Denuncia contra diputados

RIVAROLA RECIBIÓ A VECINOS

Vecinos nucleados en el Movimiento por el No a la Mina,  se hicieron presentes en la Fiscalía. El Fiscal Jefe recibió a dos de ellos para escuchar sus inquietudes e informarles lo resuelto a partir de la denuncia presentada contra un diputado que fuera fotografiado en plena sesión recibiendo un mensaje de texto vinculado a la empresa minera.

Fernando Rivarola tuvo a su cargo el legajo de investigación iniciado con la denuncia de tres vecinos en Esquel. A la documentación presentada por denunciantes, agregó otros elementos de análisis, como por ejemplo la filmación completa de la sesión legislativa en la que se habría producido el suceso denunciado.

Anoticiado de que la Fiscalía de Rawson abrió legajo por el mismo hecho, la Fiscalía de Esquel remitió el legajo con el material obtenido hasta el momento para concentrar todos los elementos en una misma investigación, quedando ahora en manos de la Fiscal Griselda Encinas.

En diálogo con los denunciantes, Rivarola ofreció a la Fiscalía local como nexo e interlocutor entre los denunciantes y los funcionarios a cargo de la investigación. También se puso a disposición para el caso que hubiera medidas de investigación a realizarse en esta ciudad.

Recientemente el Área de Comunicación Institucional de la Fiscalía de Rawson informaba que parte de la información recolectada se encuentra en etapa de evaluación y a la vez se espera respuesta a distintos oficios enviados a entidades públicas las que oportunamente también serán tenidas en cuenta en esta etapa procesal.
Entre ellas se mencionaron la incorporación de dos denuncias similares y del mismo tenor  realizadas por la U.A.C. Ch. ante la fiscalía de Esquel, informes solicitados al Tribunal de Cuentas de la Provincia y al Banco Central de la República Argentina, además de informes solicitados a las empresas de telefonía celular con prestación en la zona.
También indicó que se convocará a los diputados provinciales Roberto Risso y Anselo Montes, todas estas medidas investigativas que se están llevando adelante en función de las denuncias realizadas por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut. La información recabada permitirá delinear estrategias de trabajo que oportunamente serán avaluadas para determinar si existe la posibilidad de solicitar formalmente ante un juez de garantías, la apertura de investigación tal como lo dispone el Código Procesal Penal del Chubut.

Nueva funcionaria en El Hoyo

Débora Fernanda Barrionuevo prestó juramento de ley y comienza a desempeñarse en la Delegación de la Comarca del Ministerio Público Fiscal. La vacante se produjo al dejar ese cargo la Dra. Karen Kagerer.

Al frente de la delegación continúa el Fiscal General Oscar Oro.

Los días 11 y 12 de noviembre, el Consejo de Fiscales tomó examen a los postulantes al cargo. El primer lugar en el orden de mérito lo obtuvo la Dra. Julia Mateos, quien optó por esperar la posible generación de una vacante en la Fiscalía de Esquel. La Dra. Débora Fernanda Barrionuevo quedó en el segundo lugar y al reunir los requisitos exigidos por las disposiciones reglamentarias vigentes, fue designada mediante la Resolución N° 153/14 de la Procuración General como Funcionaria de Fiscalía en el Ministerio Público Fiscal con asiento en la ciudad de El Hoyo.

Barrionuevo se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB en junio de 2012.

Robo con efracción e incendio intencional

UNO DE LOS IMPUTADOS RECONOCIÓ SU RESPONSABILIDAD

El 19 de septiembre de 2013 un incendio consumía el local comercial de Bianca Perfumería, afectando en parte los locales aledaños, el tendido eléctrico y otros servicios públicos. Algunos elementos del local fueron sustraídos y el resto se consumió con el fuego. El panorama presentaba una compleja investigación, pese a lo cual pudo identificarse a los autores materiales. Sin embargo para Fernando Rivarola la investigación aun no finaliza. Una fuerte hipótesis sigue abierta, el hecho habría sido por encargo.

Luis Alejandro Simeoni reconoció su participación ante el juez Martín O’ Connor y ante la víctima, en el marco de una audiencia realizada este jueves por la mañana. La falta de antecedentes penales, su juventud y una participación menor en el hecho según el análisis fiscal, fueron los elementos tenidos en cuenta para acordar la pena mínima prevista por el Código Penal para este delito, tres años de prisión en suspenso. Martín O’ Connor homologó el acuerdo, condenando a Simeoni a la pena acordada, imponiéndole una prohibición de acercamiento al damnificado y al local comercial, entre otras medidas de conducta por el tiempo de la condena. En caso de encontrárselo responsable de un nuevo delito deberá cumplir en prisión ambas condenas en prisión.

Destacable

El damnificado también habló en la audiencia, dijo que este hecho le arruinó su vida “a pesar de que estaba la posibilidad de ir a un juicio en el que se lograra una condena mayor, el sábado 6 de diciembre me encontré con una persona que está vinculada con el Sr. Simeoni y que yo conozco de hace muchos años. Esto de alguna manera me sensibilizó en que yo debía darle una oportunidad al Sr. Simeoni, oportunidad que también le dan las leyes...” Muy emocionado explicó el impacto que esto provocó en su vida y su economía. “A un año de reabrir no solo no pude recuperar el rubro perfumería con el cual perdí la mitad de mi clientela, con el rumbo que toma el país no se cuanto voy a sobrevivir y dar trabajo a mis dos empleadas”.

