Condena por robo a turista brasileña

Es la segunda condena por robo en lo que va del año. La primera fue por el robo a un local comercial ocurrido el 23 de noviembre de 2014, el imputado, David Joel Garnica fue encontrado autor responsable y la pena impuesta por el Tribunal se conocerá el próximo jueves 3. La condena alcanzada este lunes en un juicio abreviado, se relaciona con el robo a una turista oriunda de Brasil. Maximiliano Alexis Villegas fue condenado a la pena de tres años de prisión, se le revocó una condena de ejecución condicional y se unificaron ambas en la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento.

El 17 de mayo de 2015, aproximadamente a las 14 hs., una turista extranjera caminaba en inmediaciones de la laguna La Zeta. Villegas y un menor de edad, la rodearon y la intimidaron  exigiendo que le entregue la cámara fotográfica y la mochila. Adentro de la mochila había documentación personal, la funda de la cámara, remedios, un celular y una linterna. Luego de apropiarse de estos objetos, le indicaron por donde seguir su camino.

La inmediata investigación permitió recuperar la cámara y otros objetos e identificar a los autores.

A la audiencia de este lunes fueron convocados ambos. El menor no asistió y se ordenó su compulsa. Villegas reconoció haber cometido el hecho y aceptó la pena de tres años de prisión.

El imputado tiene una condena anterior a una pena de ejecución condicional, que data de octubre de 2013. Como volvió a delinquir deberá cumplir ambas condenas en prisión. En el marco del juicio abreviado se acordó también la pena única de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más el pago de las costas del proceso.

Condena por robo con arma

El día martes 23 de febrero finalizó el Juicio Oral y Público, en el que por pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal integrado por los jueces, Hernán Dal Verme, José Oscar Colabelli, y Martin Zacchino, declaró a David Joel Garnica (35), autor penalmente responsable, del delito de robo con arma.  El próximo 3 de marzo, los magistrados dictarán la sentencia condenatoria, fijando la pena que deberá cumplir. La Fiscalía, realizó un pedido de pena de 7 años de prisión. Asimismo, la parte acusadora, confirmo que el acusado, ya registraba antecedentes condenatorios.

Conforme la pieza acusatoria  debatida en los tribunales de Esquel, se trató del hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2014, alrededor de las 22:15, en el local comercial "Fiambrería Coco", ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Urquiza.

En esa oportunidad, Garnica, ingreso empuñando un arma de fuego (la que no se pudo determinar que resultara apta para el disparo) y se acercó a la encargada del local, blandiendo el arma.

En ese contexto, el imputado le dijo "..tírate al suelo hija de puta y dame toda la plata". Luego forcejeó con la victima llevándola hasta la caja registradora.

En ese lugar, sin soltar el arma, empujó y golpeó a la mujer, en reiteradas oportunidades. Finalmente, la víctima le entregó el dinero existente en la caja. El acusado se fue del comercio, llevándose una suma superior a los 900 pesos.

Durante la audiencia de debate, la Fiscalía presento numerosos medios de prueba (documentales y testimoniales).

Para acreditar la participación de David Joel Garnica en el hecho descripto, resultó esclarecedor el registro fílmico de las cámaras de seguridad del local comercial que captaron la acción del acusado.

Asimismo, las pericias efectuadas por los profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM), de la Procuración, resultaron medios probatorios de convicción.

Así las cosas, la Fiscalía fundamentó ante el tribunal colegiado, un pedido de aplicación de pena de siete años de prisión.

Fuente http://www.mpfchubut.gov.ar/index.php/esquel/9095-juicio-por-robo-con-arma 

Se logró un acuerdo conciliatorio en un caso de defraudación

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a la década del 1990, sin embargo recién se tomó conocimiento de alguna irregularidad en 2013. A partir de ese momento la Fiscalía inició una investigación que determinó varios hechos de defraudación vinculados a la ejecución de un poder general después de la muerte de la titular de los derechos y a espaldas de sus herederos. Por esos hechos fueron imputados el mandatario como autor, su hijo y un escribano como partícipes secundarios. Finalmente las partes pudieron alcanzar un acuerdo, los imputados repararán integralmente a las damnificadas y cubrirán los gastos de la querella. Contando con la conformidad de las víctimas y por tratarse de un delito netamente patrimonial en una relación entre privados, la Fiscalía prestó su acuerdo para que cumplido el mismo, sean sobreseídos los imputados tal como prevé el Código Procesal Penal.

