Presunta defraudación a la Administración Púlbica

Fiscalía contará con tres meses más para finalizar su investigación

Si bien la Fiscal Fernanda Révori se encuentra trabajando en el armado de la acusación pública, el análisis de las conclusiones de pericias y la posibilidad de contar con nuevos testigos, llevó a que realice un pedido de prórroga para la etapa preliminar. El planteo se trató en una audiencia y contó con el acuerdo de los defensores que solo pidieron aceitar los mecanismos que les permitan conocer los elementos que siga recabando la Fiscalía en esta última etapa.

La apertura de la investigación se realizó en agosto, en esa oportunidad Révori relató los hechos que investiga, indicando que el 16 de mayo de 2014, Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq, como Director Regional de Obras Públicas Esquel, gestionó la construcción de un galpón y pintura exterior de la Escuela N° 726 de El Maiten. La obra fue tramitada por “Expediente Nro. 6733/14 Compra Directa Nro. 79/14, elevando a la Dirección General de Obras Públicas de Rawson, la memoria descriptiva, planos y presupuesto oficial”.

La solicitud de gasto fue aprobada por el área respectiva. Portillo Delebecq solicitó cotización a una sola empresa proveedora que gira bajo la denominación comercial de Constructora Frede S.R.L. Con el del presupuesto firmado por su socio gerente José Antonio Lazarte, el 26 de mayo de 2014 efectuó la apertura de ofertas y emitió dictamen aconsejando adjudicar la obra a dicha empresa por considerar se trataba del mejor precio y resultaba ser técnica y económicamente  conveniente al fisco.

El 10 de junio, la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y Servicios Públicos, adjudicó mediante Resolución N° 00222, la compra directa N° 79/14 Obra: “Construcción de galpón y pintura exterior Escuela N° 726 de El Maitén”, a la empresa Constructora Frede S.R.L. por la suma de pesos quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta y seis con 80/100 pesos ($ 518.756,80).

El 26 de Junio, Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq, en su condición de Director Regional de Obras Públicas Esquel, Néstor Hugo Cilio, Maestro Mayor de Obras de esta misma repartición y José Antonio Lazarte en su carácter de socio gerente de la empresa Constructora Frede S.R.L., suscribieron el acta de inicio de obra. El 02 de Octubre, Lazarte, Cilio y el Director de la Escuela N° 726 de Maiten: Sr. Aldo Daniel Jios, certificaron el 50% de la misma, lo cual habilitó el primer pago efectivizado el 26/11/2014.

El 16 de Octubre los cuatro suscribieron el acta que certificó el 50 % restante de la obra, habilitándose el segundo de los pagos, efectivizado el día 30/12/2014.

Así, la cancelación de la totalidad del monto de la obra contratada y adjudicada a la Empresa Constructora Frede S.R.L. se efectivizó a sabiendas de los imputados de que las obras no habían sido ejecutadas conforme memoria descriptiva, planos y presupuesto presentados oportunamente por la empresa. Esto fue verificado en el lugar mediante inspección ocular llevada a cabo casi 9 meses después, concretamente el día 07 de julio de 2015.

La Fiscalía sostiene que de este modo, Luis Fabián Portillo Delebecq de manera conjunta con José Antonio Lazarte, defraudaron a la Provincia del Chubut, contando para ello con la colaboración necesaria de Néstor Hugo Cilio y Aldo Daniel Jios, en tanto la empresa prestataria percibió el total del precio presupuestado sin haber usufructuado la provincia, el total de la obra contratada.

La acusación pública

La fiscal está trabajando en la elaboración de la acusación, analizando los elementos con vocación probatoria recolectados hasta el momento. Entre otros figuran, una pericia de ingeniería civil, cuyas conclusiones fueron recibidas recientemente, y una caligráfica.

