Condena por robo a turista brasileña

Es la segunda condena por robo en lo que va del año. La primera fue por el robo a un local comercial ocurrido el 23 de noviembre de 2014, el imputado, David Joel Garnica fue encontrado autor responsable y la pena impuesta por el Tribunal se conocerá el próximo jueves 3. La condena alcanzada este lunes en un juicio abreviado, se relaciona con el robo a una turista oriunda de Brasil. Maximiliano Alexis Villegas fue condenado a la pena de tres años de prisión, se le revocó una condena de ejecución condicional y se unificaron ambas en la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento.

El 17 de mayo de 2015, aproximadamente a las 14 hs., una turista extranjera caminaba en inmediaciones de la laguna La Zeta. Villegas y un menor de edad, la rodearon y la intimidaron  exigiendo que le entregue la cámara fotográfica y la mochila. Adentro de la mochila había documentación personal, la funda de la cámara, remedios, un celular y una linterna. Luego de apropiarse de estos objetos, le indicaron por donde seguir su camino.

La inmediata investigación permitió recuperar la cámara y otros objetos e identificar a los autores.

A la audiencia de este lunes fueron convocados ambos. El menor no asistió y se ordenó su compulsa. Villegas reconoció haber cometido el hecho y aceptó la pena de tres años de prisión.

El imputado tiene una condena anterior a una pena de ejecución condicional, que data de octubre de 2013. Como volvió a delinquir deberá cumplir ambas condenas en prisión. En el marco del juicio abreviado se acordó también la pena única de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más el pago de las costas del proceso.

Condena por robo con arma

El día martes 23 de febrero finalizó el Juicio Oral y Público, en el que por pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal integrado por los jueces, Hernán Dal Verme, José Oscar Colabelli, y Martin Zacchino, declaró a David Joel Garnica (35), autor penalmente responsable, del delito de robo con arma.  El próximo 3 de marzo, los magistrados dictarán la sentencia condenatoria, fijando la pena que deberá cumplir. La Fiscalía, realizó un pedido de pena de 7 años de prisión. Asimismo, la parte acusadora, confirmo que el acusado, ya registraba antecedentes condenatorios.

Conforme la pieza acusatoria  debatida en los tribunales de Esquel, se trató del hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2014, alrededor de las 22:15, en el local comercial "Fiambrería Coco", ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Urquiza.

En esa oportunidad, Garnica, ingreso empuñando un arma de fuego (la que no se pudo determinar que resultara apta para el disparo) y se acercó a la encargada del local, blandiendo el arma.

En ese contexto, el imputado le dijo "..tírate al suelo hija de puta y dame toda la plata". Luego forcejeó con la victima llevándola hasta la caja registradora.

En ese lugar, sin soltar el arma, empujó y golpeó a la mujer, en reiteradas oportunidades. Finalmente, la víctima le entregó el dinero existente en la caja. El acusado se fue del comercio, llevándose una suma superior a los 900 pesos.

Durante la audiencia de debate, la Fiscalía presento numerosos medios de prueba (documentales y testimoniales).

Para acreditar la participación de David Joel Garnica en el hecho descripto, resultó esclarecedor el registro fílmico de las cámaras de seguridad del local comercial que captaron la acción del acusado.

Asimismo, las pericias efectuadas por los profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM), de la Procuración, resultaron medios probatorios de convicción.

Así las cosas, la Fiscalía fundamentó ante el tribunal colegiado, un pedido de aplicación de pena de siete años de prisión.

