miércoles, 14 de agosto de 2013

El Hoyo: Se aplicó el protocolo para casos de trata de personas

El sábado pasado la Fiscalía tomó conocimiento de una denuncia en la que
se indicaba que dos mujeres jujeñas y dos niños pequeños estarían privados de su libertad en una vivienda de El Hoyo. Por prevención se decidió aplicar el protocolo previsto para casos de trata de personas. Las víctimas fueron retiradas del lugar y están prontas a regresar a su provincia.


La novedad ingresó cuando la fiscal María Bottini cubría el turno del fin de semana. Al observar la presencia de algunos indicadores, se puso en contacto con el juzgado federal y activó el mecanismo de abordaje para casos en que se sospecha la comisión del delito de trata de personas.
Con orden judicial se allanó el domicilio denunciado, luego de constatar los datos suministrados en la denuncia, y se rescató a las posibles víctimas. El lunes ambas mujeres prestaron sus testimonios como anticipo jurisdiccional de prueba. Sus dichos fueron registrados en audio y video, y resultan centrales para guiar el trabajo investigativo.

En esta primera instancia no se obtuvieron elementos claros que permitan definir la investigación bajo la figura de la trata de personas, por este motivo la fiscalía mantiene en sus manos  la investigación, para evitar dilaciones que se producirían si se remite a la justicia federal y esta la rechaza por considerar que no configura un delito de su competencia.

La denuncia fue realizada por el hermano de las mujeres. En ella indicaba que sus hermanas estaban privadas de la libertad en una vivienda particular de El Hoyo, que habían viajado por un ofrecimiento de trabajo pero que este nunca se había concretado y que los pasajes se los había pagado la persona que las retenía en su casa.
Cuando esto se constató, la fiscal Bottini junto a la psicóloga del SAVD Luisa Pasquini  y la policía realizaron el allanamiento habilitado por el juez de turno. Siguiendo lo establecido por el protocolo la representante del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito se acercó a hablar con las mujeres junto a la policía. Las mujeres fueron retiradas del lugar. La Fiscalía se contactó con el juzgado federal y acordaron tomar las declaraciones testimoniales en sede provincial para constatar que estuvieran dados los extremos que habilitan la intervención federal por estar frete a un delito de trata de personas.
"Luego de escuchar las testimoniales no pudimos constatar que se trató de trata de personas, si había ciertos indicadores que hicieron que tuviéramos que actuar de esta manera. Hasta el momento seguimos investigando en sede provincial... De todos modos estamos en contacto con el juez federal subrogante pero nos restan medidas por realizar para decidir si debemos o no declinar la competencia", explicó Bottini.

En paralelo se dispuso el traslado de las mujeres y los niños a la provincia de Jujuy con acompañamiento de personal de la Comisaría de la Mujer. En este trámite intervino el área especializada del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Las víctimas se encuentran asistidas.

viernes, 9 de agosto de 2013

XXVI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos

A partir de hoy están abiertas las inscripciones para participar de las XXVI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se realizarán el próximo 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Villa la Angostura, provincia de Neuquén.

Este evento, del que participarán distinguidos y prestigiosos juristas tanto del ámbito internacional como nacional, es organizado en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, además del Poder Judicial de Neuquén.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web oficial  o bien desde el link habilitado en la página del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

El programa de actividades, las tarifas especiales de pasajes aéreos y hoteles, junto con los contactos para realizar cualquier consulta sobre el evento, también pueden encontrarse en las páginas Web mencionadas.

Las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos tienen como uno de sus objetivos primordiales, generar un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y formulación de propuestas sobre las funciones y misiones de los Ministerios Públicos. Están destinadas a funcionarios y magistrados de los Poderes Judiciales, abogados, empleados judiciales y docentes y estudiantes de Derecho.

jueves, 8 de agosto de 2013

Restos humanos



AUN SIN IDENTIDAD… PERO NO ERA JULIO LOPEZ

El código de ADN de los restos humanos hallados en el Alto Río Percy y en el Parque, no es compatible con el de Jorge Julio López. Varios meses después de haberse remitido la información genética a todo el país, la Unidad Fiscal Federal de La Plata fue el primer organismo en responder. Hasta el momento solo se sabe que no sería ningún desaparecido de Chubut y es fundamental determinar la identidad para poder producir avances en la investigación.

