viernes, 2 de diciembre de 2016

Miquelarena expuso cómo se gestiona la investigación penal en el MPF

El Procurador General de Chubut, compartió panel con el Coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Héctor Chayer. La temática que desarrollaron se relaciona con el proceso de modernización de la Justicia, que nuestra provincia encaró desde hace varios años.
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Jorge Luis Miquelarena, explicó ante el auditorio del Salón Azul de la Facultad de Derecho UBA, cómo se resolvió en el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la gestión de procesos de trabajo. Organizado a partir de las denuncias ingresadas a través del Preventivo Digital de las Comisarías y las realizadas en la propia Fiscalía, contenido del preventivo, carga de actuaciones investigativas, directivas y trámites propios de la gestión de cada caso. La información del sistema es un recurso para las decisiones organizativas que debe tomar cada Fiscal Jefe en relación a los equipos de trabajo.
La base de datos digital, permite el trabajo de investigación por patrones de ocurrencia geográfica, pertenencias delictivas, horarios y modus operandi, entre otros datos que son complementados con otros sistemas de información. Esa información es analizada por la Unidad de Análisis Criminal y llega a las Fiscalías en informes y a través del sistema Coirón.
Coirón es el sistema informático que colabora con la administración del flujo de casos ingresados al Ministerio Público Fiscal del Chubut. Permite registrar, comunicar y gestionar las actividades, trámites y actuaciones que se realizan para un caso penal, desde la denuncia hasta su finalización. Ofrece el historial de cada caso, permite planificar organizar, coordinar y controlar el flujo de trabajo afín a cada caso y la sumatoria de ellos. Este sistema se relaciona con otros sistemas informáticos: con el Luan, sistema de gestión del SAVD; Preventivo Digital que administra denuncias en la Policía del Chubut; Skúa que administra las Oficinas Judiciales de las que se vincula la carpeta judicial y los elementos secuestrados; Quimey del RAP – Registro de Antecedentes Penales y SIDEN de identificación de personas en sede judicial.
En relación a los sistemas Coirón y Luán, el Ministerio Público Fiscal de la Nación acordó con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut la celebración de un Convenio Marco de Cooperación — suscripto el 14 de octubre de 2014—, con el fin de establecer un marco general de cooperación entre ambos organismos y coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y de investigación en general. En el marco del convenio se suscribió el Acta Complementaria, con el objetivo de desarrollar un trabajo conjunto, colaborativo y coordinado sobre sistemas informáticos desarrollados por ese Ministerio Público Fiscal, de Gestión de Fiscalías y de Gestión de los Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito, incluyendo todos los módulos y accesorios; a fin de lograr su adecuación a la estructura legislativa y organizacional del Ministerio Público de la Nación a la vez de modernizar las prestaciones y herramientas informáticas en beneficio de ambas instituciones. 

Los Procuradores propusieron reformar el Código Penal para enfrentar la violencia de género

