadas mediante licitación pública o privada,  pero, sin embargo, fueron otorgadas en diferentes resoluciones emitidas por el Ejecutivo Municipal a la empresa mencionada por licitación privada o contratación directa, y muchas otras obras con montos que alcanzan a cifras millonarias, fueron desdobladas sin justificación técnica ni legal, ello a los efectos de partir y disminuir el precio y realizar adjudicaciones directas y evadir los procedimientos que hacen a la garantía de  transparencia, evitando el procedimiento licitatorio", señala un párrafo del escrito fiscal.
Luego de detallar numerosas resoluciones, concluye el relato del hecho diciendo que "hasta el momento, y de la documentación recabada y la participación de los nombrados Hector Miguel Castro, como intendente de la localidad de Cholila, Gustavo Javier Galindo, en su condición de intendente interino de la misma localidad, y de Néstor Rubén Becerra, como Coordinador de Gabinete de ese Municipio, dictaron resoluciones contrarias a derecho y claramente parciales, entre al menos los año 2009 y 2013, interesándose en razón de su cargo en diferentes contrataciones con las que beneficiaron a los mismos intereses económicos."

Tierras fiscales

El segundo hecho investiga el dictado de resoluciones mediante las que habrían otorgado indebidamente derechos sobre tierras fiscales. Además de los funcionarios, fueron imputados dos vecinos de Cholila como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de las personas en cuyo favor resultaron otorgados los derechos sobre las tierras fiscales.

"Estamos dentro de la ley"

De los cinco imputados solo uno hizo uso de su derecho a prestar declaración en la audiencia, aunque se negó a responder preguntas. Miguel Castro dio una extensa explicación sobre la motivación política que llevó a realizar las contrataciones del modo en que se le cuestionan en el primero de los hechos. Aclaró que en su gestión tomaron la decisión de hacer la obra "por administración", para asegurarse de dar empleo a personas de la comunidad. Contó que la disponibilidad de fondos llegaba lentamente y por ese motivo se fue haciendo frente a la misma con los recursos existentes y en la medida de lo posible. Resaltó que todas las obras fueron aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante "entiendo yo que estamos dentro de la ley", afirmó. También agregó que del total de obras realizadas en Cholila, no llegó al 7% lo otorgado a la empresa que refiere la Fiscalía "¿dónde está el interés propio o de beneficiar a la empresa?", inquirió.
Castro señaló que el manejo de fondos fue revisado y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que si hubiera habido irregularidades merecería una interpelación política, no una investigación jurídica.
En relación al segundo Hecho, el ex intendente sostuvo que la sesión de tierras se realizó a nombre de la viuda, ya que tenía un poder otorgado por todos sus hijos. Agregó que lo que luego hizo la mujer con esos derechos es asunto de ella, de una particular y no puede achacársele al intendente.

Los partícipes

La Dra. Paola Bagnato representó a los ciudadanos imputados como partícipes necesarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La funcionaria judicial pidió que el fiscal aclare o amplíe el hecho imputado, ya que a su criterio no fue descripta la conducta de sus representados. También cuestionó la calificación legal, señalando que si no se trata de funcionarios públicos no puede achacárseles en ningún carácter el delito que se les imputa. Juan Colihueque, abogado de Castro, adhirió al planteo de Bagnato y pidió el sobreseimiento de su defendido.
Por su parte Fabián Gabalachis, abogado de Becerra, cuestionó el tiempo empleado entre la denuncia que dio origen a la investigación y la formalización de la investigación y argumentó deslindando responsabilidades de su defendido en los delitos que se le achacan. Para el letrado, el rol de Becerra fue de simple fedatario al refrendar resoluciones en calidad de Secretario. "Los tipos penales se dirigen al funcionario cuya intervención es de carácter ejecutivo", replicó. Finalmente pidió el sobreseimiento de Becerra.

Complejo

Un capítulo aparte de planteos y réplicas lo fue el pedido de tramitar el legajo como "asunto complejo". Al pedido fiscal se opusieron todos los defensores adhiriendo al argumento contrario dado por Gabalachis. La cuestión fue resuelta por el juez Martín O' Connor de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía.