La Fiscalía Federal de la capital bonaerense fue uno de los múltiples organismos estatales que recibieron el código genético de los restos hallados en Esquel y hasta el momento es la primera en responder por fuera de la provincia. El resultado no aporta ningún dato significativo a la investigación que, respecto de la identidad de la víctima, solo puede aseverar que no se trataría de una persona denunciada como desaparecida en el oeste de Chubut, ni en Comodoro Rivadavia y que tampoco es el testigo clave en el juicio de Miguel Etchecolatz que desapareciera en 2006 y sobre el que aun no hay noticias de su paradero.

Recordemos que hasta el momento se pudo determinar que se trató de una muerte violenta, provocada en un lugar diferente al de los hallazgos, que la víctima es hombre, que tendría algo más de 50 años y sería un sujeto robusto. Que el deceso se habría producido probablemente a principios de marzo de 2012 y que los restos encontrados pertenecen a la misma persona.

Robo en El Delfín



UNO DE LOS AUTORES ABREVIÓ EL JUICIO



Diego Marcelo Urrutia aceptó la acusación fiscal, reconoció haber sido uno de los autores del robo al comercio El Delfín ocurrido el 31 de agosto de 2012 y aceptó la imposición de una pena de seis años y dos meses. Este jueves fue homologado el acuerdo por el juez.

El 31 de agosto de 2012, aproximadamente a las 18 hs, un sujeto ingresó al comercio a consultar los precios de diferentes productos exhibidos en el local. Pocos minutos después otros tres sujetos, entre ellos Urrutia, ingresaron vestidos con mamelucos y encapuchados (con gorros, gorras, bufandas y/o cuellitos) y mediante la utilización de armas blancas y al menos una de fuego tipo revólver, intimidaron y redujeron violentamente a las tres empleadas del lugar, al igual que una mujer que había ingresado al local junto con su hija menor de edad. Las ataron y las trasladaron hacia una dependencia trasera. Luego se apoderaron del dinero en efectivo que se hallaba en la caja fuerte del establecimiento y en una caja de seguridad, varias prendas de vestir, un llavero y una cartera de dama negra con un celular, tarjeta de crédito, documentación y dinero en efectivo. Después se dieron a la fuga un vehículo marca Renault Kangoo color gris donde los aguardaba el sujeto que había ingresado antes al local.
El hecho fue calificado como robo en poblado y banda, con arma de fuego y Urrutia responderá como coautor. En la sentencia fue declarado reincidente lo que le impedirá acceder al beneficio de la libertad condicional.
La condena incluye el reconocimiento de otros hechos menores.
Por tratarse de un juicio abreviado se trata de una sentencia firme que comenzará a ejecutarse inmediatamente.

El proceso continua en relación a los otros dos imputados

miércoles, 7 de agosto de 2013

Homicidio


Un vecino del Barrio Ceferino encontró un hombre fallecido y dio aviso a la policía. Por el momento se pudo establecer que se trata de un homicidio y que el lugar del hallazgo del cuerpo no fue el sitio en que lo lesionaron. Se trata de César Alberto Aravena de 35 años.

Por otra parte esta madrugada una mujer policía se encontró con otro sujeto, herido de arma blanca que descendía desde el mismo barrio en dirección al hospital. Una vez internado se dispuso su intervención quirúrgica. Se presume que ambos podrían haber resultado lesionados en las mismas circunstancias, aunque resta establecer si se trataría de una pelea entre ellos o si habría intervenido alguien más. En el lugar intervinieron la policía, personal de criminalística, forense y el Fiscal Jefe. Esta tarde se realizará la autopsia.

lunes, 5 de agosto de 2013

Robo agravado


UNO DE LOS IMPUTADOS RECONOCIÓ SU CULPA


Rodrigo Andrés García aceptó la acusación fiscal y se reconoció autor del robo con arma no apta para el disparo, cometido en una rotisería de Esquel en septiembre de 2012. También aceptó haber atentado contra la los policías que lo aprehendieron al momento de su detención. En relación al primer hecho pidió que les hagan llegar a las víctimas su pedido de disculpas, “no estaba en mis cabales”, sostuvo.



“Yo se que en este momento no están acá presentes pero si de algún modo se les puede llegar a hacer saber… no estaba dentro de mis cabales, me entiende, fue algo que hice casi inconcientemente, pero reconozco el hecho sí, tal cual se describe”, dijo García luego de que la fiscal Fernanda Révori presentara la acusación en su contra.