Fuente http://www.mpfchubut.gov.ar/index.php/esquel/9095-juicio-por-robo-con-arma 

Se logró un acuerdo conciliatorio en un caso de defraudación

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a la década del 1990, sin embargo recién se tomó conocimiento de alguna irregularidad en 2013. A partir de ese momento la Fiscalía inició una investigación que determinó varios hechos de defraudación vinculados a la ejecución de un poder general después de la muerte de la titular de los derechos y a espaldas de sus herederos. Por esos hechos fueron imputados el mandatario como autor, su hijo y un escribano como partícipes secundarios. Finalmente las partes pudieron alcanzar un acuerdo, los imputados repararán integralmente a las damnificadas y cubrirán los gastos de la querella. Contando con la conformidad de las víctimas y por tratarse de un delito netamente patrimonial en una relación entre privados, la Fiscalía prestó su acuerdo para que cumplido el mismo, sean sobreseídos los imputados tal como prevé el Código Procesal Penal.

Dos de las damnificadas viven en el exterior, una en Uruguay y la otra en Estados Unidos. Su consentimiento fue manifestado por los abogados particulares que las representan como querellantes en este caso y acreditado con escritura pública y constancias electrónicas. La tercera víctima será escuchada en una audiencia prevista para el jueves a las 8 hs., aunque su consentimiento fue anticipado por su abogado particular, el juez solicitó que se fije una nueva audiencia para que ella concurra y sea escuchada.

El acuerdo alcanzado implica la sesión de 17 hectáreas con costa de Río Grande a las dos primeras damnificadas, mas una suma de dinero en efectivo, y una hectárea de similares características para los letrados patrocinantes de estas. La tercera de las damnificadas recuperará el lote por el que fuera defraudada, escriturado a su nombre sin costo alguno.

La maniobra defraudatoria achacada en la acusación pública consistió en la utilización de un poder general otorgado por una mujer para la administración de sus bienes, luego de que esta falleciera el 23 de agosto de 1993, a espaldas de sus legítimos herederos. El mandatario “continuó realizando actos de disposición de los bienes inmuebles de propiedad de su mandante, sin realizar las correspondientes rendiciones de cuentas y sin que sus legítimas ni ningún otro interesado hubieran iniciado el correspondiente trámite sucesorio”, indica la acusación pública.

El Fiscal verificó “una importante cantidad de operaciones inmobiliarias con bienes inmuebles de propiedad de la causante, tales como subdivisiones o fraccionamientos, venta de los lotes resultantes, compraventas con los Municipios de Esquel y Trevelin, permutas por otros inmuebles y ventas posteriores de los recibidos y también regularizaciones notariales de operaciones inmobiliarias realizadas en vida de la titular registral”. A partir de esto el mandatario habría obtenido un beneficio económico ilegal, defraudando a los compradores de buena fe. 

Los Fiscales se reunieron con Williams

El lunes por la tarde se llevó a cabo una promisoria reunión entre los Fiscales de Esquel y el Ministro de Gobierno de la Provincia, Rafael Williams. Se analizaron varios temas comunes vinculados a la policía provincial, el trabajo conjunto, estrategias de seguridad y lugares de detención entre otros. El encuentro dejó una agenda de temas a seguir y el compromiso de mantener el diálogo y el trabajo mancomunado.

El Ministro fue recibido en instalaciones del Ministerio Público Fiscal por la Fiscal Jefe, María Bottini y los Fiscales Fernanda Révori, Fernando Rivarola y Marcelo Cretton. Es el primer encuentro formal que se produce con el ministro, por lo que se fijó una agenda de temas comunes a los que se dará seguimiento desde ambas Instituciones.

En primer lugar se analizó el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía acordando diferentes estrategias para reforzar la formación de los uniformados. El Ministerio Público tiene previsto realizar una serie de reuniones con los responsables de las comisarías de toda la circunscripción, acorde con las instrucciones recibidas del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena.

 

La necesidad de contar con personal formado para tomar denuncias por violencia de género en el interior, fue otra de las cuestiones abordadas. En la circunscripción solo Esquel cuenta con una Comisaría de la Mujer y suelen darse situaciones de cierta complejidad para el adecuado abordaje de los casos que se dan en otras localidades.