Révori explicó que en el comienzo de la investigación muchas de las personas que tenían conocimiento del trámite de los expedientes eran remisas a declarar por temor a represalias en sus puestos de trabajo. Frente a esta dificultad, la investigación avanzó en la recolección de prueba documental y pericias, dejando para una instancia posterior el contacto con las personas que puedan brindar información. “Estamos en esta tarea, entrevistando a gente que está dentro de la Dirección que saben del manejo de los expedientes, técnicos, personal del área contable…”, expuso Révori. Se espera que de estas entrevistas surjan testigos para el debate. “Es una causa que tiene su complejidad por el tipo de delitos y por haber cuatro imputados sobre los que resolver la situación procesal”, indicó.

Hernán Dal Verme fue asignado como juez de esta carpeta, en reemplazo de Jorge Criado que pasó a desempeñarse como juez de ejecución. El magistrado fijó como nuevo vencimiento el día

24 de mayo. Los abogados 

Seis años de prisión por robo en una despensa

El 23 de noviembre de 2014 David Joel Garnica ingresó a una despensa del Barrio Vepam con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no se pudo corroborar, intimidó y golpeó a la empleada y se fugó con la recaudación que tenía el comercio. Esta es la teoría del caso que llevó a juicio la Fiscalía y que finalmente fuera aceptada por el Tribunal conformado por los Dres. Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y José Colabelli. Los magistrados fijaron la pena en seis años de prisión con costas.

El veredicto se dio a conocer inmediatamente a la finalización del juicio. Luego se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena y este miércoles se conoció la sentencia integral en la que los jueces detallan pormenorizadamente el modo en el que consideraron la prueba. Los magistrados hablaron de una cadena de indicios fuerte que les permitió alcanzar el grado de certeza necesario para dictaminar la autoría del acusado.

La lectura contó con algunas ausencias. El juez José Colabelli no se hizo presente por encontrarse en uso de licencia. Esta particularidad había sido debidamente informada con anterioridad a las partes y consentida sin cuestionamientos. El fiscal Fernando Rivarola tampoco estuvo en la sala ya que se encontraba participando en otro juicio. Sí estuvo el imputado junto al defensor público Marcos Ponce. Garnica sabía que había sido encontrado culpable del hecho y conocía también la calificación que admitió el tribunal. Lo que restaba saber era el monto de la pena que se le impondría. Su defensor pidió que se le aplique el mínimo legal en tanto que la Fiscalía requirió la pena de siete años de prisión. Los jueces encontraron justo el monto de seis años y para decidirlo consideraron agravantes y atenuantes de las características del hecho y del autor.

Indicios

Este es uno de los casos en los que la hipótesis fiscal se construye a partir de un cuadro indiciario en el que no hay elementos de convicción con un peso específico propio, como podría serlo una detención en flagrancia o una prueba científica indubitable de la presencia del imputado en el lugar al momento del hecho. Esta falta de duda se construyó a partir del trabajo de investigación y del engarce de distintas evidencias. La defensa se esmeró en desmembrar la cadena de indicios para debilitar la prueba incriminatoria, pero ese esfuerzo, reconocido por el Tribunal, no fue suficiente.

 

Dal Verme describió el plus de violencia de este robo indicando que "Garnica no sólo utilizó un arma cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar –o de utilería- sino que además, para vencer la resistencia ofrecida por la víctima, primero la increpó verbalmente, luego le gatilló con el elemento que utilizaba exteriorizando –a los ojos del sujeto pasivo- su indeclinable voluntad delictiva y que estaba dispuesto a dispararle, para, posteriormente, golpearla con el arma en al menos dos oportunidades, siendo que con uno de los golpes le ocasionó un corte en la cabeza que requirió cuatro puntos de sutura". Este plus se consideró como un agravante a la hora de decidir el monto de la pena.

¿El grado de violencia agrava un robo?

