Robo a Panificadora Esquel

EL LUNES 17 SE CONOCERÁ EL MONTO DE LA PENA

El viernes pasado se debatió la pena a imponer a los cuatro imputados por el robo ocurrido el 5 de febrero de 2012 en Panificadora Esquel. La Fiscalía solicitó que se condene a 10 años de prisión a los coautores y a 7 años a la partícipe. El tribunal se retiró a deliberar. El lunes 17 a las 9 hs. leerá la sentencia, en ese momento se volverá a discutir la necesidad de mantener o no las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme.

La responsabilidad de los imputados ya había sido establecida por el tribunal integrado por los jueces Nelly García, Carina Estefanía y Alejandro Rosales. La discusión estuvo centrada ahora en definir en que monto de la escala penal disponible se fijará la pena para cada uno de ellos. En este sentido fiscal y defensores hicieron su lectura de la situación cada particular, uno haciendo describiendo con más detalle los agravantes y los otros procurando resaltar los atenuantes.

La naturaleza del delito, sus características violentas, la afectación física y psíquica producida en la víctima, el monto sustraído, la organización previa, el número de partícipes, las condiciones personales de los imputados, su nivel de instrucción, la existencia de condenas previas en algunos y en otros no, el estado de indefensión de la víctima, fueron aspectos puestos en la balanza de la escala penal. Cada uno dio su lectura, el fiscal Martín Zacchino procuró que se sopese el monto de violencia desplegado y el grado de sus consecuencias. Los defensores plantearon que estas características ya se encuentran incluidas en los tipos penales desde su monto mínimo. Hablaron incluso de los efectos que la prisión preventiva habría producido en alguno de los imputados, como un alerta aleccionador, y concluyeron en que debe imponerse el mínimo de la escala en todos los casos. Por su parte el fiscal pidió la fijación de pena en 10 años de prisión para Roberto Alegre, Jonathan Llanquetrú y Raúl A. Payalef, y 7 años de prisión para Silvana del Carme Rodríguez.

Resolución de la Procuración General

MIENTRAS SE RESUELVE, LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR

El Procurador General, Jorge L. Miquelarena, emitió una resolución vinculada al expediente en que el intendente de Cholila, Miguel Castro solicitó el apartamiento de los fiscales de Esquel de una investigación vinculada a tierras fiscales. El Procurador dispuso la investigación de las acusaciones con carácter penal por un fiscal y supeditó el tratamiento de la recusación hasta que se resuelva esa cuestión. Mientras tanto para evitar que la investigación se detenga, dispuso que provisoriamente sea continuada por el fiscal de El Hoyo.

En los extensos considerandos Miquelarena ordena los planteos presentados por Castro y establece el orden en que deben ser tratados siguiendo los procedimientos establecidos para casos como este. Respecto del trámite de los legajos a los que se refiere la presentación señaló “que del escaso conocimiento que puedo tener sobre los aspectos del Legajo N° 21.868/12, a partir del relato del recusante y las copias simples que adjunta a su presentación, colijo que se encuentra en la etapa de la averiguación preliminar a que refiere el art. 268 del rito penal. Dicha instancia procesal se caracteriza por las amplias facultades del Fiscal para dilucidar los hechos y analizar la seriedad de la denuncia, identificar a los posibles involucrados y adoptar una decisión en los términos del art. 269 del mismo código”. Agrega además que en casos que se presentan complejos como parecería ser este, “formase la convicción acerca de cuál es el camino a seguir puede implicar que los tiempos procesales se extiendan, lo que al parecer ocurre en el concreto”.

La continuidad de la investigación

“No está de más mencionar que no habrán de tolerarse maniobras que tiendan a obstruir dichas tareas o a apartar a un Fiscal de una investigación, sin perjuicio de lo cual los planteos que se han formalizado deben seguir el curso que los procedimientos indican, con el debido respeto y resguardando las garantías de los ciudadanos”, explicitó el Procurador previo a entrar al detalle de las decisiones que adoptaría.

Para mantener el equilibrio en el caso concreto, separó los hechos denunciados por Castro como constitutivos de conductas sancionadas penalmente y dispuso su envío a un fiscal para investigar si se produjeron y en tal caso si responden a tipos penales. Por proximidad geográfica se decidió que tal investigación la siga el fiscal Oscar Oro.

Mientras se lleva a cabo este trámite “a efectos de no demorar ni obstruir el avance de las averiguaciones que se cursan en el Legajo N° 21.868/12, corresponde su reasignación provisoria al Dr. Oscar Oro, como Fiscal General responsable del mismo, ello hasta tanto se resuelvan en definitiva las recusaciones formuladas por el denunciado, Sr. Héctor Miguel Castro.”

Cuando se tome una definición sobre las denuncias con relevancia penal, el Procurador convocará a la audiencia para dar tratamiento al planteo de recusación. Recién entonces se sabrá si será el fiscal Fernando Rivarola quien continúe la investigación en estos legajos o si por el contrario deberán ser continuados por otro funcionario del Ministerio Público Fiscal.

