El grupo estaba
interesado en conocer detalles de la investigación que sigue la fiscalía para
determinar la causa de la muerte de Julián ocurrida el 14 de abril de 2012 en
Sarmiento, preguntar por su estado actual e interiorizarse sobre las implicancias
de su posible archivo.
La reunión que se extendió algo más de hora y media,
permitió que cada uno de los asistentes planteara sus dudas, sus opiniones, sus
preocupaciones y recibiera las explicaciones que hasta el momento ofrece el
estado de la investigación.
El 23 de abril de 2012, el Procurador General, Jorge Luis
Miquelarena emitió la Resolución N° 48/12, asignando el caso a los fiscales
Marcelo Cretton de Comodoro Rivadavia a Fernando Rivarola de Esquel. En ese
momento Sarmiento no contaba con fiscales ya que la única fiscal general de esa
oficina se encontraba de licencia por maternidad. La intervención inicial
estuvo a cargo de una funcionaria de fiscalía que dirigió la actividad, entre
otros, del personal de criminalística.
Desde entonces se llevaron a cabo gran cantidad de medidas
investigativas, todas ellas conocidas por los abogados de la familia de Julián,
los que están informados de los pormenores del legajo. Muchas de las medidas
realizadas fueron pedidas por la familia.
Los fiscales, luego de dos años de gran actividad, evaluaron
que quedan escasas medidas por concretar. Cumplido esto, si no surgen nuevos
elementos, la investigación estaría inactiva. Ante esta situación es que se
pensó en el archivo y se informó de esta posibilidad a los abogados de la
familia. El archivo es un estado provisorio, no implica el cierre de la investigación,
sino que se encontraría latente y con posibilidades de ser reabierta cuando
algún elemento significativo lo permita.
Rivarola se mostró abierto a responder consultas cuando lo
deseen, indicando que recibió una llamada de la Subsecretaría de DDHH de la
provincia y les ofreció asistir personalmente al organismo, llevando el legajo,
para dar detalles de toda la actividad desplegada desde su designación.