Siempre discuten la fiscalía y la defensa en torno a cómo debe valorarse la violencia desplegada en el contexto de un robo. Porque para que se configure el delito de robo (mayor pena prevista) y no de hurto debe haber habido algún tipo de violencia. Entonces cuando la Fiscalía argumenta en la audiencia de debate por la pena, indicando que el grado de violencia desplegado en el hecho debe contemplarse como un agravante, la Defensa sostiene que se está pidiendo una doble valoración de un factor que ya está contemplado en el mínimo previsto por el tipo penal. Sobre este punto Dal Verme sostuvo que "mientras para la imputación interesa si ciertas categorías dogmaticas se encuentran presentes, para la determinación de la pena importa cuál es su intensidad".

La edad del imputado (34 años), que contara con trabajo y ciertas condiciones económicas para su vida y que se evidenciara una mínima preparación del hecho, fueron datos que pesaron como agravantes de la pena. En su favor fue tomado que en los últimos diez años no se vio mezclado en ningún hecho delictivo (esa es la data de una condena que pesa en su haber), que tenga un oficio y trabajo y un grupo familiar en el que cumple un rol importante. La finalidad de la pena es la resocialización y los magistrados entendieron que estas circunstancias hacen pensar que favorecerán el interés del condenado por reinsertarse de modo apropiado en la sociedad una vez cumplida la condena.

¿Qué implica el sistema acusatorio?

A casi diez años de vigencia de un Código Procesal Penal acusatorio, su alcance sigue siendo uno de los puntos que se debaten, fundamentalmente a la hora de los alegatos de cierre, en los juicios. La Fiscalía sostiene que la igualdad de armas obliga a la Defensa a construir su caso y probarlo al igual que la acusación, y la Defensa considera que el rigor de la demostración de una teoría cae en cabeza del fiscal, ya que el beneficio de la duda ampara la inocencia del imputado.

Fue el juez Martín Zacchino quién dedicó algunos párrafos a este asunto. "Entiendo oportuno citar aquí que “el sistema acusatorio contenido en el Código Procesal Penal está diseñado sobre la base de una importante confianza en la competencia adversarial; esto es, en la idea de que el proceso –y especialmente el juicio- promueve el enfrentamiento intenso entre las partes y apuesta a que esta instancia de confrontación arrojará la mayor cantidad de información sobre el caso, a la vez que depurará la calidad de dicha información".

La observación vino a cuento de ponderar cuestionamientos de la defensa a parte de la prueba. El defensor no solicitó la nulidad, pero sí puso un manto de duda a su valoración. El magistrado sostuvo que el momento para realizar cuestionamientos es el de la etapa preliminar y que, ya en juicio, los planteos deben dilucidarse contrastando las dudas con el aporte de los testigos y no relegarlos a la etapa de alegatos.

Fiscalía con Comisarías de la Región

Como suele realizarse y en cumplimiento de la Resolución 03/16 de la Procuración General, representantes del Ministerio Público Fiscal iniciaron la ronda de visitas a las distintas Comisarías de la jurisdicción. Este martes el Fiscal Marcelo Crettón, junto a la Lic. Teresa Antiñanco del SAVD, se reunió con policías de Gualjaina, Paso del Sapo y Colan Conhue. Esta actividad fue acordada con el Jefe de la Unidad Regional Esquel, Comisario Mayor César Gómez. El encuentro con las Comisarías de Esquel y Trevelin se realizó en febrero.

 

El objetivo de la visita a las comisarías de toda la circunscripción es mejorar prácticas y aclarar dudas para fortalecer el trabajo en equipo entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía. Esta línea de acción fue promovida por el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, mediante la Resolución 03/16 PG.

La ronda de encuentros con los responsables de las dependencias policiales, comenzó en febrero en la ciudad de Esquel. El encuentro contó con la presencia de los fiscales generales, el Jefe de la Unidad Regional Esquel y las Comisarías 1ra y 2da de Esquel, Comisaría de la Mujer, Trevelin, Brigada y Escuela de Capacitación Policial.

