Tres profesionales del SAVD se especializaron en Psicotrauma

Finalizó el curso de Formación Integral Teorico-Asistencial Para Sobrevivientes de Trauma Psíquico organizado por SEROS Chubut. Las Licenciadas Macarena Gentile Sarna del SAVD de Comodoro Rivadavia, Luisa Pasquini y Verónica Masciarelli del SAVD de Esquel aprobaron la especialización dictada por el Dr. José Luis Pérez de Pedro. El curso se desarrolló durante un año, con clases mensuales de viernes a domingo. El director es el Dr. Rubén Lescano, co-director de SAPSI.

Los profesionales fueron capacitados fundamentalmente en atención de violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual, ex combatientes y víctimas de terrorismo de Estado. La intervención en estos casos parte de una clara premisa: cuando una persona vivencia una situación traumática los profesionales que la asisten no pueden modificar el evento que las afecto, pero sí las consecuencias de ese evento.

“El trauma psíquico es una experiencia de estrés inescapable que agobia los mecanismos de afrontamiento habitual del individuo”, explicó Pasquini. El trauma afecta todas las áreas de nuestra vida, no solo el psiquismo. Provoca un cambio en la concepción del mundo, este comienza a ser visto como un lugar peligroso. Se produce la desorganización y fragmentación de los recuerdos y muchos estímulos comienzan a funcionar como estímulos condicionados por el miedo.

La capacitación además de proveer a los profesionales de herramientas para reducir las secuelas del trauma, les brindó elementos para ofrecer psicoeducación. El concepto refiere a la capacidad de reducir la ansiedad, aumentar el sentido de dominio, desarrollar habilidades, registrar experiencias y regular las emociones. “El sentimiento que predomina en las víctimas es el miedo, el que paradójicamente es muy peligroso para los sujetos”.

El temor provoca sensación de inseguridad, el afectado se siente acechado, incómodo, con sensaciones intensas y desagradables acerca de lo que pueden estar hablando, pensando o juzgando de él y síntomas evidentes de ansiedad. Hay varios síntomas físicos que acompañan a menudo el trastorno de la ansiedad social, incluso pueden ocurrir ataques de pánico en virtud del intenso miedo y malestar. “Un diagnóstico precoz puede ayudar a minimizar los síntomas y el desarrollo de problemas adicionales como la depresión.

Homicidio de Sfeir

UN NUEVO TRIBUNAL LO CONDENÓ A PRISIÓN PERPETUA

Luego de que el Superior Tribunal deJusticia hiciera lugar al planteo de la Fiscalía modificando la sentencia para condenar por homicidio criminis causae, se realizó en Esquel una audiencia para la fijación de la pena. El tribunal quedó integrado por Martín O' Connor, Alejandro Rosales y José Colabelli. El defensor planteó la inconstitucionalidad de la pena perpetua, la Fiscalía argumentó en sentido contrario y los jueces entendieron que no se demostró el perjuicio concreto, de forma expresa, clara y precisa, que permita al tribunal expedirse declarando la inconstitucionalidad de la norma.

Flavio Orlando Fonseca había sido condenado en primera instancia por homicidio en ocasión de robo a cumplir 17 años de prisión. La Fiscalía estuvo en desacuerdo y presentó un recurso al Superior Tribunal de Justicia. La Corte provincial le dio la razón al cuestionamiento de Fernando Rivarola y devolvió la carpeta para que se realice una audiencia en la que se discuta la pena.

El fiscal pidió la pena de prisión perpetua y el defensor Hugo Cancino solicitó al tribunal que declare inconstitucional el artículo 80 inc. 7° del Código Penal.

Sobre este planteo el Dr. O' Connor inició su análisis indicando que en principio debe pensarse que "el Legislador ha cumplido bien su función y que, en mérito al carácter colegiado, deliberativo y representativo de la soberanía popular del cuerpo, ha establecido normas de conformidad a la Constitución Nacional."

Coincidieron los tres magistrados que esta norma no se aparta del sistema progresivo que fija la ley y que permite avances por distintas fases o períodos de la progresividad, según la conducta y evolución del interno. Rosales sostuvo que "tampoco es suficiente señalar que una norma es contraria al ordenamiento jurídico fundamental para declarar su inconstitucionalidad, sino que también es necesario, atento a la seriedad del reclamo, la demostración de la trasgresión al derecho y garantía que se consideren afectados y la indicación expresa, clara y precisa de las razones en cuya virtud se afirma la incompatibilidad entre aquella y la Constitución Nacional, extremo que en el actual no se verifica, por lo que corresponde rechazar el planteo introducido por el Sr. Defensor".

