Este viernes los
fiscales Martín Zacchino, Fernando
Rivarola, María Bottini, Fernanda Révori y Hernán Dal Verme
recibieron a la prensa. En
la oportunidad Zacchino y Rivarola brindaron explicaciones a la comunidad
respecto de acusaciones realizadas públicamente en su contra por el intendente
de Cholila, Miguel Castro.
El Fiscal Jefe indicó que es necesario llevar luz y algunas
aclaraciones a la opinión pública en lo que respecta a las noticias que están
circulando desde hace un par de días y que se relacionan a una recusación y un
cuestionamiento realizado por el intendente de la localidad de Cholila.
Rivarola detalló que se trata de “una investigación que se
inicia por la denuncia de cuatro concejales de la localidad de Cholila. Concejales
elegidos por el voto popular y que, como lo establece la Constitución,
representan a la población de Cholila y los intereses de la población de esa
localidad. Ellos denuncian una serie de actos, tanto del departamento ejecutivo
como de las composiciones anteriores del HCD, que ellos reputaron como
constitutivos de ilícito. En el contexto de esa denuncia Castro es uno de los
primeros que se presentó espontáneamente, fue escuchado y se recibió de él
documentación de respaldo. También presentó documentación quién fue intendente
interino por un período de tiempo y otro ciudadano que estaba dentro de una de
las contrataciones por permuta de tierras públicas”.
Agregando que “tal es así que en la mayor parte del texto de
la denuncia le hemos dado la razón al Sr. Castro, al Sr. Galindo y al ciudadano,
y hemos aclarado que de todo lo que decía la denuncia quedaba solamente dos
puntos donde la Fiscalía debía profundizar la investigación. Se
trata de dos permutas de tierras públicas, respecto de una, que tenía que ver
con la nueva traza de la Ruta 71, existía una autorización legislativa del HCD
que habilitaba al intendente a permutar las tierras que afectaría esta nueva
traza por otras del dominio público. Y no hay ningún cuestionamiento de validez,
y así lo he dicho en mi primer resolución respecto de esa resolución”, detalló
Rivarola. Esa disposición legislativa municipal indicaba que esto se debía
realizar respetando las mismas proporciones y calidades “y es ahí donde dije
que había que profundizar la investigación y lo vine haciendo todo este tiempo”.
La otra permuta es independiente de la Ruta 71 tiene
características similares pero no contaba con un acto legislativo previo, “allí
puede haber algún incumplimiento de la normativa provincial que rige todo lo
que tenga que ver con tierras públicas”, expuso.
Sin apertura
Rivarola indicó que pese a que la denuncia es de agosto del
año pasado aun no dispuso la apertura de la investigación “y si no he dispuesto
la apertura de la investigación es porque no tengo elementos para disponerla,
es decir porque no tengo yo el convencimiento personal de que estoy con materia
ilícita. Simplemente estoy profundizando una investigación con la celeridad que
a esta denuncia se le debe dar”.
Los recursos del
Estado
El fiscal comentó también que esta no es la única denuncia
en torno a tierras públicas. Son muchas las denuncias de este tipo que llegan a
la agencia de investigación de delitos complejos en la que se desempeña y,
llevan desde varios municipios de la zona por el manejo reputado irregular de
tierras públicas.
“La
Constitución Nacional y las funciones propias del Ministerio
Público, son muy sensibles en cuanto se trata de los recursos propios del
Estado. Hay un sin número de figuras penales de funcionarios públicos ante el
manejo de los caudales públicos. No es capricho nuestro que estas figuras
penales existan y mucho menos que ante una denuncia debamos investigar en
profundidad hasta lograr el convencimiento personal de si existe o no una
actividad ilícita”, señaló Rivarola.
“De modo que todas las manifestaciones públicas que ha hecho
el señor Intendente respecto de la animosidad de este fiscal, al manejo
irregular e incluso cuestionando la propia normativa procesal que fue votada
por la legislatura provincial y que es modelo a nivel nacional, es a mi persona
totalmente agraviante a mi moral, a mi concepto, a mi honor y trasciende a mi
persona, afecta a mi función pública y afecta incluso a mi familia”.
Mecanismos legales
Para finalizar el fiscal agregó que todo pedido de recusación
o presentación ante el Consejo de la Magistratura son mecanismos legales que
cualquier litigante puede utilizar, no nos sorprende que una persona sindicada
como autor de un hecho nos recuse, hay un mecanismo legal previsto para ello,
cuando ese mecanismo nos dé los traslados contestaremos lo que tengamos que
contestar. También debo decir que no entiendo en modo alguno cómo se lo vincula
al Dr. Zacchino en esta recusación cuando el único fiscal que interviene en
este caso soy yo.”
Por su parte Martín Zacchino explicó que durante el tiempo que
dure el trámite de la recusación la investigación las actuaciones serán
llevadas por el Dr. Oscar Oro, para definirse luego si se hace lugar o no a la
recusación, y en consecuencia quién deberá seguir el trámite.
A su respecto, el fiscal jefe dijo que no puede ser recusado
porque nunca llevó a cabo esa investigación y no tiene puntual conocimiento de
ella. Consultado por los periodistas sobre si el pedido de recusación en su
caso estaría vinculado a su actuación en el caso Gerez, Zacchino sostuvo que
ese caso refiere a tierras provinciales y nada tiene que ver el municipio de
Cholila. “No hay elemento objetivo ninguno para sostener que Castro que no fue imputado,
no es parte, no es testigo, no es nada en la causa denominada Gerez, pueda
sentirse perseguido”, indicó. También sostuvo que no debe confundirse los
dichos de las otras partes en ese trámite con los dichos del fiscal.