El deber de un fiscal es investigar

Este viernes los fiscales Martín Zacchino, Fernando Rivarola, María Bottini, Fernanda Révori y Hernán Dal Verme recibieron a la prensa. En la oportunidad Zacchino y Rivarola brindaron explicaciones a la comunidad respecto de acusaciones realizadas públicamente en su contra por el intendente de Cholila, Miguel Castro.

El Fiscal Jefe indicó que es necesario llevar luz y algunas aclaraciones a la opinión pública en lo que respecta a las noticias que están circulando desde hace un par de días y que se relacionan a una recusación y un cuestionamiento realizado por el intendente de la localidad de Cholila.

Rivarola detalló que se trata de “una investigación que se inicia por la denuncia de cuatro concejales de la localidad de Cholila. Concejales elegidos por el voto popular y que, como lo establece la Constitución, representan a la población de Cholila y los intereses de la población de esa localidad. Ellos denuncian una serie de actos, tanto del departamento ejecutivo como de las composiciones anteriores del HCD, que ellos reputaron como constitutivos de ilícito. En el contexto de esa denuncia Castro es uno de los primeros que se presentó espontáneamente, fue escuchado y se recibió de él documentación de respaldo. También presentó documentación quién fue intendente interino por un período de tiempo y otro ciudadano que estaba dentro de una de las contrataciones por permuta de tierras públicas”.

Agregando que “tal es así que en la mayor parte del texto de la denuncia le hemos dado la razón al Sr. Castro, al Sr. Galindo y al ciudadano, y hemos aclarado que de todo lo que decía la denuncia quedaba solamente dos puntos donde la Fiscalía debía profundizar la investigación. Se trata de dos permutas de tierras públicas, respecto de una, que tenía que ver con la nueva traza de la Ruta 71, existía una autorización legislativa del HCD que habilitaba al intendente a permutar las tierras que afectaría esta nueva traza por otras del dominio público. Y no hay ningún cuestionamiento de validez, y así lo he dicho en mi primer resolución respecto de esa resolución”, detalló Rivarola. Esa disposición legislativa municipal indicaba que esto se debía realizar respetando las mismas proporciones y calidades “y es ahí donde dije que había que profundizar la investigación y lo vine haciendo todo este tiempo”.

La otra permuta es independiente de la Ruta 71 tiene características similares pero no contaba con un acto legislativo previo, “allí puede haber algún incumplimiento de la normativa provincial que rige todo lo que tenga que ver con tierras públicas”, expuso.

Sin apertura

Rivarola indicó que pese a que la denuncia es de agosto del año pasado aun no dispuso la apertura de la investigación “y si no he dispuesto la apertura de la investigación es porque no tengo elementos para disponerla, es decir porque no tengo yo el convencimiento personal de que estoy con materia ilícita. Simplemente estoy profundizando una investigación con la celeridad que a esta denuncia se le debe dar”.

Los recursos del Estado

El fiscal comentó también que esta no es la única denuncia en torno a tierras públicas. Son muchas las denuncias de este tipo que llegan a la agencia de investigación de delitos complejos en la que se desempeña y, llevan desde varios municipios de la zona por el manejo reputado irregular de tierras públicas.  

“La Constitución Nacional y las funciones propias del Ministerio Público, son muy sensibles en cuanto se trata de los recursos propios del Estado. Hay un sin número de figuras penales de funcionarios públicos ante el manejo de los caudales públicos. No es capricho nuestro que estas figuras penales existan y mucho menos que ante una denuncia debamos investigar en profundidad hasta lograr el convencimiento personal de si existe o no una actividad ilícita”, señaló Rivarola.

“De modo que todas las manifestaciones públicas que ha hecho el señor Intendente respecto de la animosidad de este fiscal, al manejo irregular e incluso cuestionando la propia normativa procesal que fue votada por la legislatura provincial y que es modelo a nivel nacional, es a mi persona totalmente agraviante a mi moral, a mi concepto, a mi honor y trasciende a mi persona, afecta a mi función pública y afecta incluso a mi familia”.

Mecanismos legales

Para finalizar el fiscal agregó que todo pedido de recusación o presentación ante el Consejo de la Magistratura son mecanismos legales que cualquier litigante puede utilizar, no nos sorprende que una persona sindicada como autor de un hecho nos recuse, hay un mecanismo legal previsto para ello, cuando ese mecanismo nos dé los traslados contestaremos lo que tengamos que contestar. También debo decir que no entiendo en modo alguno cómo se lo vincula al Dr. Zacchino en esta recusación cuando el único fiscal que interviene en este caso soy yo.”

Por su parte Martín Zacchino explicó que durante el tiempo que dure el trámite de la recusación la investigación las actuaciones serán llevadas por el Dr. Oscar Oro, para definirse luego si se hace lugar o no a la recusación, y en consecuencia quién deberá seguir el trámite.

