viernes, 27 de mayo de 2016

Facundo Jones Huala fue aprehendido en un procedimiento en Leleque


Esta mañana llevó a cabo una orden de allanamiento en el predio ocupado en la zona próxima al cruce a El Maitén, en Leleque. Se secuestraron armas de fuego de guerra y se habría constatado la faena de ganado mayor. Francisco Facundo Jones Huala, sobre quien pesa una orden de captura internacional, fue aprehendido en el lugar y este sábado será llevado a una audiencia de control de detención. Hay más detenidos por delitos flagrantes como la portación de armas de fuego y abigeato.


La investigación realizada implicó vigilancias que se llevaron a cabo en la zona ocupada durante varios meses. Recientemente se constató que estaban en el lugar dos sujetos con pedido de captura por la Interpol: Facundo Jones Huala y Gael Vázquez. Vázquez intentó cruzar a Chile y fue aprehendido en la frontera hace pocos días.

La investigación de hechos de gran violencia cometidos en Chile, está a cargo de la fiscalía de Río Bueno. Los fiscales que tienen actualmente la investigación en nuestra provincia, tomaron contacto y el Estado chileno habilitó el acceso al expediente de investigación que lleva el país trasandino.

Luego de la detención de Vázquez, se requirió rápidamente el allanamiento para lograr la aprehensión de Jones Huala. La medida fue autorizada con por el juez, indicando que debía filmarse todo el procedimiento y siguiendo los protocolos del caso.

Jones Huala será llevado este sábado a los tribunales locales para realizar el control de la detención, la formalización de la investigación respecto de los hechos que se le atribuyen y luego quedará a disposición de la justicia federal.

La audiencia tendrá lugar pasado el mediodía.

El próximo viernes se conocerá la sentencia

Con los alegatos finalizó el juicio en el que Iván Fernández fue acusado por conductas que incurrirían en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Oscar Oro solicitó que sea declarado penalmente responsable, condenándolo a la pena de tres años de prisión en suspenso con inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos y costas del proceso. El defensor Julián Ripa, pidió al juez la absolución. El viernes 3 de junio se conocerá la sentencia.

Antes de los alegatos, Fernández hizo uso de su derecho a declarar. Sostuvo que actuó de buena fe, que nadie conoce mejor que él quiénes eran los funcionarios que designaba y que nunca fue designado Nelson Cid como Director de Turismo, ni para otro cargo. “Abusaron de mi buena fe”, sostuvo. “Cid usó un sello, pero la realidad es que él nunca fue designado por mí. Ese es un problema más de él que mío, por una usurpación de título... No hay una prueba precisa, no hay un acto administrativo en el que se lo designe para tal función”, declaró.
El ex intendente agregó además que no podía tener conocimiento de todo lo que pasa en la municipalidad ya que no todas las áreas funcionaban en el mismo edificio. También añadió que Cid no le dijo que trabajaba para la provincia luego de que terminara la adscripción a la municipalidad en el año 2005. Agregó que a partir de 2006, Cid no prestaba servicios a la comuna y que recién por la denuncia supo que Cid usó en algunas oportunidades un sello como director de turismo. Contó que a partir de esto fue a averiguar la situación en la provincia, allí se le inició un sumario administrativo y lo echaron porque no cumplía funciones desde que venció la adscripción.

Alegato fiscal

Oscar Oro sostuvo que Fernández era consciente de la situación legal de Cid y de los impedimentos legales para contratar con él. Señaló que realizó procedimientos en este sentido, contrarios a la ley. “El estatuto del personal de la administración pública indica que no puede un agente ser contratista”, apuntó.
El fiscal citó el juicio abreviado en el que Cid reconoció los hechos y su autoría, aceptando cumplir la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Planteó además que Fernández contrató en reiteradas ocasiones el servicio de Cid mientras era empleado provincial y tenía probada injerencia en el área de turismo. En este sentido se refirió a las facturas que dan cuenta de al menos 24 operaciones. Las facturas presentaban el sello que identificaban a  Manuel Nelson Cid como Director de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo.
Oro se refirió a una nota presentada oportunamente por Fernández en la que planteaba que Cid no presentaba incompatibilidades para la realización de las tareas que llevaba a cabo.
También señaló que, si bien no hubo ningún perjuicio económico para la municipalidad, la figura legal que se imputa no requiere que exista tal perjuicio e indicó que si Fernández tuvo alguna duda de que fuera empleado provincial, tendría que haber consultado antes y no después de la denuncia.
Finalmente, Oro concluyó que a su criterio quedó demostrado que incurrió en negociaciones incompatibles con su calidad de funcionario público en concurso ideal violación de los deberes de funcionario público y solicitó que se imponga la pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y costas del proceso.

