El miércoles al
mediodía un grupo de ciudadanos de La Comarca se movilizaron preocupados por
casos que conmocionaron a esa comunidad. Su recorrido finalizó en la delegación
del Ministerio Público Fiscal en El Hoyo. Allí fueron recibidos por el fiscal
Oscar Oro y otros funcionarios, que escucharon los planteos de los ciudadanos y
se comprometieron a hacer públicas las definiciones que en esta institución se
tomen sobre un caso cuya investigación se inició con el protocolo de trata de
personas.
Los vecinos se acercaron a la fiscalía para plantear
varias situaciones que los preocupan. Entre ellas buscaban información sobre
una investigación de presunta trata de personas que se tramitó en el Juzgado
Federal de San Carlos de Bariloche, y sobre la cual el Ministerio Público
Fiscal de Chubut no tiene intervención ni conocimiento por falta de
competencia.
Sin embargo existe otro caso en el que sí tomó
intervención la fiscalía local. Se trata de una denuncia realizada por dos
mujeres norteñas, la que por sus particularidades llevó a activar el protocolo
nacional de trata de personas de modo preventivo. Las mujeres fueron asistidas,
contenidas, declararon ante un juez penal de Chubut y luego fueron acompañadas
de regreso a su ciudad de origen. Con estos primeros elementos se tomaron
varias medidas de investigación, sin que hasta el momento los elementos
recabados permitieran declinar la competencia de la justicia provincial por
estar ante un delito federal como el de trata de personas. Por ese motivo, la
investigación se siguió en la sede local del MPF hasta determinar si los hechos
denunciados encuadran en alguno de los tipos incluidos en el Código Penal, y
encaminar el procedimiento en el sentido que corresponda.
En este aspecto se asumieron dos compromisos con los
vecinos. El primero de ellos es hacer pública la decisión que tome la fiscalía,
con los resguardos de intimidad de las víctimas a los que la institución está
obligada. En segundo lugar, se ofreció la realización de charlas dadas por
especialistas en el tema, a realizar en escuelas para los públicos interesados
en informarse respecto de estas modalidades delictivas, las leyes existentes,
los protocolos de actuación de las instituciones y las vías para prevenir y
denunciar. Sobre este punto la propuesta quedó abierta para que sea analizada
por los vecinos y referentes institucionales, y lo soliciten en caso de estar
interesados.
La preocupación de los manifestantes se refería también a
una reciente decisión del Juzgado de Paz de la localidad en relación a una
vecina acusada de realizar pintadas y sancionada según el Código Contravencional.
Motivo que los llevó en primer lugar a plantear sus reclamos en el Juzgado
interviniente. En esta misma línea, los manifestantes se mostraron alarmados
por actitudes que consideraron intimidatorias por parte de autoridades
públicas. Su reclamo es ser escuchados, respetados en sus derechos, informados
debidamente, además de obtener respuestas a los reclamos por parte de los
organismos competentes.