Por su parte Colabelli consideró que en este caso la pena establecida por el legislador guarda acertada proporcionalidad con el delito cometido. Fonseca mató para robar exitosamente.

El 20 de junio de 2.037, Fonseca podrá acceder al arresto domiciliario ya que para ese entonces habrá cumplido 70 años.

El hecho

El jueves 27 de agosto de 2009, entre las 20:40 horas y 23:00 horas, Flavio Fonseca, "actuando con previa planificación requirió los servicios de remis del señor Rodolfo Sfeir, manifestando tener que viajar a la localidad de Esquel, quien lo trasladó en su automotor Chevrolet Corsa, afectado a la agencia de remises denominada FRAN S, de la localidad de El Bolsón... Así, luego, y siendo aproximadamente las 21:25 horas lo hizo detener a la vera de la ruta 40 o 259, aproximadamente a 3 kms. del ingreso a la localidad de Epuyen, cercano al mojón del DM. Nro. 1876, lugar adonde utilizando un arma blanca tipo cuchillo lo ultimó produciéndole múltiples heridas sobre la superficie corporal que le ocasionaron casi de inmediato la muerte para luego concretar lo que era su finalidad, el apoderamiento del vehículo de la víctima y de otros elementos personales como zapatillas, teléfono celular, documentación y otros existentes en el interior del rodado, dándose a la fuga por ruta 40 en dirección a la localidad de Comodoro Rivadavia, lugar adonde ya había negociado la venta del automotor…”

Nevada toda la noche en Esquel

Homicidio de César Aravena

SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

El miércoles 7 una persona fallecida producto de heridas de arma blanca fue hallada en el Barrio Ceferino. Otro joven gravemente herido fue encontrado por la policía y llevado al hospital donde permanece internado. Los avances de la investigación permitieron identificar a un vecino de aquél barrio como posible autor de las lesiones. Participó de la audiencia la madre de una de las víctimas.

El imputado fue citado a la audiencia y se presentó acompañado de un defensor oficial. La Fiscalía encuadró las conductas en las figuras de homicidio y homicidio en grado de tentativa, relatando que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 hs del miércoles de la pasada semana. Cuando César Alberto Aravena y el joven que resultó gravemente herido, se hallaban en el interior de un vehículo estacionado frente al domicilio del imputado en el Pasaje Santa Cruz del Barrio Ceferino. Advertida la presencia por el propietario del automóvil, este habría salido de la vivienda y mediante un cuchillo los agredió asestándole varias puñaladas a ambos.

 

Fidel González solicitó el dictado de la prisión preventiva por un plazo de tres meses. El funcionario fundamentó el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal, basado en que el arraigo del imputado no sería suficientemente fuerte frente a la amenaza penal que pesa en su contra. También indicó que el imputado habría tenido conductas de entorpecimiento de la investigación al ocultar el arma empleada, probablemente haberse ocupado de retirar del lugar el cuerpo del fallecido y no dar aviso a la policía ni al hospital para que asista a los heridos. Agregó además que el no haber hallado prendas de vestir con manchas hemáticas al momento del allanamiento sería un indicativo de otra actividad desarrollada para dificultar el accionar de la justicia.

Bruno Deias se opuso al pedido argumentando que los elementos existentes no son suficientes para sostener la imputación y que cualquier lectura que se desprenda de ellos carece de sustento. También hizo foco en que el imputado tiene varios hijos en Esquel, es de la ciudad y aquí desempeña sus tareas laborales. También descartó que los elementos enunciados por la fiscalía permitan aseverar que el imputado llevó a cabo tareas de entorpecimiento.

José Colabelli, oralizó su proceso de razonamiento, resaltando que en esta etapa está obligado a presumir la inocencia del imputado y procurar que éste transite el proceso en libertad. Valoró los elementos que lo vinculan al hecho, consideró que el arraigo es fuerte y dispuso que por tres meses deberá presentarse dos veces por semana en la Oficina Judicial para demostrar que se mantiene en la ciudad. También le prohibió salir de Esquel y mantener cualquier contacto con las familias de las víctimas y con el herido que aun se encuentra en el hospital. Finalmente le aclaró que ante cualquier incumplimiento a estas medidas se dispondrá su prisión preventiva.