Alegato de la defensa

Julián Ripa, planteó que la prueba es endeble. “Ninguna de las pruebas que hemos ventilado en este juicio permite suponer siquiera que el señor Iván Fernández realizó alguna de las conductas que se le han achacado”.
La postura de la defensa es que Cid nunca fue funcionario del área de turismo y apoyó esta conclusión en lo que plantearon los testigos, ex funcionarios y ex concejales de la localidad. También sostuvo que la denuncia realizada en su momento por una concejal de la oposición, tuvo evidente intencionalidad política.
También se refirió a que la adscripción de Cid a la Municipalidad tuvo vigencia entre 2003 y 2005, a partir de 2006 no existía ninguna adscripción, quedó desvinculado. Agregó que el sello que usaba Cid debió hacerlo él ya que los sellos de la municipalidad se requerían con el acompañamiento de la resolución que designaba al funcionario para el cargo. En este caso no hay resolución. “Si el MPF quiere probarlo debe demostrarlo con la resolución”, sostuvo.
El abogado sostuvo que Cid le dijo a Fernández que había dejado de trabajar para la provincia, tenía un emprendimiento privado y como privado fue contratado por la municipalidad. “Las facturas no las negamos, se pagaron los viajes que realmente se hicieron”, planteó.

Ripa sostuvo que en pueblos como Lago Puelo, hay un interés puntual y directo de la población sobre el funcionamiento de las áreas municipales y muchas veces colaboran de modo directo, eso pasa con el área de turismo donde los pocos que quieren colaborar se los toma para colaborar. “Pero diferente es una colaboración de darse a conocer como director de turismo... Solo Cid lo sabía y por eso lo reconoció”.
Por otra parte el letrado sostuvo que Fernández no pudo incumplir la ley de ética porque la comuna no adhirió a esa ley  y por lo tanto no le es aplicable. Solo resultaría aplicable si existiera expresa adhesión, lo que en este caso no existiría.
Luego de exponer la situación de Cid, ya sin adscripción vigente, habiendo dicho que dejó de trabajar para la provincia, y habiéndose quedado en Lago Puelo, Ripa sostuvo que por este motivo es que la provincia al tomar conocimiento de que no había prestado ningún servicio desde el año 2006, decide exonerarlo retroactivamente a esa fecha por resolución de 2012, ya que cobraba sin trabajar. “El Estado provincial le siguió abonando los sueldos pero esta cuestión no es achacable al intendente. Esto lo sabía solo Cid”, sentenció Ripa.
Luego hizo referencia  al estatuto del personal de la administración pública, “en los hechos no era empleado, en los papeles un ñoqui”, dijo Ripa. “Cid defraudó al Estado provincial y al municipio, mintiendo y cobrando”.

Finalmente el defensor señaló que “Iván Fernández no actuó con dolo y sabiendo lo que hacía. Es diferente la situación de Cid, no puede negar sus propias acciones, no quiere decir que lo supieran las otras personas”. 

martes, 24 de mayo de 2016

Presuntas negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público

Comenzó esta semana el juicio que se sigue a un ex intendente de Lago Puelo en relación a hechos ocurridos en los años 2008 y 2009, cuando estaba al frente de la comuna. Oscar Oro es el fiscal que sostiene en juicio la acusación presentada en 2012 por el entonces fiscal Martín Zacchino. En el alegato de apertura anticipó que procurará probar que Ivan Fernández incurrió en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público.

Oro reseñó que los hechos investigados ocurrieron entre 2008 a 2009, cuando el entonces intendente conoció y permitió que la municipalidad contratara a Nelson Cid. Cid era empleado de la administración pública provincial y trabajaba adscripto a la municipalidad, al tiempo que efectuó trabajos particulares, reconocidos y pagados por la municipalidad en al menos 21 operaciones que se pudieron documentar. Es decir que el municipio pagó a Cid como si se tratara de un particular cuando en realidad era un dependiente del Estado.
Por su parte, el defensor José Julián Ripa, sostuvo que probará que Cid no era empleado de la corporación municipal de Lago Puelo y no era empleado de la Administración Pública Provincial.


