La investigación se
inició a partir de distintas denuncias presentadas al Ministerio Público Fiscal
por familiares de los presuntos damnificados. La hipótesis fiscal sindica a
personal directivo y administrativo del Hogar de Ancianos de Esquel en relación
a los delitos de defraudación y estafa. La apertura se realizó por dos de las
imputadas, en tanto que en enero se realizaría por la tercera, que presentó certificado
médico justificando su ausencia.
Cuatro legajos fiscales tramitan en una misma carpeta
judicial. Cada legajo se originó en una denuncia, en tanto que el último de
ellos fue iniciado de oficio a partir de los indicios surgidos de las primeras
medidas de investigación.
El primer legajo señala a una empleada administrativa del
hogar de ancianos "Juan Domingo Perón", quién habría defraudado a una
anciana aprovechando su función. "Se
apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de debito del
Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela para luego dirigirse al cajero automático en
la vecina localidad de Trevelin y extraer la suma de pesos mil ($ 1.000)",
sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho
habría ocurrido el 14 de abril de 2014.
El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de
2012 y el mismo mes del corriente año. El funcionario Fidel González atribuye
el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud muy
deteriorada, a dos administrativas y a la directora del establecimiento. Según
la denuncia, esta última habría exigido a la esposa del damnificado, la tarjeta
de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del
interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los
gastos de la internación "a sabiendas que desde el Ministerio de la
Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se abonan los gastos de
todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del
funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta, higiene, etc). No
quedando ningún tipo de erogación a cargo del los internos", indica la
imputación fiscal, con una salvedad, los gastos de farmacia.
Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene
que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal
administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar
extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba al
hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las
imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el
destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico
causado rondó los $67.729.
El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado
a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014. Con una
modalidad similar a la descripta en el hecho anterior, las imputadas, según la
información obtenida hasta el momento, habrían causado un menoscabo de
aproximadamente $713.638.
Finalmente el último legajo incrimina únicamente a la coordinadora
las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en
relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los
monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero
sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados
de alrededor de $309.112.
Las imputadas fueron asistidas por dos abogadas de la
Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce y la Dra. Paola Bagnato. Esta última
cuestionó la descripción de la conducta achacada a su defendida, aunque aceptó
los términos de la imputación por tratarse de la audiencia de apertura.
La investigación iniciada por el funcionario Fidel González
cuenta con un plazo de seis meses para profundizarse y definir si hay o no
elementos suficientes para llevar el caso a juicio.
El juez de la carpeta es el Dr. Martín O'Connor.