“A pesar de que esta gente no tuvo ningún tipo de sensibilidad conmigo yo la voy a tener…”, refirió, luego de contar que lo hace por en el bebé del imputado.

El hecho

En horas de la madrugada del 19 de septiembre de 2013, en pleno centro, dos sujetos rompieron el vidrio de la puerta de ingreso a un local comercial, sustrajeron mercaderías y con el combustible que llevaban en un envase de lavandina, provocaron un incendio en el interior del local Bianca Perfumería, ubicado en Rivadavia 971 de Esquel.

La investigación permitió identificar a los autores materiales, uno de ellos Simeoni que asumió su responsabilidad, otro, Claudio Alberto Ríos, que irá a juicio y una línea de investigación en la que se busca completar la evidencia para imputar al presunto autor intelectual. En este sentido se solicita a toda persona que pueda aportar alguna información de interés, se acerque a la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento del caso. 

Defraudación contra la Administración Pública

CONDENA EN ABREVIADO

Después de idas y vueltas, uno de los imputados por delitos cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tecka, resultó condenado en el marco de un juicio abreviado. Otro de los inculpados fue sobreseído por extinción de la acción penal a causa de su fallecimiento. En tanto que aun no pudo ser llevado a juicio el tercer imputado, Jorge David Seitune quien se ampara en sus fueros.

La investigación fiscal se completó en cuestión de meses, sin embargo el trámite de apertura de juicio se prolongó mucho más allá de lo esperable, en el contexto del cambio de sistema procesal. El transcurso el tiempo puso en riesgo la prescripción de la acción en relación a los imputados que no mantuvieron cargos públicos. Un tribunal colegiado dictó el sobreseimiento de los imputados en septiembre de 2012 por esos motivos. La Fiscalía presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y logró una resolución favorable para la realización del debate. Frente a las evidentes dificultades probatorias que resultan del paso del tiempo, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El imputado reconoció su responsabilidad y aceptó que se le imponga pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua.

 

Ricardo John Griffiths fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos con costas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública municipal en concurso ideal con uso de instrumento público adulterado cometidos bajo la modalidad de delito continuado agravado por la condición de funcionario público.

Los hechos por los que resultó condenado Griffiths ocurrieron en Tecka entre 2003 y 2004.

Los magistrados entendieron que la autoría del imputado se encuentra debidamente probada, que existieron los fraudes investigados por la Fiscalía y que su condición de funcionario público agrava la comisión del delito.

Los hechos consistieron en la contratación del “bacheo de la ruta 40” y la defraudación tuvo tres etapas, un contrato de locación de obra donde el grupo de operarios sería representado por Aníbal Tracamán, a partir del 11 de abril de 2003 se le dio curso a la facturación sabiendo que no había sido extendida por Aníbal Tracamán y posteriormente se libraron los respectivos cheques contra las cuentas municipales, se les pagó a los integrantes del grupo, logrando obtener un lucro indebido de $22.391,00. El segundo hecho consistió en actuaciones relacionadas con la “provisión de mano de obra para el Museo Inacayal, albergue estudiantil, vivienda del docente de escuela N° 17, vivienda de Huenchueque, vivienda cultivando el futuro y hormigón cordones a partir del 26 de febrero de 2003, dándole curso a las órdenes de pago, sabiendo que dichos trabajos no habían sido realizados por Aníbal Tracamán, sino por otras personas como Estanislao Rodriguez que cumplía horas en el municipio por ser beneficiario de planes estatales, el segundo paso fue el libramiento de cheques contra las cuentas municipales, obteniendo un lucro indebido por $28.583.

Griffiths no tiene antecedentes penales y se sometió al proceso, aspectos que fueron tenidos en cuenta para establecer el monto de la pena a cumplir. La condena lo inhabilita definitivamente para ejercer cargos públicos.

El tribunal de juicio estuvo conformado por Anabel Rodríguez, José Colabelli y Martín O’ Connor. La Fiscalía fue representada por María Bottini en tanto que la defensa estuvo a cargo de las Dras. Graciela Conesa y Adriana Conesa.

Continúa la prisión preventiva

El imputado por presunta inducción a la fuga del hogar de una menor de edad y estupro, cumplirá con dos meses más de prisión preventiva según lo dispuso la juez Anabel Rodríguez, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía. El principal motivo de la continuidad de la medida es el peligro de fuga.

Por la Fiscalía el funcionario Carlos Richeri dio detalles del estado de la investigación y de las líneas que resta profundizar antes de formular la acusación pública. Habló de evidencia de contacto previo del imputado con la víctima, de material secuestrado, de la modalidad de compra de los pasajes utilizados para salir de la ciudad, entre otros aspectos.

