PRISIÓN DOMICILIARIA PARA DOS HERMANOS 
A la madrugada del domingo tres sujetos fueron aprehendidos cuando pretendían fugarse en un taxi con elementos sustraídos de un fast food del centro de Esquel. Por la tarde se realizó la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. El Fiscal solicitó la prisión preventiva por dos meses para dos de ellos por peligro de fuga y entorpecimiento procesal. La Defensa pidió que se aplique la prisión domiciliaria y el Juez consideró que con el arresto domiciliario es suficiente para preservar la investigación en sus diferentes aspectos. También dispuso la prohibición de contacto con los testigos por cualquier medio, tanto directo como por medio de otra persona. Si se incumpliera cualquiera de estas medidas, se revocará la prisión domiciliaria y serán alojados en Comisaría. La Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar la revisión por otros dos Jueces.
03:05 hs. del domingo la policía identificó a un taxi como el vehículo en el que se daban a la fuga tres sujetos que habrían robado un comercio de comidas rápidas. Al interceptar el rodado identificaron en su interior a los hermanos Carlos y Mauricio Güichacoy y a Hugo Rubén Neculqueo. Con ellos llevaban elementos que se presume serían los robados. Los tres quedaron aprehendidos y se les imputó el delito de Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
El hecho
El Fiscal Fernando Rivarola oralizó en audiencia el hecho descripto por el Fiscal de Turno, Fidel González. Según este, aproximadamente a las 3:00 hs. de la madrugada, los imputados habrían roto la cerradura y parte de un vidrio de la puerta de ingreso a un local de comidas ubicado en calle Sarmiento al 400, Esquel. Del lugar sustrajeron dinero en efectivo, un radiograbador Aiwa, un cuchillo grande, varias bolas de pan para hamburguesas, carne picada para preparar hamburguesas, lomitos, varias botellas de cervezas en porrón y de litro, y botellas de vino.
Una en un montón
Rivarola solicitó la aplicación de la medida más grave que prevé el la ley para cautelar el éxito de la investigación, la prisión preventiva, aunque en relación a dos de los tres imputados. La aplicabilidad de la prisión preventiva no se liga exclusivamente al tipo de delito por el que se investiga a los imputados, sino que contempla otras variables ligadas con las características particulares de estos como el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal. Fundamentando en torno a estos supuestos Rivarola se refirió a un importante cúmulo de investigaciones que tienen por presuntos autores a los hermanos Güichacoy, y que por la modalidad delictiva que se les imputa, es previsible que procuren intimidar a testigos, ocultar elementos que los incriminen, y continuar delinquiendo, lo que debe considerarse un indicio de fuga más allá del arraigo que pudieran tener en la zona.
El Fiscal consideró que el alto número de causas abiertas por cada uno de los hermanos, hace prever que la pena a aplicar en caso de alcanzarse una condena, será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Finalmente Rivarola pidió al Juez, que en caso de decidirse por la aplicación de la prisión domiciliaria esta debería ser con custodia policial, lo que implica un alto costo para la comunidad ya que quita a los agentes policiales de su rol de custodios de la sociedad para cuidar a quienes infringen la ley.
Domiciliaria
Por su parte el Dr. Julián Ripa, abogado Defensor, entendió que los mismos supuestos pueden ser cautelados con una prisión domiciliaria. Enfatizó la existencia de arraigo en la zona e indicó que el Juez está obligado a aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva, a menos que esta resultara indispensable, y este no es el caso.
Un informe de la Brigada
Un Oficial de la Brigada de Investigaciones declaró en la audiencia a pedido de la Fiscalía, para dar cuenta de un informe que refleja el modo en que los imputados han intimidado a víctimas y testigos en otros legajos, del temor que logran en la gente, y de la existencia de testigos de identidad reservada, justamente debido a tal temor.
La decisión judicial
Luego de un cuarto intermedio de 45 minutos, en el que el Juez Javier Allende analizó la amplia información aportada por la Fiscalía, dio a conocer su resolución disponiendo la prisión domiciliaria por el plazo de dos meses. El magistrado argumentó que la ley lo obliga a aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva ya que los imputados deben ser tratados como inocentes hasta que una sentencia firme defina lo contrario.
El magistrado les preguntó a ambos imputados si se comprometen a respetar la medida y les advirtió que la policía podrá controlarlos del modo en que disponga la Fiscalía, y al primer incumplimiento que se advierta se revocará inmediatamente la prisión domiciliaria. También les impuso la prohibición de tomar cualquier tipo de contacto con víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada a cualquiera de las causas que se siguen en su contra. El contacto no podrá ser ni de modo directo, ni a través de terceros.
Transcurridos los dos meses dispuestos, la Fiscalía podrá pedir una ampliación de la medida si lo considera necesario.