A su vez el Ministro informó a los Fiscales sobre los temas más inmediatos respecto de los que están trabajando para hacer frente al problema de la inseguridad, algunos de ellos coincidentes con necesidades propias de la investigación criminal y otros de la etapa de ejecución penal, como son los módulos carcelarios.

Suicidio adolescente

El Servicio de Adolescencia del HZE se reunió con Fiscales y Funcionarios

Profesionales del Servicio de Adolescencia del Hospital Zonal Esquel se reunieron los fiscales y funcionarios para informarles respecto del trabajo que llevan adelante en prevención del suicidio adolescente. En el encuentro se acordó que la Fiscalía informará al Equipo cuando toma conocimiento de un caso de suicidio o de la evidencia de una situación de riesgo.

Mirta Moreschi, Sandra Fernández y Adriana López Gómez visitaron la Fiscalía con la intención de dar a conocer el trabajo que realizan y solicitar la colaboración de la Institución, fundamentalmente para tomar conocimiento de los casos al momento en que se producen.

El Equipo procura brindar contención al grupo de pertenencia del adolescente, tanto amigos como familiares, y fundamentalmente está orientado a la prevención.

En este sentido, cualquier persona que necesite ayuda o quiera ayudar a algún adolescente que podría estar en situación de riesgo de suicidio, podrá tomar contacto con el Servicio de Adolescencia del HZE en horario de 8 a 14 durante febrero y de 8 a 16 a partir de marzo, telefónicamente al 451230 o personalmente en Av. Fontana y Don Bosco. 

Incendio de Cholila: Hay elementos para formalizar la investigación

Los fiscales a cargo de la investigación del incendio iniciado el 16 de febrero de 2015 en Cholila, emitieron un nuevo informe en el que analizan el segunda de las líneas de investigación. Los magistrados concluyen que se acreditó la existencia de una conducta reprochable penalmente, lo que habilita a la formalización de la investigación en relación al responsable del despacho de los medios aéreos. La sede en la que se desempeñaba el funcionario se encuentra en San Carlos de Bariloche, por lo que debiera seguirse el trámite procesal en esa jurisdicción. Pero además los Fiscales provinciales consideran que corresponde la competencia federal por estar en juego un interés Nacional.

La existencia de una conducta penalmente reprochable “se ha acreditado suficientemente, como para habilitar la apertura de la Investigación o realizar la formulación de cargos (Art. 274 del CPP Chubut), en contra de quien resultara el funcionario responsable del despacho de medios aéreos en el presente caso”. El informe refleja que el 16 de Febrero de 2015, el funcionario a cargo recibió por parte de los funcionarios que integran los organismos del Plan Provincial de Manejo Del Fuego de Chubut, el pedido de apoyo de medios aéreos para proceder al ataque inicial del foco de incendio registrado en la ladera del cerro Plataforma en la zona de la Horqueta, jurisdicción de la localidad de Cholila. “Y no obstante estar en pleno conocimiento de sus obligaciones legalmente establecidas (Arts. 26 y 27 Ley 26815), las cláusulas del contrato suscripto con la empresa proveedora de los medios aéreos y el propio protocolo de “Solicitud de Medios Aéreos” vigente en la Regional a su cargo; y contando al menos con dos medios aéreos con capacidad operativa, omitió disponer los correspondientes despachos, incumpliendo de tal manera los deberes particulares o generales atinentes a su cargo” (art. 249 del C.P)

Planteo de incompetencia por materia y por territorio

Para la Fiscalía el caso es de competencia federal ya que esta tiene su razón de ser en la defensa de las Instituciones e intereses federales. Se encuentra en juego un interés Nacional por investigarse el posible incumplimiento funcional de una autoridad Nacional. De todos modos, al tratarse de una conducta realizada en Bariloche, por razón de territorio debiera ser investigada en Río Negro y no en Chubut. 