Está previsto que el debate se desarrolle durante toda la semana. El tribunal unipersonal es integrado por el Dr. Martín O’ Connor.

lunes, 23 de mayo de 2016

II Parte: Ni comer al caníbal, ni servirnos en su plato

Los regímenes autoritarios establecen sistemas que, sin muchas “vueltas”, detienen por períodos indefinidos a quienes rompen con el “orden social”, aplican penas de muerte y garantizan la seguridad para los “ciudadanos normales”. El enemigo de la sociedad pacífica es quién “ha delinquido o cometido abusos de poder” (Jorge Rafale Videla, 24/03/76). Para los dictadores no hay reinserción social posible.

Son caníbales comiéndose a caníbales. Así lo definió Jorge Luis Borges, cuando en un país extranjero le preguntaron su parecer respecto de la dictadura argentina. La frase se inmortalizó en el uso popular y aún tiene vigencia.

Cuando los asuntos públicos se manejan mal, cuando la sociedad enfrenta crisis, se alzan las voces que piden comerse al caníbal. Ese caníbal para algunos es el político corrupto, para otros el ladrón común, o el violador, o el que mata, o el que conduce borracho, o el empleador que paga sueldos en negro, o el vecino que tiene suelto el perro y le ensucia la vereda y le pisotea el jardín, o el que realiza una maniobra peligrosa al volante… y la lista continúa. Cada uno de nosotros tiene su propio listado de caníbales, esos que nos hacen la vida más difícil, los que rompen nuestro orden personal.

Como vivimos en sociedad, no es difícil imaginar que en alguna de esas listas figurará nuestro nombre.

La evolución social no puede estar relegada exclusivamente a los artefactos tecnológicos. Con o sin Smartphone el caníbal seguirá siendo igual de caníbal. Sin embargo la evolución tecnológica es útil para ejemplificar la evolución de las ciencias sociales. Cuando un desarrollador saca un nuevo artefacto tecnológico, no siempre resulta un éxito en el mercado. Sin embargo a nadie se le ocurriría lanzar los teléfonos a la basura por un fracaso y volver a las palomas mensajeras. El desarrollo alcanzado sirve de base para nuevos experimentos, para otros desarrollos, y con el tiempo se alcanzará el éxito buscado. Muchas veces sucedió esto en la historia de los descubrimientos.

Si se tiene esa perseverancia con los objetos ¿cómo no exigirla a las ciencias aplicadas a la sociedad y las personas?

Evolución de la criminología

Que la criminología haya alcanzado un alto estado de desarrollo no significa que su aplicación práctica sea rigurosa en todos los centros de detención, ni que en todos los casos en los que se apliquen los más avanzados tratamientos, se alcancen los mismos resultados.
No puede desconocerse que muchas cárceles argentinas están colapsadas. Las condiciones edilicias y el hacinamiento de su población entre otras falencias, plantea condiciones de inicio que hacen prácticamente inviable aplicar el “paradigma de la gestión de riesgo”. Por estas y otras razones, la reincidencia de alguien que cumplió una pena de prisión, no puede tomarse livianamente como un fracaso del método.

Qué buscan abordar los tratamientos penitenciarios

Las escuelas criminológicas tuvieron (tienen), entre otras, una preocupación común: la peligrosidad del sujeto. Mientras que para unas las personas decidimos libremente nuestras acciones y para otras la peligrosidad se lleva en los genes, las teorías más modernas plantean que hay condicionantes situacionales que favorecen el despliegue de aspectos de la personalidad del sujeto que lo llevan a cometer cierto tipo de conductas contrarias a la ley.

El psicólogo Daniel Schulman explica que el paradigma de la gestión de riesgo plantea que lo estático (de la peligrosidad) tiene que ver con lo histórico. El pasado, claro, no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar su repercusión sobre el presente. Así se entiende esta cuestión en el marco del paradigma de la gestión de riesgo: los factores históricos son en sí estáticos, pero el dinamismo está dado por cómo los tome el sujeto en el presente.
La peligrosidad es genérica y global: alcanza todos los aspectos de un sujeto, mientras que el riesgo es in situ, en un momento determinado, por factores determinados, y para ciertos determinados tipos de conducta.


