TAMBIÉN SE INVESTIGAN ACCIONES DE ENCUBRIMIENTO Y FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO
La investigación ya había sido formalizada, aunque ahora se amplió y se subsanó un error en la identificación de uno de los imputados. Fernando Rivarola investiga el accionar de cinco policías y una médica del Hospital de El Maitén, en relación a un hecho ocurrido el 1 de enero de este año. Según testigos también policiales, los imputados habrían incurrido en conductas abusivas con dos detenidos. La juez dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con los testigos y familiares de uno de ellos por el plazo de un mes. La URE deberá determinar de qué manera facilita el cumplimiento de la disposición sin afectar a quienes se pretende proteger.
El primer día del año, aproximadamente a las 6 de la madrugada, el Sgto Ayudante Javier Gallardo, el Sargento Primero Ernesto Pesoa; el Cabo Raúl Vargas y Cabo Gastón Soto, aprehendieron en flagrancia a dos jóvenes que caminaban por atrás de la iglesia ubicada en Avda. San Martín entre Padre Carlos y Sargento Cabral. Estos llevaban consigo elementos provenientes de un ilícito.
Sin que existiera resistencia de los aprehendidos, los esposaron, los pusieron en el piso boca abajo y el suboficial Javier Gallardo le habría aplicado golpes de puño y patadas en el costado izquierdo a uno de ellos. Por su parte el Cabo Raúl Vargas, también lo habría golpeado en la misma zona con el bastón de goma.
Siguiendo la descripción de la Fiscalía, Gallardo le habría pedido a Gastón Soto que se siente en la cabeza del detenido, y Soto lo habría hecho, subiéndose sobre él y apoyándole sus rodillas en la espalda. Todo esto es considerado por el acusador como un trato vejatorio y humillante, además de las lesiones leves producidas, “e infiriéndole una mortificación abusiva e innecesaria en tales circunstancias.-Las lesiones fueron descriptas como “dos lesiones en flanco izquierdo contusas superficiales con hematomas de 4X3 aproximadamente de superficie y 3X2 la inferior aproximadamente. Lesión del tendón exterior del meñique derecho”.”
En la comisaría
Con posterioridad, ya ingresado el detenido en la seccional policial, lo habrían dejado esposado en la antesala del sector de calabozos. En ese momento habría ingresado el Oficial Walter David Césaro manifestándole “así que vos sos piola”, luego de lo cual habría comenzado a aplicarle golpes de puño en la cara, lesionándole el labio, nariz y pómulo.
Inmediatamente trasladados los detenidos a la comisaría, un Suboficial informó lo sucedido con uno de ellos a la oficial de servicio y esta hizo llegar la información al “Comisario Martín Betbedé, Jefe de la Dependencia, quien omitió hacer la denuncia y dar cumplimiento con las obligaciones legales impuestas por el Código Procesal Penal arts. 120, 266 y cc, teniendo conocimiento de la comisión de un delito de acción pública cometido por el personal bajo sus órdenes y su obligación de iniciar de oficio la investigación para individualizar a sus autores y promover la acción penal en contra de los mismos.”
Todo bien
Antes de recuperar la libertad, el detenido fue llevado al Hospital de El Maitén, donde fue revisado por la Dra. Rosana Hereñú. La profesional “suscribió un certificado médico clínico realizado el día 1/01/2011 a las 15:10 horas en el que consigna que el nombrado no poseía lesión alguna, el que se contrapone abiertamente con el suscripto por la Dra. Wilensky horas antes, sin hacer constar asimismo las nuevas lesiones producidas en su rostro; habiendo insertado entonces en un instrumento público, una manifestación que resulta falsa y relacionada con el extremo al que el documento estaba destinado a probar en el marco de la investigación penal”, sostiene la imputación.
Los delitos
Rivarola entendió que las conductas que investiga encajan en el molde penal de vejaciones agravadas por el uso de violencia física, por parte de Césaro Walter David, Javier Gallardo, Gastón Soto y Raúl Esteban Vargas. Encubrimiento agravado por ser el autor un funcionario público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Comisario Martín Betbedé. Y falsificación de documento público cometido por un funcionario público imputable a la Dra. Rosana Herenú.
Medidas y plazos
El fiscal consideró necesaria una medida de coerción que permita proteger a la víctima, el denunciante y los testigos. Por el tipo de delito y la etapa procesal en que se encuentra la investigación, consideró suficiente que estos sean relevados de sus funciones y trasladados a otras comisarías.
