El jueves los neuquinos recorrieron cada uno de los puestos
de trabajo de la Fiscalía y también la Defensa. Por la noche mantuvieron un
encuentro con integrantes del gremio de empleados judiciales, en tanto que el
viernes a la mañana visitarán la Oficina Judicial y observarán alguna
audiencia, antes de regresar a su provincia a compartir con otros los registros
de su experiencia en Esquel.
Este es un espacio informal, no oficial, creado con la finalidad de dinamizar los canales de comunicación entre la Oficina de Comunicación Institucional de la Fiscalía Esquel y todas las personas interesadas en las temáticas de la incumbencia de esta, particularmente los periodistas. Todo el material publicado aquí puede ser utilizado, citando la fuente.
jueves, 28 de noviembre de 2013
Empleados de la justicia neuquina visitan Esquel
martes, 26 de noviembre de 2013
Se realizaron con éxito las Jornadas sobre Género y Trata
La perspectiva de género y la
identificación de una de las formas de esclavitud moderna, fueron los temas
centrales de las jornadas desarrolladas por los capacitadores entrenados
por la Corte Suprema de Justicia: el Procurador General Adjunto Dr.
Emilio Porras Hernández, la Jueza de Cámara Penal Dra. Nelly García, la Jueza
de familia Dra. Mariela González de Vicel y la Fiscal General Dra. María
Bottini.
Los organizadores estuvieron muy
conformes con el compromiso demostrado por los asistentes. Los
participantes funcionarios de Policía del Chubut, Policía Federal,
Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal, identificaron estereotipos
y sus consecuencias, propusieron estrategias para su erradicación, también
analizaron consentimiento y sometimiento en relación al delito de trata de
personas con fines de explotación sexual.
Trata
Los
capacitadores expusieron sobre la trata de personas con fines de explotación
sexual, su definición, los medios comisivos y la vinculación sociológica entre
prostitución y trata. También sobre sistemas vinculados al ejercicio de la
prostitución y la legislación en torno al tema.
Respecto
de las tendencias abolicionistas y reglamentaristas, se identificó las
connotaciones religiosas, morales, machistas que suelen sostenerlas.
Comprender y actuar en consecuencia
Las jornadas
forman parte del conjunto de réplicas que se han desarrollado en todas las
ciudades de la provincia. Se
trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal que cuenta
con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Los objetivos son: impulsar un proceso
de comprensión del flagelo de la trata de personas con fines de explotación
sexual, y elaborar estrategias para proporcionar, desde la Justicia y
desde los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las
convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país.
viernes, 22 de noviembre de 2013
Homicidio de Millanahuel
EL TRIBUNAL DECIDIRÁ
DONDE SE DETIENE EL PÉNDULO
El Código Penal ofrece una escala penal amplia para cada
delito, dejando margen a los jueces para que frente a cada caso concreto
valoren características del hecho, sus circunstancias y las de su autor para
establecer la pena más adecuada poniendo en la balanza agravantes y atenuantes.
En el debate los acusadores fundamentan su pedido de pena teniendo en cuenta
todos estos elementos, y la defensa hace lo propio buscando el mejor
posicionamiento posible para el imputado.
No es usual que la Fiscalía solicite penas tan próximas al
máximo legal, son muy escasos los hechos en que esto ocurrió. El homicidio de
Julián Millanahuel fue uno de ellos. Tanto el fiscal Fernando Rivarola, como el
querellante Santiago González, entendieron que en el desarrollo de los votos
del tribunal quedó debidamente retratada la gravedad del hecho, la decisión del
autor y el estado de indefensión de la víctima. Ambos también ponderaron el
daño causado. La edad de la víctima, el rol de esta dentro de su estructura
familiar, su buena consideración social, su participación en la comunidad en el
ámbito del deporte y de la política, la responsabilidad social depositada al
elegirla concejal de su ciudad, fueron algunos de los parámetros llevados por
Rivarola para que se evalúe la extensión del daño.
Con estos fundamentos pidió la aplicación de una pena de 22
años de prisión.