Los Consejos Federales de Procuradores y Defensores realizaron una presentación ante el  Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, indicando la necesidad de una serie de reformas al Código Penal en materia de violencia de género. La propuesta plantea desde la incorporación de nuevas figuras penales, el agravamiento de otras existentes, hasta la implementación de tratamientos para los violentos. El Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, Vicepresidente del Consejo Federal de Política Criminal, es uno de los propulsores de las reformas.
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El documento señala que nuestro país ha contemplado durante el presente año, el crecimiento de la violencia de género; más allá de los incesantes reclamos de la sociedad en pos de limitar esta constante violación a los derechos humanos, los casos se han incrementado en su número y gravedad. Mientras esto ocurre, se declara constantemente que se trata de una situación que debe ser abordada de modo integral, con herramientas especialmente diseñadas en el área de la educación, la salud y otros ámbitos del Estado y de las organizaciones no gubernamentales.
Los representantes de los Ministerios Públicos del país, entendieron que si bien esto es cierto, también requiere de acciones de política criminal, concentrándose en la utilidad del derecho penal como factor esencial de disuasión general y como ámbito de resocialización especial de los violentos. Señalaron los firmantes que hasta el momento no se reaccionó con una adecuada actualización del derecho penal de fondo, para optimizarlo como mecanismo orientado a confrontar con un flagelo de máxima prioridad.
Fiscales_de_generoEl documento continúa señalando que los fiscales que persiguen penalmente la violencia de género a lo largo y ancho de nuestro país demandan un marco legal que guarde mejor correspondencia con el objetivo de terminar con la impunidad en materia de violencia de género; su experiencia diaria en un contexto de insuficiencia normativa, nos lleva a señalar la necesidad de que se contemplen nuevas figuras delictivas, que se establezca un orden de agravantes más generalizado y coherente, que se dificulte el cierre de causas por extinción de la acciono y se asegure que la imposición de condenas, sean éstas o no de ejecución efectiva, produzca en los violentos efectos correctivos.
Acoso
El documento propone incluir la figura penal de acoso, acecho u hostigamiento. El objetivo de esta medida es evitar que los violentos puedan desarrollar impunemente acciones de intromisión permanente en la vida ajena, que la ciencia ya ha declarado que resultan altamente destructivas; estos efectos se obtienen hoy con total facilidad, aplicando las nuevas tecnologías para producir intromisiones en la vida ajena que logran una relevante alteración de la paz de la víctima, mediante actos que individualmente carecen de relevancia penal.
Sexting
Se trata de la introducción de las figuras que afectan la intimidad. Sería un nuevo tipo penal relativo a la difusión de imágenes de contenido sexual obtenidas con consentimiento de la víctima, pero sin autorización para su difusión.
Maltrato reiterado
Postulan la regulación y sanción como refuerzo de la reacción penal cuando los hechos dan lugar a un estado de afectación de la integridad física y psicológica de la víctima, que no encuentra satisfacción con la simple aplicación de la doctrina de los concursos de delitos.
Tratos degradantes
Nuevas figuras de agresión física o psicológica que constituyan tratos degradantes que actualmente pueden ser consideradas carentes de relevancia penal, cómo como los empujones o golpes que no producen un resultado lesivo. Igualmente, el menosprecio de la persona, mediante el uso de expresiones humillantes o vejatorias, no encuentra correspondencia en las figuras que protegen actualmente la libertad ni la integridad física, ni tampoco están suficientemente protegidas con los tipos relativos al honor.
Manipulación de dispositivos
Los Procuradores piden además que se especifiquen figuras relativas a la manipulación de dispositivos técnicos cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medidas cautelares.
Más que desobediencia
Otra de las propuestas se refiere a la creación de figuras que sancionen de manera diferencial y agravada el incumplimiento de las órdenes judiciales impartidas para la protección de las víctimas de violencia de género.
“No significa No”
Bajo el título “Mejoramiento de la protección a la integridad sexual mediante un tipo de abuso sexual más amplio”, apuntan a perfeccionar las figuras contempladas en el art. 119 del Código Penal, que demandan que la víctima resulte afectada por acciones violentas o coactivas. Toman como ejemplo al derecho continental europeo que este año expandió los contornos del abuso sexual, considerándolo tipificado también en los casos en que la víctima expresó de modo reconocible su negativa.
Más agravantes por violencia de género
En la actualidad el agravante aplica a las figuras penales de lesiones y de homicidio, sin embargo no lo establece para los delitos de amenazas y coacciones que constituyen violencia de género. Misma situación se da con los delitos de privación ilegítima de libertad y otros que debieran ser alcanzados por un incremento de la reacción penal.
Frente a los chicos es peor
También se propone el agravamiento por la comisión de hechos de violencia en presencia de menores. Buscan prevenir las consecuencias psíquicas que afecten a los niños por presenciar estos actos, pero también el efecto que en la futura conducta de los niños tienen las experiencias traumáticas que incrementan la posibilidad de que sean adultos violentos.
La violencia de género es violatoria de los derechos humanos
Bajo esta definición se propone que se trate de delitos de acción pública, es decir que no requieran de la denuncia de la víctima para que el Estado intervenga investigando, juzgando y sancionando las conductas que constituyan hechos de violencia de género.
Además se postula un orden diferenciado que duplique el tiempo de prescripción de los delitos agravados por violencia de género.
Tratamiento para los violentos
Imposición de medidas de tratamiento obligatorias como reglas de conducta en los supuestos de condenas de ejecución condicional, entre otras. En paralelo, el establecimiento de programas de tratamiento obligatorios contra la violencia de género dentro del régimen progresivo de la pena privativa de la libertad. 

