LO APREHENDIERON DENTRO DE UN COMERCIO Y AHORA VA A JUICIO
Se realizó la audiencia preliminar en la causa que investiga el intento de robo a una carnicería de Esquel. Hace poco mas de dos meses el imputado fue sorprendido por un vecino cuando se encontraba en el interior del local comercial, este lo encerró y allí lo aprehendió la policía. La Defensa ofreció una reparación a la víctima, la Fiscalía se opuso y solicitó que se abra la instancia de juicio por razones de política criminar emanadas de la Procuración General.
Se realizó la audiencia preliminar en la causa que investiga el intento de robo a una carnicería de Esquel. Hace poco mas de dos meses el imputado fue sorprendido por un vecino cuando se encontraba en el interior del local comercial, este lo encerró y allí lo aprehendió la policía. La Defensa ofreció una reparación a la víctima, la Fiscalía se opuso y solicitó que se abra la instancia de juicio por razones de política criminar emanadas de la Procuración General.
El 20 de Junio de 2009, aproximadamente a la una de la madrugada, un sujeto rompió la puerta de la carnicería ubicada en Avda Alvear al 1800 (Esquel), entró e intentó sacar la caja registradora con su contenido y cortes de carnes que había en el lugar. Un testigo ocasional, lo descubrió y lo mantuvo encerrado mientras llegaba la policía a la que ya había dado aviso.
No corresponde
La Defensa, representada por Valeria Ponce, propuso que se evite la realización del juicio ofreciendo el imputado una reparación de $100 al damnificado. La letrada consideró que tratándose de un daño mínimo, ya que no faltó nada del comercio, y siendo que a su criterio existió una mínima afectación de la seguridad pública, entendió como viable esta posibilidad.
Por su parte el Fiscal, Fernando Rivarola, se opuso rotundamente por dos motivos, por un lado por tratarse de un planteo tardío para la etapa procesal en la que se formuló, y por otra parte por razones de política criminar.
Antecedentes
El imputado en esta causa tiene condenas anteriores, aunque de vieja data. En el año 96 fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por varios delitos contra la propiedad: robo calificados, robos, hurtos y encubrimiento, y en ese entonces fue declarado reincidente.
No es oportuno
Dos resoluciones del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, obligan a los Fiscales a oponerse a la implementación de criterios de oportunidad en casos como este. Dichas resoluciones “indican que este tipo de casos, frente a este tipo de imputados con la sensación de inseguridad que transmiten al resto de la población, no son aquellos que deben aplicarse los criterios de responsabilidad, o al menos que los Fiscales debemos bregar para llegar a un juicio y obtener la respuesta que resulte mas justa para el caso y la persona del imputado”, indicó Rivarola.
A juicio
La Juez, Nelly García, le dio la razón a la Fiscalía, admitió la prueba aportada por las partes y dispuso la apertura de la etapa que conduce al juicio oral y público. El Ministerio Público Fiscal anticipó en forma provisoria que por este hecho pedirá la imposición de una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
No corresponde
La Defensa, representada por Valeria Ponce, propuso que se evite la realización del juicio ofreciendo el imputado una reparación de $100 al damnificado. La letrada consideró que tratándose de un daño mínimo, ya que no faltó nada del comercio, y siendo que a su criterio existió una mínima afectación de la seguridad pública, entendió como viable esta posibilidad.
Por su parte el Fiscal, Fernando Rivarola, se opuso rotundamente por dos motivos, por un lado por tratarse de un planteo tardío para la etapa procesal en la que se formuló, y por otra parte por razones de política criminar.
Antecedentes
El imputado en esta causa tiene condenas anteriores, aunque de vieja data. En el año 96 fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por varios delitos contra la propiedad: robo calificados, robos, hurtos y encubrimiento, y en ese entonces fue declarado reincidente.
No es oportuno
Dos resoluciones del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, obligan a los Fiscales a oponerse a la implementación de criterios de oportunidad en casos como este. Dichas resoluciones “indican que este tipo de casos, frente a este tipo de imputados con la sensación de inseguridad que transmiten al resto de la población, no son aquellos que deben aplicarse los criterios de responsabilidad, o al menos que los Fiscales debemos bregar para llegar a un juicio y obtener la respuesta que resulte mas justa para el caso y la persona del imputado”, indicó Rivarola.
A juicio
La Juez, Nelly García, le dio la razón a la Fiscalía, admitió la prueba aportada por las partes y dispuso la apertura de la etapa que conduce al juicio oral y público. El Ministerio Público Fiscal anticipó en forma provisoria que por este hecho pedirá la imposición de una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.