Próximamente la fiscalía solicitará la realización de una rueda de reconocimiento, por este motivo el juez dispuso que no se difundan imágenes del imputado hasta que esa prueba se produzca.

El juez sobreseyó a todos los imputados en la audiencia preliminar

 

El miércoles se realizó la segunda parte de la audiencia preliminar en la investigación seguida por la Fiscalía donde se investigaban conductas que cuadrarían en figuras penales tales como defraudación cometida contra la administración pública provincial en función de administración fraudulenta en grado de tentativa, falsedad ideológica de instrumento público y violación de los deberes de funcionario público. Sin embargo para el juez de la audiencia preliminar se trataría de cuestiones que deben resolverse en sede administrativa y en consecuencia dictó el sobreseimiento de todos los imputados. La fiscalía analiza la presentación de un recurso para que el Superior Tribunal de Justicia analice lo resuelto.

La principal crítica de los fiscales es que el juez habría fundamentado su decisión valorando la prueba, en una instancia donde la prueba aun no fue producida porque esto recién sucede en el debate y ante un juez diferente del de la etapa preliminar. “No he advertido que el MPF haya contestado de forma acertada a los puntos que fueran objetados en la audiencia del 28 de noviembre”, sostuvo el juez en relación al pedido de sobreseimiento llevado a cabo por los abogados defensores de los imputados.

 

La fiscalía acusó a dos funcionarios del IAC como coautores del delito de administración fraudulenta en grado de tentativa, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público. A otros dos imputados se los acusó de partícipes necesarios en el primero de los delitos, en tanto que a los demás imputados les achaca el mismo delito en carácter de partícipes necesarios, imputándoles además falsedad ideológica de instrumento público, uno en relación al plano, otro a la escritura.

Los hechos en cuestión habrían ocurrido en el distrito Cholila en fecha ubicable entre el 2 de mayo de 2008 y hasta el 5 de enero de 2011. Un agrimensor, a instancias de otro de los imputados y con colaboración de este, procedió a efectuar trabajos de campo para  mensurar un predio de tierra fiscal en una zona próxima a la confluencia del Río Tigre y Río Alerzal, de acuerdo a una autorización de mensura del IAC, extendiéndose 288 hectáreas más allá de lo autorizado y avanzando sobre otra ocupación también reconocida por el Instituto provincial.

Martín Zacchino sostiene que con esto tuvo inicio de ejecución la maniobra defraudatoria, a partir de lo que el entonces Secretario General y el presidente del IAC, favorecieran con su intervención y firma el dictado de la resolución Nº 46/IAC del 8 de febrero de 2010 en el expediente administrativo nº 17.826/82 y acumulado 34.429/09. En ella se autorizaba al permisionario a vender, ceder y transferir a favor de otra de las personas imputadas en esta investigación. Esta última sería un prestanombre del verdadero inversor que no reunía los requisitos exigidos por el IAC para acceder a esta operación.

El fiscal sostiene que no se aplicó la normativa específica de tierras fiscales y que sabían que la mensuración realizada vulneraba derechos de una ocupación lindera, pese a lo cual comprometieron el patrimonio provincial (las tierras fiscales) cuya administración tenían a cargo los funcionarios.

En esta línea Zacchino sostiene que el perjuicio patrimonial quedó en grado de tentativa ya que el 5 de enero de 2011, a instancias del Ministerio Público Fiscal y en base a la denuncia presentada en el mes de diciembre de 2010 se procedió a la incautación de los expedientes por lo que no pudo continuarse con el trámite.

El Hoyo: Se aplicó el protocolo para casos de trata de personas

El sábado pasado la Fiscalía tomó conocimiento de una denuncia en la que
se indicaba que dos mujeres jujeñas y dos niños pequeños estarían privados de su libertad en una vivienda de El Hoyo. Por prevención se decidió aplicar el protocolo previsto para casos de trata de personas. Las víctimas fueron retiradas del lugar y están prontas a regresar a su provincia.

La novedad ingresó cuando la fiscal María Bottini cubría el turno del fin de semana. Al observar la presencia de algunos indicadores, se puso en contacto con el juzgado federal y activó el mecanismo de abordaje para casos en que se sospecha la comisión del delito de trata de personas.