Por su parte González hizo fuerte hincapié en las
características del hecho, señalando que no se solicitó al tribunal que condene
por homicidio agravado por alevosía, exclusivamente por la presencia del
alambrador que podría haber sido visto como una amenaza por Jaramillo. Sin embargo
el crimen se produjo cuando Julián estaba tirado sobre el suelo, con el
imputado sobre él y sin posibilidades de escapar o defenderse, tal como lo
demostrara la reconstrucción realizada por el Lic. Ehnes. La querella requirió
la aplicación de 25 años de prisión, el máximo legal.
Daniel Sandoval, abogado defensor del imputado, se mostró
sorprendido por el monto de los pedidos. Su alegato hizo pie en la finalidad
resocializadora de la pena, indicando que los acusadores pretenden utilizar la
prisión para el castigo de modo desmedido. También se preguntó cuánto tiempo de
tratamiento penitenciario necesita su pupilo para resocializarse. Resaltó la
falta de antecedentes penales, la formación rudimentaria del imputado y sus hábitos
de trabajo como aspectos ineludibles a la hora de mensurar la pena. Su análisis
concluyó en que la condena a imponer debe situarse en el mínimo legal.
El próximo viernes se conocería de decisión judicial, a
menos que compromisos funcionales impidieran a alguno de los magistrados
finalizar su voto para esa fecha. Si esto ocurriera, la lectura tendría lugar
el lunes 2.
jueves, 21 de noviembre de 2013
Perspectiva de género y Trata de personas
COMENZARON LAS JORNADAS DIRIGIDAS
A FUERZAS DE SEGURIDAD
La actividad tiene lugar en el Centro de Instrucción de la
Policía, ubicado en 9 de Julio 542, desde las 15 hasta las 20
hs. y está a cargo de los capacitadores entrenados por la Corte Suprema de
Justicia, el Procurador General Adjunto Dr. Emilio Porras Hernández, la Jueza
de Cámara Penal Dra. Nelly García, la Jueza de familia Dra. Mariela González de
Vicel y la Fiscal
General Dra. María Bottini.
Los
objetivos de la iniciativa son: impulsar un proceso de comprensión del flagelo
de la trata de personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias
para proporcionar, desde la Justicia y desde los otros sectores
vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las convenciones y
compromisos internacionales suscriptos por nuestro país. Se prevé que estas
jornadas sean replicadas en todo el país en el ámbito nacional, federal y
provincial simultáneamente.
miércoles, 20 de noviembre de 2013
Robo en El Delfín
JUICIO ABREVIADO PARA TODOS LOS IMPUTADOS
Carlos Bejar estuvo
asesorado por el defensor Bruno
Deias, en tanto que Horacio Hernández actuó como abogado
defensor de Spinelli. Ambos imputados aceptaron los hechos, tal como fueron
relatados en esta audiencia por el fiscal Fernando Rivarola en
el marco del acuerdo de juicio abreviado. La imputación se centró en los hechos
respecto de los que existe abundante prueba, tomando la duda a favor de los
imputados en aquellas cuestiones sobre las que la prueba admite controversias. Tal
el caso de la imputación por asociación ilícita respecto de la que también se
trabajó durante la investigación.
El 31 de agosto de
2012, aproximadamente a las 18 hs, Patricio Spinelli ingresó al comercio a
consultar precios. Pocos minutos después otros tres sujetos, entre los que
estaban Bejar y Urrutia, ingresaron vestidos con mamelucos y encapuchados (con
gorros, gorras, bufandas y/o cuellitos) y mediante la utilización de armas
blancas y al menos una de fuego tipo revólver, intimidaron y redujeron
violentamente a las tres empleadas del lugar, al igual que una mujer que había
ingresado al local junto con su hija menor de edad. Las ataron y las
trasladaron hacia una dependencia trasera. Luego se apoderaron del dinero en
efectivo que se hallaba en la caja fuerte del establecimiento y en una caja de
seguridad, varias prendas de vestir, un llavero y una cartera de dama negra con
un celular, tarjeta de crédito, documentación y dinero en efectivo. Después se
dieron a la fuga un vehículo marca Renault Kangoo color gris donde los
aguardaba Spinelli.