jueves, 1 de diciembre de 2016

Miquelarena disertará en las XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos

El Procurador General de Chubut, expondrá este viernes sobre Gestión de Procesos Judiciales en el Salón Azul de la Facultad de Derecho UBA. Las Jornadas que reúnen a magistrados de los funcionarios públicos de todo el país, comenzaron el miércoles por la tarde. En ese contexto se realizó una reunión del Consejo de Procuradores, de la que participó Miquelarena, y una reunión de los Fiscales especializados en Género, entre ellos la Fiscal Jefe de Esquel, María Bottini.
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El acto de apertura de las XXIX Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, estuvo a cargo del Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli; el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo; el Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Cevasco; y el Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, y Asesores Generales de la República Argentina, Mario Bongianino.IMG-20161201-WA0000
Santilli celebró la realización de las jornadas como un ámbito para debatir la posibilidad de mejorar las respuestas a las demandas ciudadanas. “Estamos trabajando en la transferencia de competencias, dando un paso importante en la dirección para que la gente encuentre justicia en tiempo y forma”, aseguró Santilli.
A su turno, el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo remarcó la importancia de los tiempos judiciales y pidió que “el sistema judicial debe resolver los conflictos en un tiempo más acotado, para poderle dar más acceso a justicia a los vecinos”.
Este jueves se realizó un panel sobre narcocriminalidad, coordinado por el Fiscal Carlos Rívolo, en el que expondrá el Agente especial de la DEA Michael Tooley. A su vez, en otro panel se abordaron cuestiones relacionadas a la violencia de género por parte del Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de la República Argentina, Pablo López Viñals; la Subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nació, María Fernanda Rodríguez; y el Director del Servicio de Selección y Formación Inicial de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de Barcelona, Jorge Jiménez Martín.
La temática de los delitos informáticos fue desarrollada, en un panel coordinado por el Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad, Enrique Del Carril, e integrado por el especialista Marcos Salt, y la Fiscal especializada en estos delitos, Daniela Dupuy. El ex Juez Ricardo Gil Lavedra y el constitucionalista Alberto Dalla Vía expusieron sobre la independencia del Ministerio Público y la importancia de su autonomía.

Comenzó como un conflicto de tierras y llegó a juicio por tentativa de homicidio calificado

Para la Fiscalía se trató de una tentativa de homicidio calificada por la participación premeditada de más de dos personas, por el uso de arma de fuego y por haber participado un menor de edad. La defensa pidió al tribunal que analice con detalle el caso y así entenderán que se dieron condiciones que habilitaron la legítima defensa. En el trasfondo subyace un conflicto de vecindad que llegó a acciones extremas que casi terminan con la vida de uno de los involucrados.
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En el debate que recién comienza surgieron algunas circunstancias que rodearon el episodio llevado a juicio. En el inicio de la jornada, las partes contaron su caso al tribunal conformado por los jueces Martín Zacchino, Jorge Criado y Martín O’ Connor.
P1040964La fiscal Fernanda Révori, relató los sucesos del 16 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 20:20 horas, en calle Soldado Austin entre Antártida Argentina y Avenida Güemes de la localidad de Tecka. El caso de la acusación sostiene que Benedino Segundo Acuña y Diego Lucas Acuña, en compañía de Aníbal Tracamán y un joven de 17 años, siguieron en dos rodados a la víctima, Manuel Martínez, quien se encontraba circulando en su camioneta Ford F-100, color azul. Al detener la marcha descendieron los cuatro. La víctima advirtió la intención de agredirlo, subió a la caja de su camioneta y tomó una pala para defenderse. Révori indicó que Benedino empuña un revólver calibre 0.22 largo, y a una distancia aproximada de tres metros, le efectó seis disparos a la víctima, impactando la totalidad en su cuerpo, cinco de ellos en zonas vitales, ocasionándole múltiples heridas penetrantes, desgarrantes y fractura en uno de sus brazos. Así herido intentó salvar su vida bajando de la camioneta y dirigiéndose la Estación de Servicio de la localidad, Lo siguieron Lucas y el menor, ambos empuñando cuchillos y el primero, además, un arreador de ganado con el cual le dio varios latigazos en el escaso trayecto de la persecución. Benedino se retiró, la víctima se encontraba a pocos metros de la Estación de Servicio; Aníbal Tracamán permaneció cerca del rodado, con un rebenque, sin participar en la persecución emprendida sólo por los jóvenes.
P1040966Horacio Hernández es el abogado defensor de los cuatro imputados. El letrado dijo que no discutirá las circunstancias de los hechos, sin embargo reclamó al tribunal que agudice el análisis jurídico. Valoró la experiencia de los magistrados y sostuvo que ellos estarán en condiciones de entender el contexto en el que ocurrieron los hechos y la situación en la que resultó herida la víctima. 