A su respecto, el fiscal jefe dijo que no puede ser recusado porque nunca llevó a cabo esa investigación y no tiene puntual conocimiento de ella. Consultado por los periodistas sobre si el pedido de recusación en su caso estaría vinculado a su actuación en el caso Gerez, Zacchino sostuvo que ese caso refiere a tierras provinciales y nada tiene que ver el municipio de Cholila. “No hay elemento objetivo ninguno para sostener que Castro que no fue imputado, no es parte, no es testigo, no es nada en la causa denominada Gerez, pueda sentirse perseguido”, indicó. También sostuvo que no debe confundirse los dichos de las otras partes en ese trámite con los dichos del fiscal.

Un policía al banquillo

¿Falta administrativa o delito penal?

En los tribunales de Esquel se ventiló por estos días un caso que pareciera carecer de interés público. No se debatieron durante el juicio cuestiones ligadas a la vida o a la muerte, a enfrentamientos armados, a violentos arrebatos ni a ninguna de las pasiones humanas que suelen llamar la atención del espectador en los segmentos informativos comúnmente identificados como policiales. Un caso que por esta razón podría pensarse que para la única persona que sin lugar a duda será algo más que anecdótico es para el acusado.

El imputado es un policía de alto rango, apreciado por su entorno y con buena relación en las comunidades en las que se ha desempeñado. Su foja de servicio da cuenta de buenas calificaciones, más allá de sanciones registradas por cuestiones aparentemente de menor importancia. El hecho llevado a juicio llegó a conocimiento de la fiscalía cuando la jefatura de policía remitió a esta institución la denuncia presentada por otro uniformado en relación a presuntas irregularidades en el cobro de adicionales por el personal enviado a trabajar en seguridad de la Fiesta de la Cordillera 2010, realizada en la comuna rural Atilio Viglione, ex Aldea Las Pampas.

La Fiscalía pidió declaración de responsabilidad por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. La Defensa sostuvo que lo único que puede achacarse es una falta administrativa por desprolijidades que impiden realizar un debido control de los recursos humanos y materiales dispuestos para realizar los adicionales de esa fiesta y del modo en que el dinero cobrado a los organizadores fue aplicado al pago de esos recursos.

Para el fiscal existió, entre otras irregularidades, un subregistro, manejo discrecional del personal sin respetar la legislación específica, pagos de adicionales realizados en blanco y otros en negro, y un remanente de más de tres mil pesos que habría quedado en poder del imputado. También sostiene el acusador que esta falta de blanqueo impidió que la policía perciba el porcentaje correspondiente, para el caso algo menos de $500.

¿Y la víctima?

El punto a resolver en principio parecería ser si se trata de una importante desprolijidad administrativa como sostiene la defensa, o por el contrario si esa desprolijidad evidencia la comisión de un delito, tal la tesis fiscal. Uno de los datos llamativos de este debate es que pareciera no haber víctimas. Es decir, no hay personas clamando por la restitución de su derecho vulnerado. Nadie físicamente presente pide la condena del imputado o la restitución del dinero presuntamente cobrado de más. Quién es la víctima en este proceso? El Estado: la comuna rural aportó parte del dinero y la comisión organizadora de la Fiesta el resto de lo presupuestado. La policía de la provincia también se vería afectada por haber dejado de percibir algo más de cuatrocientos pesos. Sin embargo en la sala estaban todas las sillas vacías. Solo participaron del debate el juez, el fiscal, el defensor y, claro está, el imputado, además de los testigos durante el tiempo justo y necesario de la duración de sus respectivos testimonios.

Si el caso suscitó tan poco interés ¿tiene lógica que llegue a juicio?

Todos los policías que cobraron en aquella oportunidad por su trabajo con adicionales se mostraron conformes y hasta sorprendidos de que el caso llegara a debate en la justicia. El defensor resaltó que la propia presidente de la comuna no parecía tener un interés especial en estos hechos, ni tampoco la jefatura de policía que solo había sancionado al imputado por haber realizado adicionales siendo que esto le está vedado por su rango debido al modo en que debe "posicionarse frente a sus subordinados", pero no por tratarse de un delito.

El acusador piensa que el imputado abusó de sus funciones y de la confianza que, en su carácter de máxima autoridad policial en la zona, despertaba en la comuna.

La respuesta a la pregunta del subtítulo probablemente se encuentre en la raíz filosófica de la burocracia. Racionalidad, legalidad, control, rendición de cuentas, procedimientos previamente estipulados… son todas características de la burocracia en tanto sistema de organización de los Estados modernos, de los estados democráticos. Sin procedimientos preestablecidos y su pertinente cumplimiento no podría haber control, sin control reinaría la discrecionalidad. Este muy elemental análisis evidencia la importancia que para la democracia tiene el prolijo y estricto cumplimiento de los procesos burocráticos legalmente establecidos.