Con el reconocimiento pleno de García se lo declararía coautor de robo calificado por ser cometido con arma no apta para el disparo, autor de atentado contra la autoridad y se lo declararía reincidente. Si el juez homologa el acuerdo no será necesario realizar el juicio y se obtendrá una sentencia firme a tres años de prisión de cumplimiento efectivo que inmediatamente comenzará a cumplirse por el imputado. La declaración de reincidencia impide acceder al beneficio de la libertad condicional en la última etapa de la pena.



El defensor Omar López plantó la necesidad de un tratamiento psicológico y la continuidad de sus estudios secundarios en Comodoro Rivadavia donde cumplirá la condena. Además solicitó que pueda participar de los talleres que se ofrecen a condenados.





El hecho



El 24 de septiembre de 2012 a las 21.20 horas aproximadamente, Rodrigo Andrés GARCIA acompañado por otro sujeto en relación al cual seguiría el trámite normal para finalizar en un juicio, ingresó a una rotisería ubicada en Av. Alvear al 1700 de Esquel. Utilizando armas de fuego, guantes y sus rostros encapuchados, apuntaron a la encargada del local. García le colocó el arma en la cabeza y le dijo “… callate la boca, mirá para abajo, no me mires, quedate quieta .”, mientras el otro le requería de manera violenta “… donde está la caja, donde está la plata …”, comenzando a revisar todo el local en busca de la caja registradora, mientras GARCIA proseguía apuntando a la víctima, obligándola a mantenerse inmóvil y en silencio. Finalmente se hicieron del cambio que había en la caja y de un celular, para darse a la fuga luego de controlar que nadie pasaba y de sacarse los pasamontañas que les cubrían el rostro.

               

Al día siguiente, aproximadamente a la hora 00.15, cuando se llevaba cabo una diligencia de Registro Domiciliario en una vivienda de calle Roggero 1700, García insultó al personal policial apostado en el lugar, gritando hacia la zona alta del Barrio Estación “… tiren piedras que nos están pegando”. Luego de esto comenzaron a llover piedras desde las vías del tren hacia el lugar donde se desarrollaba el procedimiento policial y, cuando personal policial se le acercó, el imputado le propinó una patada en la mano derecha al uniformado, manifestándole  “… que donde lo viera lo haría mierda, que lo iba a matar”.

También, mientras era trasladado a la comisaría, insultó a los policías, se negó a caminar y amenazó a otro de los uniformados.



Denuncia



García aprovechó la audiencia para denunciar apremios ilegales que habría recibido de parte del personal policial que lo trasladó desde El Maitén hacia Esquel y designó a López como querellante.

miércoles, 31 de julio de 2013

Llamado a concurso



20 Y 21 DE AGOSTO SERÁ LA INSCRIPCIÓN EN EL HOYO

La Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de El Hoyo cuenta con una vacante para empleado administrativo por la que se llamó a concurso. Las fechas de cierre para las inscripciones serán los días 20 y 21 de agosto.

El llamado fijaba como fecha de inscripción los días 19 y 20 de agosto de 2013, pero siendo el 19 feriado nacional, se dispuso la modificación del art. 3° de la Disposición Nro. 031/13 DCGP PG, estableciendo como fecha de inscripción al concurso público de Antecedentes y Oposición, los días 20 y 21 de agosto de 2013, de 8:00 a 13:00 hs., en sede de la Oficina del Ministerio Público Fiscal de El Hoyo sita en Amancay 495 de dicha localidad.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público

LOS HECHOS NO CONSTITUYEN DELITO


La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de Gustavo Javier Galindo y Néstor Rubén Becerra en la investigación formalizada el 14 de noviembre de 2012 por presunta violación de los deberes de funcionario público. El pedido se trató en una audiencia pública realizada el martes y fue admitido por la juez.

Martín Zacchino realiza una detallada descripción histórica de los hechos en conflicto luego de la cual concluye que “los errores o vicios que las resoluciones 24 y 25 del 2010 puedan tener o llevar ínsitas, para el caso de existir, no necesariamente evidencian un intencional conocimiento de ilicitud, es decir, un deliberado direccionamiento doloso para omitir la aplicación del régimen de tierra fiscal”. La intencionalidad es uno de los requisitos que exige la ley penal para que pueda achacarse el delito. De no haber intención, cualquier irregularidad debe ser analizada en sede administrativa y en caso de haber producido perjuicios su reclamo debe canalizarse en la justicia civil.

