El martes la Fiscalía había solicitado cuatro detenciones, el juez otorgó tres, y finalmente solo dos se pudieron concretar porque uno de los imputados no fue hallado por la policía. En la audiencia del miércoles se declararon legales las detenciones, se formalizó la investigación penal, se mantuvo el pedido de detención del tercer imputado y se autorizó la cuarta detención porque la imputada no fue encontrada para citarla a la audiencia. El fiscal solicitó la prisión preventiva de los dos imputados presentes, en tanto que los defensores bregaron por el arresto domiciliario. Después de un cuarto intermedio el juez dispuso la prisión preventiva de ambos por 90 días corridos, plazo renovable en caso de ser necesario. A las 16 se realizó otra audiencia con la joven imputada, la que luego de ordenarse su detención, se presentó espontáneamente en la Comisaría.
El hecho fue expuesto como muy grave por el Fiscal Martín Zacchino, quién detalló lo sucedido desde que tres sujetos ingresaron a la panadería ubicada en calle San Martín al 700, de Esquel y el momento en que se dieron a la fuga en un vehículo estacionado en proximidades del lugar. 
Las conductas encuadrarían en las figuras penales de robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y el empleo de armas de fuego. Si no lograse probarse el uso de arma y su aptitud para el disparo se calificarían como robo doblemente agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por su comisión mediante el uso de armas, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia.
Madrugada salvaje
Corrían los primeros minutos del domingo pasado cuando un grupo integrado por cuatro personas de las cuales solo tres estarían identificadas, ingresaron a la panificadora por un lateral. Según la tesis de la Fiscalía, los sujetos sabían perfectamente que no se encontraba la persona de seguridad y que en ese momento el propietario estaba solo haciendo la caja. Cuando este intentaba salir, empuñando armas de fuego, lo golpearon reiteradamente, cubriéndole luego el rostro con un pullover e introduciéndolo en el sector de oficinas del local para exigirle la entrega de dinero. Lo maniataron y volvieron a golpearlo reiteradamente con las armas y puntapiés.
Uno de los momentos mas dramáticos se produjo cuando uno de los malhechores le colocó el arma en la boca gatillándola sin que saliera un disparo, ya sea por una falla del arma o bien porque la misma no estaba cargada.
Así se hicieron de una importante suma de dinero en pesos y dólares, de un CPU color negro convencidos de que en él se registraban las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del comercio, varias llaves, y dos o tres cheques de terceros.
Luego se dieron a la fuga corriendo hasta un vehículo que habían dejado estacionado en calle Mitre, a escasos metros de la Av. Ameghino en una zona oscura de la plaza San Martín. Al damnificado lo dejaron tendido en el suelo, con su rostro cubierto y con las manos atadas por detrás de su cuerpo.
Un cuarto integrante, que aun no fue individualizado, tuvo el rol de "campana", vigilando la zona desde la plaza San Martín para asegurar que todo saliera según lo planeado y el hecho quedase impune
La facilitadora
La cuarta imputación recayó en la novia de uno de los imputados, a su vez empleada del comercio. Zacchino sostuvo que la joven es partícipe necesaria ya que sin su aporte el hecho no se hubiese podido cometer y una vez cometido no se hubieran podido aprovechar el botín obtenido.
Según los datos de la investigación, ella habría sido quien brindó información sustancial vinculada no solo a los movimientos habituales del comercio sino de la propia víctima –horarios, costumbres- para que los autores pudiesen actuar sobre seguro, además sabía que la persona que prestaba servicios como personal de seguridad del local esa noche estaba ausente. Momentos antes del hecho se comunicó con los autores para decirles que estaban dadas las condiciones para que actúen según lo planeado, facilitó datos relevantes vinculados a la ubicación de los controles del sistema de alarmas y cámaras de seguridad, y participó en la receptación del botín obtenido, ocultando parte en su propio domicilio.
Pedido de prisión preventiva
Zacchino se basó su pedido, fundamentalmente en los argumentos dados el día anterior por la fiscal María Bottini quien había logrado la autorización judicial para proceder a la detención de tres de los cuatro imputados. En relación a uno de ellos esa autorización se mantiene vigente ya que aun no fue hallado por la policía. A esta se sumó otra orden de detención para la única mujer imputada, ya que no fue encontrada por la policía, ni por la Oficina Judicial para notificarla de la audiencia.
En relación a los otros dos imputados el fiscal se refirió a la violencia desplegada en el hecho, sus particularidades, y las características que esto denota en relación a sus autores. Además se refirió a una rebeldía dispuesta en relación a uno de ellos en una antigua investigación en su contra, como muestra de su conducta procesal y del riesgo de que procure eludir la acción de la justicia también en este caso. Respecto de su cómplice mencionó que tiene varios antecedentes condenatorios. En 2002 fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por tenencia y portación de arma de fuego, luego a tres años de prisión efectiva por hurto y robo, en 2006 se lo condenó a un mes de prisión efectiva por robo y en 2007 a 1.080 horas de trabajos comunitarios por Robo y hurto.
A su vez ambos son investigados por su presunta participación en dos hechos de similares características a este.
Zacchino alegó peligros de fuga y de entorpecimiento procesal.
Por su parte los defensores Omar López y Bruno Deias, negaron todos los cargos contra sus defendidos e indicaron que la prisión preventiva es una medida extrema por lo que el Estado es el encargado de brindar seguridad a la víctima y resguardar al proceso por otros medios sin afectar el principio de inocencia del que aun gozan los imputados. Ambos propusieron al juez que aplique una prisión domiciliaria. Deias solicitó que si de todos modos el juez aprobaba el pedido de la Fiscalía, que su representado sea alojado en la Comisaría 2da por proximidad con su familia.
90 días
Javier Allende, luego de un cuarto intermedio, resolvió dictar la prisión preventiva por un plazo de 90 días para luego controlar el avance de la investigación y la necesidad de continuar o no con la medida. Originalmente el fiscal la había pedido por seis meses y los defensores se opusieron considerando que es excesivo.
El magistrado tuvo en cuenta el riesgo de fuga, y no el de entorpecimiento procesal. También indicó a la Oficina Judicial que averigüe si están dadas las condiciones para la que al menos uno de los imputados sea alojado en la Comisaría Segunda.