Si se comete una falta administrativa y no se cumple con los registros burocráticos exigibles dando lugar a diferencias económicas entre lo pagado y lo rendido como en este caso ¿es indudable que se está ante un delito? O por el contrario, si no surge de registros prolijamente realizados, indubitables, la existencia de tales diferencias ¿no puede probarse si el delito existió?

Seguramente no serán estas últimas probanzas las únicas que ponga sobre su escritorio el juez a la hora de decidir su veredicto, sin embargo será interesante conocer cómo juega este elemento en la balanza de la justicia.

Vejaciones

COMENZÓ EL JUICIO

Dos hechos ocurridos en octubre de 2011 que tienen por imputados a varios policías, llegaron a juicio. La Fiscalía y la Querella acusan a los uniformados de haber cometidos vejaciones agravadas por violencia física y amenazas. La Defensa sostiene que la acusación no pormenoriza las conductas de cada uno de los imputados y de ese modo no pueden defenderse adecuadamente.

En su alegato de apertura, el fiscal Fernando Rivarola, sostuvo que el caso debe interpretarse a la luz del Artículo 48 de la Constitución Provincial: “Los funcionarios de cualquier rango que sean autores, partícipes o encubridores de desaparición forzada de personas, tratos crueles, degradantes o de alguna forma inhumanos y los que los toleren o consientan, son exonerados del servicio al que pertenecen e inhabilitados de por vida para acceder a la función pública, sin perjuicio de las penas que les corresponden. La obediencia debida en ningún caso excusa de esta responsabilidad.

Los jueces son responsables de velar por el cumplimiento de este precepto hasta la extinción de la pena bajo causal de destitución.”

Por su parte Omar López a cargo de la Querella oralizó los hechos y sostuvo que nuestro país tiene una triste historia en este tipo de hechos “cometidos por funcionarios destinados por la sociedad a protegerlos, no a violentarlos”. También afirmó que se busca la naturalización de la violencia policial como forma de control social, y la sociedad debe reaccionar contra ello.

El defensor, Marcos Ponce, anticipó que con las imprecisiones en torno a la conducta desplegada por cada uno de los imputados, no puede arribarse a una condena y el juez deberá resolver la absolución.

Los hechos

El 3 de octubre de 2011, con posterioridad a las 6:00 hs, en circunstancias en que una comisión policial al mando de Ismael Cerda, secundado por Mario Pérez, interceptaron a dos jóvenes en el empalme de la Avda. Holdich y el Pasaje Isaías Vera. Los jóvenes estaban en presunto estado de ebriedad y portaban elementos probablemente robados. Los demoraron y los trasladaron hasta la Comisaría 2da. Al llegar a la seccional policial, los ingresan por el sector del patio y desde allí al pasillo que conduce a los calabozos. Les hicieron sacarse parte de la vestimenta y más tarde, aproximadamente las 7:30 horas, fueron trasladados al HZE para el examen médico corporal. Cuando regresaron volvieron a alojarlos en el mismo calabozo, en esa oportunidad los efectivos policiales presentes, aproximadamente 5, sometieron a uno de los jóvenes a una golpiza con sus manos y cachiporras en distintas partes del cuerpo y procedieron luego a mojar a ambos detenidos con agua y lavandina arrojada con la utilización de un balde. Los policías entraban y salían del calabozo, en el que permanecían apoyados contra la pared y mirando hacia abajo y les aplicaban distintos golpes en sus cuerpos, con cachiporras, manos y pies, se burlaban de ambos detenidos diciéndoles que los pasarían a otra celda para que los otros presos los violaran y cosas similares. Posteriormente les hicieron quitarse toda la ropa, se burlaron de ellos y les tomaron fotografías. Por último antes de retirarse de la comisaría, los amenazaron, indicándoles que no dijeran nada, que ya los conocían y que la próxima vez sería peor.

De estos hechos habrían participado Raúl Armando Huera, Andrés Martín Ramírez, Carlos Damián Albiar, Agente Fabián Castro, Sergio Hernán Reyes, Ismael Cerda y otros efectivos policiales no identificados.

El segundo hecho data del 10 de octubre de 2011, después de la 1:45 hs, cuando una comisión policial del Comando Radioeléctrico, interceptó a un grupo de jóvenes que transitaban por la Avenida Ameghino en dirección a la calle A.P.Justo, procediendo al palpado de armas. Uno de los jóvenes demorados portaba oculta entre su ropa un arma cal. 22. Los hicieron tirarse al piso, los esposaron y secuestraron el arma, previo a solicitar apoyo para trasladarlos hasta la comisaría 2da.