Abierta formalmente

El juez les explicó a los imputados que esta audiencia es simplemente para que la Fiscalía comunique a los imputados el marco general de la investigación, de forma comprensible. También aclaró que la acusación es progresiva y que se va complejizando en la medida en que avanza, por lo tanto en la audiencia preliminar habrá otros requisitos que en esta instancia no son exigibles.
En relación al planteo del Dr. Gabalachis, O' Connor señaló que se trata de una lectura jurídica que en este momento procesal no puede llevarse a cabo sin producción de prueba y dictarse un sobreseimiento.
Respecto del planteo de Bagnato aclaró que el requisito del tipo penal es que a quienes se imputa la autoría del delito sean funcionarios públicos y en este caso ese requisito se cumple, por lo que pueden ser investigados como presuntos partícipes secundarios sus defendidos.
El juez rechazó los pedidos de reformulación de los hechos por considerarlos claros y también rechazó los pedidos de sobreseimiento. Decretó abierta formalmente la investigación y dispuso el plazo para asuntos complejos.

jueves, 16 de octubre de 2014

Juicio por Jurados

Con el respaldo de la Procuración General y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, un grupo de fiscales y funcionarios asistieron al Taller de Juicio por Jurados realizado en Villa la Angostura. También concurrieron jueces y defensores. El Procurador General Jorge Luis Miquelarena destacó el papel trascendente de este sistema de juzgamiento para garantizar la participación ciudadana en la Justicia.

Los asistentes coincidieron en que ver un juicio por jurados "real" resultó sumamente interesante. En la provincia de Neuquén aprobaron recientemente la reforma procesal que establece el sistema acusatorio, similar al que rige en Chubut desde 2006, y al mismo tiempo reglamentaron los juicios por jurados, algo que aun se encuentra pendiente en nuestra provincia.
También estuvieron de acuerdo en que uno de los momentos más fuertes fue cuando escucharon al presidente del jurado anunciar "en representación del Pueblo de la Provincia de Neuquén", el veredicto de culpabilidad.

Participaron el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, de la Fiscalía de Esquel, María Bottini, Fernanda Révori, Raúl Camerlo y Fidel González, de Sarmiento Andrea Vázquez y Rita Barrionuevo, de Comodoro Rivadavia Marcelo Crettón, Cristian Olazábal y Vanesa Luca, y de Trelew Marcos Nápoli.
Camerlo destacó el papel que cumplen en el sistema las Oficinas Judiciales. El juicio por jurados demanda de una gran organización administrativa, fundamental para que el debate se lleve a cabo pese a las eventualidades e imprevistos que pudieran suceder.

Ser jurado

Révori valoró la experiencia compartida por dos jurados que participaron del primer juicio. "Cuando me llegó la notificación de que había sido preseleccionado, pensé que era un garrón", reconoció uno de ellos. Después fueron a la Oficina Judicial y les informaron que el debate era en otra ciudad así que tendrían que viajar y permanecer allí varios días, "doble garrón", pensaron.
Luego fueron a la audiencia de preselección, se les informó sobre el sistema, sobre el rol que les tocaría asumir, sobre la modalidad del juicio. "Nos fuimos interesando cada vez más", reconoció.
Después llegó el debate, pudieron presenciar el modo en que se producía la prueba, que les informaran sobre resultados de ADN, pericias realizadas sobre cuchillos y prendas de vestir, análisis de manchas hemáticas, etc. Se vieron metidos en medio de aquello que antes solo habían conocido en algún documental televisivo. A la sala llegaron solamente sabiendo que se trataba de un homicidio y nada más. Conocieron por el fiscal, la defensa y los testigos, de qué se trataba el juicio y qué teorías estaban en pugna. Aprendieron a "leer entre líneas", a darse cuenta de las estrategias de las partes. Analizaron, deliberaron con sus pares y por mayoría especial decidieron el veredicto. Después de pronunciarlo el presidente del jurado, volvieron a la sala de deliberación, se abrazaron, emocionados y lloraron. La experiencia fue muy fuerte y profunda. "Todavía nos juntamos a comer asados", les contaron.
"Me cambió la manera de ver lo que pasa a mi alrededor y también la forma de opinar sobre los casos judiciales que salen en los medios", contó uno de ellos. Ambos jurados coincidieron en que si los volvieran a convocar, estarían dispuestos a pasar otra vez por la experiencia.