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Robos: autor, encubridor y un comprador imputados

La audiencia de formalización de la investigación iba a realizarse en relación a cuatro imputados. Solo dos pudieron ser notificados y llevados a audiencia. La policía tendrá a su cargo ubicar a los dos restantes. La investigación de distintos hechos de robo, llevó a identificar una pequeña red que realizaba tarea de “inteligencia”, robaba y luego vendía los objetos sustraídos.
Uno de los compradores fue identificado y se le imputó el delito de encubrimiento.

El funcionario de Fiscalía Carlos Richeri, comunicó en la audiencia los hechos que está investigando el Ministerio Público Fiscal y que involucran a los dos imputados presentes en la audiencia. La audiencia de formalización de la investigación es la primera en la que, además de comunicar los hechos, los imputados tienen la posibilidad de dar su versión y a partir de ella comenzar a trabajar en su defensa.

Uno de los imputados presentes, al que la Fiscalía le imputa hechos calificados como encubrimiento agravado y robo, fue asistido por la Dra. Paola Bagnato de la Defensa Pública. El otro, investigado por presunto encubrimiento, por comprar un elemento que sabía que provenía de un ilícito, fue representado por el defensor particular Daniel Sandoval.

Hecho 1
 
Entre el 13 y el 16 de junio, el imputado habría ofrecido para la venta, con el conocimiento de que se trataba de elementos producto de un delito:
a) un taladro atornillador percutor a batería 18v marca “Milwaukee” con dos baterías de litio “M18 XC”;
b) un rotomartillo a batería de 22mm “Milwaukee”, en caja con batería y cargador de batería;
c) una sierra sensitiva circular 355mm “Milwaukee”;
El 13/6/16 a las 22:57 le ofreció los tres elementos a un potencial comprador por $5000, para luego bajar la oferta a $4800, ofreciéndole además, por el mismo monto, la entrega de una bicicleta “Piola”, y finalizando con una oferta $4600. El comprador no habría logrado cambiar un cheque y no concretó la operación. El 16/6/16 a la 1:28 volvió a ofertarle, esta vez solo el taladro atornillador por la suma de $1200.
El 15/6/16 a las 21:13, otro sujeto le ofreció al imputado intermediar para la venta de las herramientas a cambio de una comisión. El imputado le ofreció las herramientas y la bicicleta por $5000, la operación no se concretó.
El 16/6/16 a las 00:29 volvió a ofrecer el taladro atornillador, proponiéndole al potencial comprador, una financiación en dos cuotas de $500. A las 00:39 ofreció el conjunto de herramientas a otra persona. Tampoco se concretó la operación.
El 17/6/16 a las 14:50, el taladro, el rotomartillo y la sierra, fueron secuestrados en poder del imputado y restituidos a su propietario.

Hecho 2

La Fiscalía sostiene que el 17 de junio de 2016, el imputado ofreció para la venta, con el conocimiento de que se trataba de elementos producto de un delito:
a) un TV LED 21”
b) una Tablet “Noblex” 17”
c) una cámara de fotos profesional “Lumix”

