miércoles, 4 de diciembre de 2013

Administración pública

SE FORMALIZA UNA INVESTIGACIÓN CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Este jueves a las 12:05 hs. se formalizará una investigación que involucra a ex concejales y al ex intendente de Corcovado, por presunta violación de los deberes de funcionario público, y defraudación por administración fraudulenta. La fiscalía describió tres hechos ocurridos entre noviembre de 2011 y junio de 2012.

Esta audiencia es la que pone inicio formal a la investigación. A partir de su concreción la Fiscalía contará con un plazo de seis meses para recabar los elementos de prueba necesarios para decidir si presentará acusación pública solicitando el envío del caso a juicio, o lo contrario, si no contara con elementos suficientes.
También la defensa preparará su caso en el mismo plazo.

La imputación

El legajo se refiere a tres hechos ocurridos en Corcovado, el primero de ellos entre el 24 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011, en circunstancias en que, los Concejales Héctor Jorge Bustos, Gladys Raquel Austin, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo, Irma Díaz y María Roxana Novella, por entonces Concejales de la localidad, infringiendo las disposiciones que sobre la tierra fiscal establece la Ley XVI N° 46 y la Ordenanza N° 571/08 y sus modificatorias y sin perjuicio de haber resuelto en septiembre de ese mismo año la suspensión de venta de terrenos hasta la finalización del período electivo, aprobaron la Ordenanza N° 742/11y N° 751/11 por la que autorizaron primero al Departamento Ejecutivo Municipal, la venta de las parcelas fiscales individualizadas como Circunscripción 1 Sector 1 Fracciones 51 y 52 del ejido de Corcovado a la Sra. María Josefa Larrea por la suma total de $ 1.513.177 y 13 días después, autorizaron a la adquirente –María Josefa Larrea-, a ceder, vender o transferir esos derechos a terceros, a sabiendas entre otras cosas que la Sra. Larrea no vivía en la localidad de manera efectiva hacía varios años, no era ocupante de esas tierra, era propietaria de otras propiedades en la localidad, no las adquiría con la finalidad de destinarla a vivienda única familiar, excedía el predio las dimensiones cuya transferencia se permite, se lo hacía por un precio que no se correspondía con los parámetros fijados por la reglamentación de tierras fiscales y por las circunstancias propias de la tierra (dimensión ubicación, etc.) y no se había cancelado el pago.

Hecho 2

Habría ocurrido entre el 25 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011, en circunstancias en que Héctor Raúl Diez, en su condición de Intendente de la localidad y administrador de las tierras fiscales ubicadas en su jurisdicción, infringiendo las disposiciones de la Ley XVI N° 46 y la Ordenanza N° 571/08 y sus modificatorias y a sabiendas entre otras cosas que la adquirente no vivía en la localidad de manera efectiva hacía varios años, no era ocupante de esas tierra, era propietaria de otras propiedades en la localidad, no las adquiría con la finalidad de destinarla a vivienda única familiar, excedía de la dimensiones cuya transferencia se permite, se lo hacía por un precio que no se corresponde con los parámetros fijados por la reglamentación de tierras fiscales y por las circunstancias propias de la tierra (dimensión ubicación, etc.), no se había cancelado el pago y se habían suspendido en septiembre de ésa año la autorización de venta de terrenos en la localidad hasta la finalización del período electivo,  promulgó el 25 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011 respectivamente las citadas ordenanzas.

Hecho 3

En este caso el hecho se sitúa en Corcovado y en Esquel, entre el 24 de noviembre de 2011 y el 28 de junio de 2012, en circunstancias en que Héctor Raúl Diez y María Roxana Novella, ambos en su carácter de titulares del Departamento Ejecutivo Municipal, el primero hasta el 7 de diciembre de 2011 y la segunda en el período inmediatamente posterior, violando los deberes a su cargo y perjudicando los intereses confiados conforme la Ley N° XVI-46 (Antes Ley N° 3098), procedieron dolosamente y con la participación necesaria de los Concejales  Héctor Jorge Bustos, Gladys Raquel Austin, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo e Irma Díaz, y de tres ciudadanos, a vender las parcelas individualizadas como Circunscripción 1 Sector 1 Fracción 51 y 52 en un total de 232 ha, 70 a, 95 ca del ejido urbano de Corcovado, a sabiendas que tenían a su cargo la administración y custodia de la tierra fiscal de la comunidad, logrando de tal modo y para ellos, un lucro indebido y un perjuicio económico – financiero a  la administración pública municipal.