Se hizo presente una comisión policial de la comisaría 2da en una camioneta Ford Ranger doble cabina y una camioneta Renault Kangoo, conducidas por Ramírez Andrés Martín y  Apes Luis, secundados por los agentes Moliné Leandro Alexis y Huera Raúl Armando, quienes conforme lo dispuesto por el oficial de Servicio de la Seccional 2da. Procedieron al traslado del adulto sorprendido en flagrancia y de los cinco menores que lo acompañaban a la seccional. Según la acusación, durante el traslado “todos los detenidos fueron sometidos a severidades innecesarias e inhumanas, tales como impedir que vean por donde son conducidos, golpes y manifestaciones humillantes”. En la seccional fueron ingresados por el sector del patio y desde allí al pasillo que conduce a los calabozos, donde los esperaban 5 o 6 policías uniformados, encapuchados algunos o con sus rostros semicubiertos con distintas prendas de vestir. Estos recibieron a los aprehendidos con golpes de puño, patadas, bastonazos, para luego ingresarlos al sector de calabozos, en tanto que otros quedaron en el pasillo anterior. En ese lugar los sometieron a una serie de insultos humillantes, relativos a su sexualidad, a la posibilidad de entregarlos para que sean violados por otros detenidos, como así también a distintas burlas relativas a su edad, a la higiene personal y en relación a la enfermedad que padecía uno de ellos. Los obligaron a quitarse la ropa y uno de los oficiales los roció con desodorante de ambiente. Siguieron los golpes mientras permanecían esposados, de frente hacia la pared o de rodillas.  Esos tratos vejatorios y humillantes continuaron durante el traslado de algunos de los detenidos hasta el HZE para su revisión médica y mientras eran golpeados les proferían distintas manifestaciones amenazantes para que no contaran lo sucedido ni al personal médico que los atendiera ni a sus progenitores cuando los vinieran a buscar.

De estos hechos habrían participado Raúl Armando Huera, Leandro Alexis Moliné, Andrés Martín Ramírez, Carlos Damián Albiar, Sergio Hernán Reyes e Ismael Cerda.

Posteriormente, el Ismael Cerda, quien según los acusadores presenció y participado en parte los hechos descriptos, procedió a hacer entrega de los menores a sus progenitores entre las 03:25 y 03:45 horas.

Homicidio

Este domingo a la madrugada se produjo el enfrentamiento de dos grupos de adolescentes en el Barrio Cañadón de Bórquez. Todo se habría iniciado con una provocación, respondida algo más tarde. Los protagonistas son dos pares de hermanos de familias vecinas. Luego de un primer conflicto suscitado entre la 1 y las 2 de la madrugada, el damnificado en esa situación habría avisado a sus amigos que se enfrentaría a golpes con el agresor. Algo más tarde se produjo una pelea mano a mano entre ambos, mientras esto ocurría, el hermano, de 14 años, habría buscado un cuchillo y apuñalado con él al rival. El joven, de 18 años, perdió la vida poco después en el Hospital. En paralelo, el hermano de la víctima con un arma de fuego habría disparado en una pierna al otro de los protagonistas de la reyerta.

Todo el grupo de menores que se encontraba en la escena al llegar la policía fue llevado a la Comisaría. Allí se hizo presente la representante de la Fiscalía y la Asesoría de menores, para entrevistar a los jóvenes y encauzar la investigación en paralelo a la actividad de la policía científica. Por su parte el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito se dirigió al hospital para contener a víctimas y familiares.

Un dato llamativo fue que los padres de algunos de los adolescentes llevados a la dependencia policial, recién pudieron ser ubicados cerca de las 7 de la mañana.

El presunto autor del crimen fue puesto a disposición del Juzgado de Familia de turno, desde donde se dispuso su alojamiento en una institución acorde a su edad.

Robos calificados

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA EL IMPUTADO

El 30 de marzo y el 15 de abril de este año ocurrieron dos robos similares en Esquel. En ambos un sujeto se metió en las viviendas cuando sus moradores estaban adentro, los sorprendió, los intimidó con un cuchillo y se hizo de elementos de valor. La investigación se dirigió a un posible autor, el que fue recientemente identificado en ruedas de reconocimiento. El fiscal valoró los elementos en su contra y los riesgos procesales y pidió el arresto domiciliario por un mes, plazo en el que espera finalizar la investigación.

Fernando Rivarola expuso el caso y los elementos que reunió hasta el momento que sindican al imputado como probable autor de dos robos ocurridos recientemente en Esquel. El representante del Ministerio Público Fiscal reconoció por su deber de objetividad que si bien existen importantes elementos incriminantes, la lectura de las evidencias no es unívoca, por lo que se ve obligado a resguardar el proceso sin perder de vista que aun resta obtener más elementos para llegar a la convicción de autoría. Teniendo en cuenta esta situación es que solicitó una medida alternativa a la prisión preventiva, el arresto en el domicilio en el que el imputado vive junto a su pareja. La medida de coerción se fundamentó en el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal evidenciado en el análisis del caso concreto.

La defensa no presentó objeciones y el juez, Ricardo Rolón dispuso la medida en los términos solicitados por el fiscal.

