EL TRIBUNAL SE EXPEDIRÁ EL 25 RESPECTO DE LA CULPABILIDAD O INOCENCIA DE RUBILAR
El Fiscal Martín Zacchino solicitó condena por el delito de Peculado, entendiendo que en cuatro casos concretos el ex intendente de Epuyén actuó según ese tipo penal. El querellante adhirió a la postura Fiscal y el abogado Defensor solicitó la absolución de su defendido sosteniendo que solo se trató de irregularidades administrativas. El jueves 25 a las 9 hs. en la misma sala utilizada para todo el juicio el Tribunal Colegiado dará a conocer su sentencia. Al finalizar los alegatos la presidente del Tribunal agradeció al público presente por la conducta mantenida durante todo el juicio y resaltó que el objetivo de llevar el juicio a Epuyén fue justamente facilitar la presencia de la comunidad local.
Pasadas las 9 hs. del martes se escuchó el testimonio del último de los testigos. El perito contable tuvo a su cargo el análisis de los movimientos de dinero, documentación y bienes, vinculados a los distintos hechos que están siendo observados por la justicia.
Cuarto intermedio mediante, la Fiscalía abrió los alegatos, con una intervención que se extendió por dos horas. Zacchino, de pie ante los presentes sostuvo que el motivo del juicio no es la realización de un control de una institución a otra que goza de autonomía, sino que se trata de dilucidar si un funcionario en particular, el imputado, transgredió una norma penal y por lo tanto es merecedor de una sanción.
Las conductas
El primero de los hechos que se imputa está relacionado con la obra del Centro comunitario El Pedregoso. El Fiscal habló de varias irregularidades en relación a las exigencias impuestas por la provincia para el depósito de la primer parte del aporte con su realización, el efectivo cobro de Rubilar de ese aporte y el pago con este de materiales y anticipo de mano de obra que nunca fue realizada.
Respecto de la obra del puesto de control de Gendarmería “El Cruce”, también cobró el municipio un anticipo, y tampoco se inició nunca la obra. En este caso hubo un problema con el terreno ya que este pertenece a la Compañía de Tierras del Sud y finalmente no se concretó el acuerdo para la sesión del espacio físico donde se proyectaba llevar a cabo la obra. Rubilar dijo en su declaración que había evaluado la posibilidad de devolver el dinero, sin embargo el Fiscal resaltó que las acciones que llevó a cabo evidencian lo contrario porque en el expediente figura una nota en la cual se planteó una actualización de precios, es decir un pedido de actualizar los montos previstos.
En este caso se compraron materiales y se pagaron trabajos de relevamiento y movimiento de suelo.
En relación al programa hábitat rural había una primera etapa de tres viviendas en ejecución y se abrió una segunda etapa en relación a otras cuatro. También se contó con un anticipo del 25% del monto total pero ninguna de las viviendas se construyó. Se compró maquinaria para la construcción de ladrillos suelo cemento y también se adquirieron ladrillos comunes y aberturas. Según relató Zacchino, los pobladores dijeron no haber recibido ningún material, e incluso alguno sostuvo que no sabía que era acreedor de este programa. La acusación señala que no se determinó le destino de los muchos materiales adquiridos.
Finalmente un último hecho se relaciona con ayudas para vecinos en función de la emergencia climática de 2005. En este caso la situación fue diferente en relación a cada uno de los beneficiarios. Algunos señalaron que recibieron materiales o trabajos por, aparentemente, el total del valor dispuesto, otros parcialmente y algunos no recibieron nunca nada.
Los fondos habían sido depositados en la cuenta municipal y fueron utilizados.
Irregularidades varias
Fueron varias las irregularidades administrativas señaladas por el contador y resaltadas por el Fiscal en su alegato. Zacchino explicó por qué considera que las conductas cuadran en la figura del peculado, indicando que se trata un delito con efecto patrimonial aunque no sea de carácter patrimonial en sí mismo. Así especificó que no es necesario probar el ánimo de lucro, sino si la administración fue apartada de su finalidad específica. “La figura protege la recta administración”.
La Querella
Guillermo Gil Montes representó a la municipalidad en la Querella. El abogado adhirió en todo al alegato fiscal y anticipó su interés en bregar por la reparación civil por los daños económico y moral a la comuna. Habló de la fe pública quebrantada y de dineros que se repartieron entre amigos y compromisos, también mencionó la figura de la corrupción y la necesidad de controlar los actos de gobierno.