Dos de las damnificadas viven en el exterior, una en Uruguay y la otra en Estados Unidos. Su consentimiento fue manifestado por los abogados particulares que las representan como querellantes en este caso y acreditado con escritura pública y constancias electrónicas. La tercera víctima será escuchada en una audiencia prevista para el jueves a las 8 hs., aunque su consentimiento fue anticipado por su abogado particular, el juez solicitó que se fije una nueva audiencia para que ella concurra y sea escuchada.

El acuerdo alcanzado implica la sesión de 17 hectáreas con costa de Río Grande a las dos primeras damnificadas, mas una suma de dinero en efectivo, y una hectárea de similares características para los letrados patrocinantes de estas. La tercera de las damnificadas recuperará el lote por el que fuera defraudada, escriturado a su nombre sin costo alguno.

La maniobra defraudatoria achacada en la acusación pública consistió en la utilización de un poder general otorgado por una mujer para la administración de sus bienes, luego de que esta falleciera el 23 de agosto de 1993, a espaldas de sus legítimos herederos. El mandatario “continuó realizando actos de disposición de los bienes inmuebles de propiedad de su mandante, sin realizar las correspondientes rendiciones de cuentas y sin que sus legítimas ni ningún otro interesado hubieran iniciado el correspondiente trámite sucesorio”, indica la acusación pública.

El Fiscal verificó “una importante cantidad de operaciones inmobiliarias con bienes inmuebles de propiedad de la causante, tales como subdivisiones o fraccionamientos, venta de los lotes resultantes, compraventas con los Municipios de Esquel y Trevelin, permutas por otros inmuebles y ventas posteriores de los recibidos y también regularizaciones notariales de operaciones inmobiliarias realizadas en vida de la titular registral”. A partir de esto el mandatario habría obtenido un beneficio económico ilegal, defraudando a los compradores de buena fe. 

Los Fiscales se reunieron con Williams

El lunes por la tarde se llevó a cabo una promisoria reunión entre los Fiscales de Esquel y el Ministro de Gobierno de la Provincia, Rafael Williams. Se analizaron varios temas comunes vinculados a la policía provincial, el trabajo conjunto, estrategias de seguridad y lugares de detención entre otros. El encuentro dejó una agenda de temas a seguir y el compromiso de mantener el diálogo y el trabajo mancomunado.

El Ministro fue recibido en instalaciones del Ministerio Público Fiscal por la Fiscal Jefe, María Bottini y los Fiscales Fernanda Révori, Fernando Rivarola y Marcelo Cretton. Es el primer encuentro formal que se produce con el ministro, por lo que se fijó una agenda de temas comunes a los que se dará seguimiento desde ambas Instituciones.

En primer lugar se analizó el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía acordando diferentes estrategias para reforzar la formación de los uniformados. El Ministerio Público tiene previsto realizar una serie de reuniones con los responsables de las comisarías de toda la circunscripción, acorde con las instrucciones recibidas del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena.

 

La necesidad de contar con personal formado para tomar denuncias por violencia de género en el interior, fue otra de las cuestiones abordadas. En la circunscripción solo Esquel cuenta con una Comisaría de la Mujer y suelen darse situaciones de cierta complejidad para el adecuado abordaje de los casos que se dan en otras localidades.

A su vez el Ministro informó a los Fiscales sobre los temas más inmediatos respecto de los que están trabajando para hacer frente al problema de la inseguridad, algunos de ellos coincidentes con necesidades propias de la investigación criminal y otros de la etapa de ejecución penal, como son los módulos carcelarios.

Suicidio adolescente

El Servicio de Adolescencia del HZE se reunió con Fiscales y Funcionarios

Profesionales del Servicio de Adolescencia del Hospital Zonal Esquel se reunieron los fiscales y funcionarios para informarles respecto del trabajo que llevan adelante en prevención del suicidio adolescente. En el encuentro se acordó que la Fiscalía informará al Equipo cuando toma conocimiento de un caso de suicidio o de la evidencia de una situación de riesgo.

Mirta Moreschi, Sandra Fernández y Adriana López Gómez visitaron la Fiscalía con la intención de dar a conocer el trabajo que realizan y solicitar la colaboración de la Institución, fundamentalmente para tomar conocimiento de los casos al momento en que se producen.

El Equipo procura brindar contención al grupo de pertenencia del adolescente, tanto amigos como familiares, y fundamentalmente está orientado a la prevención.

En este sentido, cualquier persona que necesite ayuda o quiera ayudar a algún adolescente que podría estar en situación de riesgo de suicidio, podrá tomar contacto con el Servicio de Adolescencia del HZE en horario de 8 a 14 durante febrero y de 8 a 16 a partir de marzo, telefónicamente al 451230 o personalmente en Av. Fontana y Don Bosco. 