Primer informe LINK

Presuntas estafas a ancianos del hogar "Juan Domingo Perón"

UNA DE LAS IMPUTADAS SOLICITÓ SER SOBRESEIDA EN DOS DE LOS 4 HECHOS

Zulma Amed pidió declarar en audiencia respecto de los hechos 2 y 3 de la acusación fiscal. Explicó sus funciones en el Hogar de Ancianos, desvinculándose de dos de los cuatro hechos por los que fue acusada. La defensa pública solicitó formalmente el dictado de un sobreseimiento en relación a ellos. La Fiscalía, luego de cotejar la versión de la imputada con las constancias de la investigación, consintió el pedido. La resolución judicial no se tomará hasta que se brinde oportunidad a que se manifiesten las víctimas, sus familiares directos o la Asesoría de Menores e Incapaces si fuera el caso.

Los hechos sobre los que declaró Amed, damnificaron a adultos mayores alojados en el Hogar de Ancianos “Juan Domingo Perón”. En relación a esos hechos están imputadas Amed y quien fuera directora del Hogar durante el período investigado. Amed sostiene que la persona que tenía el control último del dinero era la Directora del Hogar.

La acusación pública vincula a la imputada con la comisión de otros dos hechos en los que resultaron damnificados los ancianos alojados en las casas tuteladas. Respecto de ellos continuará ligada al proceso.

Se espera ahora que la Oficina Judicial fije una nueva audiencia para escuchar la opinión de las víctimas. La situación no es simple. En el caso de uno de los damnificados podrá asistir su hija, pero los demás no tienen familiares que los representen. Se trata de personas con serias disminuciones auditivas, visuales, alguno de ellos afectado por demencia senil y otros por Alzheimer. El juez Martín O’ Connor requirió que se informe a la Asesoría de Menores e Incapaces para que evalúe la situación y se expida.

Agresión: la Suspensión de Juicio a Prueba fue otorgada

Continuó la audiencia interrumpida ayer. El fiscal leyó un acta firmada por una de las víctimas expresando su opinión y rechazando el ofrecimiento económico del imputado. El juez hizo lugar a la Suspensión de Juicio a Prueba porque se cumplen los requisitos legales. Para evitar que se realice el juicio el imputado tendrá que cumplir con 20 horas de trabajo comunitario, mantener su domicilio y evitar todo enfrentamiento con las víctimas. En caso de haber nuevas situaciones conflictivas entre las comunidades deberá dar intervención al lonco de cada una de ellas.

El martes habló en la audiencia una de las víctimas, finalizada la misma se presentó en la Fiscalía el otro damnificado, un joven de 18 años. Como debe concurrir a la escuela no podrá presentarse por la mañana en los tribunales. Por sugerencia del fiscal realizó sus manifestaciones en la Fiscalía, firmó el acta y el fiscal la leyó ante el juez y el imputado, este miércoles. El joven dijo que no está de acuerdo con la suspensión del juicio porque no resuelve el problema.  Además rechazó el ofrecimiento económico simbólico que realizó el imputado. Este rechazo habilita el reclamo por la vía civil.

El conflicto de fondo está vinculado a la posesión del lote 4 en el Boquete Nahuelpan. El conflicto prolongado por años, debe ser resuelto por autoridades nacionales y se espera su intervención desde hace mucho tiempo. La Fiscalía pidió la intervención del INAI a mediados de 2015, recientemente, en la última comunicación, se comprometieron a enviar mediadores en cuanto asuman las nuevas autoridades.

El juez Hernán Dal Verme hizo lugar a la Suspensión de Juicio a Prueba. Entendió que están dadas todas las condiciones que prevé la ley para que sea otorgada. El magistrado explicó en tal sentido la interpretación dada por la Corte Suprema de la Nación, la que entiende que es un derecho del imputado para quienes aún no han tenido una primera condena. El instituto se vincula con la gradualidad de la pena que pretende evitar los efectos adversos de las condenas de bajo monto. Para estos casos se deben imponer reglas de conducta similares a las que se aplica a quienes acceden a una condena en suspenso. Si el imputado incumple con las medidas impuestas, el proceso se debe retomar y realizarse el juicio.