El planteo se fundamentó en que tanto el denunciante como los testigos parciales de los hechos, son funcionarios policiales que se desempeñan en la misma comisaría en que prestan servicio los imputados. Además, Rivarola precisó situaciones de un claro intento de entorpecer la investigación por parte de algunos de los involucrados.
En este sentido relató que el detenido habría mantenido la comunicación con su defensor, a la que tiene derecho, sin privacidad, en el despacho del Jefe de comisaría y con él presente. Por lo que le dijo al defensor que había estado todo bien y permitiendo que se disponga su libertad sin pasar por una audiencia de control de la detención.
Por otra parte existe una denuncia contra Gallardo, que sostiene que amenazó a la oficial de servicio exigiéndole que cambiara el acta para no figurar en las actuaciones.
También se señaló que habrían iniciado actuaciones administrativas contra el denunciante y podría haberse dispuesto alguna sanción, cuestión no corroborada fehacientemente, porque la Unidad Regional Esquel aun no respondió el pedido realizado por la fiscalía en este sentido.
El esposo de la oficial de servicio, también suboficial de policía, recibió un llamado telefónico anónimo en la comisaría, en el que le dicen que su esposa no declare, amenazando con hacerle algo a su hijo menor.
Las defensas
La defensa pública, a cargo de Julián Ripa, representó a Césaro, Vargas y Soto. El primero en la actualidad presta servicios en Corcovado, el segundo en Trelew y Soto sigue en El Maitén, aunque se desplaza permanentemente a Cushamen por razones de servicio, y está dispuesto a ser trasladado allí por el tiempo solicitado por la fiscalía.
Sin embargo el Dr. Goya, como Gonzaga se opusieron a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en relación a Betbedé y a Gallardo, respectivamente. Goya sostuvo que relevar al Jefe de la comisaría implica una mácula en su foja de servicios que hasta el momento es impecable.
Sospecha grave
La juez Anabel Rodríguez consideró que lo aportado por el fiscal da cuenta de una grave sospecha de intento de entorpecimiento y por lo tanto habilita a la imposición de medidas. La magistrada no ordenó por sí misma los traslados, pero impuso a los imputados una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con los testigos y sus familiares mencionados en la resolución y que el Jefe de la Unidad Regional Esquel, así como el Jefe de la Policía de la Provincia, tomen las medidas necesarias para posibilitar el cumplimiento de esa orden, sin afectar a los agentes policiales que se pretende proteger.
La investigación ya había sido formalizada, aunque ahora se amplió y se subsanó un error en la identificación de uno de los imputados. Fernando Rivarola investiga el accionar de cinco policías y una médica del Hospital de El Maitén, en relación a un hecho ocurrido el 1 de enero de este año. Según testigos también policiales, los imputados habrían incurrido en conductas abusivas con dos detenidos. La juez dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con los testigos y familiares de uno de ellos por el plazo de un mes. La URE deberá determinar de qué manera facilita el cumplimiento de la disposición sin afectar a quienes se pretende proteger.
El primer día del año, aproximadamente a las 6 de la madrugada, el Sgto Ayudante Javier Gallardo, el Sargento Primero Ernesto Pesoa; el Cabo Raúl Vargas y Cabo Gastón Soto, aprehendieron en flagrancia a dos jóvenes que caminaban por atrás de la iglesia ubicada en Avda. San Martín entre Padre Carlos y Sargento Cabral. Estos llevaban consigo elementos provenientes de un ilícito.
Sin que existiera resistencia de los aprehendidos, los esposaron, los pusieron en el piso boca abajo y el suboficial Javier Gallardo le habría aplicado golpes de puño y patadas en el costado izquierdo a uno de ellos. Por su parte el Cabo Raúl Vargas, también lo habría golpeado en la misma zona con el bastón de goma.
Siguiendo la descripción de la Fiscalía, Gallardo le habría pedido a Gastón Soto que se siente en la cabeza del detenido, y Soto lo habría hecho, subiéndose sobre él y apoyándole sus rodillas en la espalda. Todo esto es considerado por el acusador como un trato vejatorio y humillante, además de las lesiones leves producidas, “e infiriéndole una mortificación abusiva e innecesaria en tales circunstancias.-Las lesiones fueron descriptas como “dos lesiones en flanco izquierdo contusas superficiales con hematomas de 4X3 aproximadamente de superficie y 3X2 la inferior aproximadamente. Lesión del tendón exterior del meñique derecho”.”
En la comisaría
Con posterioridad, ya ingresado el detenido en la seccional policial, lo habrían dejado esposado en la antesala del sector de calabozos. En ese momento habría ingresado el Oficial Walter David Césaro manifestándole “así que vos sos piola”, luego de lo cual habría comenzado a aplicarle golpes de puño en la cara, lesionándole el labio, nariz y pómulo.