Pedido absolutorio
El Dr. Hugo Cancino, a cargo de la Defensa, reconoció irregularidades administrativas y discrepó con la interpretación legal realizada por la Fiscalía. Señaló que los hechos como fueron enunciados no encuadran en la figura del peculado, sino en todo caso en la malversación de caudales públicos, pero alegó que si bien hubo notables desprolijidades, los materiales adquiridos quedaron en poder del municipio y las contrataciones de mano de obra no realizadas mantienen como acreedora a la comuna, la que simplemente debe hacer que se cumplan o se reintegre el dinero.
Cancino sostuvo que al inventario de materiales “le faltan hojas”. Habló de varios centímetros de papel que estarían faltando y responsabilizó a la nueva gestión de no haber realizado el control estricto al momento de ingresar para asegurarse de que todo estuviese en forma, dificultando con el transcurso del tiempo un control efectivo.
Luego habló de cada uno de los hechos defendiendo las decisiones de compra que tomó Rubilar e indicando que en algunos casos si bien estas no eran las mas recomendables para un buen administrador, este no se benefició en lo personal con ellas y nada le es achacable, por lo tanto solicitó la libre absolución con costas para la querella.
Control ciudadano
Al finalizar los alegatos se le dio la palabra al actual intendente en representación de la víctima. Este se limitó a decir que participó en representación de la comunidad que es la afectada y que no falta ninguna hoja en el inventario presentado. Por su parte Rubilar sostuvo que todo lo que dijo en el juicio es la pura verdad.
Zacchino había resaltado la actitud del querellante, señalando que en muchos otros casos el denunciante “tira la piedra y esconde la mano” y ponderó la presencia del funcionario y su participación en el juicio.
Por su parte la Dra. Carina Estefanía agradeció al público la asistencia y la conducta intachable mantenida a lo largo de todo el debate. La presidenta del Tribunal, acompañada de los Dres. Ricardo Rolón y Javier Allende, sostuvo que la finalidad principal de llevar estos debates a la comunidad en la que los hechos se produjeron, es la participación del ciudadano común, es darle la posibilidad de tomar conocimiento de cuestiones relevantes para su comunidad.
El jueves 25 de marzo a las 9 hs. el Tribunal dará a conocer la sentencia de responsabilidad. Si encontrara responsable al ex intendente, deberá fijarse una nueva audiencia para discutir la pena a aplicar.
Pasadas las 9 hs. del martes se escuchó el testimonio del último de los testigos. El perito contable tuvo a su cargo el análisis de los movimientos de dinero, documentación y bienes, vinculados a los distintos hechos que están siendo observados por la justicia.
Cuarto intermedio mediante, la Fiscalía abrió los alegatos, con una intervención que se extendió por dos horas. Zacchino, de pie ante los presentes sostuvo que el motivo del juicio no es la realización de un control de una institución a otra que goza de autonomía, sino que se trata de dilucidar si un funcionario en particular, el imputado, transgredió una norma penal y por lo tanto es merecedor de una sanción.
Las conductas
El primero de los hechos que se imputa está relacionado con la obra del Centro comunitario El Pedregoso. El Fiscal habló de varias irregularidades en relación a las exigencias impuestas por la provincia para el depósito de la primer parte del aporte con su realización, el efectivo cobro de Rubilar de ese aporte y el pago con este de materiales y anticipo de mano de obra que nunca fue realizada.
Respecto de la obra del puesto de control de Gendarmería “El Cruce”, también cobró el municipio un anticipo, y tampoco se inició nunca la obra. En este caso hubo un problema con el terreno ya que este pertenece a la Compañía de Tierras del Sud y finalmente no se concretó el acuerdo para la sesión del espacio físico donde se proyectaba llevar a cabo la obra. Rubilar dijo en su declaración que había evaluado la posibilidad de devolver el dinero, sin embargo el Fiscal resaltó que las acciones que llevó a cabo evidencian lo contrario porque en el expediente figura una nota en la cual se planteó una actualización de precios, es decir un pedido de actualizar los montos previstos.