Incendio de Cholila: Hay elementos para formalizar la investigación

Los fiscales a cargo de la investigación del incendio iniciado el 16 de febrero de 2015 en Cholila, emitieron un nuevo informe en el que analizan el segunda de las líneas de investigación. Los magistrados concluyen que se acreditó la existencia de una conducta reprochable penalmente, lo que habilita a la formalización de la investigación en relación al responsable del despacho de los medios aéreos. La sede en la que se desempeñaba el funcionario se encuentra en San Carlos de Bariloche, por lo que debiera seguirse el trámite procesal en esa jurisdicción. Pero además los Fiscales provinciales consideran que corresponde la competencia federal por estar en juego un interés Nacional.

La existencia de una conducta penalmente reprochable “se ha acreditado suficientemente, como para habilitar la apertura de la Investigación o realizar la formulación de cargos (Art. 274 del CPP Chubut), en contra de quien resultara el funcionario responsable del despacho de medios aéreos en el presente caso”. El informe refleja que el 16 de Febrero de 2015, el funcionario a cargo recibió por parte de los funcionarios que integran los organismos del Plan Provincial de Manejo Del Fuego de Chubut, el pedido de apoyo de medios aéreos para proceder al ataque inicial del foco de incendio registrado en la ladera del cerro Plataforma en la zona de la Horqueta, jurisdicción de la localidad de Cholila. “Y no obstante estar en pleno conocimiento de sus obligaciones legalmente establecidas (Arts. 26 y 27 Ley 26815), las cláusulas del contrato suscripto con la empresa proveedora de los medios aéreos y el propio protocolo de “Solicitud de Medios Aéreos” vigente en la Regional a su cargo; y contando al menos con dos medios aéreos con capacidad operativa, omitió disponer los correspondientes despachos, incumpliendo de tal manera los deberes particulares o generales atinentes a su cargo” (art. 249 del C.P)

Planteo de incompetencia por materia y por territorio

Para la Fiscalía el caso es de competencia federal ya que esta tiene su razón de ser en la defensa de las Instituciones e intereses federales. Se encuentra en juego un interés Nacional por investigarse el posible incumplimiento funcional de una autoridad Nacional. De todos modos, al tratarse de una conducta realizada en Bariloche, por razón de territorio debiera ser investigada en Río Negro y no en Chubut. 

Primer informe LINK

Presuntas estafas a ancianos del hogar "Juan Domingo Perón"

UNA DE LAS IMPUTADAS SOLICITÓ SER SOBRESEIDA EN DOS DE LOS 4 HECHOS

Zulma Amed pidió declarar en audiencia respecto de los hechos 2 y 3 de la acusación fiscal. Explicó sus funciones en el Hogar de Ancianos, desvinculándose de dos de los cuatro hechos por los que fue acusada. La defensa pública solicitó formalmente el dictado de un sobreseimiento en relación a ellos. La Fiscalía, luego de cotejar la versión de la imputada con las constancias de la investigación, consintió el pedido. La resolución judicial no se tomará hasta que se brinde oportunidad a que se manifiesten las víctimas, sus familiares directos o la Asesoría de Menores e Incapaces si fuera el caso.

Los hechos sobre los que declaró Amed, damnificaron a adultos mayores alojados en el Hogar de Ancianos “Juan Domingo Perón”. En relación a esos hechos están imputadas Amed y quien fuera directora del Hogar durante el período investigado. Amed sostiene que la persona que tenía el control último del dinero era la Directora del Hogar.

La acusación pública vincula a la imputada con la comisión de otros dos hechos en los que resultaron damnificados los ancianos alojados en las casas tuteladas. Respecto de ellos continuará ligada al proceso.

Se espera ahora que la Oficina Judicial fije una nueva audiencia para escuchar la opinión de las víctimas. La situación no es simple. En el caso de uno de los damnificados podrá asistir su hija, pero los demás no tienen familiares que los representen. Se trata de personas con serias disminuciones auditivas, visuales, alguno de ellos afectado por demencia senil y otros por Alzheimer. El juez Martín O’ Connor requirió que se informe a la Asesoría de Menores e Incapaces para que evalúe la situación y se expida.

Agresión: la Suspensión de Juicio a Prueba fue otorgada

Continuó la audiencia interrumpida ayer. El fiscal leyó un acta firmada por una de las víctimas expresando su opinión y rechazando el ofrecimiento económico del imputado. El juez hizo lugar a la Suspensión de Juicio a Prueba porque se cumplen los requisitos legales. Para evitar que se realice el juicio el imputado tendrá que cumplir con 20 horas de trabajo comunitario, mantener su domicilio y evitar todo enfrentamiento con las víctimas. En caso de haber nuevas situaciones conflictivas entre las comunidades deberá dar intervención al lonco de cada una de ellas.

