En la continuidad de una audiencia iniciada en febrero,
Zulma Amed se reconoció autora de defraudación por utilización de tarjeta de
débito y defraudación por administración fraudulenta. Por estos hechos fue
condenada a la pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación
especial por el mismo tiempo para desempeñarse en cargos públicos y costas del
proceso. En tanto que fue sobreseída por otros dos hechos que afectaron a
ancianos del hogar, respecto de los cuales pudo desvincularse.
De la audiencia participaron familiares de los ancianos
afectados, entre ellos la joven que denunció el primero de los casos, a partir
del cual tomó conocimiento la Fiscalía, sirviendo de punta del ovillo para
llegar a esta instancia. La joven se mostró satisfecha al escuchar de boca de
la imputada el reconocimiento de autoría de estos hechos. Todos los familiares
presentes hablaron manifestándose conformes con lo resuelto.
Amed aceptó su responsabilidad en relación a dos hechos. El
primero consistió en apropiarse de la tarjeta de débito de uno de los ancianos
y con ella realizar una extracción de $1000 en el cajero automático de
Trevelin, sin entregar nunca el dinero obtenido. Esto ocurrió en abril de 2014.
El segundo de los hechos ocurrió entre enero de 2007 y julio
de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban
los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero
sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro
damnificados de alrededor de trescientos mil pesos.
Por estos hechos la imputada fue declarada penalmente
responsable y condenada a la pena de tres años de prisión en suspenso. Durante
ese plazo estará inhabilitada para desempeñarse en cargos públicos. Entre otras
reglas de conducta se le impuso la prohibición de contacto con el Hogar y con
las víctimas y sus familiares. También deberá afrontar las costas del proceso
penal.
El proceso continúa en relación a quién se desempeñaba como
directora de la institución. Respecto de ella resta realizar la audiencia
preliminar para dar tratamiento al pedido fiscal de apertura de la etapa de
juicio.