lunes, 2 de diciembre de 2013

Homicidio de Millanahuel



CATORCE



La fiscalía había solicitado que se imponga a Ruperto S. Jaramillo una pena de 22 años de prisión, la querella pidió 25, y el defensor propuso la aplicación del mínimo de la escala, 8 años. Sin embargo los jueces consideraron que la pena más justa es la de 14 años de prisión. El voto fue dividido, por la minoría el Dr. Rosales entendió que la pena ajustada es la de 15 años.

La gravedad del delito fue analizada y establecida en la declaración de responsabilidad y sobre esta se inició el análisis de agravantes y atenuantes. El Dr. Ricardo Rolón hizo mención en su voto a un pertinaz y violento acometimiento, con determinación persistente de matar, lo cual debe tomarse como agravante.
También evaluó que el ataque no fue absolutamente inesperado por la víctima, esta podía esperar una acción violenta, pero nunca la magnitud que finalmente tuvo.
La Dra. Anabel Rodríguez apuntó que se hizo difícil para los jueces decidir la pena justa cuando las partes se situaron en los dos extremos de la escala penal. La magistrada consideró que no fue la codicia, como sostuvo la querella, lo que llevó a Jaramillo a cobrarse la vida de Millanahuel. Este fue el peor desenlace para un conflicto de muchos años, que se había recrudecido en su última etapa, concluyendo que se trata de un hecho de mediana criminalidad.
La deficitaria situación carcelaria de la provincia fue contemplada en este voto, indicando que la opción para el cumplimiento de la pena estará dada por las dependencias policiales, “lo que hace imposible el cumplimiento de los principios básicos a los que apunta la ejecución penal”.
Por su parte el Dr. Alejandro Rosales tuvo en cuenta el comportamiento pasivo de la víctima que frente a la reacción violenta de Jaramillo, Millanahuel se había dirigido al lugar para retirar los elementos que antes había llevado para levantar el alambrado autorizado por el IAC. Las condiciones personales del acusado fueron para el juez agravantes, fundamentalmente por su actitud pendenciera y agraviante. En tanto que la falta de antecedentes del imputado y su actitud de entregarse a la policía aportando el arma homicida, actuaron como atenuantes de la pena. Rosales se apartó de sus pares, proponiendo como pena justa la de 15 años de prisión.
Finalmente, por mayoría, el tribunal impuso la pena de 14 años de prisión, con costas.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Empleados de la justicia neuquina visitan Esquel



Un grupo de doce empleados de la justicia de la provincia de Neuquén  llegaron a Esquel para tomar contacto con sus pares, conocer las características de la reforma procesal penal y decidir qué puestos quieren ocupar después del 14 de enero. Ese día entrará en vigencia la reforma procesal penal en aquella provincia. Tiempo atrás realizaron una visita similar fiscales, defensores y jueces.



La visita fue avalada por el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y organizada por la Escuela de Capacitación Judicial de esa provincia y el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de Esquel.
El grupo de empleados llegó con intenciones de conocer el funcionamiento del sistema penal acusatorio de Chubut y fundamentalmente el cambio que este implicó para los empleados judiciales. Muchas de las funciones que actualmente cumplen en su provincia deberán ineludiblemente ser asumidas por funcionarios y magistrados. El cambio de sistema procesal implica fundamentalmente un cambio de paradigma cultural al interior de las instituciones de justicia, seguramente el desafío mayor de estos procesos.
 
El jueves los neuquinos recorrieron cada uno de los puestos de trabajo de la Fiscalía y también la Defensa. Por la noche mantuvieron un encuentro con integrantes del gremio de empleados judiciales, en tanto que el viernes a la mañana visitarán la Oficina Judicial y observarán alguna audiencia, antes de regresar a su provincia a compartir con otros los registros de su experiencia en Esquel.




martes, 26 de noviembre de 2013

Se realizaron con éxito las Jornadas sobre Género y Trata



La perspectiva de género y la identificación de una de las formas de esclavitud moderna, fueron los temas centrales de las jornadas desarrolladas por los capacitadores entrenados por  la Corte Suprema de Justicia: el Procurador General Adjunto  Dr. Emilio Porras Hernández, la Jueza de Cámara Penal Dra. Nelly García, la Jueza de familia Dra. Mariela González de Vicel y la Fiscal General Dra. María Bottini.
 

