El 30 se
conocerá la sentencia
El juicio es el más extenso que se recuerda en la
jurisdicción. Durante tres semanas se produjo la prueba en el debate. Ya en la
cuarta semana se escucharon los alegatos de las partes a lo largo de siete
horas. Dos formas de valorar e interpretar la prueba se postularon ante el
juez. El fiscal sostiene que la ex directora del Hogar, habría aprovechado la
confianza de los ancianos para disponer discrecionalmente del dinero de estos.
La defensa planteó que la denuncia y la prueba que llegó a la Fiscalía (y la
que no llegó) respondió a una intencionalidad, probablemente política. Mientras
el fiscal pidió condena, la defensora postuló la absolución.
El juez Ricardo Rolón cuenta con cinco días hábiles para
ponderar las postulaciones de las partes, valorar, cotejar la prueba, y tomar
una decisión fundada respecto de si los hechos acusados existieron, si
constituyeron delito, si la imputada tiene responsabilidad penal por ellos, si
es apropiado el tipo penal propuesto por la fiscalía, y en caso de declarar la
responsabilidad, cuál es la pena justa.
El fiscal Fidel González acompañado por el funcionario
Ezequiel Forti, detallo los movimientos de dinero de las cuentas de los adultos
mayores alojados en el Hogar Presidente Perón en el período en que Amelia
Macayo ejerció la Dirección de la institución. Para ofrecer cifras de
referencia que permitieran entender el valor real de esos montos para la fecha
en que fueron extraídos de las cuentas bancarias, se refirieron a los salarios
que percibía el personal del Hogar, demostrando que en un mes, uno de los ancianos
tubo extracciones de su cuenta por un monto superior al sueldo de la directora.
Expusieron también sobre el estado de salud física y mental de los abuelos,
dando cuenta de la imposibilidad de los mismos de administrar su dinero.
Alegaron los acusadores que el dinero extraído era
depositado en una caja metálica en la dirección y los internos se quedaban con
cifras bajas. Analizaron los testimonios vertidos en el debate y la
verosimilitud de cada uno de ellos. También se refirieron a los gastos constatados y plantearon que el dinero
extraído de las cuentas solo habría sido empleado parcialmente en los gastos
personales de los internos. Hay dinero no justificado cuya disposición se
atribuye a la imputada.
Sobre este punto indicó González que se le atribuye la
disposición, mediante un abuso de confianza. Para el tipo penal de la estafa no
es necesario que haya habido provecho efectivo para la imputada. "Importa
el perjuicio, no el lucro indebido". Indicó además que en este caso es
fundamental la vulnerabilidad de los afectados, la extensión en el tiempo de
los hechos, el daño económico y las condiciones personales de la imputada:
instrucción, edad, etc. Con estas consideraciones solicitó la aplicación de una
pena de cuatro años de prisión más inhabilitación para ejercer cargos públicos
por ocho años.
El caso de la defensa
Graciela Conesa cuestionó cada uno de los puntos de la
acusación. En su criterio no se probó el hecho, no se probó la autoría y no hay
sujeto pasivo de una estafa en este proceso porque los presuntos damnificados
no tenían capacidad para serlo. Apuntó además que Macayo no se benefició, ni
tampoco un tercero, indicó que no hubo perjuicio patrimonial sino que hubo un "beneficio
en la calidad de vida de esta gente".
La letrada describió como era la vida de los internos
durante el tiempo en que Amelia estuvo al frente del Hogar. Indicó que recibían
una asistencia integral, se cuidaba que estuvieran siempre aseados y bien
vestidos, muy bien alimentados, hacían encuentros con otras personas de la
tercera edad y turismo en la zona cordillerana. Todos estos gastos eran
solventados por los propios abuelos. También indicó que había medicamentos que
no eran cubiertos por Pami y debían afrontar sus costos integralmente.
"Tener el dinero en el banco tiene como beneficio que
al fallecer recupera ese dinero el Estado… Ellos tienen que vivir los últimos
años de su vida de la mejor manera que puedan y eso debe garantizarles la
institución…", apuntó la letrada. "En la gestión posterior crecieron
las cuentas bancarias en proporción a como disminuyó la calidad de vida de los
ancianos", añadió.
Conesa sostuvo que los registros de movimientos de esos
dineros desaparecieron misteriosamente del Hogar con posterioridad a la salida
de Macayo de la Dirección. También sostuvo que existieron gastos entre 2007 y
2009 en la refacción de viviendas de los ancianos y que es evidente que con
posterioridad se adquirieron los elementos para amoblarlas. Todos estos gastos
deberían ser deducidos de los montos que se sostiene que faltan.
Un apartado en su alegato dedicó Conesa a analizar la
conducta de Zulma Amed, condenada en un juicio abreviado por hechos similares
cometidos contra las personas alojadas en las casas tuteladas. La abogada
indicó que no es cierto que los hechos que se imputan a su defendida fueran
cometidos cuando Amed no estaba supliendo a Macayo en la dirección del hogar.
Se refirió a un caso concreto en el que se realizaron varias extracciones en un
día, por un monto de seis mil pesos, misma fecha en que Amed realizó
extracciones de su propia cuenta y estando al frente de la dirección del Hogar.
También refirió que la caja en la que se guardaban los valores y tarjetas
estaba al alcance de todos y cualquier empleado podría haber accedido a su
contenido sin que la Directora se entere.
Habló de vaciamiento de documentación, posiblemente gestado
en intencionalidades políticas. En este sentido indicó que quedó probado que se
tiraron bolsas, probablemente conteniendo esta información, por las personas
que tomaron la continuidad de la conducción del Hogar.
Finalmente pidió la absolución de la imputada.
El jueves 30 a las 8 hs. se conocerá la sentencia del juez
Ricardo Rolón.
Se realizó una audiencia a pedido de la defensa para
plantear nuevos argumentos ante el juez. La defensora analizó los elementos de
la investigación y fundamentó el concepto de arraigo para la cultura mapuche.
El fiscal Oscar Oro se opuso al cese de la medida, sosteniendo que no se
llevaron elementos nuevos a considerar sino solo otra forma de interpretar lo
que ya fue evaluado. Marín Zacchino confirmó la continuidad de la medida,
explicando que el arraigo del que habla el Código Procesal se refiere a evitar
riesgos para la continuidad del proceso y en este caso esa situación ya fue
avaluada y revisada.