Inmediatamente trasladados los detenidos a la comisaría, un Suboficial informó lo sucedido con uno de ellos a la oficial de servicio y esta hizo llegar la información al “Comisario Martín Betbedé, Jefe de la Dependencia, quien omitió hacer la denuncia y dar cumplimiento con las obligaciones legales impuestas por el Código Procesal Penal arts. 120, 266 y cc, teniendo conocimiento de la comisión de un delito de acción pública cometido por el personal bajo sus órdenes y su obligación de iniciar de oficio la investigación para individualizar a sus autores y promover la acción penal en contra de los mismos.”
Todo bien
Antes de recuperar la libertad, el detenido fue llevado al Hospital de El Maitén, donde fue revisado por la Dra. Rosana Hereñú. La profesional “suscribió un certificado médico clínico realizado el día 1/01/2011 a las 15:10 horas en el que consigna que el nombrado no poseía lesión alguna, el que se contrapone abiertamente con el suscripto por la Dra. Wilensky horas antes, sin hacer constar asimismo las nuevas lesiones producidas en su rostro; habiendo insertado entonces en un instrumento público, una manifestación que resulta falsa y relacionada con el extremo al que el documento estaba destinado a probar en el marco de la investigación penal”, sostiene la imputación.
Los delitos
Rivarola entendió que las conductas que investiga encajan en el molde penal de vejaciones agravadas por el uso de violencia física, por parte de Césaro Walter David, Javier Gallardo, Gastón Soto y Raúl Esteban Vargas. Encubrimiento agravado por ser el autor un funcionario público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Comisario Martín Betbedé. Y falsificación de documento público cometido por un funcionario público imputable a la Dra. Rosana Herenú.
Medidas y plazos
El fiscal consideró necesaria una medida de coerción que permita proteger a la víctima, el denunciante y los testigos. Por el tipo de delito y la etapa procesal en que se encuentra la investigación, consideró suficiente que estos sean relevados de sus funciones y trasladados a otras comisarías.
El planteo se fundamentó en que tanto el denunciante como los testigos parciales de los hechos, son funcionarios policiales que se desempeñan en la misma comisaría en que prestan servicio los imputados. Además, Rivarola precisó situaciones de un claro intento de entorpecer la investigación por parte de algunos de los involucrados.
En este sentido relató que el detenido habría mantenido la comunicación con su defensor, a la que tiene derecho, sin privacidad, en el despacho del Jefe de comisaría y con él presente. Por lo que le dijo al defensor que había estado todo bien y permitiendo que se disponga su libertad sin pasar por una audiencia de control de la detención.
Por otra parte existe una denuncia contra Gallardo, que sostiene que amenazó a la oficial de servicio exigiéndole que cambiara el acta para no figurar en las actuaciones.
También se señaló que habrían iniciado actuaciones administrativas contra el denunciante y podría haberse dispuesto alguna sanción, cuestión no corroborada fehacientemente, porque la Unidad Regional Esquel aun no respondió el pedido realizado por la fiscalía en este sentido.
El esposo de la oficial de servicio, también suboficial de policía, recibió un llamado telefónico anónimo en la comisaría, en el que le dicen que su esposa no declare, amenazando con hacerle algo a su hijo menor.
Las defensas
La defensa pública, a cargo de Julián Ripa, representó a Césaro, Vargas y Soto. El primero en la actualidad presta servicios en Corcovado, el segundo en Trelew y Soto sigue en El Maitén, aunque se desplaza permanentemente a Cushamen por razones de servicio, y está dispuesto a ser trasladado allí por el tiempo solicitado por la fiscalía.
Sin embargo el Dr. Goya, como Gonzaga se opusieron a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en relación a Betbedé y a Gallardo, respectivamente. Goya sostuvo que relevar al Jefe de la comisaría implica una mácula en su foja de servicios que hasta el momento es impecable.
Sospecha grave
La juez Anabel Rodríguez consideró que lo aportado por el fiscal da cuenta de una grave sospecha de intento de entorpecimiento y por lo tanto habilita a la imposición de medidas. La magistrada no ordenó por sí misma los traslados, pero impuso a los imputados una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con los testigos y sus familiares mencionados en la resolución y que el Jefe de la Unidad Regional Esquel, así como el Jefe de la Policía de la Provincia, tomen las medidas necesarias para posibilitar el cumplimiento de esa orden, sin afectar a los agentes policiales que se pretende proteger.
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