En su libro “La aplicación de la ejecución de la pena en la provincia del Chubut”, Fernando Gélvez y Daniel Schulman sostienen que reducir factores de riesgo es hacer acción de tratamiento, intervención, pero también acción preventiva, para que le sujeto no vuelva a delinquir. Lo que ha cambiado del viejo paradigma de la peligrosidad, es que hoy los factores de riesgo son específicos para delitos específicos. 

viernes, 20 de mayo de 2016

1ra Parte "…Para seguridad y no para castigo…"



 La finalidad de las cárceles argentinas fue definida en 1853, en 2016 son muy pocas las que cumplen con esta premisa. La situación de Chubut se ve promisoria a partir de la próxima habilitación del nuevo centro de detención provincial. El psicólogo forense Daniel Schulman y el Fiscal Federal Fernando Gélvez, publicaron un libro titulado "La aplicación de la ejecución de la pena en la provincia del Chubut". En él, además de relevar la situación actual, analizan los componentes que tendría que cubrir una eventual futura ley chubutense en la materia.

El Art. 18 de la Constitución Nacional establece en su última parte que "… Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la pena privativa de la libertad tiene como finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Pone en cabeza del sistema penitenciario la disposición de los medios adecuados a cada circunstancia, para dar tratamiento interdiscipinario apropiado para lograr esa finalidad.

Progresividad

La progresividad que debe cumplir el régimen penitenciario se estructura en cuatro períodos:
1.       Observación
2.       Tratamiento
3.       Prueba
4.       Libertad condicional

En el primero la institución "conoce" la situación del condenado mediante estudios médicos, psicológicos y sociales. Estos estudios permiten contar con un diagnóstico y un pronóstico criminológico. El diagnóstico tiene por finalidad ser la base para el diseño de un tratamiento adecuado para cada condenado.
El período de tratamiento se divide en tres fases: socialización, consolidación y confianza.
Luego llegará el tercer período para el que la ley prevé cambios sustanciales en las condiciones de cumplimiento de la pena. Las fases son: a. incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, basada en el principio de la autodisciplina; b. posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento; c. posibilidad de incorporación la régimen de semilibertad. Para alcanzar la semilibertad, la ley exige una serie de requisitos.
La última etapa es el período de libertad condicional, durante la que el condenado ya no debe regresar al establecimiento. Los requisitos para acceder a esta etapa son: el temporal que implica 35 años en el caso de la prisión perpetua, 2/3 de la pena para las condenas de más de tres años, y 8 meses para las penas de hasta 3 años de prisión. El segundo requisito es que haya cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios, lo que se refleja en la calificación de concepto y conducta; no ser reincidente; y que no se le hubiera revocado la libertad condicional previamente en el cumplimiento de la misma pena.

Todo debe apuntar a la reinserción

La razón por la que la ley establece este régimen de progresividad es que la pena debe lograr la reinserción social del condenado. Es decir, "lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley". Para que pueda volver a la sociedad es preciso que el sistema penitenciario favorezca directamente el contacto activo del recluso con la comunidad. Esto es, evitar la repercusión de la subcultura carcelaria y de las condiciones de vida institucional en la personalidad de los penados, permitiendo que la interacción del interno en el  establecimiento penal se asemeje lo más posible a la vida en libertad. De ahí que se promueva el acceso a la educación formal, el aprendizaje de oficios, etc.

Gestión de riesgo

En su libro, Schulman y Gélvez exponen el paradigma de la gestión de riesgo para el diseño del tratamiento penitenciario. En base a él concluyen que "hoy se trata de diferenciar las conductas, diferenciar los niveles de riesgo, y diferenciar los factores de riesgo que presenta cada sujeto condenado, y reducirlos durante todas las etapas del tratamiento penitenciario para que el mismo presente mayor efectividad".

El Subjefe de la Policía se reunió con los fiscales de Esquel

El comisario general Luis Avilés se reunió con los fiscales María Bottini, Fidel González, Marcelo Cretton, Fernando Rivarola y con el Funcionario Raúl Camerlo. En la reunión se analizó el trabajo con la Unidad Regional y las distintas comisarías de la región. Los fiscales destacaron el desempeño del Jefe de Unidad Regional, César Gómez.

Las reuniones mantenidas con las distintas comisarías de la región (Instrucción 03/16 PG), además de la interacción que a diario se mantiene entre Fiscalía y policía, permiten identificar los aspectos que es necesario fortalecer para optimizar el trabajo conjunto.