Los organizadores estuvieron muy conformes con el compromiso demostrado por los asistentes. Los participantes funcionarios de Policía del Chubut, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal, identificaron estereotipos y sus consecuencias, propusieron estrategias para su erradicación, también analizaron consentimiento y sometimiento en relación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.


Trata

Los capacitadores expusieron sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, su definición, los medios comisivos y la vinculación sociológica entre prostitución y trata. También sobre sistemas vinculados al ejercicio de la prostitución y la legislación en torno al tema.
Respecto de las tendencias abolicionistas y reglamentaristas, se identificó las connotaciones religiosas, morales, machistas que suelen sostenerlas.
Los expositores se refirieron al “consentimiento” de las mujeres, indicando que no tiene incidencia ya que en estos casos se considera afectada la dignidad de la persona.

Comprender y actuar en consecuencia

Las jornadas forman parte del conjunto de réplicas que se han desarrollado en todas las ciudades de la provincia. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal que cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Los objetivos son: impulsar un proceso de comprensión del flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias para proporcionar, desde la Justicia  y desde los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Homicidio de Millanahuel



EL TRIBUNAL DECIDIRÁ DONDE SE DETIENE EL PÉNDULO



Este viernes se llevó a cabo el debate por la pena a imponer a Ruperto Salvador Jaramillo, condenado por el homicidio de Julián Millanahuel. La escala penal disponible va de los 8 a los 25 años de prisión. La fiscalía pidió que se imponga una pena de 22 años, la querella solicitó el máximo y el defensor pidió el mínimo de la escala. El viernes 29 de noviembre el tribunal integrado por Anabel Rodríguez, Ricardo Rolón y Alejandro Rosales daría a conocer su decisión.

El Código Penal ofrece una escala penal amplia para cada delito, dejando margen a los jueces para que frente a cada caso concreto valoren características del hecho, sus circunstancias y las de su autor para establecer la pena más adecuada poniendo en la balanza agravantes y atenuantes. En el debate los acusadores fundamentan su pedido de pena teniendo en cuenta todos estos elementos, y la defensa hace lo propio buscando el mejor posicionamiento posible para el imputado.
 
No es usual que la Fiscalía solicite penas tan próximas al máximo legal, son muy escasos los hechos en que esto ocurrió. El homicidio de Julián Millanahuel fue uno de ellos. Tanto el fiscal Fernando Rivarola, como el querellante Santiago González, entendieron que en el desarrollo de los votos del tribunal quedó debidamente retratada la gravedad del hecho, la decisión del autor y el estado de indefensión de la víctima. Ambos también ponderaron el daño causado. La edad de la víctima, el rol de esta dentro de su estructura familiar, su buena consideración social, su participación en la comunidad en el ámbito del deporte y de la política, la responsabilidad social depositada al elegirla concejal de su ciudad, fueron algunos de los parámetros llevados por Rivarola para que se evalúe la extensión del daño.
También la actitud decidida del autor, evidenciada en el número de puñaladas, en sus dichos al momento del hecho, en su decisión de poner fin a un conflicto de tierras de la peor manera posible, en su determinación de llevar a cabo el crimen por sí mismo sin involucrar a su hermano que ya se encontraba comprometido en un proceso judicial con una suspensión de juicio a prueba, fueron elementos tomados como agravantes. Rivarola entendió que la falta de intervención y respuesta de parte de los organismos estatales al problema de tierras, no puede considerarse como un atenuante ante un delito como el homicidio que requiere de una clara decisión personal. También señaló que Jaramillo debió hacer un gran esfuerzo para apartarse de lo que manda una prohibición por todos conocida: no matar.
Con estos fundamentos pidió la aplicación de una pena de 22 años de prisión.