El martes habló en la audiencia una de las víctimas, finalizada la misma se presentó en la Fiscalía el otro damnificado, un joven de 18 años. Como debe concurrir a la escuela no podrá presentarse por la mañana en los tribunales. Por sugerencia del fiscal realizó sus manifestaciones en la Fiscalía, firmó el acta y el fiscal la leyó ante el juez y el imputado, este miércoles. El joven dijo que no está de acuerdo con la suspensión del juicio porque no resuelve el problema.  Además rechazó el ofrecimiento económico simbólico que realizó el imputado. Este rechazo habilita el reclamo por la vía civil.

El conflicto de fondo está vinculado a la posesión del lote 4 en el Boquete Nahuelpan. El conflicto prolongado por años, debe ser resuelto por autoridades nacionales y se espera su intervención desde hace mucho tiempo. La Fiscalía pidió la intervención del INAI a mediados de 2015, recientemente, en la última comunicación, se comprometieron a enviar mediadores en cuanto asuman las nuevas autoridades.

El juez Hernán Dal Verme hizo lugar a la Suspensión de Juicio a Prueba. Entendió que están dadas todas las condiciones que prevé la ley para que sea otorgada. El magistrado explicó en tal sentido la interpretación dada por la Corte Suprema de la Nación, la que entiende que es un derecho del imputado para quienes aún no han tenido una primera condena. El instituto se vincula con la gradualidad de la pena que pretende evitar los efectos adversos de las condenas de bajo monto. Para estos casos se deben imponer reglas de conducta similares a las que se aplica a quienes acceden a una condena en suspenso. Si el imputado incumple con las medidas impuestas, el proceso se debe retomar y realizarse el juicio.

En este caso concreto, Dal Verme entendió adecuado el plazo de un año. En ese tiempo el imputado no podrá cambiar de domicilio, ni ausentarse por un período prolongado de tiempo, sin la previa autorización del juez. Tendrá que cumplir 20 horas de trabajo comunitario no remunerado en la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque, enseñando Mapudungun. Al finalizar deberá presentar un comprobante firmado por la autoridad representativa de la comunidad que certifique que cumplió con la imposición.

El lonco es la primera autoridad en la comunidad

La última de las obligaciones impuestas por el juez tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas. “Es evidente que existe acá un conflicto entre dos familias, voy a tener en cuenta las previsiones del Código Procesal que obliga a reconocer las facultades propias de la comunidad para resolver los conflictos que se produzcan en su propio seno. La obligación que le voy a imponer es que en este año, los problemas que puedan presentarse entre las familias, usted se comprometa a no tomar vías de hecho, y a someter los problemas al ámbito de la jurisdicción, tanto de la justicia directamente o de la misma comunidad”.

Dispuso además que se libre oficio al INAI como al instituto provincial, notificando esta resolución para que estén al tanto. La misma notificación llegará al lonco. 

Agresión: Se discute una probation

Existe un viejo problema de tierras respecto de la posesión del lote 4 del Boquete Nahuelpán, entre dos comunidades originarias. Esta contienda llevó a distintos enfrentamientos entre las familias que derivaron en investigaciones penales. Uno de esos conflictos se está tramitando en audiencias orales y públicas. La Fiscalía informó que el INAI comprometió el envío de un equipo de mediación para contribuir con las autoridades de ambas comunidades en la resolución del problema de fondo.

Los propios protagonistas del conflicto señalaron que en distintas oportunidades pasan de ser víctimas a imputados. En este caso se investigó un hecho ocurrido el  22 de marzo de 2015, aproximadamente a las 15:00 horas. Según consigna la acusación pública, el Sr. Edgardo Orué, junto con su sobrino Raúl Nahuelpán, montados a caballo y su esposa Norma Haydee Nahuelpán a pie, se encontraban realizando movimiento de hacienda, en el lote 4 del boquete Nahuelpan. Ese lugar ha generado desde hace mucho tiempo un conflicto entre las familias Prane- Nahuelpán, por el reclamo de la posesión y uso como integrantes de comunidades mapuche-tehuelches. Al advertir la presencia de los nombrados, habrían salido a su encuentro la Sra. Carina Alvarez, acompañada por su hermana Andrea, y su mamá Ana Prane a bordo de una camioneta Amarok y los señores Juan Benito López Cumilao acompañado por Ernesto Serafín González a bordo de una camioneta Toyota.

Ambos grupos se encontraron en un sector del denominado lote 4. Juan Benito López Cumilao conductor Hilux, comenzó a perseguir a los dos hombres montados, logrando impactar el caballo de Raúl Nahuelpán, cayendo este al piso y escapando a pie para no ser atropellado. Lo mismo habría hecho con Orue, quien se interpuso para evitar que atropellara a Nahuelpán, haciendo que el animal ingrese a una zanja, lo que provocó golpes en su cuerpo.