Hubo coincidencias en la necesidad de fortalecer las acciones de capacitación que permitan al personal policial actuar con mayor seguridad y precisión en sus intervenciones. Además, se hizo hincapié en la importancia sostener la comunicación fluida entre ambas instituciones. 

jueves, 19 de mayo de 2016

Sistema Penal Acusatorio



El Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, participa con el Consejo de Federal de Política Criminal, de charlas sobre el Sistema Penal Acusatorio vigente en Estados Unidos.
La actividad tiene lugar en la facultad de Derecho de la UBA. Los expositores son fiscales federales de EEUU y agentes de la DEA.

El sistema acusatorio es el que se encuentra vigente en Chubut y al que poco a poco van mutando sus sistemas procesales distintas provincias argentinas. El sistema de justicia federal de nuestro país sigue con el viejo sistema inquisitivo.

Estados Unidos diseñó el sistema acusatorio a partir de la influencia inglesa, recibida durante los años en que fue colonia. La idea que gestó el sistema es la de un proceso de partes en el que la afectada debía probar la violación de su derecho imputable al acusado. Cuando la acusación dejó de ser función de la víctima y fue asumida por el Estado en representación de la comunidad como un todo, el deber de probar quedó a cargo del acusador, aunque también la defensa tiene responsabilidad de probar sus planteos ante el juez.

El término adversarial o adversativo refiere a que existe una división de responsabilidades entre quien toma la decisión y las partes: la decisión corresponde a un tercero imparcial que adopta una posición en virtud de la prueba aportada por las partes adversarias.

Por su parte la DEA (Drug Enforcement Administration) es la Administración para el Control de Drogas, dependiente del Departamento de Justicia de EEUU. Es la agencia habilitada para coordinar y realizar las investigaciones anti droga en el extranjero.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Condena por estupro

Un joven de 20 años fue condenado a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de estupro. Facundo Emir Díaz, luego de completarse la investigación de la Fiscalía, reconoció haber mantenido una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 19. En cumplimiento de la ley provincial, la sentencia que homologó el acuerdo será informada al Registro de Antecedentes Penales, junto con su perfil genético.

El hecho ocurrió a mediados de 2015 en Cholila. Hay dos imputados y dos víctimas. Con el avance de la investigación pudo establecerse con mayor precisión la conducta a reprochar a cada uno de los imputados, incurriendo, a criterio de los acusadores, en delitos distintos. Mientras que Días reconoció y fue condenado por estupro, el restante imputado iría a juicio por hechos encuadrados en el delito de abuso sexual con acceso carnal. El viernes pasado comenzó la audiencia preliminar por el segundo imputado, la resolución del juez de apertura de la etapa de juicio se conocerá este viernes.

La audiencia en la que se presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la Querella particular y la Defensa, se presentó ante el juez la semana pasada, en tanto que la resolución del magistrado, homologando el acuerdo, fue dada a conocer este martes por la tarde. El imputado renunció a los plazos procesales, con lo que la sentencia quedó inmediatamente firme.

David Milstein, es el abogado que representó a la víctima constituida en querellante. Luego de que la Fiscalía se refiriera al hecho, la prueba reunida y los términos del acuerdo, expresó su conformidad. El abogado solicitó que una vez que le imputado acceda al beneficio de la libertad condicional, se disponga una prohibición de acercamiento del imputado a la víctima por el plazo restante de la condena.

El fiscal Fernando Rivarola, solicitó que se notifique la sentencia condenatoria al Registro de Antecedentes Penales, para su registro, al igual que el perfil genético del imputado, tal como lo prevé la ley provincial.

El defensor Bruno Deias se mostró conforme con el acuerdo alcanzado. Díaz reconoció ante el juez su responsabilidad y aceptó la pena de tres años, con costas.

El estupro

La figura de estupro refiere al consentimiento viciado del menor de edad. La minoría de edad y la inexperiencia, son circunstancias tenidas en cuenta por el autor para cometer el hecho.