Además de las visitas puntuales que se concretarán a las dependencias del interior, se busca hacer más fluida la comunicación entre ambas instituciones, fundamentalmente en lo relativo al trámite de cada caso desde la primera intervención policial hasta la declaración de los uniformados en el juicio.

Condena por robo a turista brasileña

Es la segunda condena por robo en lo que va del año. La primera fue por el robo a un local comercial ocurrido el 23 de noviembre de 2014, el imputado, David Joel Garnica fue encontrado autor responsable y la pena impuesta por el Tribunal se conocerá el próximo jueves 3. La condena alcanzada este lunes en un juicio abreviado, se relaciona con el robo a una turista oriunda de Brasil. Maximiliano Alexis Villegas fue condenado a la pena de tres años de prisión, se le revocó una condena de ejecución condicional y se unificaron ambas en la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento.

El 17 de mayo de 2015, aproximadamente a las 14 hs., una turista extranjera caminaba en inmediaciones de la laguna La Zeta. Villegas y un menor de edad, la rodearon y la intimidaron  exigiendo que le entregue la cámara fotográfica y la mochila. Adentro de la mochila había documentación personal, la funda de la cámara, remedios, un celular y una linterna. Luego de apropiarse de estos objetos, le indicaron por donde seguir su camino.

La inmediata investigación permitió recuperar la cámara y otros objetos e identificar a los autores.

A la audiencia de este lunes fueron convocados ambos. El menor no asistió y se ordenó su compulsa. Villegas reconoció haber cometido el hecho y aceptó la pena de tres años de prisión.

El imputado tiene una condena anterior a una pena de ejecución condicional, que data de octubre de 2013. Como volvió a delinquir deberá cumplir ambas condenas en prisión. En el marco del juicio abreviado se acordó también la pena única de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más el pago de las costas del proceso.

Condena por robo con arma

El día martes 23 de febrero finalizó el Juicio Oral y Público, en el que por pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal integrado por los jueces, Hernán Dal Verme, José Oscar Colabelli, y Martin Zacchino, declaró a David Joel Garnica (35), autor penalmente responsable, del delito de robo con arma.  El próximo 3 de marzo, los magistrados dictarán la sentencia condenatoria, fijando la pena que deberá cumplir. La Fiscalía, realizó un pedido de pena de 7 años de prisión. Asimismo, la parte acusadora, confirmo que el acusado, ya registraba antecedentes condenatorios.

Conforme la pieza acusatoria  debatida en los tribunales de Esquel, se trató del hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2014, alrededor de las 22:15, en el local comercial "Fiambrería Coco", ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Urquiza.

En esa oportunidad, Garnica, ingreso empuñando un arma de fuego (la que no se pudo determinar que resultara apta para el disparo) y se acercó a la encargada del local, blandiendo el arma.

En ese contexto, el imputado le dijo "..tírate al suelo hija de puta y dame toda la plata". Luego forcejeó con la victima llevándola hasta la caja registradora.

En ese lugar, sin soltar el arma, empujó y golpeó a la mujer, en reiteradas oportunidades. Finalmente, la víctima le entregó el dinero existente en la caja. El acusado se fue del comercio, llevándose una suma superior a los 900 pesos.

Durante la audiencia de debate, la Fiscalía presento numerosos medios de prueba (documentales y testimoniales).

Para acreditar la participación de David Joel Garnica en el hecho descripto, resultó esclarecedor el registro fílmico de las cámaras de seguridad del local comercial que captaron la acción del acusado.

Asimismo, las pericias efectuadas por los profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM), de la Procuración, resultaron medios probatorios de convicción.

Así las cosas, la Fiscalía fundamentó ante el tribunal colegiado, un pedido de aplicación de pena de siete años de prisión.