La reglamentación en Chubut

La legislatura analiza el proyecto de ley 74/14 de reglamentación de juicio por jurados. El 10 de septiembre Miquelarena envió la nota 95/14 a la diputada María José Llanes, con copia a los presidentes de bloque. En dicha nota realizaba distintas observaciones al proyecto, tendientes a garantizar que sea operativo.
El proyecto exige unanimidad de los 12 jurados para llegar a un veredicto. Para el procurador esto dificultaría enormemente lograr una sentencia firme. No solo opera como dificultad que un solo jurado en disidencia frenaría la decisión y esto produciría que el juez declare el estancamiento debiéndose llamar a un nuevo jurado, que si se estancara obligaría a la absolución del imputado. "Basta con que un jurado sobre doce opine distinto, para el fracaso del sistema", decía Miquelarena.

Pero el punto que más preocupa al jefe de los fiscales, es el inciso d. del artículo 67 del proyecto, que introduce "la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria del jurado cuando la misma sea arbitraria o se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate". Miquelarena plantea que esta disposición presenta al menos dos contradicciones insalvables. Si el jurado decide según su leal saber y entender, sin dar razones, las mismas no se pueden controlar dado que no existen. Por este motivo se propone que los jueces revisores vean la grabación del debate y luego resuelvan. Así "el juicio de los pares, de ciudadanos que tienen soberanía de origen para decidir, fundamento de la autoridad del jurado, queda sujeto a la revisión y acuerdo de los jueces. El sistema pierde así todo sentido", concluyó.

Miquelarena resalta en la misma nota, que es de suma importancia reglamentar el jurado escabinado para el juzgamiento de funcionarios públicos por delitos dolosos cometidos contra la administración pública que prevé el artículo 173 de la Constitución Provincial. La nota cierra poniéndose a disposición de los diputados para mantener reuniones de trabajo con el ánimo de colaborar en la institucionalidad democrática, tendiente a lograr un sistema de juzgamiento participativo y eficaz que respete las garantías de acusados y víctimas.

martes, 14 de octubre de 2014

Alumnos de la Politécnica participaron de "Fiscalía Abierta"


Un grupo de estudiantes de tercer año de la escuela n° 701 de Esquel participaron este martes del programa Fiscalía Abierta. Los alumnos realizaron un simulacro de juicio y conocieron la dinámica de las audiencias penales.

Acompañados por una docente y la MOD, los alumnos se interiorizaron sobre las formas de participar como ciudadanos del sistema de justicia penal. Al igual que los demás grupos que participaron de la propuesta durante los últimos cinco años, se pusieron en la piel de fiscales, defensores, jueces y público. Simularon un conflicto llevado a juicio y encontraron autor responsable de lesiones graves al “imputado”, interpretado también por uno de ellos.

La propuesta abierta por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, cuenta con el apoyo de la Oficina Judicial, Defensores Públicos y Jueces Penales. En esta oportunidad los participantes fueron “instruidos” para actuar por el fiscal Fernando Rivarola, el defensor Bruno Deias y el Juez Jorge Criado.
También pudieron conocer las instalaciones de la Cámara Gesell y descubrir su funcionamiento.


El programa “Fiscalía Abierta” está orientado a grupos de la comunidad interesados en conocer más del funcionamiento de la justicia penal, hablar con sus protagonistas, conocer las formas de participación ciudadana disponibles, y, por qué no, prepararse para el momento en que se ponga en marcha el sistema de Juicio por Jurados en la provincia.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Homicidio de Cristina Cayecul

ORIAS FUE CONDENADO A PRISIÓN PERPETUA


El tribunal conformado por Anabel Rodríguez, Jorge Criado y Javier Allende, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua y condenó a Esteban Eligio Orias a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa inidónea de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegítima de arma de fuego. Cristina Cayecul era su ex pareja y murió a causa de los disparos de arma de fuego proferidos en su contra por el imputado el 21 de junio de 2013.