Con orden judicial se allanó el domicilio denunciado, luego de constatar los datos suministrados en la denuncia, y se rescató a las posibles víctimas. El lunes ambas mujeres prestaron sus testimonios como anticipo jurisdiccional de prueba. Sus dichos fueron registrados en audio y video, y resultan centrales para guiar el trabajo investigativo.

En esta primera instancia no se obtuvieron elementos claros que permitan definir la investigación bajo la figura de la trata de personas, por este motivo la fiscalía mantiene en sus manos  la investigación, para evitar dilaciones que se producirían si se remite a la justicia federal y esta la rechaza por considerar que no configura un delito de su competencia.

La denuncia fue realizada por el hermano de las mujeres. En ella indicaba que sus hermanas estaban privadas de la libertad en una vivienda particular de El Hoyo, que habían viajado por un ofrecimiento de trabajo pero que este nunca se había concretado y que los pasajes se los había pagado la persona que las retenía en su casa.

Cuando esto se constató, la fiscal Bottini junto a la psicóloga del SAVD Luisa Pasquini  y la policía realizaron el allanamiento habilitado por el juez de turno. Siguiendo lo establecido por el protocolo la representante del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito se acercó a hablar con las mujeres junto a la policía. Las mujeres fueron retiradas del lugar. La Fiscalía se contactó con el juzgado federal y acordaron tomar las declaraciones testimoniales en sede provincial para constatar que estuvieran dados los extremos que habilitan la intervención federal por estar frete a un delito de trata de personas.

"Luego de escuchar las testimoniales no pudimos constatar que se trató de trata de personas, si había ciertos indicadores que hicieron que tuviéramos que actuar de esta manera. Hasta el momento seguimos investigando en sede provincial... De todos modos estamos en contacto con el juez federal subrogante pero nos restan medidas por realizar para decidir si debemos o no declinar la competencia", explicó Bottini.

En paralelo se dispuso el traslado de las mujeres y los niños a la provincia de Jujuy con acompañamiento de personal de la Comisaría de la Mujer. En este trámite intervino el área especializada del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Las víctimas se encuentran asistidas.

XXVI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos

A partir de hoy están abiertas las inscripciones para participar de las XXVI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se realizarán el próximo 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Villa la Angostura, provincia de Neuquén.

Este evento, del que participarán distinguidos y prestigiosos juristas tanto del ámbito internacional como nacional, es organizado en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, además del Poder Judicial de Neuquén.

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web oficial  o bien desde el link habilitado en la página del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

El programa de actividades, las tarifas especiales de pasajes aéreos y hoteles, junto con los contactos para realizar cualquier consulta sobre el evento, también pueden encontrarse en las páginas Web mencionadas.

Las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos tienen como uno de sus objetivos primordiales, generar un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y formulación de propuestas sobre las funciones y misiones de los Ministerios Públicos. Están destinadas a funcionarios y magistrados de los Poderes Judiciales, abogados, empleados judiciales y docentes y estudiantes de Derecho.

Restos humanos

AUN SIN IDENTIDAD… PERO NO ERA JULIO LOPEZ

El código de ADN de los restos humanos hallados en el Alto Río Percy y en el Parque, no es compatible con el de Jorge Julio López. Varios meses después de haberse remitido la información genética a todo el país, la Unidad Fiscal Federal de La Plata fue el primer organismo en responder. Hasta el momento solo se sabe que no sería ningún desaparecido de Chubut y es fundamental determinar la identidad para poder producir avances en la investigación.

La Fiscalía Federal de la capital bonaerense fue uno de los múltiples organismos estatales que recibieron el código genético de los restos hallados en Esquel y hasta el momento es la primera en responder por fuera de la provincia. El resultado no aporta ningún dato significativo a la investigación que, respecto de la identidad de la víctima, solo puede aseverar que no se trataría de una persona denunciada como desaparecida en el oeste de Chubut, ni en Comodoro Rivadavia y que tampoco es el testigo clave en el juicio de Miguel Etchecolatz que desapareciera en 2006 y sobre el que aun no hay noticias de su paradero.

Recordemos que hasta el momento se pudo determinar que se trató de una muerte violenta, provocada en un lugar diferente al de los hallazgos, que la víctima es hombre, que tendría algo más de 50 años y sería un sujeto robusto. Que el deceso se habría producido probablemente a principios de marzo de 2012 y que los restos encontrados pertenecen a la misma persona.

