SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN FISCAL
Más de tres horas duró la audiencia en la que se trató la presentación de apertura de la investigación por la Fiscalía y el tratamiento de la constitución de querellante de una de las víctimas. La jueza resolvió la apertura de la investigación en relación a cuatro imputados, entre ellos el presidente y el secretario general del IAC, una escribana, y el agrimensor que realizó las mensuras cuestionadas. En tanto que otros dos imputados conocerán la suerte de los planteos de su defensor este martes, cuando sean resueltos por la jueza Carina Estefanía.
AUDIO Martín Zacchino, fiscal, relata los hechos
El relato de los hechos que investiga la Fiscalía difícilmente pueda compararse a otros relatos realizados en audiencias similares. La apertura de investigación es un acto formal, en el que se informa a los imputados qué conductas se les reprochan por calzar en algunos de los moldes previstos por el Código Penal. Este relato suele ser breve y conciso ya que los pormenores se obtendrán recién en caso de llegar la causa a juicio. En esta oportunidad, la exposición inicial del fiscal Martín Zacchino se extendió por casi cuarenta minutos, necesarios para presentar el modo en que intervino cada uno de los siete imputados en los hechos que iban a producir un perjuicio patrimonial al Estado y a un poblador con permiso de ocupación en tierras ubicadas en una zona paradisíaca.
Hechos constatados, calificaciones provisorias
Uno de los abogados defensores reconoció que en una charla previa a la audiencia, había coincidido con el representante de otros imputados en que simplemente escucharía la imputación sin oponerse por tratarse de una etapa inicial de la investigación. Sin embargo luego de escuchar los hechos, se hizo indispensable pedir una aclaración para comprender, sin lugar a dudas, qué fue lo que hizo cada uno de los imputados y el por qué de las calificaciones escogidas.
Zacchino explicó una y otra vez la participación que considera que tuvieron, uno a uno, los imputados en cada delito que se les imputa, la correlación entre las conductas y las calificaciones, y los motivos por los que algunos delitos no lograron consumarse, sino que quedaron en grado de tentativa al secuestrarse los expedientes por la Fiscalía.
500 hectáreas se buscan
La Fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para sostener un negocio inmobiliario ya realizado. Un inversor extranjero, dedicado habitualmente a comprar tierras “con problemas de papeles” para luego de solucionados revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de La Horqueta a su ocupante, asesorado y representado este inversor por un hombre de la zona. El poblador tenía iniciado un trámite ante el IAC para que se le autorice a mensurar y se le adjudique en venta, el predio de mil hectáreas que ocupa, gestiones llevadas a cabo por su apoderada, una escribana de Esquel. Por reclamos y negativas a la mensura, planteados por otros dos ocupantes, el IAC notifica que las mil hectáreas otorgadas se reducirán al menos en un 50%.
Esta situación es la que habría detonado las maniobras que, según la Fiscalía, llevaron a cabo los imputados para “salvar la situación”, considerando que la venta ya estaba hecha y que probablemente esas mil hectáreas, por las que el inversor ya pagó, estarían entonces siendo ofrecidas en re-venta en el mercado inmobiliario.
Este nuevo inconveniente hizo que el asesor local, junto al agrimensor, y sabiendo que el Secretario General del IAC les aprobaría su expediente, pretendieran “recuperar” esas tierras a través de una serie de maniobras irregulares. Zacchino sostuvo que pretendieron “inducir a error a la administración pública provincial, con la connivencia y favor de Jorge Geli (Secretario General del IAC)” y la colaboración del ocupante ilegal de una porción de tierras en esa zona. El nuevo plano fue visado sin observaciones por la Dirección de Tierras del IAC.
Prestanombres, certificaciones y más…
A dos meses de haber obtenido el permiso de mensura, el ocupante solicitó permiso para transferir sus derechos y mejoras, de un campo “aun de propiedad fiscal”, a una mujer que supuestamente continuaría con la misma modalidad de utilización para una explotación conjunta. La citada mujer se presentó en el mismo día para notificarse de esa cesión. Se trataba ni más ni menos que de la esposa del hombre que gestionaba y asesoraba en lo local al inversor extranjero que ya habría pagado por esas tierras.
Luego de esto una resolución con firma del Presidente y del Secretario General del IAC, admitió tal cesión, pese a algunas contradicciones en su redacción, y a la aceptación del plano de mensura que no se correspondía con las dimensiones a las que esta se refería.
En este estado de cosas, la cesión de derechos fue certificada en una escribanía de Esquel, por la misma escribana que, según sostiene la Fiscalía, “sabía plenamente que dicha cesión así realizada era un trámite indispensable para la prosecución del trámite administrativo; que había asumido ella misma la gestión del trámite por ante el IAC en calidad de mandataria especial (Escritura nº 178, v. fs. 55 del expte. Nº 17.826) de Luis Gerez desde el mes de agosto de 2005 y en tal carácter conocía perfectamente el trámite vinculado a ésta ocupación; que las mil hectáreas objeto de la cesión (invernada) según el trámite administrativo se había visto reducidas a la mitad; que la resolución 46/IAC así lo había considerado –no en su parte resolutiva- sin dejar de ello ninguna constancia en el instrumento público; que la mensura presentada por el agrimensor Vila, relativa a éste trámite, estaba vinculando una ocupación ajena a la resolución 46/IAC en una superficie de 288 hectáreas; y que el precio allí consignado de pesos noventa y ocho mil ($ 98.000) era una cifra sensiblemente menor al precio realmente abonado”.
Este martes, la Dra. Estefanía completará su resolución.
