PRISIÓN DOMICILIARIA PARA LOS DOS IMPUTADOS
El martes se realizó la audiencia de apertura de la investigación y control de la detención de dos jóvenes presuntamente vinculados al robo de una vivienda en Cholila. La Fiscalía pidió la prisión preventiva por considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal. La Defensa se opuso, y el juez dictó un arresto domiciliario con presentaciones en la Oficina judicial y prohibición de contacto con las víctimas. A pedido del fiscal el miércoles se realizó la revisión por otros dos jueces. Los magistrados mantuvieron la decisión judicial, quitando las presentaciones en la Oficina Judicial que implicaban una imposición innecesaria para la policía, a cargo de los traslados.
El domingo entre las 16 y las 19 hs. en Cholila, dos jóvenes, uno de 18 años y el otro menor de edad, ingresaron a una vivienda luego de forzar el sistema de falleba de una ventana. Revisaron todos los ambientes y se apoderaron de una importante suma de dinero en pesos y dólares, un arma de fuego de puño, una lata con monedas varias, un celular, un cargador, un par de zapatillas, una campera, dos cartuchos a bala, dos billeteras, un arma de fuego, cadenas y alhajas de oro, un reloj y documentación. Luego salieron por una ventana trasera y trasladaron el botín a la vivienda contigua donde pudo secuestrarse gran parte de lo sustraído.
La detención se produjo por disposición de la Fiscalía luego de contar con algunas pistas que condujeron a los imputados. Cuando estos salieron de la vivienda fueron palpados por la policía y uno de ellos tenía una considerable suma de dinero entre su ropa que se presumió que sería parte del botín. En esas circunstancias fueron aprehendidos.
La audiencia
De la audiencia que se prolongó hasta las 23 hs. del martes, participó también la Asesoría de familia por ser menor de edad uno de los imputados. La detención fue declarada legal por el juez Javier Allende.
Las medidas de coerción
Fernando Rivarola solicitó la imposición de prisión preventiva para ambos imputados por considerar que hay peligro de fuga, ya que no tendrían arraigo firme, ni núcleo familiar fuerte, ni ocupación laboral o escolar fija. Si bien no se formalizó ninguna otra investigación en relación a estos imputados, Rivarola mencionó que se sospecha y se está investigando una posible vinculación del mayor de edad a un robo grabe ocurrido en la ciudad de Esquel en 2011. También dijo que ese imputado tiene en su círculo de amistades a las personas que están siendo investigadas por el robo al dueño de una panadería de Esquel. También fundamentó la existencia de peligro de entorpecimiento debido a que no se encontraron todos los elementos sustraídos y libres podrían ocultarlos.
Por esos fundamentos solicitó la prisión preventiva por 30 días del mayor de edad y la internación en el COSE por quince días para el imputado menor, hasta que se pueda contar con un informe socioambiental que permita dirimir si alguno de los domicilios posibles es apropiado para contener y controlar la conducta del joven.
El defensor Bruno Deias consideró excesivas e innecesarias las medidas solicitadas. Sostuvo que los dos imputados tienen un arraigo efectivo. El menor vive en la casa de sus tíos en la ciudad de Esquel y sostuvo que es ahí donde se va a asentar. El padre y el tío del joven estuvieron presentes en la audiencia. Respecto del imputado de 18 años, señaló que cada vez que cambió de domicilio lo hizo con su madre o con su abuela. Deias sostuvo que en una comunicación telefónica con la abuela del joven, esta manifestó que está dispuesta a que se mude a su casa en la ciudad de Esquel.
El letrado sostuvo que salvo el monto de dinero sustraído no se trata de un hecho grave, sino de un robo común, realizado en una vivienda en la que no estaban los moradores, y por lo tanto no se requiere una cautela especial del proceso.
También propuso que ambos imputados reanuden sus estudios en la ciudad de Esquel, como otra forma de garantizar el proceso o supletoriamente el arresto domiciliario. El Asesor adhirió a lo propuesto por el Defensor.
La resolución
El juez Javier Allende, consideró que el daño solo fue patrimonial y que más allá de esto no se trata de un hecho grave. También tuvo en cuenta que en relación al menor de edad no se aplicaría pena sino medidas socioeducativas. Además señaló que aun en prisión preventiva pueden recibir visitas y por lo tanto no estarían incomunicados, desde este lugar también podrían dar indicaciones para que otros les faciliten el ocultamiento de los elementos sustraídos que aun no fueron secuestrados
El magistrado consideró que en este caso, una medida alternativa podría preservar los peligros procesales alegados por la Fiscalía y dispuso arresto domiciliario para el mayor de edad en el domicilio de la abuela. También le advirtió que si sale de ese domicilio se le impondrá la prisión preventiva por el resto del proceso. La policía deberá realizar controles sorpresivos de la policía y quedará sometido a la vigilancia de la abuela.
Además le impuso que deberá presentarse en la Oficina Judicial los martes y jueves de 9 a 13 hs., trasladado por la policía y le prohibió tomar contacto por cualquier vía con las víctimas. Todo por un plazo de 30 días.
Respecto del menor también se impuso su arresto domiciliario, en casa de su tío en Esquel.
La revisión
La Fiscalía pidió la revisión y esta se llevó a cabo antes los jueces penales Ricardo Rolón y Anabel Rodríguez el miércoles. En esa audiencia Rivarola sostuvo que la decisión del juez le significó un obstáculo a la investigación ya que la prisión domiciliaria facilitaría a los imputados el ocultamiento de prueba en los primeros días de ocurrido el hecho. Tanto el fiscal como el defensor cuestionaron que se impusiera el traslado de los imputados a la Oficina Judicial dos veces por semana para constatar su presencia en le domicilio ya que esto se constituye en una carga excesiva para el personal policial que con la sola visita a la casa puede por sí constatar el cumplimiento de la medida. El Dr. Bruno Deias planteó que los fundamentos de la resolución no justifican la imposición de una medida de coerción.
Luego de un cuarto intermedio en el que los jueces escucharon los audios de la audiencia anterior, confirmaron la resolución original, modificando únicamente un aspecto. Bastará con la presencia policial sorpresiva en el domicilio para constatar el cumplimiento de la medida, sin necesidad de que los uniformados deban trasladar a los imputados a la Oficina Judicial.
la Fiscalía de Esquel investiga la contratación de servicios por la Municipalidad de Lago Puelo a un empleado provincial adscripto a esa Institución. Recientemente se realizó la audiencia de apertura de la investigación en la que se informó los hechos que se investigan y la calificación provisoria en relación a las conductas de los dos imputados: el empleado y el Intendente comunal. 
