viernes, 7 de junio de 2013

Resolución de la Procuración General


MIENTRAS SE RESUELVE, LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR



El Procurador General, Jorge L. Miquelarena, emitió una resolución vinculada al expediente en que el intendente de Cholila, Miguel Castro solicitó el apartamiento de los fiscales de Esquel de una investigación vinculada a tierras fiscales. El Procurador dispuso la investigación de las acusaciones con carácter penal por un fiscal y supeditó el tratamiento de la recusación hasta que se resuelva esa cuestión. Mientras tanto para evitar que la investigación se detenga, dispuso que provisoriamente sea continuada por el fiscal de El Hoyo.



En los extensos considerandos Miquelarena ordena los planteos presentados por Castro y establece el orden en que deben ser tratados siguiendo los procedimientos establecidos para casos como este. Respecto del trámite de los legajos a los que se refiere la presentación señaló “que del escaso conocimiento que puedo tener sobre los aspectos del Legajo N° 21.868/12, a partir del relato del recusante y las copias simples que adjunta a su presentación, colijo que se encuentra en la etapa de la averiguación preliminar a que refiere el art. 268 del rito penal. Dicha instancia procesal se caracteriza por las amplias facultades del Fiscal para dilucidar los hechos y analizar la seriedad de la denuncia, identificar a los posibles involucrados y adoptar una decisión en los términos del art. 269 del mismo código”. Agrega además que en casos que se presentan complejos como parecería ser este, “formase la convicción acerca de cuál es el camino a seguir puede implicar que los tiempos procesales se extiendan, lo que al parecer ocurre en el concreto”.



La continuidad de la investigación



No está de más mencionar que no habrán de tolerarse maniobras que tiendan a obstruir dichas tareas o a apartar a un Fiscal de una investigación, sin perjuicio de lo cual los planteos que se han formalizado deben seguir el curso que los procedimientos indican, con el debido respeto y resguardando las garantías de los ciudadanos”, explicitó el Procurador previo a entrar al detalle de las decisiones que adoptaría.

Para mantener el equilibrio en el caso concreto, separó los hechos denunciados por Castro como constitutivos de conductas sancionadas penalmente y dispuso su envío a un fiscal para investigar si se produjeron y en tal caso si responden a tipos penales. Por proximidad geográfica se decidió que tal investigación la siga el fiscal Oscar Oro.

Mientras se lleva a cabo este trámite “a efectos de no demorar ni obstruir el avance de las averiguaciones que se cursan en el Legajo N° 21.868/12, corresponde su reasignación provisoria al Dr. Oscar Oro, como Fiscal General responsable del mismo, ello hasta tanto se resuelvan en definitiva las recusaciones formuladas por el denunciado, Sr. Héctor Miguel Castro.”

Cuando se tome una definición sobre las denuncias con relevancia penal, el Procurador convocará a la audiencia para dar tratamiento al planteo de recusación. Recién entonces se sabrá si será el fiscal Fernando Rivarola quien continúe la investigación en estos legajos o si por el contrario deberán ser continuados por otro funcionario del Ministerio Público Fiscal.

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