LA PROCURACIÓN
GENERAL ENVIÓ UNA CARTA AL GOBERNADOR
La nota N° 007/14 PG
es elocuente. Documenta la crítica situación económica por la que pasa la
institución luego de varios años en los que no cuenta con el presupuesto
aprobado por legislatura, agravada por la decisión del Poder Ejecutivo de
reducir el importe mensual de tesorería. La deuda proveedores supera el millón
de pesos y sin dinero no pueden solventarse los costos que implica la
investigación penal, argumenta el Procurador Jorge Luis Miquelarena en su
nota.
Al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut
Dr. Martín Buzzi
S/D.-
Me dirijo al Sr. Gobernador en
ocasión de las severas dificultades presupuestarias y de tesorería que enfrenta
el Ministerio Público Fiscal que dirijo, con la finalidad de documentar debidamente
la situación y exigir soluciones concretas a nuestros pedidos.
Conocido es por Ud. que hace
varios años que el presupuesto del Poder Judicial no tiene aprobación
legislativa. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de planificación
estratégica y crecimiento institucional. En esto debemos destacar la marcada
contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de respuestas
al Poder Judicial sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que
no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado, herramienta fundamental
de las finanzas públicas para el correcto funcionamiento institucional.
Peor aún es la situación concreta
de este Ministerio Público Fiscal que, careciendo de toda asignación de
recursos propios –como ser la tasa de justicia que por ley especial percibe y
administra el Superior Tribunal de Justicia-, debe mantener su funcionamiento
con los créditos presupuestarios asignados arbitrariamente por ese Poder
Ejecutivo en los sistemas de gestión financiera y las escasísimas
acreditaciones de caja que semanalmente dispone el Ministerio de Economía y
Crédito Público por sus dependencias administrativas.
Sin dinero no se puede investigar.
La persecución de los delitos y la identificación de sus responsables, requiere
erogaciones dinerarias. Con una incidencia presupuestaria mínima en el enfoque
global, la importancia de contar con fondos disponibles para efectuar estas
erogaciones en el Ministerio Público Fiscal es de relevancia superlativa.
Englobamos en estos conceptos variados rubros, a saber, el pago de alquileres
para nuestras oficinas, los gastos del servicio de telefonía, internet y
limpieza, el recambio y reparación de vehículos, los gastos en pericias,
traslados viáticos, capacitaciones, insumos para el funcionamiento de los
laboratorios de investigación forense. Todos estos rubros son esenciales para
el funcionamiento de la Fiscalía, motor inicial del sistema penal: si no
podemos cubrir adecuadamente estos gastos no hay forma de cumplir los cometidos
constitucionales que a la sociedad debemos.
Por disposición de ese Poder
Ejecutivo, a la fecha, nuestro servicio administrativo registra una deuda con
proveedores que supera el millón de pesos por obligaciones devengadas en el
ejercicio 2014. A partir de la decisión de ese Poder Ejecutivo de reducir el
importe mensual de tesorería a los niveles de enero del año pasado, se ha
restringido de manera superlativa la capacidad operativa del Ministerio Público
Fiscal. Bajo esta modalidad, como ya lo hemos hecho saber en más de una
oportunidad, la autonomía funcional que asegura la Constitución Provincial (art.
194) se convierte en letra muerta.
No desconocemos el marco de crisis
que se vive en las finanzas provinciales a partir de situaciones internacionales
que han impactado en la percepción de la renta pública. Pero le evidencio al
Sr. Gobernador algo que sabe y conoce: dentro del marco de un presupuesto
provincial de aproximadamente 15 mil millones de pesos, lo que requerimos para
funcionar con cierta dignidad es una disponibilidad de caja semanal de $ 500.000,
que sistemáticamente se nos viene negando. Esto evidencia que nuestro SAF
requiere de recursos mínimos si se lo compara con otros de la administración. Actualmente
se le acreditan semanalmente $ 250.000, suma ésta significativamente
insuficiente, como ya se ha dicho y destacado.
Este
cúmulo de decisiones que viene tomando desde hace un tiempo su administración, afecta
el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía en su rol de agencia
estatal que impulsa la acción penal ante la Judicatura; interfiere reiteradamente
con el cumplimiento de los objetivos constitucionales de la institución (art.
195 de la Constitución Provincial), al punto de constituirse en indebida
injerencia con entidad como para poner en crisis la administración de justicia
que debe asegurar la Provincia del Chubut, en los términos del artículo 5 de la
Constitución Federal.
Así
calificado, el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo ese
Poder Ejecutivo y que conlleva las consecuencias ya apuntadas, resulta
ilegítimo y contrario a Derecho en tanto y en cuanto pone en jaque la capacidad
de respuesta del organismo que dirijo, con grave afectación de la
administración de justicia.
Acudo al Sr. Gobernador para que
ponga remedio inmediato a esta situación, instruyendo al Ministerio del área que
adopte las medidas que nos lleven a una pronta solución toda vez que han sido
infructuosas las misivas que hemos cursado al Sr. Ministro desde hace unos
meses a esta parte.
Saludo
a V.E. muy atentamente.
Nota N° 007/15 PG.