Por su parte González hizo fuerte hincapié en las características del hecho, señalando que no se solicitó al tribunal que condene por homicidio agravado por alevosía, exclusivamente por la presencia del alambrador que podría haber sido visto como una amenaza por Jaramillo. Sin embargo el crimen se produjo cuando Julián estaba tirado sobre el suelo, con el imputado sobre él y sin posibilidades de escapar o defenderse, tal como lo demostrara la reconstrucción realizada por el Lic. Ehnes. La querella requirió la aplicación de 25 años de prisión, el máximo legal.

Daniel Sandoval, abogado defensor del imputado, se mostró sorprendido por el monto de los pedidos. Su alegato hizo pie en la finalidad resocializadora de la pena, indicando que los acusadores pretenden utilizar la prisión para el castigo de modo desmedido. También se preguntó cuánto tiempo de tratamiento penitenciario necesita su pupilo para resocializarse. Resaltó la falta de antecedentes penales, la formación rudimentaria del imputado y sus hábitos de trabajo como aspectos ineludibles a la hora de mensurar la pena. Su análisis concluyó en que la condena a imponer debe situarse en el mínimo legal.

El próximo viernes se conocería de decisión judicial, a menos que compromisos funcionales impidieran a alguno de los magistrados finalizar su voto para esa fecha. Si esto ocurriera, la lectura tendría lugar el lunes 2.

jueves, 21 de noviembre de 2013

Perspectiva de género y Trata de personas



COMENZARON LAS JORNADAS DIRIGIDAS A FUERZAS DE SEGURIDAD

El miércoles se llevó a cabo la primera de las jornadas en la que las expositoras desarrollaron conceptos sobre perspectiva de género. Este jueves se abordará el flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los asistentes reflexionarán sobre formas estrategias para proporcionar una respuesta ajustada a las convenciones y compromisos internacionales.

La actividad tiene lugar en el Centro de Instrucción de la Policía, ubicado en 9 de Julio 542, desde las 15 hasta las 20 hs. y está a cargo de los capacitadores entrenados por  la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General Adjunto  Dr. Emilio Porras Hernández, la Jueza de Cámara Penal Dra. Nelly García, la Jueza de familia Dra. Mariela González de Vicel y la Fiscal General Dra. María Bottini.

Esta jornada está dirigida a  funcionarios de Policía del Chubut, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal que cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.

Los objetivos de la iniciativa son: impulsar un proceso de comprensión del flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias para proporcionar, desde la Justicia  y desde los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país. Se prevé que estas jornadas sean replicadas en todo el país en el ámbito nacional, federal y provincial simultáneamente.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Robo en El Delfín



JUICIO ABREVIADO PARA TODOS LOS IMPUTADOS



Diego Marcelo Urrutia ya había reconocido su responsabilidad en una audiencia realizada en agosto. Ahora fue el turno de Patricio Pantaleón Spinelli y Carlos Bejar. Spinelli reconoció su responsabilidad como partícipe secundario y aceptó ser condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Bejar deberá cumplir pena de cinco años de prisión como coautor. En este último caso formaba parte del acuerdo la declaración de reincidencia. La juez Nelly García decidió no declararla porque a su criterio es inconstitucional.

Carlos Bejar estuvo asesorado por el defensor Bruno Deias, en tanto que Horacio Hernández actuó como abogado defensor de Spinelli. Ambos imputados aceptaron los hechos, tal como fueron relatados en esta audiencia por el fiscal Fernando Rivarola en el marco del acuerdo de juicio abreviado. La imputación se centró en los hechos respecto de los que existe abundante prueba, tomando la duda a favor de los imputados en aquellas cuestiones sobre las que la prueba admite controversias. Tal el caso de la imputación por asociación ilícita respecto de la que también se trabajó durante la investigación.
 