Robo en El Delfín

UNO DE LOS AUTORES ABREVIÓ EL JUICIO

Diego Marcelo Urrutia aceptó la acusación fiscal, reconoció haber sido uno de los autores del robo al comercio El Delfín ocurrido el 31 de agosto de 2012 y aceptó la imposición de una pena de seis años y dos meses. Este jueves fue homologado el acuerdo por el juez.

El 31 de agosto de 2012, aproximadamente a las 18 hs, un sujeto ingresó al comercio a consultar los precios de diferentes productos exhibidos en el local. Pocos minutos después otros tres sujetos, entre ellos Urrutia, ingresaron vestidos con mamelucos y encapuchados (con gorros, gorras, bufandas y/o cuellitos) y mediante la utilización de armas blancas y al menos una de fuego tipo revólver, intimidaron y redujeron violentamente a las tres empleadas del lugar, al igual que una mujer que había ingresado al local junto con su hija menor de edad. Las ataron y las trasladaron hacia una dependencia trasera. Luego se apoderaron del dinero en efectivo que se hallaba en la caja fuerte del establecimiento y en una caja de seguridad, varias prendas de vestir, un llavero y una cartera de dama negra con un celular, tarjeta de crédito, documentación y dinero en efectivo. Después se dieron a la fuga un vehículo marca Renault Kangoo color gris donde los aguardaba el sujeto que había ingresado antes al local.

El hecho fue calificado como robo en poblado y banda, con arma de fuego y Urrutia responderá como coautor. En la sentencia fue declarado reincidente lo que le impedirá acceder al beneficio de la libertad condicional.

La condena incluye el reconocimiento de otros hechos menores.

Por tratarse de un juicio abreviado se trata de una sentencia firme que comenzará a ejecutarse inmediatamente.

El proceso continua en relación a los otros dos imputados

Homicidio

Un vecino del Barrio Ceferino encontró un hombre fallecido y dio aviso a la policía. Por el momento se pudo establecer que se trata de un homicidio y que el lugar del hallazgo del cuerpo no fue el sitio en que lo lesionaron. Se trata de César Alberto Aravena de 35 años.

Por otra parte esta madrugada una mujer policía se encontró con otro sujeto, herido de arma blanca que descendía desde el mismo barrio en dirección al hospital. Una vez internado se dispuso su intervención quirúrgica. Se presume que ambos podrían haber resultado lesionados en las mismas circunstancias, aunque resta establecer si se trataría de una pelea entre ellos o si habría intervenido alguien más. En el lugar intervinieron la policía, personal de criminalística, forense y el Fiscal Jefe. Esta tarde se realizará la autopsia.

Robo agravado

UNO DE LOS IMPUTADOS RECONOCIÓ SU CULPA

Rodrigo Andrés García aceptó la acusación fiscal y se reconoció autor del robo con arma no apta para el disparo, cometido en una rotisería de Esquel en septiembre de 2012. También aceptó haber atentado contra la los policías que lo aprehendieron al momento de su detención. En relación al primer hecho pidió que les hagan llegar a las víctimas su pedido de disculpas, “no estaba en mis cabales”, sostuvo.

“Yo se que en este momento no están acá presentes pero si de algún modo se les puede llegar a hacer saber… no estaba dentro de mis cabales, me entiende, fue algo que hice casi inconcientemente, pero reconozco el hecho sí, tal cual se describe”, dijo García luego de que la fiscal Fernanda Révori presentara la acusación en su contra.

Con el reconocimiento pleno de García se lo declararía coautor de robo calificado por ser cometido con arma no apta para el disparo, autor de atentado contra la autoridad y se lo declararía reincidente. Si el juez homologa el acuerdo no será necesario realizar el juicio y se obtendrá una sentencia firme a tres años de prisión de cumplimiento efectivo que inmediatamente comenzará a cumplirse por el imputado. La declaración de reincidencia impide acceder al beneficio de la libertad condicional en la última etapa de la pena.

El defensor Omar López plantó la necesidad de un tratamiento psicológico y la continuidad de sus estudios secundarios en Comodoro Rivadavia donde cumplirá la condena. Además solicitó que pueda participar de los talleres que se ofrecen a condenados.