A la madrugada del domingo tres sujetos fueron aprehendidos cuando pretendían fugarse en un taxi con elementos sustraídos de un fast food del centro de Esquel. Por la tarde se realizó la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. El Fiscal solicitó la prisión preventiva por dos meses para dos de ellos por peligro de fuga y entorpecimiento procesal. La Defensa pidió que se aplique la prisión domiciliaria y el Juez consideró que con el arresto domiciliario es suficiente para preservar la investigación en sus diferentes aspectos. También dispuso la prohibición de contacto con los testigos por cualquier medio, tanto directo como por medio de otra persona. Si se incumpliera cualquiera de estas medidas, se revocará la prisión domiciliaria y serán alojados en Comisaría. La Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar la revisión por otros dos Jueces.
03:05 hs. del domingo la policía identificó a un taxi como el vehículo en el que se daban a la fuga tres sujetos que habrían robado un comercio de comidas rápidas. Al interceptar el rodado identificaron en su interior a los hermanos Carlos y Mauricio Güichacoy y a Hugo Rubén Neculqueo. Con ellos llevaban elementos que se presume serían los robados. Los tres quedaron aprehendidos y se les imputó el delito de Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
El hecho
El Fiscal Fernando Rivarola oralizó en audiencia el hecho descripto por el Fiscal de Turno, Fidel González. Según este, aproximadamente a las 3:00 hs. de la madrugada, los imputados habrían roto la cerradura y parte de un vidrio de la puerta de ingreso a un local de comidas ubicado en calle Sarmiento al 400, Esquel. Del lugar sustrajeron dinero en efectivo, un radiograbador Aiwa, un cuchillo grande, varias bolas de pan para hamburguesas, carne picada para preparar hamburguesas, lomitos, varias botellas de cervezas en porrón y de litro, y botellas de vino.
Una en un montón
Rivarola solicitó la aplicación de la medida más grave que prevé el la ley para cautelar el éxito de la investigación, la prisión preventiva, aunque en relación a dos de los tres imputados. La aplicabilidad de la prisión preventiva no se liga exclusivamente al tipo de delito por el que se investiga a los imputados, sino que contempla otras variables ligadas con las características particulares de estos como el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal. Fundamentando en torno a estos supuestos Rivarola se refirió a un importante cúmulo de investigaciones que tienen por presuntos autores a los hermanos Güichacoy, y que por la modalidad delictiva que se les imputa, es previsible que procuren intimidar a testigos, ocultar elementos que los incriminen, y continuar delinquiendo, lo que debe considerarse un indicio de fuga más allá del arraigo que pudieran tener en la zona.
El Fiscal consideró que el alto número de causas abiertas por cada uno de los hermanos, hace prever que la pena a aplicar en caso de alcanzarse una condena, será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Finalmente Rivarola pidió al Juez, que en caso de decidirse por la aplicación de la prisión domiciliaria esta debería ser con custodia policial, lo que implica un alto costo para la comunidad ya que quita a los agentes policiales de su rol de custodios de la sociedad para cuidar a quienes infringen la ley.
Domiciliaria
Por su parte el Dr. Julián Ripa, abogado Defensor, entendió que los mismos supuestos pueden ser cautelados con una prisión domiciliaria. Enfatizó la existencia de arraigo en la zona e indicó que el Juez está obligado a aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva, a menos que esta resultara indispensable, y este no es el caso.
Un informe de la Brigada
Un Oficial de la Brigada de Investigaciones declaró en la audiencia a pedido de la Fiscalía, para dar cuenta de un informe que refleja el modo en que los imputados han intimidado a víctimas y testigos en otros legajos, del temor que logran en la gente, y de la existencia de testigos de identidad reservada, justamente debido a tal temor.
La decisión judicial
Luego de un cuarto intermedio de 45 minutos, en el que el Juez Javier Allende analizó la amplia información aportada por la Fiscalía, dio a conocer su resolución disponiendo la prisión domiciliaria por el plazo de dos meses. El magistrado argumentó que la ley lo obliga a aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva ya que los imputados deben ser tratados como inocentes hasta que una sentencia firme defina lo contrario.
El magistrado les preguntó a ambos imputados si se comprometen a respetar la medida y les advirtió que la policía podrá controlarlos del modo en que disponga la Fiscalía, y al primer incumplimiento que se advierta se revocará inmediatamente la prisión domiciliaria. También les impuso la prohibición de tomar cualquier tipo de contacto con víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada a cualquiera de las causas que se siguen en su contra. El contacto no podrá ser ni de modo directo, ni a través de terceros.
Transcurridos los dos meses dispuestos, la Fiscalía podrá pedir una ampliación de la medida si lo considera necesario.