El 31 de agosto de 2012, aproximadamente a las 18 hs, Patricio Spinelli ingresó al comercio a consultar precios. Pocos minutos después otros tres sujetos, entre los que estaban Bejar y Urrutia, ingresaron vestidos con mamelucos y encapuchados (con gorros, gorras, bufandas y/o cuellitos) y mediante la utilización de armas blancas y al menos una de fuego tipo revólver, intimidaron y redujeron violentamente a las tres empleadas del lugar, al igual que una mujer que había ingresado al local junto con su hija menor de edad. Las ataron y las trasladaron hacia una dependencia trasera. Luego se apoderaron del dinero en efectivo que se hallaba en la caja fuerte del establecimiento y en una caja de seguridad, varias prendas de vestir, un llavero y una cartera de dama negra con un celular, tarjeta de crédito, documentación y dinero en efectivo. Después se dieron a la fuga un vehículo marca Renault Kangoo color gris donde los aguardaba Spinelli.

El hecho fue calificado como robo agravado en poblado y en banda, y por ser cometido con arma cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse. Spinelli, declarado partícipe secundario, fue condenado a la pena de tres años de prisión. A su favor pesó su falta de antecedentes penales. Carlos Bejar resultó condenado a cinco años de prisión como coautor en el hecho.

Sobre el acuerdo de pena con declaración de reincidencia, la Dra. García se refirió a otros casos en los que la declaró inconstitucional por considerar que viola el principio de responsabilidad por el acto y de culpabilidad por el hecho consagrado en el Art. 18 de la CN. “Aunque sea de oficio, en un juicio abreviado con acuerdo de partes, no me veo obligada a aplicar una norma que considero que es inconstitucional”, sostuvo la juez.

lunes, 18 de noviembre de 2013

UNICEF destaca al SAVD como ejemplo de Buenas Prácticas


La nueva "Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos", presentada por UNICEF, la Asociación por los Derechos Civiles y JUFEJUS, reconoce la experiencia del SAVD en Chubut como ejemplo de atención inmediata. La guía contiene "buenas prácticas" que orientan la actuación de los funcionarios y operadores involucrados en las distintas instancias del proceso judicial al que se ve sometido un niño/a víctima o testigo de un delito.
Virginia Berlinerblau coautora, en VI Jornadas SAVD




Desde 2008 ADC, JUFEJUS y UNICEF realizan un trabajo de relevamiento y colaboración con organismos judiciales y del Poder Ejecutivo de las provincias y de la CABA que intervienen en la protección, abordaje y acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. A partir de este trabajo se reconocieron importantes avances, entre ellos la obligatoriedad de tomar medidas de protección especial durante la toma de declaración del niño/a para evitar su reiteración y evitar que estas sean realizadas por personas sin capacidad suficiente. El objetivo de estas medidas es reducir al máximo el estrés que supone para el niño/a y el adolescente atravesar el proceso judicial y evitar su revictimización, a la vez que se favorece la obtención de pruebas válidas, de calidad y relevantes a los fines de la investigación.

Atención inmediata a las víctimas

En el apartado referido a la atención inmediata a las víctimas, la Guía habla del SAVD en Chubut.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), organismo dependiente de la Procuración General, cuenta con oficinas en distintas localidades de la provincia (Esquel, Sarmiento, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y El Hoyo).
El SAVD es el encargado de brindar contención, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas de abuso sexual y a sus familias en lo que respecta a la atención inmediata. En coordinación con el fiscal del caso, brindan asesoramiento a la víctima respecto a los alcances del proceso y su participación durante las distintas etapas del proceso judicial. Además, intervienen en los casos de violencia intrafamiliar.
El SAVD está conformado por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales abogados, psicólogas y trabajadoras sociales y cuenta con guardias permanentes durante las 24 hrs. los 365 días del año.
Desde el año 2009, implementaron junto a los sectores de Salud el “Dispositivo de atención de personas en situación de abuso sexual” mediante el cual, ante la toma de conocimiento de un hecho de abuso sexual reciente con acceso carnal en un hospital, escuela o comisaría, se haya efectuado o no la denuncia, se le debe dar intervención inmediata al SAVD quien se encarga de asesorar a la víctima sobre la conveniencia de recibir asistencia médica inmediata concurriendo al hospital público de la localidad de la que se trate. En estos casos, un profesional del SAVD realizará la derivación efectiva de la víctima y la acompañará al hospital o entro de salud correspondiente, para que se lleve a cabo la atención médica necesaria según lo dispuesto en el Dispositivo de Atención.

