NO HAY DELITO
El fiscal Oscar Oro
desestimó por falta de delito, la denuncia presentada en la delegación de la
fiscalía en El Hoyo contra el fiscal Fernando Rivarola. La presentación se
refería a una presunta violación de domicilio por ingreso a predios rurales en
el marco de una investigación.
La actividad investigativa se correspondía con un legajo que
investiga la regularidad de un negocio realizado por esos predios rurales entre
una familia y la Municipalidad de Cholila. “Es lógico suponer que esos predios
puedan ser observados como lo permite la geografía del lugar, despejada y
llana. Además de existir caminos vecinales”, indica el escrito.
La denuncia incluía también al martillero público que realizó
la tasación de esas tierras. A su respecto el fiscal indicó que el contenido
del informe técnico puede ser objetado y hasta excluido siguiendo los lógicos
pasos procesales. Respecto de si el tasador entró o no al predio, al actuar
bajo las órdenes de un fiscal nada podría achacársele.
Oro analizó pormenorizadamente la situación de Rivarola a
este respecto. En el legajo se encontró el acta del 28 de mayo de 2013 en la
que el fiscal y la empleada que lo acompañó firmaban dejando constancia de la
inspección ocular en todos los lugares mencionados en la denuncia. También
existen fotos y estos registros fueron confirmados por policías del lugar que
recordaban la visita de Rivarola, indicaron haberlo acompañado y sostuvieron
que el acceso se produjo por un camino vecinal. “En el lugar visitado no
ingresaron a ningún predio ocupado ni se cruzaron con algún vecino del lugar”.
El análisis de Oro concluye diciendo “en este proceder no
hallo en absoluto que lo sea contrario a derecho, no material ni subjetivamente
por parte del Dr. Rivarola.
Además, de prosperar el caso que dio origen a estas
diligencias y formularse reproches en contra del Sr. Héctor Castro, en las
etapas subsiguientes podrá ejercer sus derechos, revisar y contrarrestar todos
y cada uno de los elementos de cargo que pretendan usarse en su contra ante el órgano
jurisdiccional habilitado para ello, esto es un Juez Penal de Garantías“,
concluye.