Respecto de esto, en la homologación del acuerdo de partes, el juez Martín Zacchino citó un expediente de la provincia de Salta: “… cabe recordar que el elemento inmadurez sexual del tipo penal de estupro (art. 120 del Código Penal), no se circunscribe a un conocimiento meramente físico o fisiológico acerca del acto sexual, ni siquiera cuando éste es producto de la práctica sexual. Tan acotada comprensión resulta insuficiente a la luz del interés protegido por la figura, que involucra el más amplio ámbito de la sana e íntegra conformación de la personalidad en el área sexual, en base a la cual puede el adolescente discernir el verdadero sentido y naturaleza de su conducta, para prestar un consentimiento libre y consciente sobre aquéllas acciones que puedan afectar dicha esfera vital”.

martes, 17 de mayo de 2016

Condena por atentado a la autoridad

La resolución se alcanzó en un proceso de juicio abreviado en el que los imputados reconocieron su autoría en un hecho calificado como atentado a la autoridad agravado por haberse cometido a mano armada. Diego Omar Ibañez y Hugo Orlando Ibañez fueron condenados a seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.

El 12 de enero de este año a las 22:50 hs. aproximadamente, el personal policial fue al barrio Baden I en respuesta al llamado de una vecina. La mujer había denunciado que dos hombres estaban consumiendo bebidas alcohólicas frente a su vivienda y alterando el orden público. La policía entendió que podría tratarse de una contravención y al llegar encontró a Diego y Hugo Ibañez, tal como se les había informado. Intentaron identificarlos pero Diego sacó un cuchillo y arremetió contra el personal policial. Por su parte Hugo incitó al pitbull que llevaba atado con un lazo a atacar a los uniformados, al tiempo que con el otro extremo del lazo les daba chicotazos. En ese contexto el personal policial empleó la escopeta anti tumulto para que desistan de su accionar, los redujo y aprehendió.


Ambos imputados cumplen prisión preventiva por un homicidio en el que se investiga su presunta participación. En ese caso ya fue presentada la acusación pública y se aguarda la realización de la audiencia preliminar. En la misma etapa procesal se encuentra otra investigación por incendio. 

Precaución por distintas modalidades de estafa

En otras oportunidades alertamos respecto de las estafas telefónicas, disfrazaas en algunos casos de “secuestros virtuales”, en otros de supuestos “concursos ganados” en los que el beneficiario nunca había tomado parte activamente. En ambas situaciones el estafador emplea el anonimato del teléfono, ofrece identidad y datos falaces y, si encuentra del otro lado del teléfono a una persona desprevenida, logra que le envíe dinero, concretando de este modo la estafa.

¿Qué hago si me llaman anunciándome que gané un premio?

Aquí les brindaremos algunas recomendaciones generales para no ser estafado con esta modalidad, pero también para ayudar a que no caigan otros.
·         No haga depósitos de dinero, tarjetas telefónicas o pagos con tarjeta de crédito para acceder a un premio, sin antes verificar con la compañía que supuestamente le otorga el premio, comunicándose a un teléfono o dirección fehaciente de la entidad (no uno suministrado telefónicamente, sino publicado en un sitio Web oficial o modalidad similar) de la efectiva existencia del premio en cuestión y que usted es el acreedor.
·         Normalmente no se pide pago de ningún tipo para acceder a un premio. El solo pedido es motivo para sospechar una operatoria de estafa.
·          Al cortar la comunicación, haga inmediatamente la denuncia a la Fiscalía o a la Comisaría, ofreciendo toda la información que obtuvo para posibilitar que se pongan en marcha los mecanismos judiciales pertinentes.

Servicios de “limpieza”

Otra modalidad que se ha observado en mas de una oportunidad en Esquel es la tomada por personas que ofrecen servicios mentalistas, parapsicólogos, tarotistas y otros similares.
Suelen ofrecer servicios sin publicar más que un teléfono celular de contacto. Esa publicidad menciona el nombre del “parapsicólogo” pero no su apellido.
Suele tratarse de personas que no se mantienen estables en ninguna ciudad. Pasar por el lugar durante aproximadamente un mes, hasta que logran su cometido y se marchan.

La maniobra que realizan es:
1) Le hacen creer a la víctima que el problema que le plantea es mucho más grave de lo que pensaba y que necesita una urgente intervención, pero lo más importante es que le señalan que el “trabajo” será GRATIS.
2) Una vez que enganchan a la víctima, empiezan a “curarle” objetos, y luego pasan a objetos de valor o dinero

3) La víctima no consciente una disposición de los bienes, sino más bien cree que se lo están “curando”, cuando pasa al día siguiente a buscar los bienes de valor y dinero, el parapsicólogo ya se fue.