El 5 de junio se
formalizó la investigación por varios hechos que provisoriamente fueron
calificados como coacción, atentado contra la autoridad agravado, y hurto. Solo
una persona se sometió al proceso penal. Otras cuatro fueron identificadas,
tres de ellas estuvieron presentes en esa audiencia pero negaron su identidad.
Los demás involucrados nunca permitieron que se los identifique, mostrándose
encapuchados y resistiendo violentamente cualquier aproximación de la autoridad
policial. Con estos antecedentes la Fiscalía solicitó la realización de un
procedimiento sorpresa para proceder a la identificación de quienes permanecen
en el predio. Todo debería quedar registrado mediante varias cámaras. La orden
menciona el pedido del MPF a las máximas autoridades policiales, para “que
adopten todas las medidas necesarias y se afecte el personal más capacitado, a
los fines de resguardar siempre y en todo momento la integridad de las
personas, su dignidad y derechos, evitando cualquier tipo de menoscabo físico
que tornen la diligencia en abusiva o exagerada, haciendo uso de la fuerza en
la medida estrictamente necesaria”.
El MPF decidió
abortar la medida el martes a la noche, luego de verificar que tomó estado
público. “Era esperado que hoy, al horario en que estaba programado el
procedimiento, tuviéramos un número muy importante de personas, podíamos
inferir que con mucha presencia de menores y mujeres, lo cual iba a dificultar
seriamente el procedimiento y además elevaría el riesgo que procuramos evitar,
en términos exponenciales”, dijo el fiscal.
El fiscal Fernando Rivarola ofició de vocero en la
conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por las otras dos fiscales
también están afectadas a esta investigación: la Fiscal Jefe, María Bottini y
la Fernanda Révori. Transcribimos textualmente lo expresado a la prensa:
Con base en todo lo documentado en el caso y
fundamentalmente a partir de la negativa de las personas que llevaron a cabo
una usurpación (en la voz de las personas que llevan a cabo esta ocupación: una
recuperación territorial), de identificarse, ya que permanecen encapuchados y
negando su identidad. La fiscalía ha llevado a cabo todas las medidas a su
alcance para identificarlos por medios pacíficos. Hemos pedido la intervención
de los organismos nacionales como provinciales, básicamente el INAI y también
la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, hemos hablado con las
máximas autoridades. Las autoridades provinciales, se han constituido en el
lugar e incluso ante las propias autoridades encargadas de la atención de los
asuntos indígenas estas personas han negado su identidad y han manifestado
abiertamente que resistirían cualquier acción de la justicia, lo que han
demostrado incluso con atentados graves, con hechos que han sido calificados de
daño, incendio intencional, incluso algunos de ellos con armas de fuego,
atentados graves contra la autoridad policial... Todo está documentado en el
legajo fiscal.
Todo el esfuerzo que hemos hecho, incluso peticionando en
algún momento del proceso, la intervención de la defensa pública, para que
estas personas acepten identificarse y básicamente ejercer los derechos
constitucionales que tienen como cualquier ciudadano, esto ha sido imposible.
Por lo cual, habíamos peticionado para complementar en el día
de hoy, un allanamiento en el lugar de los hechos, para identificar a las
personas, para lo cual el juez nos había autorizado la detención a este solo
efecto. Siempre hemos sostenido, que si hubiese existido una voluntad expresa
de las personas que llevan a cabo estas acciones, de identificarse, jamás
hubiésemos necesitado ninguna medida de fuerza ni de coerción.
Teníamos la autorización judicial para efectuarla hoy, en
primeras horas de la mañana con luz solar, con personal capacitado. Habíamos
requerido incluso la intervención de las máximas autoridades policiales, esto
fue programado directamente con la Jefatura de Policía. El personal
especializado lo dispuso la Jefatura de Policía dentro de sus facultades. El
objetivo era proceder en la forma más segura posible para evitar precisamente
daños personales, entonces se requirió el personal más calificado. Estimábamos
que podía ser un operativo relativamente simple y fundamentalmente con el menor
menoscabo jurídico a las personas, aun cuando era inferible que pudiera haber
algún tipo de resistencia al accionar policial y la necesidad del uso de la
fuerza.