El hecho

El 24 de septiembre de 2012 a las 21.20 horas aproximadamente, Rodrigo Andrés GARCIA acompañado por otro sujeto en relación al cual seguiría el trámite normal para finalizar en un juicio, ingresó a una rotisería ubicada en Av. Alvear al 1700 de Esquel. Utilizando armas de fuego, guantes y sus rostros encapuchados, apuntaron a la encargada del local. García le colocó el arma en la cabeza y le dijo “… callate la boca, mirá para abajo, no me mires, quedate quieta .”, mientras el otro le requería de manera violenta “… donde está la caja, donde está la plata …”, comenzando a revisar todo el local en busca de la caja registradora, mientras GARCIA proseguía apuntando a la víctima, obligándola a mantenerse inmóvil y en silencio. Finalmente se hicieron del cambio que había en la caja y de un celular, para darse a la fuga luego de controlar que nadie pasaba y de sacarse los pasamontañas que les cubrían el rostro.

               

Al día siguiente, aproximadamente a la hora 00.15, cuando se llevaba cabo una diligencia de Registro Domiciliario en una vivienda de calle Roggero 1700, García insultó al personal policial apostado en el lugar, gritando hacia la zona alta del Barrio Estación “… tiren piedras que nos están pegando”. Luego de esto comenzaron a llover piedras desde las vías del tren hacia el lugar donde se desarrollaba el procedimiento policial y, cuando personal policial se le acercó, el imputado le propinó una patada en la mano derecha al uniformado, manifestándole  “… que donde lo viera lo haría mierda, que lo iba a matar”.

También, mientras era trasladado a la comisaría, insultó a los policías, se negó a caminar y amenazó a otro de los uniformados.

Denuncia

García aprovechó la audiencia para denunciar apremios ilegales que habría recibido de parte del personal policial que lo trasladó desde El Maitén hacia Esquel y designó a López como querellante.

Llamado a concurso

20 Y 21 DE AGOSTO SERÁ LA INSCRIPCIÓN EN EL HOYO

La Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de El Hoyo cuenta con una vacante para empleado administrativo por la que se llamó a concurso. Las fechas de cierre para las inscripciones serán los días 20 y 21 de agosto.

El llamado fijaba como fecha de inscripción los días 19 y 20 de agosto de 2013, pero siendo el 19 feriado nacional, se dispuso la modificación del art. 3° de la Disposición Nro. 031/13 DCGP PG, estableciendo como fecha de inscripción al concurso público de Antecedentes y Oposición, los días 20 y 21 de agosto de 2013, de 8:00 a 13:00 hs., en sede de la Oficina del Ministerio Público Fiscal de El Hoyo sita en Amancay 495 de dicha localidad.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público

LOS HECHOS NO CONSTITUYEN DELITO

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de Gustavo Javier Galindo y Néstor Rubén Becerra en la investigación formalizada el 14 de noviembre de 2012 por presunta violación de los deberes de funcionario público. El pedido se trató en una audiencia pública realizada el martes y fue admitido por la juez.

Martín Zacchino realiza una detallada descripción histórica de los hechos en conflicto luego de la cual concluye que “los errores o vicios que las resoluciones 24 y 25 del 2010 puedan tener o llevar ínsitas, para el caso de existir, no necesariamente evidencian un intencional conocimiento de ilicitud, es decir, un deliberado direccionamiento doloso para omitir la aplicación del régimen de tierra fiscal”. La intencionalidad es uno de los requisitos que exige la ley penal para que pueda achacarse el delito. De no haber intención, cualquier irregularidad debe ser analizada en sede administrativa y en caso de haber producido perjuicios su reclamo debe canalizarse en la justicia civil.

Algo de historia

Los hechos denunciados e investigados por la Fiscalía, se relacionan con la tramitación del Expediente administrativo n° 158.054 – 2219 y su acumulado  n° 14.675/41 gestionados inicialmente ante el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, luego por la Corporación Municipal de Cholila.  En esos expedientes  se regularon todas las instancias vinculadas a la ocupación de Luis Tomás Perry y luego de sus sucesores, hasta el año 1973.

El 3 de abril de 2009 se presentó ante la Municipalidad de Cholila un apoderado de la señora Juana Figueroa viuda de Carlos Eldahuk (Dr. Gil Montes) aportando documentación en copia.  Luego, el 16 de junio de aquél año, el apoderado se refiere a un acuerdo que habrían concertado Carlos Isaías Eldahuk con Luis Tomás Perry, requiriendo que el ente administrador regularice la transferencia de tierras en favor de los herederos del primero.

