Comunicado de la Procuración General

En su sesión del pasado 15 de octubre el Consejo de la Magistratura decidió por mayoría dar trámite a un sumario contra los Fiscales de Esquel Martín Zacchino y Fernando Rivarola. La resolución implica la designación de un Consejero como instructor quien confeccionará un informe sobre el asunto y lo presentará a consideración del Pleno. Se trata de un procedimiento ordinario que lleva adelante ese órgano constitucional, que dentro de sus variadas funciones tiene la de recibir y tramitar las quejas que presenten los ciudadanos contra magistrados integrantes del Poder Judicial.
Hasta el momento la cuestión no tiene entidad como para trascender en sus efectos del ámbito interno del Consejo

Presunta tentativa de extorsión

EL JUICIO

Este miércoles comenzó el juicio oral y público en el que se encuentra imputado un abogado por hechos que fueron calificados como tentativa de extorsión. En el alegato de apertura el fiscal ratificó su acusación, en tanto que el defensor adelantó que volverá a plantear la nulidad de las escuchas telefónicas que comprometen a su defendido.

Dos puntos neurálgicos tendría este debate a la luz de lo planteado por la defensa en su alegato inicial. La estrategia defensista no negaría los hechos, sino que apunta por un lado en procurar que no se acepte el contenido de las escuchas telefónicas en el juicio, y por otro intentará demostrar que los hechos no se ajustan a ninguno de los tipos penales propuestos por la fiscalía: ni extorsión, ni coacción.

El primero de los planteos ya fue discutido en la audiencia preliminar y ahora se reeditarán sus fundamentos. La defensa había planteado que al igual que para los allanamientos en estudios jurídicos, debe darse aviso previo al Colegio de Abogados. El juez de aquella audiencia coincidió con el fiscal en que en el caso de las escuchas telefónicas se está ante una medida de imposible cumplimiento si se da aviso a alguien, indicando que el imputado no sufrió ningún agravio constitucional. El análisis se expondrá ahora al Tribunal Unipersonal que encarna la Dra. Anabel Rodríguez.

La acusación

El domingo 10 de febrero de este año a las 15 hs. aproximadamente, un detenido judicial en Comisaría Trevelin dejó una computadora personal encendida en su celda, grabando en video mientras él atendía familiares ya que era día de visitas. El aparato registró a dos oficiales, un hombre y una mujer, que ingresaron al calabozo, revisaron y luego se abrazaron. Fernando Rivarola adelantó que se demostrará la relación preexistente entre estos dos oficiales.

El 20 de marzo de este año, cuando el imputado en su calidad de abogado defensor de un detenido en la comisaría de Trevelin, se entrevistó con una oficial de policía intimidándola con manifestaciones como “… vamos a hablar a calzón quitado, yo tengo una filmación donde apareces con otro oficial en los calabozos, mientras los internos no estaban, haciendo cosas que vos sabés que vas a perder tu carrera si yo vendo el video…” Luego de esto le habría pedido el traslado de su defendido y dinero por su silencio. Después existieron comunicaciones telefónicas entre la víctima y el imputado en las que discutieron el monto, acordando una suma menor que debería abonarse por sistema de homebanking. El imputado prometió que una vez que se verificara la transferencia destruiría el registro audiovisual.

El 28 de mayo se encontraron a las 10:30 hs. en una estación de servicios de Esquel. Allí la oficial verificaría la existencia del video. En ese contexto el imputado fue aprehendido por personal policial.

“Luego de recuperada su libertad, el imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal, facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos) copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio amenazado”, indicó Rivarola.