Lo dijo el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, en un comunicado
en el que se refirió a la misión del Ministerio Público Fiscal, el control
ejercido por el Consejo de la Magistratura y su decidida defensa de las ideas
republicanas y el libre funcionamiento de la justicia.
Los Fiscales
del Ministerio Público que encabezo investigan denuncias penales, con el
control de los Jueces. Una vez más sostenemos que la función del Ministerio
Público es investigar y perseguir penalmente. La información que esta
Institución ofrece responde fundamentalmente al deber de publicidad que fija el
Código Procesal Penal y la ley de Acceso a la Información Pública, entre otras.
El Sr. Miguel
Héctor Castro, Ministro Coordinador de Gabinete, fue denunciado penalmente
según él mismo ha hecho público por una ciudadana y también la Honorable
Legislatura de la Provincia del Chubut, por unanimidad y ante un pedido del
Diputado Dr. Risso, resolvió enviar copia taquigráfica de una de sus sesiones a
esta Procuración General para que se investiguen las circunstancias en que se
habría producido un accidente camino a Puerto Madryn que lo vincularía al Sr.
Castro.
Ambas
investigaciones penales se encuentran abiertas, pero la información por el
momento es reservada. Fue el propio Castro quien se encargó de divulgar por
cuanto medio pudo, circunstancias que hacen a la investigación preliminar por
un supuesto enriquecimiento ilícito y a las distintas denuncias que él le
efectuara a los Fiscales. Así se lo hizo saber el propio Consejo de la
Magistratura. Claro está, entonces, que no existe persecución “jurídico
política” alguna: los Fiscales están haciendo lo que tienen que hacer:
investigar delitos.
Pero tampoco
hay defensas corporativas. Castro intentó apartar a los Fiscales a cargo de su
caso con recusaciones. Presentó denuncias en su contra ante la Justicia y ante el
Consejo de la Magistratura que fueron rechazadas en forma unánime por resultar
infundadas, una de ellas a sugerencia de un Consejero popular.
El señor Castro
acusa al Consejo de la Magistratura de Chubut de actuar corporativamente. Es
indispensable decir que este ataque infundado lo dirige a una Institución de
prestigio, reconocida por su composición democrática y representativa,
considerada modelo en el país. Tachar livianamente de corporativo a un órgano,
simplemente porque no resuelve ciegamente conforme los intereses particulares
de quienes acuden a él, es cuanto menos irresponsable si pensamos en que esas
palabras no provienen de un ciudadano común sino de uno que juró cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la provincia.
No es
compatible con las ideas republicanas obstaculizar el funcionamiento de la
Justicia. Quienes lo intenten, en cuanto de mi dependa, no tendrán éxito. En la
República Argentina todos somos ciudadanos “de a pie”, aunque algunos crean que
los cargos públicos podrían darle privilegios.