El hecho fue
calificado como robo agravado en poblado y en banda, y por ser cometido con
arma cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse. Spinelli, declarado partícipe
secundario, fue condenado a la pena de tres años de prisión. A su favor pesó su
falta de antecedentes penales. Carlos Bejar resultó condenado a cinco años de
prisión como coautor en el hecho.
Sobre el acuerdo de
pena con declaración de reincidencia, la Dra. García se refirió a otros casos en los que la
declaró inconstitucional por considerar que viola el principio de
responsabilidad por el acto y de culpabilidad por el hecho consagrado en el
Art. 18 de la CN. “Aunque sea de oficio, en un juicio abreviado con acuerdo de
partes, no me veo obligada a aplicar una norma que considero que es
inconstitucional”, sostuvo la juez.
lunes, 18 de noviembre de 2013
UNICEF destaca al SAVD como ejemplo de Buenas Prácticas
La nueva "Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos", presentada por UNICEF, la Asociación por los Derechos Civiles y JUFEJUS, reconoce la experiencia del SAVD en Chubut como ejemplo de atención inmediata. La guía contiene "buenas prácticas" que orientan la actuación de los funcionarios y operadores involucrados en las distintas instancias del proceso judicial al que se ve sometido un niño/a víctima o testigo de un delito.
Virginia Berlinerblau coautora, en VI Jornadas SAVD |
Desde 2008 ADC, JUFEJUS y
UNICEF realizan un
trabajo de relevamiento y colaboración con organismos judiciales y
del Poder Ejecutivo de las provincias y de la CABA que intervienen en la protección,
abordaje y acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. A partir de
este trabajo se reconocieron importantes avances, entre ellos la obligatoriedad
de tomar medidas de protección especial durante la toma de declaración del
niño/a para evitar su reiteración y evitar que estas sean realizadas por
personas sin capacidad suficiente. El objetivo de estas medidas es reducir al
máximo el estrés que supone para el niño/a y el adolescente atravesar el
proceso judicial y evitar su revictimización, a la vez que se favorece la
obtención de pruebas válidas, de calidad y relevantes a los fines de la
investigación.
Atención inmediata a las víctimas
En el apartado referido a
la atención inmediata a las víctimas, la Guía habla del SAVD en Chubut.
El Servicio
de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), organismo dependiente de la Procuración General,
cuenta con oficinas en distintas localidades de la provincia (Esquel,
Sarmiento, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y El Hoyo).
El SAVD es el
encargado de brindar contención, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas de
abuso sexual y a sus familias en lo que respecta a la atención inmediata. En
coordinación con el fiscal del caso, brindan asesoramiento a la víctima respecto
a los alcances del proceso y su participación durante las distintas etapas del
proceso judicial. Además, intervienen en los casos de violencia intrafamiliar.
El SAVD está
conformado por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales abogados,
psicólogas y trabajadoras sociales y cuenta con guardias permanentes durante
las 24 hrs. los 365 días del año.
Desde el año
2009, implementaron junto a los sectores de Salud el “Dispositivo de atención
de personas en situación de abuso sexual” mediante el cual, ante la toma de
conocimiento de un hecho de abuso sexual reciente con acceso carnal en un
hospital, escuela o comisaría, se haya efectuado o no la denuncia, se le debe
dar intervención inmediata al SAVD quien se encarga de asesorar a la víctima sobre
la conveniencia de recibir asistencia médica inmediata concurriendo al hospital
público de la localidad de la que se trate. En estos casos, un profesional del
SAVD realizará la derivación efectiva de la víctima y la acompañará al hospital
o entro de salud correspondiente, para que se lleve a cabo la atención médica
necesaria según lo dispuesto en el Dispositivo de Atención.