El 17/6/16 a las 03:44 le ofreció los elementos a un potencial comprador, pero la operación no se concretó. El mismo día a las 15:25 ofreció el TV LED por $2000 y a las 15:55 hs. lo volvió a ofrecer a una tercera persona. Con este último concretó la venta por $1800 y quedando pendiente la entrega de $200 con posterioridad.
El 29 de junio el televisor fue secuestrado en la vivienda del comprador y entregado a la persona a la que había sido robado. El comprador también está imputado en esta investigación por el delito de encubrimiento, ya que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, compró un elemento sabiendo que era fruto de un delito.
Luego de venderlo acordó con otro sujeto, también imputado, que pase por su casa para buscar el porcentaje de la venta que habían pautado.
El 17 de junio a las 14:20, fueron secuestrados en la casa del imputado una bicicleta “Rockrider” mountain bike amarilla, una Guitarra eléctrica “Washbuerh”, una notebook “Conectar Igualdad”, una cámara “Lumix” con memoria de 8GB, un amplificador “VOX”, una afeitadora eléctrica “Brown”, una Tablet “Noblex”, una campera “Bautic”. Todos habían sido robados el día anterior en una vivienda de AP Justo al 500. Luego fueron reintegrados a su propietario.

Hecho 3

El 2 de agosto a partir de las 11:21hs, el imputado le propuso perpetrar el robo de una vivienda a otro sujeto, con la promesa de que estaría acompañado por un tercero que aún no fue identificado. Para ello le facilitó la inteligencia necesaria para cometer el ilícito. Le señaló la ubicación exacta de la vivienda, la ubicación y orientación de los sensores de movimiento, la necesidad de emplear una barreta, y en igual sentido le remarcó la franja horaria en que la casa se encontraría libre de ocupantes y potenciales testigos, por cuanto le detallo el horario en que se retiraban los albañiles de la obra de enfrente y el horario de regreso de la víctima, morador de la vivienda. 
Con esa información, el 2 de agosto entre las 19:25 y 20hs, fue perpetrado el robo de una vivienda ubicada en San Martin al 400 de Esquel, la ventana del baño fue forzada y el autor se apoderó de una guitarra y una consola de videojuegos “Play Station 3”.
Luego del hecho, el autor le recriminó al imputado el resultado del atraco, que no era el esperado, que estaba la “Play” pero no el resto de las cosas. El imputado le consultó si no estaba “la tablet”.
El 3 de agosto a las 9:51, el autor del robo le informó al imputado que la consola de videojuegos sustraída el día anterior, funcionaba bien y le pidió que la venda por $3000. A las 16:36 del mismo día, el imputado vendió la consola por $3500 a una persona aún no individualizada.

Hecho 4

El 3 de septiembre, entre las 19:30 y 22:30, el imputado ingresó forzando una ventana posterior, a una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 400. Sustrajo una computadora “ACER” de 4.8” y un teléfono celular “Nokia” modelo 520 blanco. 

martes, 29 de noviembre de 2016

Tentativa de homicidio

El domingo se realizó una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación por un hecho ocurrido esa madrugada en el Barrio Badén. Una persona resultó gravemente herida, debió ser intervenida quirúrgicamente y aún permanece en terapia intensiva. El presunto autor permanecerá en prisión preventiva.
La detención se produjo en la casa de un testigo presencial. Hasta allí llegó el imputado, portando aun el cuchillo empleado en el ataque a la víctima a 800 o 900 metros del lugar. Intentaba acallarlo. En el patio de esa propiedad arrojó el arma. Luego de la aprehensión policial fue trasladado a la comisaría y con posterioridad a los Tribunales.
El hecho
A las 4:30 hs. aproximadamente, dos jóvenes estaban frente a la Escuela 210, justo delante del kiosco, cuando fueron sorprendidos por el imputado. Este último, sin mediar palabra y usando un cuchillo de grandes dimensiones, le asestó a uno, una puñalada en el abdomen. La herida provocó evisceración y afectación de órganos. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital y continúa en terapia intensiva.
Fernando Rivarola, fiscal de turno, relató el hecho y explicó los riesgos procesales que, según la Fiscalía, hacen necesario el dictado de la prisión preventiva. Para el magistrado hay elementos para considerar el riesgo de fuga y también de entorpecimiento procesal. Este último, evidenciado por la conducta del imputado en relación al testigo. “Si luego de cometido el hecho pudo hacer esto en relación a un testigo presencial, que podría hacer en relación al otro testigo…”, preguntó Rivarola. Agregó que podría también amedrentar a otras personas y ocultar evidencias.
El acusador consideró que la investigación podrá concluirse con cierta rapidez, por eso entendió que bastará con el dictado de prisión preventiva por un plazo de 30 días.
Carolina García, defensora del imputado, pidió que la medida se sustituya por arresto domiciliario. El planteo fue rechazado por el Fiscal, ya que el domicilio del imputado es prácticamente lindero con el de la víctima.
Martín O’ Connor, juez penal de turno, dispuso la prisión preventiva por 30 días, fundada en el peligro de entorpecimiento para la investigación. 