La defensa de López Cumilao propuso la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de un año, como tarea comunitaria la realización de un taller de idioma mapudungun por 20 horas, en la Comunidad Santa Rosa Leleque, lo que será acreditado por los titulares de la comunidad (debidamente inscripta en el Registro Nacional) Rosa Rua Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Como reparación económica simbólica, ofreció $200 para cada uno de los damnificados.

En la audiencia se hizo presente Orué y se espera que mañana participe su sobrino para que el juez Hernán Dal Verme pueda conocer su parecer respecto de la posibilidad de aplicar el instituto de la Suspensión de juicio a prueba.

La Fiscalía dio dictamen favorable por entender que están dadas las condiciones que marca la ley. Rivarola explicó la intervención que se dio a las autoridades nacionales y que se está a la espera de que, a partir del cambio de autoridades que se produjo por estos días, puedan llegar al lugar los mediadores que trabajarán con las autoridades de ambas comunidades. El interés de la justicia es que pueda resolverse el conflicto de fondo.

La víctima manifestó su enojo con el imputado y habló de nuevos hechos que se habrían suscitado, además rechazó el ofrecimiento económico, dejando abierta la vía civil.

El miércoles se realizaría una nueva audiencia para escuchar al otro damnificado y conocer la decisión del juez. 

Tentativa de homicidio

Se amplió la imputación a otros dos sujetos

El hecho ocurrió el 16 de noviembre pasado en Tecka. Dos imputados cumplen arresto domiciliario, en tanto que en una nueva audiencia se formalizó la investigación en relación a otros dos sujetos. Uno de ellos era menor de edad al momento del hecho. La Fiscalía pidió que se imponga la misma medida de coerción hasta la audiencia prevista para el 23 de este mes. La defensa particular a cargo de Horacio Hernández se opuso cuestionando los elementos de cargo y la existencia de riesgos procesales. El juez Hernán Dal Verme consideró que existen elementos para sostener la imputación en esta etapa, pero los riesgos acreditados no justifican la medida solicitada, por eso dispuso que los imputados deberán mantener su domicilio, no podrán acercarse a la víctima a menos de 50 mts., ni hablar del hecho con ninguna persona que pudiera resultar testigo.

El 16 de Noviembre de 2015, aproximadamente a las 20:20 horas, se produjo una persecución de dos rodados en los que circulaban los cuatro imputados, según las actuaciones policiales tomadas como base del legajo fiscal, a un tercer vehículo conducido por la víctima. La situación se produjo en la calle Soldado Austin entre arterias Antártida Argentina y Avenida Güemes de la localidad de Tecka. Al detener su marcha, descienden los cuatro. El damnificado advirtió claramente sus intenciones de agredirlo, ascendió a la caja de su camioneta y tomó una pala para defenderse. Fue entonces cuando uno de los dos imputados que fueron aprehendidos inmediatamente después del hecho, empuñó un revólver calibre 0.22 largo y a una distancia aproximada de tres metros, le efectúa seis disparos a la víctima. Los seis impactaron en el cuerpo de la víctima, cinco de ellos en zonas vitales, ocasionándole múltiples heridas penetrantes, desgarrantes y fractura de en uno de sus brazos.

Luego, intentando el herido salvar su vida, bajó de la caja y se retiró del lugar en dirección a la Estación de Servicio de la localidad. Lo siguieron ambos imputados empuñando cuchillos y un  arreador de ganado con el cual le propinaron varios latigazos en el escaso trayecto de la persecución. Los agresores dejaron de perseguir al herido cuando uno de los cuatro se retiró del lugar. Entonces la víctima se encontraba a escasos metros de la Estación de Servicio. Uno de los imputados arrimados a proceso este lunes, durante el hecho habría permanecido cerca del rodado, con un rebenque, sin participar en la persecución emprendida sólo por los jóvenes.

Provisoriamente, el funcionario Guillermo Moré calificó los hechos como tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de edad, la que se imputa a los mayores.

Supletoriamente Moré aportó la calificación de lesiones graves o gravísimas (según la evolución de la lesión) calificadas doblemente, por el empleo de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Este violento hecho tiene como antecedente un conflicto entre ambas partes, vinculado a tierras. La Fiscalía llevó a cabo diversas medidas de investigación, incluidas varias pericias y espera presentar próximamente la acusación. El 23 de febrero se llevará a cabo una audiencia para controlar la necesidad de continuar con medidas de coerción.