Principales
cuestiones a tener en cuenta en esta instancia
• Una vez que se realiza la denuncia o develación, la NNyA debe recibir
asistencia inmediata y especializada.
• Procurar brindar a la NNyA contención psicológica y emocional, así como
evaluar el riesgo de que vuelva a sufrir una agresión y recomendar medidas para
preservar su seguridad física y psíquica.
• Necesidad de disponer de un organismo o profesional especializado en atención
a NNyA víctimas.
• Registro por escrito, textual y entre comillas del relato espontáneo.
• Producción de informe con hechos básicos denunciados, circunstancias de
develación, valoración del riesgo, dichos espontáneos y demás información que
resulte útil para la investigación.
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Talleres sobre trata de personas en fines de explotación sexual
Los días 20 y 21 de noviembre, desde las 15 hasta las 20 hs,
en el Centro de Instrucción de Policía, ubicado en 9 de Julio 542 de
Esquel, los capacitadores entrenados
por la Corte Suprema de
Justicia, Procurador General Adjunto Dr.
Emilio Porras Hernández, Jueza de familia Dra. Mariela González de Vicel,
Fiscal General Dra. María Bottini y Jueza de Cámara Penal Dra. Nelly García,
llevará a cabo una jornada de trabajo en talleres para incorporar la
perspectiva de género y sobre la trata de personas con fines de explotación
sexual. Esta jornada está dirigida a funcionarios
de Policía del Chubut, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario
Federal. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata
de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal que cuenta con el apoyo del
Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Los objetivos de la
iniciativa son: impulsar un proceso de comprensión del flagelo de la trata de
personas con fines de explotación sexual, y elaborar estrategias para
proporcionar, desde la Justicia y desde
los otros sectores vinculados a la temática, una respuesta ajustada a las
convenciones y compromisos internacionales suscriptos por nuestro país. Se
prevé que estas jornadas sean replicadas en todo el país en el ámbito nacional,
federal y provincial simultáneamente.
Acerca de la Oficina de la
Mujer
La Oficina de la Mujer (OM), creada por el máximo Tribunal
del país en 2009, se planteó el desafío de lograr la igualdad de género tanto
en relación a quienes utilizan el sistema de Justicia como a las personas que
desempeñan sus funciones en el Poder Judicial. El trabajo de la Oficina de la
Mujer se enmarca en la política de Estado tendiente a prevenir y erradicar
cualquier tipo de violencia de género.
La Oficina, a cargo de la Ministra Dra. Carmen
Argibay, cuenta con una Secretaría y diversas áreas de trabajo, encargadas de
brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de
políticas institucionales que favorezcan la igualdad de género; la recopilación
de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido y la investigación de
género, tendientes a identificar las necesidades dentro del Poder Judicial.
Más información: www.csjn.gov.ar/om/
Acerca del Ministerio
Público Fiscal:
La reforma introducida al
texto de la
Constitución Nacional en el año 1994 incluyó al Ministerio
Público entre las autoridades de la Nación –junto a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial– como un órgano independiente con autonomía funcional y
autarquía financiera (art. 120). Esta cláusula constitucional, a su vez, fue
reglamentada por el Congreso de la Nación a través del dictado de la Ley Orgánica del
Ministerio Público (ley n° 24.946).
De acuerdo con el artículo
mencionado, corresponde al Ministerio Público promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad.
El Ministerio Público Fiscal
está integrado por el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, que
es su autoridad máxima, y por los fiscales –nacionales y federales– que
establece la ley.
Además, dentro del
Ministerio Público, participa en este programa la Fiscalía General
de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, a cargo del Dr. Carlos Ernst,
que tiene entre sus funciones la capacitación, formación y actualización de sus
miembros; y la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y
Trata de Personas), a cargo del Fiscal Dr. Marcelo Colombo, que a raíz del
sostenido interés y compromiso del
Ministerio Público Fiscal en la persecución penal del delito de trata de
personas, desde el 22 de agosto de 2008 y por Resolución PGN 100/08 cuenta
entre sus atribuciones prestar asistencia a los fiscales de todo el país en la
investigación de este delito, como así también brindar capacitación sobre dicha
temática.