Los tres jueces coincidieron en que no hay elementos que permitan en este caso concreto declarar la inconstitucionalidad de la pena perpetua, como solicitara el defensor, sin invadir la esfera de otro poder del Estado. “En el caso en estudio, de accederse a la petición de la Defensa, se afectaría doblemente la división de poderes. Primero declarando la inconstitucionalidad de la norma dictada por el Congreso, y en segundo lugar, estableciendo una nueva escala penal para el delito enrostrado”, señalaba Rodríguez en relación al pedido del Dr. Bruno Deias en su alegato.
Sobre las competencias del legislador, Allende decía que “al crear las normas penales, el legislador decide qué conductas humanas acriminar y las sanciones que corresponden en caso de incumplimiento. Así se realiza la criminalización primaria. Para poder hacerlo cuenta con la competencia que la Constitución le atribuye como órgano y ese proceder no es atacable mientras obre dentro de la esencia de ese mandato. Desde este punto de vista, no hay mandato constitucional que determine que las penas deben ser graduables o fijas”.
Criado precisaba que “la prisión perpetua representa en su redacción una relativa indeterminación, pero que resulta en realidad determinable en el presente caso, por operación de los plazos y cumplimiento de los requisitos que la propia ley indica”.

Respecto de los padecimientos que implica para un condenado saber que le espera una pena perpetua, Criado indicó que es obvio “que la pena de encierro por largo tiempo implica una mortificación a quien la sufre, sin embargo nada obsta a la verificación de la justa medida de la misma respecto del injusto cometido”, en este caso la “justa medida” de la perpetua frete al homicidio calificado por el vínculo.

El defensor había cuestionado también las implicancias de esta condena en el imputado, ya que por su edad estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional recién cuando contara con el promedio de expectativa de vida para su género. Deias había dicho que se lo condenaría a “una muerte lenta”. Allende interpretó que la edad actual del imputado y las que podría tener al acceder a la libertad condicioinal “son proporcionadas a la extensión de la pena aplicada y la progresividad del tratamiento penitenciario más extenso de nuestro sistema penal de fondo. De tal manera aquélla argumentación debe ser rechazada”.


Respecto del estado de afectación psicológico que presentaría el imputado, los magistrados coincidieron con los planteos de la Fiscalía y la Defensa, indicaron que se deberán efectuar todas las gestiones necesarias para que Orias sea incorporado a una unidad penitenciaria en el menor tiempo posible. 

martes, 7 de octubre de 2014

Peculado de Bienes y Servicios

SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

Seis hechos que damnificaron a la Administración de Vialidad Provincial, son investigados por la Fiscalía. Este martes se formalizó la investigación de todos ellos. Los acusadores imputaron al capataz a cargo de la ejecución de obras de pavimento urbano del Municipio de Corcovado, por cinco hechos que se encuadrarían en el delito de peculado. También se realizó la imputación a un vecino de Cholila el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Según sostiene la imputación, a partir del año 2009 se firmaron diferentes convenios entre el Municipio de Corcovado y la Administración de Vialidad Provincial (AVP) para las obras de Pavimento Intertrabado de Adoquines de Hormigón (PIAH) del Programa Provincial de Pavimento Urbano. De esta forma, la AVP mediante su Planta de Fabricación de Adoquines de Hormigón, cuyo único fin es el de abastecer exclusivamente la obra pública provincial, fabricaría y pondría a disposición en la Planta los adoquines de hormigón a cada municipio. Por su parte la Municipalidad de Corcovado debía retirar a su cargo los adoquines de la Planta, mediante el empleo de transportes que debía contratar, para trasladarlos hasta el Municipio. Luego el Municipio debía contratar con diferentes organizaciones, como cooperativas formadas por vecinos, para estimular el trabajo local y ejecutar las obras de pavimento convenidas con AVP.  
 
La audiencia estuvo a cargo del fiscal Martín Zacchino, quién explicó que el funcionario municipal imputado, al momento de los hechos era el único autorizado por dicho Municipio para disponer sobre los pedidos y retiros de adoquines de la Planta, el manejo del stock de los adoquines, incluso tenía la facultad para autorizar y acreditar aquellos transportistas que efectuarían el retiro y trasporte de adoquines desde la Planta hasta la localidad de Corcovado, entre otras responsabilidades.

1er hecho

El escrito de apertura relata que el imputado, en el transcurso del año 2011, vendió a un particular parte de un cargamento de adoquines, de por lo menos 6 palets (2400 adoquines), retirados previamente de la Planta de la AVP, con destino exclusivo para el Plan de PIAH en Corcovado. La Fiscalía no conoce aun el precio que se puso a dicha operación, aunque indica que el particular realizó la compra de buena fe y los colocó en un establecimiento turístico de Corcovado. El imputado habría entregado en ese domicilio los adoquines, valiéndose de vehículos y personal del municipio, sin rendir cuenta por la venta particular de los adoquines, ni por el empleo de recursos y personal municipal para la entrega al comprador particular.