En este caso se compraron materiales y se pagaron trabajos de relevamiento y movimiento de suelo.
En relación al programa hábitat rural había una primera etapa de tres viviendas en ejecución y se abrió una segunda etapa en relación a otras cuatro. También se contó con un anticipo del 25% del monto total pero ninguna de las viviendas se construyó. Se compró maquinaria para la construcción de ladrillos suelo cemento y también se adquirieron ladrillos comunes y aberturas. Según relató Zacchino, los pobladores dijeron no haber recibido ningún material, e incluso alguno sostuvo que no sabía que era acreedor de este programa. La acusación señala que no se determinó le destino de los muchos materiales adquiridos.
Finalmente un último hecho se relaciona con ayudas para vecinos en función de la emergencia climática de 2005. En este caso la situación fue diferente en relación a cada uno de los beneficiarios. Algunos señalaron que recibieron materiales o trabajos por, aparentemente, el total del valor dispuesto, otros parcialmente y algunos no recibieron nunca nada.
Los fondos habían sido depositados en la cuenta municipal y fueron utilizados.
Irregularidades varias
Fueron varias las irregularidades administrativas señaladas por el contador y resaltadas por el Fiscal en su alegato. Zacchino explicó por qué considera que las conductas cuadran en la figura del peculado, indicando que se trata un delito con efecto patrimonial aunque no sea de carácter patrimonial en sí mismo. Así especificó que no es necesario probar el ánimo de lucro, sino si la administración fue apartada de su finalidad específica. “La figura protege la recta administración”.
La Querella
Guillermo Gil Montes representó a la municipalidad en la Querella. El abogado adhirió en todo al alegato fiscal y anticipó su interés en bregar por la reparación civil por los daños económico y moral a la comuna. Habló de la fe pública quebrantada y de dineros que se repartieron entre amigos y compromisos, también mencionó la figura de la corrupción y la necesidad de controlar los actos de gobierno.
Pedido absolutorio
El Dr. Hugo Cancino, a cargo de la Defensa, reconoció irregularidades administrativas y discrepó con la interpretación legal realizada por la Fiscalía. Señaló que los hechos como fueron enunciados no encuadran en la figura del peculado, sino en todo caso en la malversación de caudales públicos, pero alegó que si bien hubo notables desprolijidades, los materiales adquiridos quedaron en poder del municipio y las contrataciones de mano de obra no realizadas mantienen como acreedora a la comuna, la que simplemente debe hacer que se cumplan o se reintegre el dinero.
Cancino sostuvo que al inventario de materiales “le faltan hojas”. Habló de varios centímetros de papel que estarían faltando y responsabilizó a la nueva gestión de no haber realizado el control estricto al momento de ingresar para asegurarse de que todo estuviese en forma, dificultando con el transcurso del tiempo un control efectivo.
Luego habló de cada uno de los hechos defendiendo las decisiones de compra que tomó Rubilar e indicando que en algunos casos si bien estas no eran las mas recomendables para un buen administrador, este no se benefició en lo personal con ellas y nada le es achacable, por lo tanto solicitó la libre absolución con costas para la querella.
Control ciudadano
Al finalizar los alegatos se le dio la palabra al actual intendente en representación de la víctima. Este se limitó a decir que participó en representación de la comunidad que es la afectada y que no falta ninguna hoja en el inventario presentado. Por su parte Rubilar sostuvo que todo lo que dijo en el juicio es la pura verdad.
Zacchino había resaltado la actitud del querellante, señalando que en muchos otros casos el denunciante “tira la piedra y esconde la mano” y ponderó la presencia del funcionario y su participación en el juicio.
Por su parte la Dra. Carina Estefanía agradeció al público la asistencia y la conducta intachable mantenida a lo largo de todo el debate. La presidenta del Tribunal, acompañada de los Dres. Ricardo Rolón y Javier Allende, sostuvo que la finalidad principal de llevar estos debates a la comunidad en la que los hechos se produjeron, es la participación del ciudadano común, es darle la posibilidad de tomar conocimiento de cuestiones relevantes para su comunidad.
El jueves 25 de marzo a las 9 hs. el Tribunal dará a conocer la sentencia de responsabilidad. Si encontrara responsable al ex intendente, deberá fijarse una nueva audiencia para discutir la pena a aplicar.