Incluso aclaró que aun no se pudo establecer la finalidad del autor en relación a la fuga del hogar de la niña.

Por parte de la Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce aceptó la falta de arraigo firme, aunque aclaró que este solo elemento no puede ser suficiente para disponer la prisión preventiva. La abogada resaltó que con ese criterio todas las personas en condición de indigencia deberían transitar el proceso en prisión. Sobre los antecedentes del imputado, resaltó que esto solo vale para saber que en caso de recaer condena esta deberá ser de prisión efectiva. Por otra parte cuestionó el análisis realizado por el funcionario fiscal en relación a los elementos recabados, por entenderlo excesivo e innecesario para esta etapa.

Anabel Rodríguez dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de sesenta días a cumplir en la comisaría de El Maitén, por entender que se encuentra debidamente acreditado el peligro de fuga y que debe garantizarse la presencia del acusado durante todo el proceso.

Fiscalía Abierta

Estudiantes secundarios de Río Pico visitaron la Fiscalía

Como cierre del año lectivo, alumnos de la Escuela n° 783 de la localidad de Río Pico, viajaron a Esquel para participar de Fiscalía Abierta. Previo al viaje investigaron y realizaron trabajos sobre el Poder Judicial para la materia Formación Ética y Ciudadana. El proyecto presentado por la profesora Florencia Andolfatti, contó con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia, lo que les posibilitó realizar el viaje de estudios a Esquel.

Con semblantes cansados y evidente curiosidad, después de madrugar y hacer más de 220 km., llegó el viernes último un grupo de veinte alumnos al hall de entrada del Ministerio Público Fiscal, acompañados por dos docentes. Luego de ser recibidos por el área de Comunicación Institucional, enterados de modo general sobre el trabajo de la Fiscalía, visitaron las instalaciones del SAVD y conocieron algunas pinceladas del trabajo de investigación criminal desde una de las disciplinas auxiliares, la antropología forense.

 

A través del sistema de puentes que comunica a los edificios de la Fiscalía, la Defensa y los Juzgados, los estudiantes visitaron la Oficina Judicial y se interiorizaron sobre el proceso penal acusatorio, la oralidad y publicidad de las audiencias.

Con el asesoramiento del juez Martín O' Connor, el fiscal Hernán Dal Verme y el defensor Bruno Deias, prepararon e interpretaron los alegatos de cierre de un supuesto juicio en el que uno de sus pares hizo las veces de imputado y otro de víctima. Tres "juezas" dirigieron la audiencia y dictaron sentencia, en tanto que el resto del grupo jugó el rol de jurado popular.

Para finalizar visitaron las instalaciones de la Cámara Gessel.

El programa “Fiscalía Abierta” está orientado a grupos de la comunidad interesados en saber más del funcionamiento de la justicia penal, hablar con sus protagonistas, conocer las formas de participación ciudadana disponibles, y, por qué no, prepararse para el momento en que se ponga en marcha el sistema de Juicio por Jurados en la provincia.

Formalizan investigación por presuntas estafas y defraudación a ancianos

La investigación se inició a partir de distintas denuncias presentadas al Ministerio Público Fiscal por familiares de los presuntos damnificados. La hipótesis fiscal sindica a personal directivo y administrativo del Hogar de Ancianos de Esquel en relación a los delitos de defraudación y estafa. La apertura se realizó por dos de las imputadas, en tanto que en enero se realizaría por la tercera, que presentó certificado médico justificando su ausencia.

Cuatro legajos fiscales tramitan en una misma carpeta judicial. Cada legajo se originó en una denuncia, en tanto que el último de ellos fue iniciado de oficio a partir de los indicios surgidos de las primeras medidas de investigación.

El primer legajo señala a una empleada administrativa del hogar de ancianos "Juan Domingo Perón", quién habría defraudado a una anciana aprovechando  su función. "Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de debito del Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela  para luego dirigirse al cajero automático en la vecina localidad de Trevelin y extraer la suma de pesos mil ($ 1.000)", sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de 2014.

El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. El funcionario Fidel González atribuye el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud muy deteriorada, a dos administrativas y a la directora del establecimiento. Según la denuncia, esta última habría exigido a la esposa del damnificado, la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los gastos de la internación "a sabiendas que desde el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta, higiene, etc). No quedando ningún tipo de erogación a cargo del los internos", indica la imputación fiscal, con una salvedad, los gastos de farmacia.

Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba al hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico causado rondó los $67.729.

El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014. Con una modalidad similar a la descripta en el hecho anterior, las imputadas, según la información obtenida hasta el momento, habrían causado un menoscabo de aproximadamente $713.638.

Finalmente el último legajo incrimina únicamente a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados de alrededor de $309.112.

Las imputadas fueron asistidas por dos abogadas de la Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce y la Dra. Paola Bagnato. Esta última cuestionó la descripción de la conducta achacada a su defendida, aunque aceptó los términos de la imputación por tratarse de la audiencia de apertura.

La investigación iniciada por el funcionario Fidel González cuenta con un plazo de seis meses para profundizarse y definir si hay o no elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

El juez de la carpeta es el Dr. Martín O'Connor.