SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía cuenta con seis meses para investigar la muerte violenta
ocurrida el domingo en el Barrio Estación. El imputado permanecerá 45 días en
prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas tendientes a llevar el caso a
juicio. La hermana de la víctima estuvo en la audiencia asistida por el SAVD.
La audiencia se realizó el lunes al mediodía. El juez Javier
Allende declaró legal la detención y formalizada la investigación penal
preparatoria. Por la Fiscalía se hizo presente el funcionario Carlos Richeri,
en tanto que el imputado fue asistido por el defensor público, Bruno Deias.
El domingo 4 de mayo aproximadamente a las 5:00 hs., un
llamado alertó a la policía sobre un grave ataque a raíz del cual un joven
yacía en la intersección de las calles Roberts y Urquiza. Al llegar los
uniformados lo encontraron tendido en el suelo, muy golpeado e inconsciente. Cerca
de él otro joven, con su ropa manchada con sangre, lloraba. No supo darse a
entender con la policía y fue aprehendido. Entonces apareció en escena su
hermano, haciéndose cargo de lo sucedido y señalando que el primero nada tenía
que ver. También su ropa tenía evidentes manchas hemáticas. Ambos quedaron
detenidos mientras se realizaba el traslado de la víctima, se relevaba el lugar
del hecho y se iniciaba la búsqueda de posibles testigos.
En la audiencia Richeri sostuvo que hay testigos
presenciales del hecho que están atemorizados. Uno de ellos habría sido
amenazado de muerte por el imputado cuando le pedía a gritos que cese con su
agresión. Estos y otros elementos permitieron centrar la investigación respecto
del segundo detenido, el único que por el momento quedó vinculado al legajo
fiscal.
Según se pudo determinar hasta el momento, Rojas y el
imputado habían discutido. Por circunstancias que aun no se establecieron, la
víctima había caído al suelo y esa situación fue aprovechada por el imputado
para atacarlo brutalmente, con patadas y golpeándolo en la cabeza con una gran
piedra que había en el lugar. El daño producido por los golpes le provocó la
muerte.
El imputado tiene otros procesos en trámite. Uno de ellos
por otro hecho de violencia que la Fiscalía calificó provisoriamente como
tentativa de homicidio. Además de este se le siguen investigaciones por hurto y
una desobediencia a una orden judicial, vinculada a una situación de violencia
de género. Este cuadro fue esgrimido por el funcionario fiscal para fundar los
riesgos de fuga y entorpecimiento procesal que exige el Código Procesal Penal
para el dictado de una prisión preventiva, solicitando al juez que la disponga
por un plazo de 60 días.
El defensor no cuestionó la procedencia de una medida de
coerción, pero sí se opuso a que fuera la más gravosa. Rechazó la existencia de
riesgo de fuga y argumentó que para el caso es suficiente con el dictado de una
medida alternativa como el arresto domiciliario. Deias pidió al juez que si no
compartía su criterio y disponía de todos modos la prisión preventiva, reduzca
al menos en la mitad el plazo solicitado por el Ministerio Fiscal ya que la
investigación no se presenta como compleja.
Javier Allende entendió que en el caso no se evidencia un
claro riesgo de fuga, pero sí de entorpecimiento procesal, y dispuso la prisión
preventiva por 45 días.
