A JUICIO
La investigación por
la presunta tentativa de extorsión que se atribuye a un abogado entró en etapa
de juicio. En la audiencia preliminar fueron rechazados los planteos de
nulidad realizados por la defensa respecto de las escuchas telefónicas y fue
admitida la totalidad de la prueba presentada por las partes.
Como planteó el
fiscal en la acusación, se trató y se resolvió el sobreseimiento de quien previamente
había sido imputado como partícipe. Se trata del detenido que con su
computadora personal filmó a dos policías dentro de su calabozo. El interno
entregó este material a su abogado, pero no hay ninguna prueba de que quisiera
utilizarlo para extorsionar, sino simplemente para reclamar por sus derechos.
El fiscal Fernando Rivarola
oralizó el hecho que intentará probar en el juicio y enumeró la prueba con la
que lo hará. La defensa a cargo del Dr. Hugo Cancino, realizó planteos de
nulidad respecto de instancias centrales en la investigación, como lo fue la
realización de escuchas telefónicas. Sobre este punto el juez Jorge Criado aclaró que es
necesario tener en claro que la investigación que pesa sobre el imputado lo es
ante la posible comisión de un delito y no por el ejercicio de su profesión de
abogado, por lo tanto le caben las mismas garantías que a cualquier otro
imputado. “Toda la Constitución tiene para los imputados un vademecum de muchísimas
garantías, no encontré ninguna que diga que hay una garantía para la impunidad”,
sostuvo el juez. La defensa había planteado que al igual que para los
allanamientos en estudios jurídicos, debe darse aviso al Colegio de Abogados. El
juez coincidió con el fiscal en que en el caso de las escuchas telefónicas se
está ante una medida de imposible cumplimiento si se da aviso a alguien. “Perjuicio
procesal no es lo mismo que agravio constitucional… Aquí no hubo ninguna
afectación al derecho de defensa del imputado”.
Resta ahora la
designación del juez que tendrá a su cargo la dirección del debate, y la fijación
de la fecha de juicio.
El hecho
El hecho acusado
comenzó a realizarse el 20
de marzo de este año, cuando el imputado en su calidad de abogado defensor de
un detenido en la comisaría de Trevelin, se entrevistó con una oficial de policía
intimidándola con manifestaciones como “… vamos a hablar a calzón quitado, yo
tengo una filmación donde apareces con otro oficial en los calabozos, mientras
lo internos no estaban, haciendo cosas que vos sabés que vas a perder tu carrera
si yo vendo el video…” Luego de esto le habría pedido el traslado de su
defendido y $25 mil por su silencio. Después existieron comunicaciones telefónicas
entre la víctima y el imputado en las que discutieron el monto, acordando una
suma menor $ 15 mil que debería realizarse en efectivo por sistema de
homebanking. El imputado prometió que una vez que se verificara la
transferencia destruiría el registro audiovisual.
El 28 de mayo se
encontraron a las 10:30 hs. en una estación de servicios de Esquel. Allí la
oficial verificaría la existencia del video. En ese contexto el imputado fue
aprehendido por personal policial.
“Luego de recuperada su libertad, el
imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal,
facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos)
copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir
el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio
amenazado”, indicó Rivarola.