2do hecho

Un año después el imputado habría concretado otra venta de seis palets por $2.000 a la propietaria de un local comercial de Corcovado. La entrega, una vez más, se hizo con vehículos y personal municipal.

3er hecho

También en 2012, el mismo capataz le habría vendido dos palets a un particular por $600, entregándolos con recursos del municipio.

4to hecho

En el transcurso de los años 2012 y 2013 el imputado le habría entregado a su hermana otros tres palets. Aun no se conoce si lo hizo gratuitamente o cobró algún monto por esa entrega, para que ella los coloque en su emprendimiento comercial.  Los vehículos y el personal municipal, prestaron el servicio de entrega.

5to hecho

El último de los hechos que se le imputan al funcionario municipal ocurrió el 7 de mayo de 2012, cuando desvió el destino de un cargamento completo de palets, unos 5600 adoquines, y los depositó en un local comercial de Esquel. El transporte lo realizó con un camión y chofer de una empresa privada.
El 11 de septiembre de 2012, dos concejales de Corcovado se presentaron en la Planta de la AVP en Trevelin, donde preguntaron por los remitos y constancias de éste cargamento. Y el 27 de septiembre en sesión del Consejo Deliberante de Corcovado se planteó la necesidad de hacer una denuncia penal. En consecuencia, el 2 de octubre de 2012, cinco meses después de depositar los adoquines en Esquel, por órdenes del imputado, la misma empresa de transporte retiró el cargamento de 14 palets de adoquines del depósito y los devolvió a la Planta de Adoquines de AVP.

6to hecho

Este hecho no tiene relación directa con los anteriores. Se agregó a la misma investigación porque también damnifica a la AVP. El imputado es otro y no hay ningún elemento que permita vincularlo con la persona a la que se atribuyen los demás hechos.
Sucedió antes del 20 de octubre de 2012, por cuanto un vecino de Cholila, adquirió, recibió y ocultó 19 palets de adoquines (7600 adoquines), según la imputación fiscal, con pleno conocimiento de que fueron fabricados en la Planta de Adoquines de la AVP en Trevelin en el marco del Programa Provincial de Pavimento Urbano con el único fin de ser utilizados en obras públicas para el Pavimento Intertrabado de Adoquines de Hormigón (PIAH).
Los 19 palets estaban acopiados en dos propiedades. La imputación señala que el imputado habría entregado gratuitamente 300 adoquines a un particular.

Este hecho se calificó provisoriamente como encubrimiento por receptación dolosa. 

domingo, 5 de octubre de 2014

Traslado, audiencia y prisión



El viernes por la noche llegó a Esquel el hombre detenido en Neuquén investigado por inducir a la fuga del hogar a una niña de 13 años. El sábado a las 19:30 hs. se realizó la audiencia en la que se declaró legal la detención, se formalizó la investigación y se dispuso su prisión preventiva por sesenta días.

La audiencia se realizó a puertas cerradas, sin presencia de público por tratarse de una víctima menor de edad. A pedido de la defensa las fotos del imputado fueron tomadas de espalda. La Dra. Valeria Ponce pidió que se hiciera así en esta instancia por ser incipiente la investigación.

El imputado fue aprehendido en Neuquén como resultado de una rápida investigación iniciada con la denuncia del padre de la niña al constatar que esta no regresaba al hogar. De inmediato se puso en marcha el protocolo para búsqueda de personas, implementado por la Procuración General.
Se conoció que la niña había tenido varios contactos telefónicos con el celular del imputado durante la semana previa. Se constató que ambos salieron por la terminal de Esquel rumbo a Bariloche. Se supo que el imputado estuvo alojado en un albergue municipal de esa ciudad y que trabajó unos meses en un hotel. También se conoció que se había ido a Neuquén y logró establecerse el lugar donde estaba alquilando. Con orden de detención, se lo aprehendió en ese lugar y se pudo recuperar a la niña.
El traslado demoró varios días y al llegar fue alojado en la Comisaría Primera. Allí habría tenido un inconveniente con su compañero de celda. Según la defensa ese problema se debió a la publicidad que tomó el caso.
Después del episodio fue ubicado en un calabozo en el que se encuentra solo. No obstante la Dra. Ponce solicitó que se lo traslade a la Comisaría 2da. Cuestión que será analizada por el juez de ejecución.