Los hechos

El 30 de marzo de 2013, siendo aproximadamente las 11:30 horas, un sujeto ingresó a una vivienda ubicada en la intersección de Alberdi y Chacabuco, sorprendiendo a su moradora, una mujer de avanzada edad. La amedrentó con un cuchillo pequeño y se llevó un control remoto, una alianza de oro de mujer, una alianza de oro de hombre, una alianza de plata, una plancha, un órgano, un llavero, y un teléfono celular marca Samsung,

El 15 de abril, aproximadamente las 1:00 de la madrugada, aparentemente el mismo sujeto entró a otra casa, ubicada en Rivadavia al 1100, aparentemente por el ventiluz del baño. Tomó por sorpresa al dueño de casa mientras este dormía, lo redujo con violencia e intimidándolo también con un cuchillo, lo ató de pies y manos con cinta tipo americana y luego le exigió dinero en efectivo. Finalmente se dio a la fuga con el dinero robado, un reloj, un anillo de oro, una cadena de oro con medalla, una notebook y un manojo de llaves.

Nunca fui

El imputado habló en la audiencia, dijo que está “medio cruzado con la situación que pasa y los hechos” y pidió que “investiguen bien”. También dijo que en otra oportunidad quedó preso por algo que no hizo y ahora le está pasando lo mismo. Agregó que sabe que la fiscalía se guía por lo que le aporta la Brigada de Investigaciones y después hace su trabajo, pero pidió que “se fijen bien y que hagan las cosas bien, nada más”.

Robo en agencia de quiniela

EL CELULAR NO ERA DE LA VÍCTIMA

El miércoles a las 17:30 hs se realizó una audiencia a perdido de la Fiscalía. Fernando Rivarola cumpliendo con su compromiso informó al juez que de las inspecciones sobre elementos secuestrados al último detenido, no surgieron datos que lo vinculen al robo. El fiscal pidió que se le imponga mantener el domicilio, prohibición de salir de la provincia en que reside y del país, y obligación de presentarse una vez por semana en la delegación del MPF en El Hoyo. La defensa estuvo de acuerdo.

El compromiso fue asumido en la audiencia del pasado viernes cuando se dispuso la prisión preventiva por treinta días. Después de inspeccionar los elementos secuestrados, la Fiscalía solicitó esta audiencia “por el deber de objetividad” que obliga al Ministerio Público.

Rivarola informó que de las inspecciones de los elementos secuestrados no surgieron elementos de convicción respecto de la participación del imputado. En lo concreto se estableció que el celular secuestrado no es el mismo que fuera robado a una de las víctimas. Si bien debe seguir ligado al proceso, el grado de convicción de la prueba sobre su participación en el hecho se encuentra debilitada. Esa participación podría resultar secundaria o bien mutar la imputación en su contra a la figura de encubrimiento.

Por este motivo el fiscal solicitó que se le imponga la obligación de mantener el domicilio, que se le prohíba salir del país y de la provincia, además de la obligación de presentarse semanalmente en la delegación del MPF en el Hoyo.

Omar López se manifestó de acuerdo con lo propuesto por la Fiscalía, indicando que ve con alegría este criterio de objetividad que lleva acabo el MPF. El juez Ricardo Rolón resolvió de acuerdo a lo solicitado.

Ejecución Penal

INVESTIGACIÓN, CONDENA Y DESPUÉS…

La semana pasada profesionales de la Procuración del Servicio Penitenciario Federal se reunieron con el juez de Ejecución Penal, Martín O' Connor, la funcionaria de fiscalía de Ejecución, María Elena Cimadevilla. Dos temas fueron centrales: la situación de un detenido inimputable a partir del cierre de la Unidad que funcionaba en el Borda y la necesidad de más cupos en la U14.

El Coordinador de Derechos Humanos y la psicóloga de la Procuración del Servicio Penitenciario Federal, llegaron a Esquel a plantear la situación de una persona oriunda de esta ciudad, internada hace muchos años en la Unidad 20 que funcionaba en el hospital Borda. Se trata de un preso inimputable, que cometió un hecho muy grave y cuya peligrosidad llevó a determinar su internación en aquella unidad penitenciaria. La U20 fomentaba la realización de trabajos por los detenidos, como parte de su tratamiento, lo que les permitía obtener una retribución y mantenerse ocupados de modo productivo y terapéutico. A partir de las nuevas políticas contrarias a la internación de las personas con alteraciones mentales, dicha Unidad se disolvió. Su personal pasó a la cárcel de Ezeiza y con ellos los internos. En Ezeiza las condiciones no son las mismas, no tienen trabajo, ni condiciones apropiadas para su situación.