Fuente http://www.mpfchubut.gov.ar/index.php/esquel/9095-juicio-por-robo-con-arma 

Se logró un acuerdo conciliatorio en un caso de defraudación

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a la década del 1990, sin embargo recién se tomó conocimiento de alguna irregularidad en 2013. A partir de ese momento la Fiscalía inició una investigación que determinó varios hechos de defraudación vinculados a la ejecución de un poder general después de la muerte de la titular de los derechos y a espaldas de sus herederos. Por esos hechos fueron imputados el mandatario como autor, su hijo y un escribano como partícipes secundarios. Finalmente las partes pudieron alcanzar un acuerdo, los imputados repararán integralmente a las damnificadas y cubrirán los gastos de la querella. Contando con la conformidad de las víctimas y por tratarse de un delito netamente patrimonial en una relación entre privados, la Fiscalía prestó su acuerdo para que cumplido el mismo, sean sobreseídos los imputados tal como prevé el Código Procesal Penal.

Dos de las damnificadas viven en el exterior, una en Uruguay y la otra en Estados Unidos. Su consentimiento fue manifestado por los abogados particulares que las representan como querellantes en este caso y acreditado con escritura pública y constancias electrónicas. La tercera víctima será escuchada en una audiencia prevista para el jueves a las 8 hs., aunque su consentimiento fue anticipado por su abogado particular, el juez solicitó que se fije una nueva audiencia para que ella concurra y sea escuchada.

El acuerdo alcanzado implica la sesión de 17 hectáreas con costa de Río Grande a las dos primeras damnificadas, mas una suma de dinero en efectivo, y una hectárea de similares características para los letrados patrocinantes de estas. La tercera de las damnificadas recuperará el lote por el que fuera defraudada, escriturado a su nombre sin costo alguno.

La maniobra defraudatoria achacada en la acusación pública consistió en la utilización de un poder general otorgado por una mujer para la administración de sus bienes, luego de que esta falleciera el 23 de agosto de 1993, a espaldas de sus legítimos herederos. El mandatario “continuó realizando actos de disposición de los bienes inmuebles de propiedad de su mandante, sin realizar las correspondientes rendiciones de cuentas y sin que sus legítimas ni ningún otro interesado hubieran iniciado el correspondiente trámite sucesorio”, indica la acusación pública.

El Fiscal verificó “una importante cantidad de operaciones inmobiliarias con bienes inmuebles de propiedad de la causante, tales como subdivisiones o fraccionamientos, venta de los lotes resultantes, compraventas con los Municipios de Esquel y Trevelin, permutas por otros inmuebles y ventas posteriores de los recibidos y también regularizaciones notariales de operaciones inmobiliarias realizadas en vida de la titular registral”. A partir de esto el mandatario habría obtenido un beneficio económico ilegal, defraudando a los compradores de buena fe. 

Los Fiscales se reunieron con Williams

El lunes por la tarde se llevó a cabo una promisoria reunión entre los Fiscales de Esquel y el Ministro de Gobierno de la Provincia, Rafael Williams. Se analizaron varios temas comunes vinculados a la policía provincial, el trabajo conjunto, estrategias de seguridad y lugares de detención entre otros. El encuentro dejó una agenda de temas a seguir y el compromiso de mantener el diálogo y el trabajo mancomunado.

El Ministro fue recibido en instalaciones del Ministerio Público Fiscal por la Fiscal Jefe, María Bottini y los Fiscales Fernanda Révori, Fernando Rivarola y Marcelo Cretton. Es el primer encuentro formal que se produce con el ministro, por lo que se fijó una agenda de temas comunes a los que se dará seguimiento desde ambas Instituciones.

En primer lugar se analizó el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía acordando diferentes estrategias para reforzar la formación de los uniformados. El Ministerio Público tiene previsto realizar una serie de reuniones con los responsables de las comisarías de toda la circunscripción, acorde con las instrucciones recibidas del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena.

 

La necesidad de contar con personal formado para tomar denuncias por violencia de género en el interior, fue otra de las cuestiones abordadas. En la circunscripción solo Esquel cuenta con una Comisaría de la Mujer y suelen darse situaciones de cierta complejidad para el adecuado abordaje de los casos que se dan en otras localidades.