Robo agravado en La Zeta

Ocurrió el sábado a las 6:30 hs. Tres sujetos asaltaron, armados con un cuchillo, a un grupo de adolescentes. Media hora después fueron detenidos dos de los presuntos autores. En la audiencia realizada el sábado, se dictó su prisión preventiva y se adelantó que se realizarán ruedas de reconocimiento de personas.
Sábado pasado, aproximadamente a las 6:30 hs., en cercanías de Laguna La Zeta, tres personas con un arma blanca, asaltaron a un grupo de adolescentes, sustrayéndoles celulares, un sincronizador de música y dinero. Luego se dieron a la fuga en un Corsa.
Las víctimas regresaron a la ciudad y brindaron a la policía los datos del vehículo y características de sus ocupantes. Con esta información, a las 7 hs. un móvil policial encontró el Corsa en el Barrio Cañadón de Bórquez. Los ocupantes del vehículo se resistieron a ser identificados, agrediendo al personal policial. De la agresión participaron también otras personas. En ese contexto logró escaparse uno de los tres ocupantes del vehículo, los otros dos fueron reducidos y llevados a la dependencia policial.
El funcionario de turno, Raúl Camerlo, calificó los hechos como robo agravado por uso de arma y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad.
Por la Defensa Pública, la abogada Carolina García cuestionó la detención, indicando que no se trató de una flagrancia y por lo tanto la detención fue ilegal.
Martín O’ Connor, juez penal de turno, resolvió declarando legal la detención. Los uniformados estaban habilitados por la ley a actuar, por la urgencia que demandaba el procedimiento.
Camerlo pidió que se imponga 15 días de prisión preventiva, en ese plazo se realizarán ruedas de reconocimiento, entre otras medidas. Luego se realizará una nueva audiencia para discutir la continuidad de la medida. La Dra. García se opuso al pedido, indicó que no hay riesgo de fuga  ni de entorpecimiento, pidiendo al juez que en caso de considerar necesaria una medida, aplique una de menor gravedad.
O’Connor dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. El magistrado entendió que existe peligro de fuga basado en la gravedad del hecho y por haber sido cometido en banda y en despoblado. En el mismo sentido valoró el forcejeo con el personal policial, en un contexto en el que ese forcejeo se produjo. “El comportamiento procesal debe evaluarse de manera negativa”, concluyó. 

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Estafa en el Hogar de Ancianos: La Cámara Penal revocó la sentencia de primera instancia

Amelia Macayo fue absuelta por la Cámara Penal de Esquel, por considerar que no se probó la existencia de una estafa que perjudicara a los ancianos alojados en el Hogar, ni que fuera ella la autora de algún desapoderamiento patrimonial. Los camaristas consideraron que existió desprolijidad en la gestión pero no se acreditó el ánimo de estafar.

La Cámara estuvo integrada por la Dra. Carina Paola Estefanía, Roberto Adrián Barrios y Alejandro Gustavo Defranco. En un extenso voto, la Dra. Estefanía analizó en detalle todos los medios de prueba considerados por el juez de primera instancia en su sentencia, concluyendo que “no se acreditó que el dinero de los ancianos se usara en beneficio de otros y que eso afectara su patrimonio”. Consideró también que no se logró acreditar la intención de beneficiarse o beneficiar a un tercero por parte de la imputada. Valoró que el dinero utilizado para realizar actividades de las que participaban otras instituciones, no significó un perjuicio para los ancianos porque ellos participaban y se beneficiaban con tales actividades.
Los jueces consideraron que la sentencia revisada fue más allá de lo requerido por la Fiscalía. Valoraron además que la figura de estafa no puede ser aplicada, entre otras razones, porque a criterio de los magistrados, los ancianos no tendrían capacidad para decidir debido a su alta vulnerabilidad.