En el caso concreto que vinieron a plantear, de haber sido imputable y condenado por el delito que cometió, ya habría cumplido toda la pena. Para tomar una decisión se solicitó la realización de una pericia que determine si se mantiene la condición de peligrosidad para sí o para terceros. De ser así, deberá buscarse la manera de internarlo en una institución privada porque ya el Estado no ofrece ese servicio. También deberá determinarse si su situación seguirá siendo competencia penal o deberá pasar a sede civil.

En este contexto Cimadevilla y O' Connor aprovecharon para plantear la necesidad de ampliar cupos en la U14, que permitan alojar allí a los condenados de esta zona. En esta línea recordaron que hay extensas condenas que se están cumpliendo en comisarías.

Banco de El Maitén

AMPUERO SE PRESENTÓ VOLUNTARIAMENTE EN LOS TRIBUNALES DE ESQUEL

A pedido de su defensora se realizó una audiencia este mediodía. Gustavo Ampuero se presentó espontáneamente en los tribunales de Esquel para manifestar su voluntad de someterse a la justicia. Hasta que se realice la audiencia ante la nueva Cámara deberá presentarse una vez por semana en una Comisaría de Bariloche y mantener su domicilio.

La Fiscalía había solicitado su detención y el juez la había autorizado. Esther Cárdenas, defensora particular de César Gustavo Ampuero, pidió la realización de una audiencia para solicitar al juez la eximición de prisión, algo no contemplado por el Código Procesal local. Cuando esto sucedía un policía le preguntó a Fernando Rivarola si Ampuero estaba detenido ya que se encontraba en la antesala.

Constatada su presencia se lo hizo pasar a la audiencia, evidenciando con su presencia la voluntad de ponerse a disposición de la justicia local. Frente a esta situación se debilitaron los elementos que hacían presumir riesgo de fuga. En la audiencia se constató que el imputado mantiene su domicilio en San Carlos de Bariloche y que trabaja conduciendo un taxi. Sin riesgo evidente de fuga se le impuso una presentación semanal en una comisaría de la ciudad rionegrina en que reside y la prohibición de abandonar ese domicilio hasta la celebración de la audiencia en que una nueva conformación de la Cámara Penal decidirá sobre el recurso de la defensa.

Recordemos que el 19 de diciembre de 2008 Ampuero fue condenado a 14 años de prisión por un robo cometido con violencia, con privación ilegal de la libertad, afectando a personas mayores, una embarazada y menores. Luego la defensa presentó un recurso y la cámara lo absolvió, desde entonces cesó su prisión preventiva y goza de libertad. Recientemente el Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia absolutoria y ordenó que la Cámara con una nueva conformación vuelva a tratar el recurso.

Robo en Agencia de Quiniela

PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL NUEVO IMPUTADO

La audiencia se realizó el viernes cerca de las 20 hs. El imputado sería uno de los tres sujetos que viajaban en un remis utilizado para desplazarse desde El Bolsón a Esquel, cometer el robo y regresar a la ciudad en la que residen. A pedido de la Fiscalía se dispuso un mes de prisión preventiva para el detenido. Por estas horas se concretan medidas investigativas para analizar la información obtenida hasta el momento.

El imputado, de 37 años, vivió los últimos años en Mar del Plata y recientemente se estableció en el Bolsón. En la ciudad rionegrina habita en una carpa instalada en un lote que pertenece a una toma de tierras. La información aun no oficial indica que tendría condenas anteriores. Esta información recién podrá estar disponible la semana próxima cuando envíe su informe el Registro Nacional de Reincidencia.

Fernando Rivarola indicó que el imputado fue quien contrató los servicios del remís en El Bolsón. Luego de dar unas vueltas estacionaron en proximidades de la Agencia de Quiniela, bajó del rodado junto al otro joven con el que viajaba, hablaron y luego mientras que el más joven se dirigía armado al local, él volvió a meterse al remís, al lado del conductor. Concretado el robo, el joven se metió al auto y salieron a toda velocidad para regresar a su localidad.

 

Después de exponer los hechos, el fiscal solicitó que se dicte la prisión preventiva para asegurarse que el imputado estará disponible para la continuidad del proceso. Rivarola tuvo en cuenta los elementos que lo vinculan a la comisión del hecho, entre otros la declaración de uno de los imputados realizada luego de las ruedas de reconocimiento producidas el día anterior.

También indicó que en este caso se hay peligro de fuga porque el imputado no tiene lazos firmes en la ciudad en la que reside y, si bien la información no puedo corroborarse aun, tendría antecedentes penales y probablemente estaría aun vinculado a alguna causa en provincia de Buenos Aires. Estos datos recién se podrán corroborar la semana próxima.

Cuando lo aprehendieron se le secuestraron $1500, entre los cuales habría varios billetes falsos. También se le secuestró clorhidrato de cocaína. En relación a ambos secuestros tendrá que responder ante la justicia federal.

Rivarola sostuvo que hay riesgo de entorpecimiento procesal ya que no se encontró el dinero robado ni el arma que se empleó en el robo.

