miércoles, 14 de noviembre de 2012

Incendio en la propiedad de la familia Lagos - Mac Karthy

SE MODIFICARON LAS MEDIDAS DE COERCIÓN DE TRES DE LOS IMPUTADOS

 
Este miércoles se cumplieron los diez días de la prisión preventiva fijada en al audiencia de formalización de la investigación. El fiscal dio a conocer el resultado de las últimas medidas realizadas y solicitó la morigeración de las medidas de coerción de los dos imputados como presuntos autores materiales del hecho, diferenciando la situación del imputado como autor intelectual para quien requirió el mantenimiento de la prisión preventiva por treinta días. Solo en este último caso hubo rechazo de la defensa. El juez dispuso reemplazó la prisión preventiva por presentaciones periódicas en organismos públicos y la prohibición de acercamiento y contacto entre ellos y en relación a las víctimas.

El martes se realizaron ruedas de reconocimiento respecto de dos de los presuntos autores materiales del hecho. Ambas dieron resultados negativos. Igual suerte corrió una pericia dactiloscópica. Estos elementos fueron ponderados por el fiscal para pedir la morigeración de la medida de coerción que venían sufriendo dos imputados. Zacchino sostuvo que en esta etapa basta con una presentación semanal en la Oficina Judicial y con la prohibición de contacto entre sí y en relación a las víctimas, hasta que se resuelva definitivamente su situación –en un sentido o en otro- en el proceso.
En esta línea planteó el fiscal cuáles son las medidas que se realizarán para terminar el análisis de otras evidencias.
Los defensores particulares, Dora Davies y Juan Zapata estuvieron de acuerdo con lo expresado, solicitando únicamente que las presentaciones se requieran cada quince días por la situación laboral de uno de los imputados.

Distinto fue el análisis en relación al presunto autor intelectual. En este caso el fiscal sostuvo que la situación de riesgo procesal se mantiene, no solo por el temor manifestado por los testigos, sino también por las posibilidades ya demostradas por este en la descripción del hecho que se investiga. Zacchino planteó que el imputado demostró tener la posibilidad de inducir a otra gente a actuar por él, según sus designios. También hizo referencia a una serie de mensajes de texto recibidos en el teléfono celular del imputado, en los que otras personas hablaban del hecho, y de varios mensajes borrados.
Horacio Hernández, el abogado que había renunciado a la defensa del imputado y luego en esta audiencia volvió a asumir la representación, planteó que para sostener la autoría intelectual la Fiscalía necesita tener a los autores materiales del hecho, y no los tiene, ya que es evidente que los imputados en este sentido son inocentes. “Hoy hay menos pruebas, se cayó la única línea investigativa”, sostuvo, agregando que está dispuesto a ofrecer elementos para seguir otra posible línea de investigación, sosteniendo que es muy posible que el móvil fuera una causa por tierras como aquella en que se formalizó la investigación esa misma mañana imputando a ex funcionarios municipales de Cholila.
Finalmente solicitó la libertad de su defendido, la imposición de medidas similares a las de los otros imputados o al menos la prisión domiciliaria por una semana en Cholila.

Resolución

Jorge Criado dispuso las medidas pedidas en relación a los dos primeros imputados, ya que no hubo discusión entre las partes.
Respecto del tercer imputado, recordó que esta audiencia fue fijada para analizar si a esta altura de la investigación subsiste el riesgo de entorpecimiento y se precisa o no mantener cautelada su libertad. El juez decidió dictar la libertad del imputado, considerando innecesario mantenerlo en prisión preventiva. Dispuso una prohibición de contacto con la víctima y con su grupo familiar, la obligación de mantener su domicilio de Cholila, una prohibición de contacto con los coimputados y la presentación semanal en la comisaría de Cholila.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público



SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN PENAL

La Fiscalía investiga una maniobra con tierras fiscales realizada en el ejido municipal de Cholila en el año 2010. Este miércoles se formalizó la investigación en una audiencia a la que asistieron el fiscal Martín Zacchino, el representante de la querella, Marcelo Macayo y los dos imputados con su defensor Jorge Williams, además de los damnificados.

La Fiscalía describió el hecho indicando que se produjo entre el 15 y el 19 de abril del 2010, cuando Gustavo Javier Galindo, en su carácter de Intendente Interino de la Municipalidad y Néstor Rubén Becerra en carácter de Secretario de Gobierno, procedieron, a sabiendas de las obligaciones que la Ley Provincial Nº 3098 ponía a su cargo, a omitir en lo que era de su incumbencia la aplicación de la ley de tierras fiscales de la provincia del Chubut. Esa omisión se habría evidenciado al dictar las resoluciones nº 24/2010 y nº 25/2010, en las que se reconoció derechos posesorios sobre los lotes ubicados en la Circunscripción 3 – Sector 3 del Ejido (09) de la localidad de Cholila, individualizados catastralmente como Parcela 4 de la Chacra 11 con una Superficie de 74 ha 58ª 94 ca, y la Parcela 1 de la Chacra 16 con una Superficie de 7 ha 16ª 11ca pertenecientes a la familia Perry, a personas que jamás habrían ocupado las mismas. Posteriormente fueron transferidos esos derechos con la intervención de una escribanía de Esquel a una tercera persona a precio vil.
Por estos hechos se imputa el delito de violación de los deberes de funcionario público a ambos sindicados.

El defensor solicitó que la investigación preliminar se restrinja a quince días por el largo plazo transcurrido entre la fecha de constitución de querellante y la de la audiencia de apertura. También solicitó que se tome como la normativa que reguló los actos que se cuestionan, a la ordenanza municipal, no a la ley provincial.
Por su parte Zacchino se opuso a la reducción de plazo solicitada, calificándolo de irrazonable. Macayo adhirió al planteo fiscal y acentuó que la provincia no pudo controlar lo que se hizo en Cholila en este caso. También señaló que la familia perjudicada pagó la tierra años atrás, lo que en otros casos fue valorado como derechos a la obtención de la escritura. El letrado señaló que la ordenanza otorga poderes omnímodos al intendente municipal sin respetar las ocupaciones previas.

Finalmente la juez Anabel Rodríguez entendió que mas allá de su postura personal, debe tener a la vista lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en otros casos, y lo que establece la reforma del Código Procesal, indicando que el comienzo de la contabilización del plazo es a partir de la audiencia de apertura. Además solicitó a los acusadores que procuren acelerar la investigación para comprimir en la medida de lo posible la duración de la misma.
Respecto de la norma que debe tenerse en cuenta para analizar los hechos imputados, señaló que implica un análisis propio de otra etapa del proceso.