Fernando Rivarola dio detalles de la investigación en curso y le imputó los delitos de inducción a la fuga, en concurso real con estupro. También indicó que se está analizando si habría incurrido en otros delitos como el grooming.
Fundado en los peligros de fuga y entorpecimiento procesal, el fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado. Para determinar el plazo tuvo en cuenta las complejidades de la investigación y la expectativa de pena que parte de un mínimo de tres años. El imputado tiene un antecedente condenatorio por lo que la sentencia que recaiga en su contra, por mínima que sea deberá cumplirla en prisión.

El punto más fuerte para el dictado de la medida es la falta de arraigo del sujeto, no solo en nuestra circunscripción. Los domicilios que se le conocen son de tránsito, tanto en Río Negro como en Neuquén. Él es oriundo de Coronel Suárez, ciudad en la que purgó una condena, pero no es allí donde vivió los últimos meses. No se le conocen vínculos que impliquen arraigo en algún lugar.
Por otra parte el fiscal valoró que existe riesgo de entorpecimiento procesal. Considera que aun podría afectar la investigación si se encontrara en libertad.

Ponce razonó que si bien el arraigo no es claro, su defendido tiene un proyecto de vida. Tenía previsto emplearse en una panadería de Neuquén y radicarse allí. También consideró que más adelante, en la medida en que la defensa arme su legajo de investigación podrá demostrar que no es necesario el encierro de su representado.

Anabel Rodríguez al resolver planteó que al momento de dictar la orden de detención ya había realizado una valoración de la situación del imputado y de la necesidad de detenerlo por la fuerza pública ya que no bastaría con citarlo a una audiencia, según los elementos recabados. Agregó que esos elementos, con el avance de la investigación no mermó, sino que se hizo más evidente por la conducta del imputado tendiente a evadir la intervención de la justicia.
Luego de un completo análisis, la Dra. Rodríguez dispuso la prisión preventiva por sesenta días, la que finalizará el 3 de diciembre.

sábado, 4 de octubre de 2014

La Fiscalía llevó los protocolos a Río Pico y a la Comuna Rural Atilio Viglione



La visita del Fiscal Jefe, Fernando Rivarla y la responsable del SAVD, Luisa Pasquini, a distintas instituciones de esa zona, tuvo por misión llevar todos los protocolos de actuación vigentes, evacuar consultas y tomar contacto directo con la situación de las poblaciones. 




 

 


En la Comuna Rural Atilio Viglione, los representantes del Ministerio Público Fiscal, se reunieron con la Presidenta, Cristina Solís, visitaron la escuela N° 97 y expusieron sobre el contenido y objetivos de la aplicación de los protocolos con los empleados policiales. Más tarde, en el centro de salud se verificó el estado de la caja que contiene el Dispositivo para casos de Abuso Sexual.
 
Por otra parte, el Director de la escuela, el Lic. Oscar Pereyra, fue invitado por el área de Comunicación Institucional a participar del programa "Fiscalía Abierta" con los alumnos del secundario. El programa acerca a los alumnos al conocimiento del sistema procesal penal, desde una perspectiva lúdica guiada por magistrados y funcionarios judiciales.
 
En parte de las actividades realizadas en Río Pico, se sumó el fiscal Hernán Dal Verme que viajó a la localidad por legajos en trámite.

La primera reunión tuvo lugar en el municipio, para escuchar las preocupaciones del intendente municipal y de su equipo de colaboradores. A pedido de estos se organizará una Jornada de capacitación sobre abuso sexual y violencia familiar.
También se realizaron contactos entre el área de Comunicación Institucional y docentes del nivel secundarios para organizar la participación de alumnos en el programa Fiscalía Abierta.

En la Comisaría se entregó copia de la totalidad de protocolos de actuación y se recordó la utilidad y particularidades de aplicación de los protocolos de Violencia Familiar, búsqueda de personas, lugar del hecho y abuso sexual, entre otros.
En el hospital se brindó una breve charla a médicos, enfermeros y agentes sanitarios, a cerca de la funcionalidad, modo correcto de aplicación y resultados altamente satisfactorios para la salud de la víctima y para el éxito de la investigación penal, en los casos en que se implementó correctamente.
La última visita fue al Juzgado de Paz. Allí se habló sobre las intervenciones de dicho juzgado en los casos de violencia familiar y sobre la situación de la localidad en materia de contravenciones.