Bruno Deias, defensor público, cuestionó el pedido fiscal insistiendo en que se aplica la prisión preventiva valorando de modo general las situaciones, lo que la torna injusta. En este caso a su criterio no corresponde, ya que no son suficientes los elementos citados por la fiscalía para vincular al imputado con los hechos. Para Deias, de la descripción de la conducta de su representado no surge ningún tipo de participación en el robo.

También señaló el defensor que si hubiera participado en el hecho, al enterarse que detuvieron a los coimputados se hubiera dado a la fuga y no lo hizo. Esto debería tomarse como un indicio a su favor, condideró.

Horacio Hernández participó de la audiencia en calidad de víctima, aunque anticipó que se constituirá en querellante. En su declaración hizo referencia al daño causado por los imputados a las mujeres que aquella mañana atendían en el local. También señaló que en ese lugar había un niño pequeño, su hijo, y que una eventualidad podría haber provocado que el arma que llevaba el autor del robo se disparara y estuviéramos ante una tragedia. El letrado expuso su hipótesis de lo ocurrido y señaló que debe aplicarse prisión preventiva en este caso como se impuso a los coimputados.

Ricardo Rolón dispuso la prisión preventiva por 30 días por considerar que hay elementos de convicción para vincular al imputado con el hecho. Destacó que se trata de un hecho sumamente grave cometido por personas que vinieron desde otra localidad con la finalidad de cometer un robo. También consideró que hay riesgo de fuga por la debilidad del arraigo y que persiste el peligro de entorpecimiento procesal.

Robo en agencia de quiniela

OTRO DETENIDO

A partir de diligencias realizadas ayer en el trámite judicial, el fiscal solicitó la morigeración de la medida de coerción impuesta a uno de los imputados y la detención de otra persona. El nuevo imputado fue aprehendido en El Bolsón con un celular que podría pertenecer a una de las víctimas.

Se espera que este viernes se realice una audiencia para traer a los tribunales locales al nuevo imputado en la investigación por el robo a la agencia de quiniela ocurrido el jueves 16 de mayo. Ayer se realizaron ruedas de reconocimiento, entre otras medidas investigativas. A la luz de los resultados, Fernando Rivarola pidió la modificación de la prisión preventiva que cumplía uno de los imputados y su sustitución por presentaciones periódicas en una institución pública. En tanto que continua la prisión preventiva del coimputado y se dispuso la detención del tercer sujeto que habría estado en el vehículo usado para concretar el robo a la agencia.

La orden de detención se cumplió en la ciudad de El Bolsón, se realizó una requisa personal y allanamiento al domicilio del imputado. Como resultado del procedimiento se le secuestró un teléfono celular compatible con el que se denunció como robado en el local y droga.

Se está a la espera del traslado del detenido para fijar la audiencia en la que se le comunicará la imputación en su contra y se discutirá la aplicación de medidas de coerción.

Banco de El Maitén

LA PARTICIPACIÓN DE AMPUERO VOLVERÁ A ANALIZARSE

Mientras el resto de la banda que perpetró el resonado robo de dinero del Banco de la provincia en El Maitén, está en el tramo final de la pena que le fue impuesta, César Gustavo Ampuero deberá insistir ante una nueva conformación de la Cámara Penal con sus argumentos para ser absuelto. El Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Penal que lo absolviera luego de la condena que había recibido en primera instancia.

El fiscal Fernando Rivarola informó a la prensa que el 10 de mayo la Sala Penal del STJ revocó la sentencia de Cámara haciendo lugar al recurso presentado por la fiscalía. Aquella sentencia había revocado el fallo de primera instancia y dispuesto la inmediata libertad de Ampuero. La nueva  decisión retrotrae el proceso a su etapa anterior, vuelve a cobrar valor el fallo de primera instancia y debe reanudarse el proceso desde esa etapa conformándose una nueva Cámara y fijando nueva audiencia para tratar el recurso ordinario del imputado.

Ampuero se había evadido de la justicia en dos oportunidades, al comienzo de la investigación permaneció prófugo un largo tiempo, luego fue capturado en Chile, más tarde se fugó de las autoridades chilenas y fue recapturado en un hecho violento en Argentina. A partir de allí siempre estuvo con prisión preventiva por riesgo de fuga hasta que recuperó la libertad con la decisión de la Cámara en 2010. Desde entonces estuvo en libertad, ahora se intentará localizarlo para la continuidad del proceso.

El 19 de diciembre de 2008 Ampuero fue condenado a 14 años de prisión por un robo cometido con violencia, con privación ilegal de la libertad, con personas mayores y menores, "uno de los hechos con más violencia que hemos tenido en la circunscripción", sostuvo Rivarola.

Indicó además, que la decisión del Superior Tribunal se basó en que hubo arbitrariedad de la Cámara que invadió jurisdicción del Tribunal de juicio, la Cámara no puede valorar la prueba como si fuera un primer tribunal porque no lo es.