En la tarde de ayer, de algún modo que los fiscales
desconocemos, trascendió la información, tomó estado público, y esto determinó
que los propios fiscales hayamos decidido dejar sin efecto la medida, es decir,
no cumplir con la autorización judicial, dentro de las facultades que
disponemos los fiscales.
Consultado por la
prensa descartó que la intención fuera un desalojo. No estamos en
condiciones de pedir un desalojo. La necesidad de la investigación es proceder
a la identificación de las personas. No podemos seguir con este proceso si no
sabemos quiénes son las personas que están en el lugar, quiénes son las
personas que componen este grupo, que se autodenomina RAM, lof en resistencia,
comunidades de Cushamen, etc., pero que en definitiva no hay personas que hayan
asumido la representación, más allá de las personas que están identificadas.
Respecto de las personas que están identificadas, una sola
concurrió a una audiencia, que es el señor Martiniano Jones Huala, respecto de
quién el proceso está transitando sin inconvenientes. De las otras personas
identificadas, tres se hicieron presentes en esa audiencia, no obstante el
pedido de la Fiscalía, y el manifestado oralmente por el juez, negaron su
propia identidad y hoy rige una orden de captura y detención, que podrán evitar
en la medida en que se presenten voluntariamente y se ajusten a derecho, como
cualquier otro ciudadano sin distinción.
El hecho de que tomara estado público, y conociendo la forma
de organizarse del grupo que está llevando a cabo estas acciones, y además ya
con información que empezó a trascender en las redes sociales, era esperado que
hoy, al horario en que estaba programado el procedimiento, tuviéramos un número
muy importante de personas, podíamos inferir que con mucha presencia de menores
y mujeres, lo cual iba a dificultar seriamente el procedimiento y además
elevaría el riesgo que procuramos evitar, en términos exponenciales. Riesgo que
los fiscales de Esquel no estamos dispuestos a asumir. Lo que menos queremos es
que haya consecuencias disvaliosas para la seguridad y la integridad de las
personas. El uso de la fuerza solo se justifica en la medida de lo
estrictamente necesario. De haberse realizado el procedimiento en el modo en
que estaba planificado, en un modo sorpresivo, a primera hora de la mañana, sin
mucha presencia en el lugar, quizás el uso de la fuerza hubiera sido mínimo,
que era lo que esperábamos todos.
Rivarola recordó que
los fiscales de Esquel fueron cuestionados en otras oportunidades, por no
actuar en casos de usurpación, cuando han sido invasiones realizadas
pacíficamente por integrantes de comunidades mapuche, y hemos sido cuestionados
incluso públicamente y hasta en el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es
que este caso es totalmente distinto, acá está acreditado el uso de la
violencia, hay clandestinidad por parte de las personas desde el momento en que
actúan encapuchados. Esto es algo que el orden jurídico no tolera para ningún
ciudadano. Nosotros no podemos discriminar.
En el predio Santa Rosa Leleque hay una ocupación en la que
intervine yo personalmente, donde yo mismo desestimé las actuaciones como
usurpación y he sido cuestionado en aquel momento por esto. Por eso digo que
este caso es totalmente distinto. A nosotros nos ha preocupado y de hecho somos
tres fiscales los que estamos a cargo del caso y hemos tratado de agotar todos
los recursos para evitar el uso de la fuerza. Llegamos a un punto en el que si
no identificamos a las personas no podemos avanzar.
En el habeas corpus presentado, del que tomamos conocimiento
en la mañana de hoy, los firmantes dicen que se trata de un grupo de personas
no individualizadas pero identificables. Esto es precisamente lo que queremos,
que las personas se identifiquen como cualquier ciudadano y ejerzan sus
derechos, en el lugar donde hay que ejercerlo, que es ante el juez. El juez es
el que va a decir si los fiscales estamos o no equivocados con nuestras
imputaciones.