A su vez el Ministro informó a los Fiscales sobre los temas más inmediatos respecto de los que están trabajando para hacer frente al problema de la inseguridad, algunos de ellos coincidentes con necesidades propias de la investigación criminal y otros de la etapa de ejecución penal, como son los módulos carcelarios.

Suicidio adolescente

El Servicio de Adolescencia del HZE se reunió con Fiscales y Funcionarios

Profesionales del Servicio de Adolescencia del Hospital Zonal Esquel se reunieron los fiscales y funcionarios para informarles respecto del trabajo que llevan adelante en prevención del suicidio adolescente. En el encuentro se acordó que la Fiscalía informará al Equipo cuando toma conocimiento de un caso de suicidio o de la evidencia de una situación de riesgo.

Mirta Moreschi, Sandra Fernández y Adriana López Gómez visitaron la Fiscalía con la intención de dar a conocer el trabajo que realizan y solicitar la colaboración de la Institución, fundamentalmente para tomar conocimiento de los casos al momento en que se producen.

El Equipo procura brindar contención al grupo de pertenencia del adolescente, tanto amigos como familiares, y fundamentalmente está orientado a la prevención.

En este sentido, cualquier persona que necesite ayuda o quiera ayudar a algún adolescente que podría estar en situación de riesgo de suicidio, podrá tomar contacto con el Servicio de Adolescencia del HZE en horario de 8 a 14 durante febrero y de 8 a 16 a partir de marzo, telefónicamente al 451230 o personalmente en Av. Fontana y Don Bosco. 

Incendio de Cholila: Hay elementos para formalizar la investigación

Los fiscales a cargo de la investigación del incendio iniciado el 16 de febrero de 2015 en Cholila, emitieron un nuevo informe en el que analizan el segunda de las líneas de investigación. Los magistrados concluyen que se acreditó la existencia de una conducta reprochable penalmente, lo que habilita a la formalización de la investigación en relación al responsable del despacho de los medios aéreos. La sede en la que se desempeñaba el funcionario se encuentra en San Carlos de Bariloche, por lo que debiera seguirse el trámite procesal en esa jurisdicción. Pero además los Fiscales provinciales consideran que corresponde la competencia federal por estar en juego un interés Nacional.

La existencia de una conducta penalmente reprochable “se ha acreditado suficientemente, como para habilitar la apertura de la Investigación o realizar la formulación de cargos (Art. 274 del CPP Chubut), en contra de quien resultara el funcionario responsable del despacho de medios aéreos en el presente caso”. El informe refleja que el 16 de Febrero de 2015, el funcionario a cargo recibió por parte de los funcionarios que integran los organismos del Plan Provincial de Manejo Del Fuego de Chubut, el pedido de apoyo de medios aéreos para proceder al ataque inicial del foco de incendio registrado en la ladera del cerro Plataforma en la zona de la Horqueta, jurisdicción de la localidad de Cholila. “Y no obstante estar en pleno conocimiento de sus obligaciones legalmente establecidas (Arts. 26 y 27 Ley 26815), las cláusulas del contrato suscripto con la empresa proveedora de los medios aéreos y el propio protocolo de “Solicitud de Medios Aéreos” vigente en la Regional a su cargo; y contando al menos con dos medios aéreos con capacidad operativa, omitió disponer los correspondientes despachos, incumpliendo de tal manera los deberes particulares o generales atinentes a su cargo” (art. 249 del C.P)

Planteo de incompetencia por materia y por territorio

Para la Fiscalía el caso es de competencia federal ya que esta tiene su razón de ser en la defensa de las Instituciones e intereses federales. Se encuentra en juego un interés Nacional por investigarse el posible incumplimiento funcional de una autoridad Nacional. De todos modos, al tratarse de una conducta realizada en Bariloche, por razón de territorio debiera ser investigada en Río Negro y no en Chubut. 

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