A partir de allí, es donde –aparentemente- se inicia el conflicto entre los herederos de Luis Tomás Perry con la municipalidad. Ellos solicitaban que no se haga lugar a la petición de los herederos de Eldahuk poniendo en duda la validez de las mensuras realizadas y, fundamentalmente, la corroboración o no de las ocupaciones que se decían ejercidas sobre las tierras en disputa.  “En resumen de cuentas, todas éstas circunstancias  de resorte exclusivo del estado municipal que administra aquéllas tierras y, por tales razones, tiene la competencia de inspeccionar, dictaminar y proceder jurídicamente respecto de aquélla tutela sobre los bienes inmuebles sometidos a su administración”, indicó el Fiscal.

Zacchino analiza que la actividad de los imputados fue otorgar una anuencia a quienes se presentaron con derechos sobre las tierras para que estos puedan transferirlas a un tercero, autorizando su escrituración. “Tal proceder funcional deviene esperable dado que las tierras en cuestión pertenecen al Estado (provincial por aquel entonces, luego municipal de Cholila)”. Concluyó que al no evidenciarse la intención de producir un perjuicio por parte de los funcionarios municipales, se estaría ante una falta administrativa y la familia Perry frente “el silencio de la administración pública municipal, tiene expedita la vía judicial ordinaria  para plantear y solicitar se resuelvan sus apreciaciones nulificantes relativas al modo en que sus pretensiones y sus derechos han sido tratados”.

A esto agregó el escrito fiscal que "no existe -tampoco- razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio".

Robo calificado en Epuyén

LOS TRES IMPUTADOS CUMPLEN PRISIÓN PREVENTIVA

El último fue aprehendido este domingo cuando viajaba en un colectivo de larga distancia desde El Bolsón hacia el sur. Este lunes se realizó la audiencia de formalización de la investigación y se dispuso su prisión preventiva. Las características del hecho y la actitud posterior del imputado fueron fundamentales para la decisión judicial adoptada.

El lunes 22 aproximadamente a las 21:30 hs, tres sujetos armados y con sus rostros cubiertos con pasamontañas asaltaron tres viviendas ubicadas en una zona despoblada de Epuyén. En dos de las propiedades estaban sus moradores, los asaltantes los intimidaron y los sometieron con las armas de fuego para quitarles sus posesiones. Más tarde serían aprehendidos por un control policial en El Hoyo cuando se dirigían en un remís de regreso a Bolsón. Los tres procuraron darse a la fuga. Solo dos lo lograron, uno de ellos fue aprehendido, conducido a los tribunales y desde entonces cumple prisión preventiva. El segundo fue detenido al día siguiente, en tanto que el último de ellos permaneció prófugo hasta el domingo a la tarde.

El imputado argumentó que se había comunicado previamente con la defensa para manifestarle su intención de entregarse, también argumentó que se dirigía a Esquel para presentarse el lunes a primera hora en los tribunales.

Sus explicaciones no fueron suficientes para el fiscal Oscar Oro, pero tampoco para la juez Anabel Rodríguez. Oro reiteró los argumentos empleados en las audiencias anteriores, resaltó la gravedad del hecho y los peligros de entorpecimiento y de de fuga. Marcos Ponce, defensor público, asistió al detenido, aunque este anticipó que en adelante recurrirá a su abogado de confianza, un profesional de El Bolsón. Ponce planteó que no se justifica el dictado de prisión preventiva ya que es evidente la intención del imputado de presentarse a la justicia "sería muy ingenuo abordar un colectivo de línea en dirección a Esquel, aportando su nombre mientras sabe que lo están buscando, si quisiera evadirse de la justicia." También recalcó que el imputado tiene arraigo en la ciudad de El Bolsón y que pasados los primeros días de investigación es difícil que pueda entorpecer la labor de los investigadores. El letrado solicitó la libertad plena de su defendido o al menos que se disponga su presentación semanal en la comisaría de El Bolsón.

 

La Dra. Rodríguez analizó los elementos que lo vinculan a este hecho y la concurrencia de peligros procesales. Luego de esto concluyó en que es necesario disponer la prisión preventiva al igual que en los otros dos casos. Para la magistrada el entorpecimiento ya se produjo debido a que no pudieron recuperarse varios de los elementos robados y el peligro de fuga se evidencia en la actitud asumida por el imputado cuando fue interceptado por la policía, manteniéndose prófugo durante seis días sin que pudiera ser hallado.

El 12 de agosto se revisará la situación procesal de los tres aprehendidos.