DOS MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL IMPUTADO
Lo dispuso el Juez de la causa luego de escuchar el planteo de las partes y la declaración del hermano de la víctima y del responsable de la Comisaría de Río Pico. El magistrado defendió su resolución original, la que había sido modificada en una revisión realizada por otros dos Jueces, reiteró y fundamentó la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento para la investigación y dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva por dos meses en la Comisaría Primera de Esquel.
Los testigos hablaron de la preocupación y el temor que existe en la comunidad de Río Pico en relación al imputado y su grupo y pidieron que se haga Justicia.
La audiencia había sido fijada por los Jueces que realizaron la revisión de la prisión preventiva el lunes pasado y en ella debía analizarse el estado de la investigación y la procedencia o no de la continuidad de la prisión preventiva del imputado.
El hermano de la víctima
La Fiscalía presentó dos testigos elocuentes respecto de la situación. En primer término habló el hermano de la víctima expresando que “… en vista que estos chicos son tan peligrosos, hay mucha gente que a lo mejor vieron todo y no se animan a hablar, a atestiguar en contra de ellos. Entonces han amenazado a un montón de gente. Siempre en la plaza se los vio tomando y corriendo a la gente, hay muchos chicos que los han corrido. Así que ellos le tienen miedo, tanto a el como al menor. Yo lo que pretendo de la justicia es que se haga justicia realmente, a mi, ni a nadie de la población le conviene que el esté con prisión domiciliaria”, expresó el joven, quién entregó una nota al Juez escrita por él y rubricada por los concejales de la localidad.
El responsable de la Comisaría de Río Pico
A su turno el Oficial Roy Sid explicó que le costó mucho conseguir testigos en esta causa porque la comunidad tiene mucho temor. Así habló de diferentes eventos, algunos conocidos por la Fiscalía - ya que se realizan investigaciones al respecto -, y otros que no fueron denunciados por las víctimas por miedo a represalias. Respecto del grupo en el que se mueve el imputado sostuvo que “es un grupo de cinco o seis personas que a lo largo de estos meses han generado una intimidación pública y han predispuesto a la localidad a que se desmaneje internamente de otra forma porque ellos están en la vía pública o en la plaza.” El Oficial indicó que esta situación llevó a que al buscar testigos presenciales del crimen, estos no quieran declarar por temor a represalias contra ellos o sus familiares. Así reveló que en Río Pico se piensa que este grupo está impune porque han tenido otras causas penales y regresaron a la comunidad.
El policía relató lo acontecido en aquellas causas, las mismas que en audiencias anteriores explicara el Fiscal para que se analizase la conducta del imputado. “En la localidad hay mucho temor por la seguidilla de hechos que han involucrado al mismo grupo y que han motivado que el día seis yo tenga una reunión en la municipalidad con un grupo de representantes del pueblo para ver que solución se le puede dar desde nosotros, a esta situación. El temor es mas que visible porque si no, hoy no estaría yo sino que habría mas gente acá”, sostuvo.
El uniformado se refirió también a la escasez de personal policial con el que se cuenta en la Comisaría, lo que dificulta el trabajo que debe realizarse en relación a la investigación.
Planteo Fiscal y planteo de la Defensa
La Fiscalía recordó todo el derrotero de audiencias realizadas desde el domingo pasado hasta esta última y los argumentos vertidos para fundar la necesidad de una prisión preventiva. En este sentido aclaró también que se solicitó la audiencia de formalización de la investigación en algunas de las otras causas seguidas contra este mismo imputado y su grupo. En aquellas también se solicitaría la aplicación de medidas de coerción en su momento.
El Fiscal puntualizó el compromiso de concluir la investigación en un plazo de dos meses y requirió que la prisión preventiva, fundada en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación se ajuste a ese plazo. “El peligro de fuga en este contexto tiene una relación directa con la amenaza penal y con la conducta observada por el imputado en uno o mas procedimientos. Y esto ya no desde un análisis técnico jurídico sino desde un análisis de cualquier persona común de la sociedad, que es en definitiva lo que se está reclamando hoy a la Justicia. Hay una manifestación de desprecio a los valores fundamentales, en una seguidilla de hechos tal, que nos permiten avizorar como muy probable que el imputado no tenga un deseo o una manifestación clara de someterse a la justicia con todo lo que el término implica”, indicó el Fiscal. “Quizás la buena aplicación de las normas procesales nos esté conduciendo a excesos, que aplaudo los excesos en este sentido siempre que sean en beneficio de las garantías, pero también exijo de los Jueces de nuestra jurisdicción y de los Fiscales, y de los Defensores, que pongamos los pies sobre la tierra.” Rivarola pidió un alerta para no caer en un exceso “… no estoy pidiendo una prisión preventiva sin días vista, estoy pidiendo una prisión preventiva por un tiempo mas que razonable para completar una investigación en forma legal”, recalcó el acusador fijando el plazo de su pedido en dos meses.
Por su parte el Defensor se opuso y cuestionó la necesidad de disponer una medida tan grave. Así requirió que, en caso de no disponerse la libertad de su defendido, en forma subsidiaria se establezca un domicilio fuera de Río Pico, en el que cumpla con arresto domiciliario durante un plazo breve.
La resolución
El Juez de la causa, luego de manifestar su desacuerdo con el análisis que el Tribunal de revisión hizo de su fallo anterior, fundamentó extensamente su decisión de fijar la prisión preventiva del imputado por dos meses. Cumplido el plazo deberá realizarse una nueva audiencia para analizar la situación de la investigación y la conveniencia o no de continuar con la privación de la libertad del sujeto.
El magistrado consideró punto por punto las condiciones que plantea el Código Procesal Penal de la provincia, para autorizar la privación de la libertad en un proceso y destacó que esta disposición es acorde a lo que prevé la Constitución y los pactos internacionales.
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