Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan
a la década del 1990, sin embargo recién se tomó conocimiento de alguna
irregularidad en 2013. A partir de ese momento la Fiscalía inició una
investigación que determinó varios hechos de defraudación vinculados a la
ejecución de un poder general después de la muerte de la titular de los
derechos y a espaldas de sus herederos. Por esos hechos fueron imputados el
mandatario como autor, su hijo y un escribano como partícipes secundarios.
Finalmente las partes pudieron alcanzar un acuerdo, los imputados repararán
integralmente a las damnificadas y cubrirán los gastos de la querella. Contando
con la conformidad de las víctimas y por tratarse de un delito netamente patrimonial
en una relación entre privados, la Fiscalía prestó su acuerdo para que cumplido
el mismo, sean sobreseídos los imputados tal como prevé el Código Procesal
Penal.
Dos de las damnificadas viven en el exterior, una en Uruguay
y la otra en Estados Unidos. Su consentimiento fue manifestado por los abogados
particulares que las representan como querellantes en este caso y acreditado
con escritura pública y constancias electrónicas. La tercera víctima será
escuchada en una audiencia prevista para el jueves a las 8 hs., aunque su
consentimiento fue anticipado por su abogado particular, el juez solicitó que
se fije una nueva audiencia para que ella concurra y sea escuchada.
El acuerdo alcanzado implica la sesión de 17 hectáreas con
costa de Río Grande a las dos primeras damnificadas, mas una suma de dinero en efectivo, y una hectárea de
similares características para los letrados patrocinantes de estas. La tercera
de las damnificadas recuperará el lote por el que fuera defraudada, escriturado
a su nombre sin costo alguno.
La maniobra defraudatoria achacada en la acusación pública
consistió en la utilización de un poder general otorgado por una mujer para la
administración de sus bienes, luego de que esta falleciera el 23 de agosto de
1993, a espaldas de sus legítimos herederos. El mandatario “continuó realizando
actos de disposición de los bienes inmuebles de propiedad de su mandante, sin
realizar las correspondientes rendiciones de cuentas y sin que sus legítimas ni
ningún otro interesado hubieran iniciado el correspondiente trámite sucesorio”,
indica la acusación pública.
El Fiscal verificó “una importante cantidad de operaciones
inmobiliarias con bienes inmuebles de propiedad de la causante, tales como
subdivisiones o fraccionamientos, venta de los lotes resultantes, compraventas
con los Municipios de Esquel y Trevelin, permutas por otros inmuebles y ventas
posteriores de los recibidos y también regularizaciones notariales de
operaciones inmobiliarias realizadas en vida de la titular registral”. A partir
de esto el mandatario habría obtenido un beneficio económico ilegal,
defraudando a los compradores de buena fe.