Indicaron que junto a la hipótesis de la Fiscalía, permanecen otras en pie y esto lleva a la duda razonable. La Dra. Estefanía concluyó que el caso ameritaba una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, pues desde lo ético el perjudicar económicamente a personas de avanzada edad, con alto grado de vulnerabilidad, el usar su dinero para beneficio personal es sumamente reprobable. “Pudimos ver los videos y las fotos que exhiben su cruda realidad. Sin embargo ello no es un aval suficiente para aplicar una condena por estafa que debe ser el producto de un juicio justo en el cual se respeten las garantías constitucionales”, entendió la camarista. “El estándar probatorio en el caso de funcionarios públicos puede tener bemoles con relación a otros casos, pero nunca al punto tal que se afecte el principio de inocencia y se soslaye el beneficio de la duda”, añadió.

Finalmente sostuvo que de las declaraciones surge que en la actualidad el manejo del dinero de los ancianos se presenta como más ordenado, sin embargo siguen sin representación legal, lo cual redunda en su perjuicio. No se trata de que no se use su dinero en su beneficio, que no puedan darse sus gustos, no es un mérito de la actual dirección que tengan un buen monto de dinero en sus cajas de ahorro cuyo destino en caso de fallecer será el Estado o algún familiar en caso de que lo tengan. Está en pie y rige la misma crítica realizada a la gestión de la imputada, en cuanto a la necesidad imperiosa y urgente de que se le designe un curador, quién podrá administrar su dinero y facilitarle a los ancianos el pleno ejercicio y goce de todos sus derechos. Entre ellos el afrontar compras de objetos materiales o de actividades recreativas que sean de su agrado o interés para atravesar dignamente su vejez. 

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martes, 22 de noviembre de 2016

Juicio por tentativa de homicidio: Todo comenzó con un problema laboral

La historia que empezó a reconstruirse este martes en la sala 2 de los Tribunales de Esquel, transcurrió en una conocida estancia de Cholila. Los protagonistas son el encargado y un empleado que se desempeñaba como casero. Problemas laborales, un despido, la resistencia a aceptarlo por el empleado y un disparo que penetró en su hombro y que la  víctima atribuye al encargado, son las que llevaron este asunto laboral a ser investigado y debatirse en el fuero penal.

No hay diferencias significativas en las circunstancias previas y posteriores al hecho, aunque sí se presentan con matices según la versión que estemos escuchando. El nudo del debate se centra en el momento en el que se produjo el disparo. La víctima sostiene que lo provocó el imputado en el contexto de una fuerte discusión entre ambos. El imputado afirma que él no solo no lo efectuó, sino que no estaba presente cuando el denunciante resultó herido.

Un despido a cualquier precio
 
El fiscal Fernando Rivarola y el defensor José Julián Ripa, presentaron al inicio del debate el caso que pretenderán probar. El fiscal sostuvo que se trata de un despido a cualquier precio o de cualquier modo. El denunciante era empleado de una estancia de Cholila, desempeñaba funciones generales, en particular de sereno o casero. Desde un tiempo atrás comenzó a tener algunos problemas, a partir de lo cual, seguramente la empresa ya había decidido su despido. En la mañana del sábado 22 de agosto del año pasado, la víctima se acercó a su trabajo con la finalidad de presentar un certificado médico que le había extendido un profesional del hospital de Cholila la noche anterior y, seguramente también, con la finalidad de evitar ese despido al menos mientras durara esa licencia médica. Después de las 11 hs. ingresó a la estancia y en la parte exterior de la vivienda que él ocupaba, comenzó a discutir con encargado, Eduardo Gavilondo e incluso terminó insultándolo. La discusión estuvo relacionada con las condiciones del despido y del certificado médico que no le quería recibir. En esas circunstancias es que el imputado tomó una carabina existente en el lugar y le apuntó al pecho efectuándole un disparo con la finalidad de darle muerte. Ese disparo finalmente le impactó en el hombro izquierdo, ya que la víctima con sus manos pudo desviar el caño del arma.
Luego de enunciar su caso, el fiscal sostuvo que el Tribunal conocerá a lo largo del juicio, las características del lugar, las personas presentes, problemas laborales previos, análisis de los médicos, etc. Finalmente añadió que se trata de un caso de tentativa de homicidio que contiene desde su descripción, supletoriamente, la de las lesiones graves.