Algo de historia

Los hechos denunciados e investigados por la Fiscalía, se relacionan con la tramitación del Expediente administrativo n° 158.054 – 2219 y su acumulado  n° 14.675/41 gestionados inicialmente ante el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, luego por la Corporación Municipal de Cholila.  En esos expedientes  se regularon todas las instancias vinculadas a la ocupación de Luis Tomás Perry y luego de sus sucesores, hasta el año 1973.
El 3 de abril de 2009 se presentó ante la Municipalidad de Cholila un apoderado de la señora Juana Figueroa viuda de Carlos Eldahuk (Dr. Gil Montes) aportando documentación en copia.  Luego, el 16 de junio de aquél año, el apoderado se refiere a un acuerdo que habrían concertado Carlos Isaías Eldahuk con Luis Tomás Perry, requiriendo que el ente administrador regularice la transferencia de tierras en favor de los herederos del primero.
A partir de allí, es donde –aparentemente- se inicia el conflicto entre los herederos de Luis Tomás Perry con la municipalidad. Ellos solicitaban que no se haga lugar a la petición de los herederos de Eldahuk poniendo en duda la validez de las mensuras realizadas y, fundamentalmente, la corroboración o no de las ocupaciones que se decían ejercidas sobre las tierras en disputa.  “En resumen de cuentas, todas éstas circunstancias  de resorte exclusivo del estado municipal que administra aquéllas tierras y, por tales razones, tiene la competencia de inspeccionar, dictaminar y proceder jurídicamente respecto de aquélla tutela sobre los bienes inmuebles sometidos a su administración”, indicó el Fiscal.

Zacchino analiza que la actividad de los imputados fue otorgar una anuencia a quienes se presentaron con derechos sobre las tierras para que estos puedan transferirlas a un tercero, autorizando su escrituración. “Tal proceder funcional deviene esperable dado que las tierras en cuestión pertenecen al Estado (provincial por aquel entonces, luego municipal de Cholila)”. Concluyó que al no evidenciarse la intención de producir un perjuicio por parte de los funcionarios municipales, se estaría ante una falta administrativa y la familia Perry frente “el silencio de la administración pública municipal, tiene expedita la vía judicial ordinaria  para plantear y solicitar se resuelvan sus apreciaciones nulificantes relativas al modo en que sus pretensiones y sus derechos han sido tratados”.
A esto agregó el escrito fiscal que "no existe -tampoco- razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio".

lunes, 29 de julio de 2013

Robo calificado en Epuyén



LOS TRES IMPUTADOS CUMPLEN PRISIÓN PREVENTIVA

El último fue aprehendido este domingo cuando viajaba en un colectivo de larga distancia desde El Bolsón hacia el sur. Este lunes se realizó la audiencia de formalización de la investigación y se dispuso su prisión preventiva. Las características del hecho y la actitud posterior del imputado fueron fundamentales para la decisión judicial adoptada.

El lunes 22 aproximadamente a las 21:30 hs, tres sujetos armados y con sus rostros cubiertos con pasamontañas asaltaron tres viviendas ubicadas en una zona despoblada de Epuyén. En dos de las propiedades estaban sus moradores, los asaltantes los intimidaron y los sometieron con las armas de fuego para quitarles sus posesiones. Más tarde serían aprehendidos por un control policial en El Hoyo cuando se dirigían en un remís de regreso a Bolsón. Los tres procuraron darse a la fuga. Solo dos lo lograron, uno de ellos fue aprehendido, conducido a los tribunales y desde entonces cumple prisión preventiva. El segundo fue detenido al día siguiente, en tanto que el último de ellos permaneció prófugo hasta el domingo a la tarde.
El imputado argumentó que se había comunicado previamente con la defensa para manifestarle su intención de entregarse, también argumentó que se dirigía a Esquel para presentarse el lunes a primera hora en los tribunales.
Sus explicaciones no fueron suficientes para el fiscal Oscar Oro, pero tampoco para la juez Anabel Rodríguez. Oro reiteró los argumentos empleados en las audiencias anteriores, resaltó la gravedad del hecho y los peligros de entorpecimiento y de de fuga. Marcos Ponce, defensor público, asistió al detenido, aunque este anticipó que en adelante recurrirá a su abogado de confianza, un profesional de El Bolsón. Ponce planteó que no se justifica el dictado de prisión preventiva ya que es evidente la intención del imputado de presentarse a la justicia "sería muy ingenuo abordar un colectivo de línea en dirección a Esquel, aportando su nombre mientras sabe que lo están buscando, si quisiera evadirse de la justicia." También recalcó que el imputado tiene arraigo en la ciudad de El Bolsón y que pasados los primeros días de investigación es difícil que pueda entorpecer la labor de los investigadores. El letrado solicitó la libertad plena de su defendido o al menos que se disponga su presentación semanal en la comisaría de El Bolsón.
 