En este caso concreto, Dal Verme entendió adecuado el plazo de un año. En ese tiempo el imputado no podrá cambiar de domicilio, ni ausentarse por un período prolongado de tiempo, sin la previa autorización del juez. Tendrá que cumplir 20 horas de trabajo comunitario no remunerado en la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque, enseñando Mapudungun. Al finalizar deberá presentar un comprobante firmado por la autoridad representativa de la comunidad que certifique que cumplió con la imposición.

El lonco es la primera autoridad en la comunidad

La última de las obligaciones impuestas por el juez tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas. “Es evidente que existe acá un conflicto entre dos familias, voy a tener en cuenta las previsiones del Código Procesal que obliga a reconocer las facultades propias de la comunidad para resolver los conflictos que se produzcan en su propio seno. La obligación que le voy a imponer es que en este año, los problemas que puedan presentarse entre las familias, usted se comprometa a no tomar vías de hecho, y a someter los problemas al ámbito de la jurisdicción, tanto de la justicia directamente o de la misma comunidad”.

Dispuso además que se libre oficio al INAI como al instituto provincial, notificando esta resolución para que estén al tanto. La misma notificación llegará al lonco. 

Agresión: Se discute una probation

Existe un viejo problema de tierras respecto de la posesión del lote 4 del Boquete Nahuelpán, entre dos comunidades originarias. Esta contienda llevó a distintos enfrentamientos entre las familias que derivaron en investigaciones penales. Uno de esos conflictos se está tramitando en audiencias orales y públicas. La Fiscalía informó que el INAI comprometió el envío de un equipo de mediación para contribuir con las autoridades de ambas comunidades en la resolución del problema de fondo.

Los propios protagonistas del conflicto señalaron que en distintas oportunidades pasan de ser víctimas a imputados. En este caso se investigó un hecho ocurrido el  22 de marzo de 2015, aproximadamente a las 15:00 horas. Según consigna la acusación pública, el Sr. Edgardo Orué, junto con su sobrino Raúl Nahuelpán, montados a caballo y su esposa Norma Haydee Nahuelpán a pie, se encontraban realizando movimiento de hacienda, en el lote 4 del boquete Nahuelpan. Ese lugar ha generado desde hace mucho tiempo un conflicto entre las familias Prane- Nahuelpán, por el reclamo de la posesión y uso como integrantes de comunidades mapuche-tehuelches. Al advertir la presencia de los nombrados, habrían salido a su encuentro la Sra. Carina Alvarez, acompañada por su hermana Andrea, y su mamá Ana Prane a bordo de una camioneta Amarok y los señores Juan Benito López Cumilao acompañado por Ernesto Serafín González a bordo de una camioneta Toyota.

Ambos grupos se encontraron en un sector del denominado lote 4. Juan Benito López Cumilao conductor Hilux, comenzó a perseguir a los dos hombres montados, logrando impactar el caballo de Raúl Nahuelpán, cayendo este al piso y escapando a pie para no ser atropellado. Lo mismo habría hecho con Orue, quien se interpuso para evitar que atropellara a Nahuelpán, haciendo que el animal ingrese a una zanja, lo que provocó golpes en su cuerpo.

La defensa de López Cumilao propuso la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de un año, como tarea comunitaria la realización de un taller de idioma mapudungun por 20 horas, en la Comunidad Santa Rosa Leleque, lo que será acreditado por los titulares de la comunidad (debidamente inscripta en el Registro Nacional) Rosa Rua Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Como reparación económica simbólica, ofreció $200 para cada uno de los damnificados.

En la audiencia se hizo presente Orué y se espera que mañana participe su sobrino para que el juez Hernán Dal Verme pueda conocer su parecer respecto de la posibilidad de aplicar el instituto de la Suspensión de juicio a prueba.