Continuado: El tribunal revisor dispuso la prisión preventiva

Los magistrados Anabel Rodríguez y Martín O’ Connor revocaron la decisión del juez José Colabelli y dispusieron la prisión preventiva de los imputados en los dos procesos judiciales. Los fundamentos dieron cuenta de las evidencias que vinculan a ambos imputados, la gravedad y pluralidad de hechos, el temor manifestado por varios testigos y la conducta procesal. Fundamentalmente los magistrados entendieron que si ambos incumplieron medidas sustitutivas de la prisión preventiva no puede imponérseles una medida que dependa de su autocontrol. Perdieron la confianza y deberán cumplir prisión preventiva en comisaría.

Continuado de audiencias

Dos audiencias para el tratamiento de medidas cautelares y dos audiencia de revisión de lo decidido por el juez de las primeras, se realizan en los Tribunales de Esquel desde las 9 de la mañana. A las 14 hs. se conocerá lo decidido por el tribunal revisor después de un cuarto intermedio. Los hechos que se investigan tienen por protagonistas a los mismos imputados, dos hermanos que residen en el barrio Baden.

El 12 de enero del año 2016 siendo aproximadamente las 22:30 hs, personal policial concurrió al Barrio Badén I de Esquel, respondiendo a un llamado telefónico. Un vecino manifestó que dos sujetos estaban consumiendo bebidas alcohólicas frente a su vivienda y alterando el orden público. Cuando los policías quisieron identificar a los sujetos, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra el uniformado, mientras que el otro incitaba a su perro a atacarlos y con el lazo del animal les aplicaba chicotazos. Los policías debieron usar la escopeta anti tumulto para lograr reducirlos y aprehenderlos.

Por este hecho el juez Jorge Criado dispuso la prisión preventiva por dos semanas. Cumplido el plazo y con otro juez porque Criado se encuentra de licencia, la Fiscalía solicitó la continuidad de la medida por considerarla necesaria para asegurar el proceso.

La defensa a cargo de Valeria Ponce se opuso, presentando un informe socioambiental para demostrar el arraigo de sus defendidos y la posibilidad de cumplir una medida de arresto domiciliario en la vivienda de una familia amiga, en el caso de uno, y en la casa de la hermana respecto del segundo.

El juez José Colabelli dispuso la prisión preventiva teniendo en cuenta que los imputados incumplieron con la medida de presentación semanal dispuesta en otro legajo. La Defensa solicitó al juez que se trate la posibilidad de dictar un arresto domiciliario, el fiscal Fidel González se opuso por considerar el planteo extemporáneo y el juez, entendió que corresponde hacer lugar al pedido porque omitió el tratamiento de esta alternativa en su resolución. Finalmente Colabelli revocó su resolución y dispuso la prisión domiciliaria de ambos imputados hasta la audiencia preliminar.

La acusación pública ya fue presentada por la Fiscalía.

Homicidio de Benjamín Barria

Suerte similar corrió el pedido de dictado de la prisión preventiva de ambos imputado en el marco de la investigación del brutal homicidio de Benjamín Barría ocurrido el viernes 31 de julio de 2015 en la vivienda de la víctima sita en Pasaje Indígenas al Nº1900 del Barrio Badén.  La Fiscalía sostiene que ambos imputados, junto a un tercero, arrancaron la llave térmica y disyuntor de luz del pilar para asegurarse el corte de luz, ingresaron y le propinaron múltiples golpes a la víctima con elementos punzo cortantes y romos, éste último presumiblemente el ojo de un hacha grande, mientras aquella se encontraba acostada durmiendo, mecánica de agresión empleada que ocasionó, una herida contuso cortante en el sector del ojo izquierdo, una punzopenetrante en la zona del pecho, y una letal en la cabeza con hundimiento de cráneo, con importantes salpicaduras y derramamiento de sangre, que le hacen perder la vida.

Nuevas evidencias fortalecieron la hipótesis fiscal en los últimos días y llevaron a los investigadores a considerar la necesidad de mantener a los imputados en prisión preventiva para garantizar el proceso.

No fue esta la interpretación dada por la defensa y tampoco convenció al juez que dispuso, también en este caso, el arresto domiciliario.

Las postulaciones fueron planteadas al tribunal revisor conformado por los Dres. Anabel Rodríguez y Martín O’ Connor. Esta tarde se conocerá su decisión en ambos legajos.

Incendio en proximidades de Nant y Fall

El domingo a las 20 hs. la Comisaría de Trevelin tomó conocimiento del inicio del fuego en esa zona. Este lunes por la mañana la Fiscalía solicitó información e inició un legajo de investigación.