Más información: www.mpf.gov.ar
Acerca del Sistema de
Naciones Unidas en Argentina
El Sistema de Naciones Unidas reúne a las oficinas, fondos y
programas de la ONU que trabajan en el país. En 14 agencias, cerca de 300
personas planifican y ejecutan más de 300 proyectos dirigidos a apoyar,
mediante la cooperación técnica y la asistencia, los esfuerzos nacionales y
locales en las diversas áreas vinculadas al desarrollo. Cada oficina tiene un
mandato propio, pero coordinan y unen sus esfuerzos para hacer frente a estos desafíos
de manera más estratégica, integrada y eficaz.
El Sistema de las Naciones
Unidas en Argentina trabaja para lograr la plena equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres en el país, mediante la cooperación con el
gobierno y organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad, brinda su
apoyo a diversas iniciativas de orden nacional, como la Oficina de la Mujer, la
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional
de las Mujeres, entre otras.
Más información www.onu.org.ar
lunes, 11 de noviembre de 2013
Vejaciones agravadas
LA CAMARA CONFIRMÓ LA CONDENA
Las camaristas Nelly García, Carina Estefanía y Mónica Rodríguez rechazaron el recurso interpuesto por el defensor de Carlos Damián Albiar, Fabián Carmelo, Orlando Castro y Sergio Hernán Reyes, confirmando la sentencia que los declaró autores del delito de vejaciones agravadas por el empleo de violencia física.
En la investigación trabajaron de modo conjunto la Fiscalía y la Defensa Pública a cargo de la querella.
La imputación original alcanzaba a otros tres policías que resultaron absueltos en la primera sentencia. El defensor presentó un recurso ante la Cámara Penal cuestionando la resolución del Dr. Jorge Criado y reclamando la absolución de los cuatro policías condenados. La segunda instancia judicial confirmó aquella sentencia en todos sus términos.
La investigación se centró en dos hechos, uno de ellos con dos víctimas y el otro con seis. Por primera vez la defensa pública desdobló sus esfuerzos en sentidos contrarios. El Dr. Omar López llevó a cabo la querella, trabajando conjuntamente con el fiscal Fernando Rivarola, en tanto que Marcos Ponce, tuvo a su cargo la defensa de los imputados. Este último planteó que las diferencias que se evidenciaron en las declaraciones de las víctimas deben ser tomadas como un indicio de su falsedad. El tribunal encontró otra explicación.
A criterio de las magistradas "las diferencias que remarca el defensor entre los testimonios, son normales, la mayoría de las veces se deben a diferencias en la percepción, que varían de un individuo a otro, puede deberse a hechos dinámicos, que se desarrollan en paralelo y cambiantes en segundos o minutos, un individuo no puede tener el control de todo lo que está ocurriendo y recordarlo con total precisión, dos años después".
También se cuestionó la falta de precisiones sobre quién, cómo, cuándo y dónde fueron propinados los golpes que tuvo por acreditados el juez. "Si bien los delitos cometidos por policías en el interior de los calabozos son difíciles de probar ya que la víctima está en desventaja, no se pueden comparar con los abusos sexuales, que tienen otras implicancias para la víctima, pero sí comparto lo expresado por el Defensor, en todos los casos hay que probar los hechos, se puede condenar con un testigo único, si su versión se puede corroborar con otros datos, pero en el caso que nos ocupa no se trata de la víctima testigo único", consideraron.
La Dra. Rodríguez explicó en su voto que "no se trata, pues, de valorar sólo palabras, sino que las declaraciones se han visto robustecidas por información externa y objetivable, que si bien no constituye una prueba directa de los hechos, dotan al testimonio de una potencia incriminatoria suficiente como para dar sustento a un fallo de condena."
Las camaristas Nelly García, Carina Estefanía y Mónica Rodríguez rechazaron el recurso interpuesto por el defensor de Carlos Damián Albiar, Fabián Carmelo, Orlando Castro y Sergio Hernán Reyes, confirmando la sentencia que los declaró autores del delito de vejaciones agravadas por el empleo de violencia física.