La Fiscalía dio dictamen favorable por entender que están dadas las condiciones que marca la ley. Rivarola explicó la intervención que se dio a las autoridades nacionales y que se está a la espera de que, a partir del cambio de autoridades que se produjo por estos días, puedan llegar al lugar los mediadores que trabajarán con las autoridades de ambas comunidades. El interés de la justicia es que pueda resolverse el conflicto de fondo.

La víctima manifestó su enojo con el imputado y habló de nuevos hechos que se habrían suscitado, además rechazó el ofrecimiento económico, dejando abierta la vía civil.

El miércoles se realizaría una nueva audiencia para escuchar al otro damnificado y conocer la decisión del juez. 

Tentativa de homicidio

Se amplió la imputación a otros dos sujetos

El hecho ocurrió el 16 de noviembre pasado en Tecka. Dos imputados cumplen arresto domiciliario, en tanto que en una nueva audiencia se formalizó la investigación en relación a otros dos sujetos. Uno de ellos era menor de edad al momento del hecho. La Fiscalía pidió que se imponga la misma medida de coerción hasta la audiencia prevista para el 23 de este mes. La defensa particular a cargo de Horacio Hernández se opuso cuestionando los elementos de cargo y la existencia de riesgos procesales. El juez Hernán Dal Verme consideró que existen elementos para sostener la imputación en esta etapa, pero los riesgos acreditados no justifican la medida solicitada, por eso dispuso que los imputados deberán mantener su domicilio, no podrán acercarse a la víctima a menos de 50 mts., ni hablar del hecho con ninguna persona que pudiera resultar testigo.

El 16 de Noviembre de 2015, aproximadamente a las 20:20 horas, se produjo una persecución de dos rodados en los que circulaban los cuatro imputados, según las actuaciones policiales tomadas como base del legajo fiscal, a un tercer vehículo conducido por la víctima. La situación se produjo en la calle Soldado Austin entre arterias Antártida Argentina y Avenida Güemes de la localidad de Tecka. Al detener su marcha, descienden los cuatro. El damnificado advirtió claramente sus intenciones de agredirlo, ascendió a la caja de su camioneta y tomó una pala para defenderse. Fue entonces cuando uno de los dos imputados que fueron aprehendidos inmediatamente después del hecho, empuñó un revólver calibre 0.22 largo y a una distancia aproximada de tres metros, le efectúa seis disparos a la víctima. Los seis impactaron en el cuerpo de la víctima, cinco de ellos en zonas vitales, ocasionándole múltiples heridas penetrantes, desgarrantes y fractura de en uno de sus brazos.

Luego, intentando el herido salvar su vida, bajó de la caja y se retiró del lugar en dirección a la Estación de Servicio de la localidad. Lo siguieron ambos imputados empuñando cuchillos y un  arreador de ganado con el cual le propinaron varios latigazos en el escaso trayecto de la persecución. Los agresores dejaron de perseguir al herido cuando uno de los cuatro se retiró del lugar. Entonces la víctima se encontraba a escasos metros de la Estación de Servicio. Uno de los imputados arrimados a proceso este lunes, durante el hecho habría permanecido cerca del rodado, con un rebenque, sin participar en la persecución emprendida sólo por los jóvenes.

Provisoriamente, el funcionario Guillermo Moré calificó los hechos como tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de edad, la que se imputa a los mayores.

Supletoriamente Moré aportó la calificación de lesiones graves o gravísimas (según la evolución de la lesión) calificadas doblemente, por el empleo de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Este violento hecho tiene como antecedente un conflicto entre ambas partes, vinculado a tierras. La Fiscalía llevó a cabo diversas medidas de investigación, incluidas varias pericias y espera presentar próximamente la acusación. El 23 de febrero se llevará a cabo una audiencia para controlar la necesidad de continuar con medidas de coerción.