Los investigadores están realizando entrevistas y se efectuará un peritaje en el sector, procurando determinar el modo en que se inició el fuego.

Las personas que tengan información que pueda contribuir con la investigación, pueden ofrecerla a la Comisaría de Trevelin o a la Fiscalía. 

Hurto automotor

Minutos después de las 10 hs del domingo, los uniformados apostados en el control de la portada de acceso a Esquel, detuvieron un vehículo al ver que circulaba de modo zigzagueante. De esta manera comenzó lo que se convertiría en la detención y puesta a disposición de la justicia de su conductora. Una mujer, residente en Sarmiento, que presuntamente en estado de ebriedad se subió a una camioneta ajena y se dispuso a salir de la ciudad con ella.

En febrero cumplirá 23 años la mujer imputada como autora de dos hechos de hurto. El domingo por la tarde se realizó en los Tribunales de Esquel una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. El funcionario fiscal de turno, Ezequiel Forti, describió lo sucedido indicando que aproximadamente a las 10 hs, la mujer se habría introducido a un domicilio de la calle 9 de Julio al 2700. Se subió a la camioneta 4x4 que estaba estacionada con la llave colocada, le dio arranque y se condujo hacia las afueras de la ciudad.

En la portada, el control observó que conducía de manera zigzagueante, detuvo el vehículo y al constatar que no tenía la documentación, comenzó a realizar averiguaciones respecto del titular del dominio, determinándose su identidad y constatando que había dado aviso de la sustracción del rodado.

En la misma audiencia, la joven fue notificada de otra investigación por un hecho ocurrido, previamente esa misma mañana. La mujer se habría introducido en un predio privado del Pasaje Alemán, ingresó a un vehículo y sustrajo un stereo, una llave del rodado y documentación varia correspondiente al vehículo.

Estos elementos fueron hallados en las primeras horas de la tarde cuando el titular de la camioneta sustraída revisaba su interior.

La joven fijó domicilio en Sarmiento, ciudad a la que regresaría este martes. El juez dispuso que deberá presentarse semanalmente en la Oficina Judicial de esa localidad para demostrar su voluntad de someterse a proceso. Este lunes asistió al Ministerio Público Fiscal para su debida identificación en la Oficina respectiva. 

Incendio en el Barrio Baden 1

SE ORDENÓ LA COMPULSA DEL ÚNICO IMPUTADO

La investigación orientó las sospechas hacia un hombre que acampaba en la zona donde se inició el fuego a las 13:55 hs. del primer día del año. A las 11 hs estaba prevista la realización de la audiencia de formalización de la investigación, el imputado no concurrió y a pedido de la Fiscalía, el juez ordenó su detención y compulsa.

La investigación recién comienza y según manifestó el fiscal Fidel González a la prensa, por las dificultades que presenta, pasaría al sector de investigaciones complejas del Ministerio Público.

Por algunos datos surgidos pasadas las primeras horas del incendio, la policía apuntó sus sospechas a la persona que se encontraba próxima al lugar donde se iniciaron las llamas. Con estos elementos la Fiscalía solicitó al juez la detención a los fines de secuestrar la ropa que llevaba puesta y la realización de un control médico para verificar si presentaba alguna señal de haber participado del hecho.

En paralelo el fiscal solicitó la formalización de la investigación y la Oficina Judicial fijó fecha de audiencia para el lunes a las 11 hs.

La audiencia de apertura formal de la investigación es fundamentalmente para comunicarle al imputado, qué hipótesis maneja la Fiscalía, respecto de qué hecho y qué tipo de participación se le atribuye, dándole de este modo la posibilidad de comenzar a ejercer su defensa.

El lunes el imputado no se presentó en los Tribunales y en la misma audiencia se dispuso su compulsa por la fuerza pública. 

Presuntas estafas y defraudación a ancianos

FISCALÍA ACUSÓ A DOS DE LAS IMPUTADAS

El Ministerio Público Fiscal presentó acusación pública en el caso que investiga la presunta comisión de delitos de estafa y defraudación a personas alojadas en el Hogar de Ancianos y las casas tuteladas de Esquel. En una audiencia realizada este miércoles, el fiscal Fidel González solicitó el sobreseimiento de Yesica Lorena Domínguez, por no haber hallado elementos que acrediten su participación deliberada en los hechos que se discutirán en juicio.

En febrero o marzo próximo se realizaría la audiencia preliminar en la que la Fiscalía requerirá la elevación a juicio en relación a dos imputadas: quien se desempeñaba como Directora del Hogar y una empleada administrativa. Respecto de ellas se hizo un pedido de sobreseimiento parcial. Originalmente se imputó el perjuicio a 15 víctimas, concluida la etapa de investigación preliminar, el fiscal del caso evaluó que cuenta con elementos para sostener la acusación respecto de 14. Es decir que el sobreseimiento requerido lo fue únicamente en relación a una persona sobre la que no hay elementos para sostener que hubiera sido damnificada.