Principales cuestiones a tener en cuenta en esta instancia

Una vez que se realiza la denuncia o develación, la NNyA debe recibir asistencia inmediata y especializada.
Procurar brindar a la NNyA contención psicológica y emocional, así como evaluar el riesgo de que vuelva a sufrir una agresión y recomendar medidas para preservar su seguridad física y psíquica.
Necesidad de disponer de un organismo o profesional especializado en atención a NNyA víctimas.
Registro por escrito, textual y entre comillas del relato espontáneo.
Producción de informe con hechos básicos denunciados, circunstancias de develación, valoración del riesgo, dichos espontáneos y demás información que resulte útil para la investigación.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Talleres sobre trata de personas en fines de explotación sexual



Los días 20 y 21 de noviembre, desde las 15 hasta las 20 hs, en el Centro de Instrucción de Policía, ubicado en 9 de Julio 542 de Esquel,  los capacitadores entrenados por  la Corte Suprema de Justicia, Procurador General Adjunto  Dr. Emilio Porras Hernández, Jueza de familia Dra. Mariela González de Vicel, Fiscal General Dra. María Bottini y Jueza de Cámara Penal Dra. Nelly García, llevará a cabo una jornada de trabajo en talleres para incorporar la perspectiva de género y sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta jornada está dirigida a  funcionarios de Policía del Chubut, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal que cuenta con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Los objetivos de la iniciativa son: impulsar un proceso de comprensión del flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias para proporcionar, desde la Justicia  y desde los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país. Se prevé que estas jornadas sean replicadas en todo el país en el ámbito nacional, federal y provincial simultáneamente.

Acerca de la Oficina de la Mujer
La Oficina de la Mujer (OM), creada por el máximo Tribunal del país en 2009, se planteó el desafío de lograr la igualdad de género tanto en relación a quienes utilizan el sistema de Justicia como a las personas que desempeñan sus funciones en el Poder Judicial. El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de Estado tendiente a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia de género.
La Oficina, a cargo de la Ministra Dra. Carmen Argibay, cuenta con una Secretaría y diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la igualdad de género; la recopilación de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido y la investigación de género, tendientes a identificar las necesidades dentro del Poder Judicial.
Más información: www.csjn.gov.ar/om/

Acerca del Ministerio Público Fiscal:
La reforma introducida al texto de la Constitución Nacional en el año 1994 incluyó al Ministerio Público entre las autoridades de la Nación –junto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera (art. 120). Esta cláusula constitucional, a su vez, fue reglamentada por el Congreso de la Nación a través del dictado de la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley n° 24.946).
De acuerdo con el artículo mencionado, corresponde al Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
El Ministerio Público Fiscal está integrado por el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, que es su autoridad máxima, y por los fiscales –nacionales y federales– que establece la ley.
Además, dentro del Ministerio Público, participa en este programa la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, a cargo del Dr. Carlos Ernst, que tiene entre sus funciones la capacitación, formación y actualización de sus miembros; y la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas), a cargo del Fiscal Dr. Marcelo Colombo, que a raíz del sostenido interés y compromiso del  Ministerio Público Fiscal en la persecución penal del delito de trata de personas, desde el 22 de agosto de 2008 y por Resolución PGN 100/08 cuenta entre sus atribuciones prestar asistencia a los fiscales de todo el país en la investigación de este delito, como así también brindar capacitación sobre dicha temática.
Más información: www.mpf.gov.ar

Acerca del Sistema de Naciones Unidas en Argentina
El Sistema de Naciones Unidas reúne a las oficinas, fondos y programas de la ONU que trabajan en el país. En 14 agencias, cerca de 300 personas planifican y ejecutan más de 300 proyectos dirigidos a apoyar, mediante la cooperación técnica y la asistencia, los esfuerzos nacionales y locales en las diversas áreas vinculadas al desarrollo. Cada oficina tiene un mandato propio, pero coordinan y unen sus esfuerzos para hacer frente a estos desafíos de manera más estratégica, integrada y eficaz.
El Sistema de las Naciones Unidas en Argentina trabaja para lograr la plena equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el país, mediante la cooperación con el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad, brinda su apoyo a diversas iniciativas de orden nacional, como la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de las Mujeres, entre otras.
Más información www.onu.org.ar