La Dra. Rodríguez analizó los elementos que lo vinculan a este hecho y la concurrencia de peligros procesales. Luego de esto concluyó en que es necesario disponer la prisión preventiva al igual que en los otros dos casos. Para la magistrada el entorpecimiento ya se produjo debido a que no pudieron recuperarse varios de los elementos robados y el peligro de fuga se evidencia en la actitud asumida por el imputado cuando fue interceptado por la policía, manteniéndose prófugo durante seis días sin que pudiera ser hallado.
El 12 de agosto se revisará la situación procesal de los tres aprehendidos.

miércoles, 24 de julio de 2013

Robo calificado en Epuyén



PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL SEGUNDO APREHENDIDO


La necesidad de dictar la prisión preventiva del imputado no dejaba lugar a dudas. La juez Anabel Rodríguez resolvió otorgarla por el plazo solicitado por la Fiscalía, sin embargo esta decisión no se presentaba fácil de llevar a la práctica. El problema es la situación de emergencia que se registra en los lugares de detención de la circunscripción. La situación fue analizada posteriormente por el juez de ejecución penal que intentaba generar alguna vacante.

Los motivos de la situación crítica que se vive en la zona cordillerana son conocidos. Varios condenados cumplen su pena en los calabozos de las comisarías ocupando el espacio que debería ser utilizado por procesados. Los trámites para su alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Federal son demasiado lentos. Por otra parte, varias comisarías no cuentan con celdas habilitadas para el alojamiento de presos desde hace mucho tiempo. Si bien el pedido se reitera permanentemente, el Poder Ejecutivo no dispone las partidas para ello y los lugares existentes se saturan.
La situación lleva a episodios insólitos que terminan beneficiando a las personas que deberían cumplir con medidas de coerción e incluso a otras con condenas firmes en su contra que no pueden comenzar a purgarlas simplemente porque no tienen dónde hacerlo.

En el caso concreto del segundo imputado por el violento robo ocurrido el lunes a la noche en Epuyén, la Dra. Rodríguez dispuso la prisión preventiva por 20 días solicitada por el fiscal Oscar Oro. La magistrada indicó que será el juez de ejecución quien disponga el lugar en que deberá llevarse a cabo y en caso de que las condiciones fueran de hacinamiento tornando inhumana la situación, se realizaría una nueva audiencia para analizar la posibilidad de una medida sustitutiva.

Los argumentos del fiscal para insistir con la necesidad de un encarcelamiento preventivo, se basaron fundamentalmente en las características y la gravedad del hecho cometido, en la actitud de los asaltantes para con las víctimas, en la conducta del imputado al momento de ser identificado por un control policial dándose a la fuga y en la falta de garantías de que será encontrado o que podrá controlarse el cumplimiento de una medida sustitutiva por vivir en una zona rural, aislada de los centros urbanos.
La defensa a cargo del Dr. Bruno Deias consideró que esas condiciones de distancia podrían ser favorables por el tiempo que dure el proceso para asegurarse que no tomará contacto con víctimas. También habló del arraigo de su defendido en la zona, y de la imposibilidad de encontrar un lugar para su alojamiento en las comisarías de toda la circunscripción, por lo que solicitó la aplicación de una medida alternativa.
En este caso, los argumentos no fueron suficientes para que se dispusiera de una medida menos gravosa que la prisión preventiva.

Finalizada la audiencia el juez de ejecución analizaba el modo de descomprimir los calabozos insistiendo al Servicio Penitenciario Federal para incorporar cuanto antes a los condenados que cumplen con las condiciones para el pase.