El imputado no es capaz de disparar a nadie
 
José Julián Ripa, sostuvo que su versión de cómo ocurrieron los hechos es totalmente distinta de la que ofrecería con posterioridad, en su testimonio la “supuesta víctima”. El defensor mantuvo que nunca ocurrió la discusión que se pretende probar, que mucho menos hubo por parte del imputado la acción de empuñar el arma y dispararle. “Esta defensa no va a pretender probar ni por asomo, que el damnificado se pegó el disparo solo. Sí vamos a probar que no hubo la discusión, que no fue un despido a cualquier precio y mucho menos una acción dolosa y delictual del imputado”, añadió. La defensa indicó que se ventilarán cuestiones que tienen que ver con actitudes del denunciante de sacar un rédito económico a un despido que ya estaba decidido y no tenía vuelta atrás.

Durante la primera jornada fueron escuchados el imputado y siete testigos. Están previstas otras tres dos jornadas de producción de prueba, las que incluyen además de declaraciones testimoniales, la constitución del tribunal en la estancia en que sucedieron los hechos el mediodía del 22 de agosto de 2015.

martes, 15 de noviembre de 2016

“Voy a cumplir la pena. Necesito el tratamiento…”

Se trata de un caso de violencia de género. El imputado fue acusado de amenazas, lesiones leves, desobediencia, violación de domicilio y daño. Reconoció su responsabilidad y aceptó la aplicación de una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo. La víctima también habló en la audiencia: “Yo estoy de acuerdo con que se lleve a cabo este procedimiento. Es la única manera que tengo yo de desligarme de todo este círculo… lo único que siempre le dije al juez es que quiero tratar de estar tranquila con mis hijos y nada más”. La sentencia judicial se conocerá el martes próximo, aunque la juez anticipó que homologará el acuerdo.

El acusado se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en la Comisaría 2da. La fiscal María Bottini oralizó los hechos por los que acusó a Sergio Oscar Olivera. Expuso las evidencias reunidas en la investigación y explicó los fundamentos de su decisión de arribar a un procedimiento de juicio abreviado. “Para la víctima es necesario arribar a una solución de manera rápida, por eso se acuerda el juicio abreviado”, sostuvo, agregando que la mujer estaba inmersa en el círculo de la violencia que solo se pudo cortar con la detención del imputado.
Bottini hizo mención al dictamen de la junta médica, el que estableció que el imputado comprende y dirige sus acciones y también resulta peligroso para sí y para terceros. Sugiriendo un tratamiento en un centro de adicciones. La fiscal planteó que será importante que reciba ese tratamiento durante la ejecución de la pena.

La víctima

La denunciante  manifestó en la audiencia su acuerdo con la modalidad de juicio y la condena acordada.
Yo estoy de acuerdo con que se lleve a cabo este procedimiento. Es la única manera que tengo yo de desligarme de todo este círculo… lo único que siempre le dije al juez es que quiero tratar de estar tranquila con mis hijos y nada más. Cuanto más me lo puedan alejar mejor para mí y para mis hijos. Ahora, conociendo la persona que es, realmente lo que menos quiero es que se vuelva a acercar a mí y a mis hijos, dado que todo este tiempo me ha traído de mentira en mentira… me provoca miedo no solamente por mí sino por mis hijos, por mis hijos me provoca más miedo. Sí estoy de acuerdo con que todo esto se lleve adelante.

La defensa pública, representada por Carolina García, planteó que el imputado vio como beneficioso el tiempo que pasó en comisaría sin consumir, por eso es su interés empezar con un tratamiento cuanto antes. Ratificó el acuerdo, aceptando la prueba del Ministerio Público Fiscal.

El imputado


Estoy de acuerdo, lo reconozco y creo que así se da por terminado todo con la chica, no la voy a volver a molestar el día que salga en libertad. Voy a cumplir la pena… Necesito el tratamiento ese de adicciones.