Los hechos

El primer legajo señala a una empleada administrativa del hogar de ancianos "Juan Domingo Perón", quién habría defraudado a una anciana aprovechando  su función. "Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de débito del Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela  para luego dirigirse al cajero automático en la vecina localidad de Trevelin y extraer la suma de pesos mil ($ 1.000)", sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de 2014.

El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. La acusación les atribuye el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud muy deteriorada. Según la denuncia, la Directora habría exigido a la esposa del damnificado, la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los gastos de la internación "a sabiendas que desde el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta, higiene, etc). No quedando ningún tipo de erogación a cargo de los internos", indica el escrito fiscal, con una salvedad, los gastos de farmacia.

Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba al hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico causado rondó los $67.729.

El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014. Con una modalidad similar a la descripta en el hecho anterior, las imputadas, según la información obtenida hasta el momento, habrían causado un menoscabo de aproximadamente $713.638.

El último legajo incrimina únicamente a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados de alrededor de $309.112.

Fiscalía abrió la investigación por presunta instigación a un robo

Recientemente fueron condenados en juicio abreviado tres de los autores materiales del hecho. El cuarto obtuvo una suspensión del juicio a prueba. Los autores son de Comodoro Rivadavia. En esa audiencia, uno de los imputados brindó información sobre un presunto contacto local, la persona que habría dado la información para que concreten el robo. Hoy la Fiscalía formalizó la apertura de investigación a su respecto en una audiencia.

Entre las 23.30 horas del día 6 y las 04.00 del día 7 de diciembre de 2013,  Víctor Hugo Alcaina, Jonathan Alexis Pierresteguy, Gustavo Adolfo Durán y Sebastián Agustín Rodríguez, estacionaron su camioneta en una zona próxima a la vivienda de la víctima, y luego ingresaron a la propiedad por la ventana que da al patio. En el interior de la casa, se repartieron dos en la planta baja y otros dos subieron al primer piso. Estos últimos se dirigieron a la habitación donde en ese momento dormía la Sra. Paggi, la despertaron y le exigieron la entrega de las llaves de la caja fuerte y de un supuesto dinero de una venta de un campo en Calafate. Tras revisar toda la habitación y encontrar el manojo de llaves que buscaban, le taparon la cara con una toalla y la hicieron caminar hasta el baño donde la dejaron encerrada. Luego revisaron toda la vivienda en busca del dinero. Antes de darse a la fuga, se hicieron del efectivo que encontraron, celulares y joyas.

Tenían información precisa

Desde el comienzo de la investigación llamó la atención el conocimiento de la vivienda por parte de los autores. El modus operandi daba cuenta de datos concretos que ellos no podían tener sin la colaboración de un tercero. Esa persona debía pertenecer al círculo íntimo de la víctima. Fue Paggi quien desde ese entonces indicó como sospechoso a su ex pareja. La Fiscalía llevó adelante medidas de investigación siguiendo esa línea, sin obtener resultados.

El nuevo elemento surgió en la audiencia en la que se cerró el proceso en relación a los autores materiales. Uno de ellos brindó información sobre quién habría sido la persona que les "entregó" esa vivienda.

La nueva imputación

Fernanda Révori al oralizar la apertura de investigación, dejó en claro que el imputado sigue siendo inocente y que esta audiencia tiene la finalidad de informarle que se lo está investigando, por qué conducta y darle la oportunidad de que prepare y ejerza su defensa.

La participación del nuevo imputado fue descripta por la Fiscalía indicando que la perpetración del hecho habría sido determinado por la ex pareja de la víctima, con quien había finalizado recientemente en malos términos una relación sentimental de varios años. La hipótesis que se investigará es que esta persona "habría contactado a los autores, a través de un contacto local hasta el momento no identificado, aportando personalmente todos los datos necesarios en cuanto a circunstancias personales, medios de vida, costumbres, actividades comerciales de la víctima y características particulares de su vivienda, como así la existencia en el domicilio de una alta suma de dinero en efectivo proveniente de la venta de un campo y joyas de valor, circunstancias estas que decidieron definitivamente a los autores a ejecutar el hecho".

Provisoriamente se lo imputó como instigador y supletoriamente en calidad de partícipe secundario. La Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para concluir su investigación y decidir si  cuenta con elementos para llevar el caso a juicio o, por el contrario, deberá requerir el sobreseimiento del imputado por no haber hallado elementos que acrediten fehacientemente su responsabilidad.

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