El 20 de noviembre de 2014 una mujer se instaló en una casa del Barrio 40 Viviendas, del IPV, la que habría sido adjudicada a otra persona. A partir de la denuncia se inició una investigación que concluyó con la presentación del pedido de apertura de la etapa de juicio por parte de la Fiscalía. La Defensa pidió el sobreseimiento de la imputada por considerar que es una conducta atípica y por el estado de necesidad que la llevó a tomar la vivienda. La juez penal Anabel Rodríguez, entendió que no se dan los presupuestos para considerar este hecho una conducta atípica y señaló que los planteos que realiza la Defensa, así como los de la Fiscalía, solo pueden resolverse con la producción de prueba, es decir en el juicio.
Participó de la audiencia una representante
del Instituto Provincial de la Vivienda, también la mujer que reclama esa casa
como propia, además de la imputada. Los planteos de las partes ya se habían
realizado previamente, la audiencia de este jueves fue para escuchar la
resolución de la juez.
Qué
dice la acusación
La acusación sostiene que todo comenzó el
20 de Noviembre de 2014, en el Barrio 40 Viviendas, Plan Federal II, integrante
del Barrio 74 Viviendas, sobre calle Vicente Calderón, viviendas del Instituto
Provincial de la Vivienda. La casa estaba desocupada, ya que su poseedora realizaba
reformas de acondicionamiento. Fue entonces cuando la imputada, en compañía de
sus hijos menores de edad, invadió la vivienda tomando posesión de la misma,
con fines de ocupación permanente, valiéndose para el ello de clandestinidad,
toda vez que fue un ingreso no autorizado y oculto para su poseedora legítima,
despojándola totalmente del uso del inmueble, y utilizando para ello los
servicios de un cerrajero a quien le manifiesta que el inmueble es de su
propiedad y que había perdido la llave, abriéndole éste la puerta lateral de la
vivienda.
Todos
conocemos la necesidad habitacional pero en el ámbito penal tenemos que
determinar si hay o no delito
Rodríguez inició su resolución diciendo que
es conocido por todos que existe necesidad de viviendas no solo en Esquel sino
en todo el país y que sería importante que el Estado encuentre los medios de
mejorar esta situación. Luego explicó cuál es el ámbito de incumbencia del
derecho penal: determinar si hay o no delito.
Para la defensa no habría
"lesividad" a una víctima particular ya que esa vivienda fue adjudicada a otra
persona, que esa adjudicación había caducado y que quién reclama no reúne los
requisitos por tener otra propiedad.
La juez tuvo en cuenta que hubo acuerdo
entre las partes en que dentro de la vivienda había bienes de la damnificada y
no se puede descartar que esta mujer tenga algún derecho y hubiera ejercido
actos posesorios sobre esa vivienda. Este punto debe ser motivo de prueba, en
el juicio.
No
puede ser la usurpación una forma de reclamar al Estado
La magistrada tuvo en cuenta también, que la
imputada está inscripta en el IPV, reúne los requisitos para que se le
adjudique una vivienda y estaría en estado de vulnerabilidad extremo, según
postuló la defensa. Hizo referencia a que los recursos nunca son suficientes y para
que la adjudicación se produzca debe cumplirse una serie de pautas. "La
imputada no es la única adjudicataria, ni la única en condiciones de acceder a
una vivienda, ni la única que tiene estado de necesidad", indicó. También explicó
que no se está discutiendo el desalojo, ya que esa sería la consecuencia de una
posible sentencia y será luego el Estado el que deba determinar la mejor manera
de hacerla efectiva cumpliendo con sus obligaciones internacionales. "El
Estado no puede permitir las vías de hecho… Las formas de perseguir los no
cumplimientos del Estado no pueden ser atacadas, por ejemplo, con una
usurpación".
El
juicio es la máxima garantía
Sobre el estado de necesidad que habría
forzado a la imputada a tomar esta decisión extrema, la magistrada señaló que solo
puede probarse en el juicio. No puede producirse toda la prueba en la audiencia
preliminar. En esta instancia corresponde verificar que exista probabilidad de
que el hecho sucedió y que el imputado es su autor. Dadas estas condiciones, si
no se llegó a un acuerdo entre las partes para una solución alternativa al
conflicto, no es posible llegar a una conclusión a partir de las alegaciones.
Rodríguez entendió que es en el juicio
donde pueden ejercerse plenamente los derechos que establece el proceso penal y
por eso se abrió la etapa de debate, el que se producirá en octubre.