En la investigación trabajaron de modo conjunto la Fiscalía y la Defensa Pública a cargo de la querella.
La imputación original alcanzaba a otros tres policías que resultaron absueltos en la primera sentencia. El defensor presentó un recurso ante la Cámara Penal cuestionando la resolución del Dr. Jorge Criado y reclamando la absolución de los cuatro policías condenados. La segunda instancia judicial confirmó aquella sentencia en todos sus términos.
La investigación se centró en dos hechos, uno de ellos con dos víctimas y el otro con seis. Por primera vez la defensa pública desdobló sus esfuerzos en sentidos contrarios. El Dr. Omar López llevó a cabo la querella, trabajando conjuntamente con el fiscal Fernando Rivarola, en tanto que Marcos Ponce, tuvo a su cargo la defensa de los imputados. Este último planteó que las diferencias que se evidenciaron en las declaraciones de las víctimas deben ser tomadas como un indicio de su falsedad. El tribunal encontró otra explicación.
A criterio de las magistradas "las diferencias que remarca el defensor entre los testimonios, son normales, la mayoría de las veces se deben a diferencias en la percepción, que varían de un individuo a otro, puede deberse a hechos dinámicos, que se desarrollan en paralelo y cambiantes en segundos o minutos, un individuo no puede tener el control de todo lo que está ocurriendo y recordarlo con total precisión, dos años después".
También se cuestionó la falta de precisiones sobre quién, cómo, cuándo y dónde fueron propinados los golpes que tuvo por acreditados el juez. "Si bien los delitos cometidos por policías en el interior de los calabozos son difíciles de probar ya que la víctima está en desventaja, no se pueden comparar con los abusos sexuales, que tienen otras implicancias para la víctima, pero sí comparto lo expresado por el Defensor, en todos los casos hay que probar los hechos, se puede condenar con un testigo único, si su versión se puede corroborar con otros datos, pero en el caso que nos ocupa no se trata de la víctima testigo único", consideraron.
La Dra. Rodríguez explicó en su voto que "no se trata, pues, de valorar sólo palabras, sino que las declaraciones se han visto robustecidas por información externa y objetivable, que si bien no constituye una prueba directa de los hechos, dotan al testimonio de una potencia incriminatoria suficiente como para dar sustento a un fallo de condena."
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Agresión a personal del hospital
EL IMPUTADO NO PODRÁ
ASISTIR SIN ACOMPAÑAMIENTO POLICIAL
Es la misma persona condenada en agosto a una pena en
suspenso por hechos similares. Si los nuevos hechos fueran probados en juicio
deberá cumplir ambas condenas en un centro de detención.
El miércoles por la mañana se realizó la audiencia para
tratar la legalidad de la detención y formalizar la investigación en relación a
dos hechos. El primero de ellos ocurrió aproximadamente a las 3:30 hs del martes
en la guardia del HZE. El imputado se presentó con su pareja para que esta
reciba atención médica. Según la imputación, al informarle que la mujer tendría
que permanecer en observación se habría exaltado, amenazando al personal y
rompiendo la puerta.
Mas tarde, a las 11:10 hs. regresó dirigiéndose al sector de
salud mental. La médica a cargo le dijo que su mujer estaba descansando y que
por lo tanto no podía ingresar. El imputado la habría amenazado, intentando
darle golpes de puño. Intervino el personal de seguridad y también un policía,
a los que también habría intentado agredir, resistiéndose a la detención.
La fiscal Fernanda Révori
pidió que se aplique una medida de coerción, acordada previamente con la Adriana Carro de la
defensa pública. Se solicitó que se imponga una prohibición de acercamiento y
contacto a las víctimas y prohibición de acercamiento a Hospital y a los
centros de salud. Solo habilitando la asistencia con custodia policial para
casos de urgencia o para el tratamiento psiquiátrico del imputado.
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