lunes, 21 de septiembre de 2015

Homicidio de Juan Huenchuman. Alegatos

El martes a las 13 hs. el tribunal de juicio dará a conocer el veredicto, este lunes se escuchó a las partes. La Fiscalía sostuvo su acusación por homicidio simple responsabilizando a Olga Huichaqueo, acompañada por la querella. La Defensa, sobre la base de la misma prueba, pidió la absolución.



Fernando Rivarola se refirió a los puntos que no se pusieron en discusión durante el debate. No se discutió que el hecho ocurrió en el establecimiento rural “Tres Aguadas”, en Gualjaina. Que se había desarrollado la señalada con la concurrencia de muchas personas, ni que hubo juegos típicos, baile y consumo de bebidas alcohólicas en abundancia. “Promediando las 1:30 hs. de la madrugada, cerca de un lugar donde se estaba bailando, se produjo una discusión entre Julián Barrera y el Sr. José Huenchumán (este último había sacado a bailar a la señora del primero Olga Huichaqueo), oportunidad en la que Barrera extrajo de entre sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones invitando a pelear a su contrincante”, apuntó Rivarola.

Fue entonces cuando intercedieron distintos familiares y otras personas presentes. Juan Huenchumán, hijo de José, le arrojó dos botellas a Barrera. La primera le erró y pegó en una camioneta estacionada, pero la segunda le impactó en la cara produciéndole lesiones graves.



La diferencia central entre las partes está vinculada a los sucesos que terminaron con la vida de Juan. Mientras que para la Fiscalía y la querella, ejercida por Juan Zapata, fue la imputada quien lo apuñaló. Para la defensa esto no es así, por el contrario, el tumulto hizo imposible determinar las circunstancias en que Juan resultó apuñalado.

La teoría de la acusación es que Olga tomó el cuchillo que había exhibido su pareja “y en venganza por la acción de Juan Huenchumán, y mientras este era perseguido y agredido por sus dos hijos, estando posiblemente en el piso, le asestó una puñalada que le produjo la muerte”.



Por qué cree la Fiscalía que Huichaqueo es la autora del crimen.

El fiscal propuso al tribunal que analice en forma conjunta los indicios ya que no hay prueba científica que marque un autor. Para empezar se refirió a la motivación que tenía la imputada. Juan le había arrojado una botella a su marido que lo dejó inconsciente, podría haber pensado que estaba muerto. En segundo lugar dos testigos vieron cuando la imputada levantó del piso el cuchillo de su marido. Ella misma reconoció haberlo agarrado. El cuchillo no fue encontrado, ni el cuchillo que llevaba Barrera, ni el que infringió el corte en el cuerpo de Huenchumán. Por las características ofrecidas por los testigos y por las que arroja la autopsia, uno y otro serían el mismo. También se refirió Rivarola a la dinámica del hecho reconstruida en la pericia. El recorrido que siguió Juan Huenchumán seguido por los hijos de la imputada y por ella. La agresión física, su caída al piso, el lugar donde recibió la herida y su derrotero posterior, sangrando. También tomó como un indicio en contra de ella la conducta que desplegó con posterioridad al hecho. Huyó junto a sus hijos, aun con una rueda pinchada.

Otro punto controvertido lo fue la incorporación de los dichos de la víctima respecto de quien lo habría apuñalado. Según los testigos Juan se refirió a que lo hirió una mujer " …la Huicha, la Cecilia Huichaqueo…la c… de la huicha….la Cecilia….la Cecilia…." La imputada no se llama Cecilia, sin embargo para el caso de los acusadores, se probó que todo un grupo de personas, próximas a la víctima, la conocían con ese apodo. El defensor, Marcos Ponce, desconoció el apodo y cuestionó la veracidad de los testigos que así la mencionaron.

Ponce planteó que la prueba producida no desmintió el relato de la imputada, ofrecido al comienzo del debate, por lo tanto ese relato debe ser tomado como válido. También se refirió a la creencia de que su defendida fue la autora, a su criterio se construyó un mito que no se sostiene con la realidad.

Mañana se sabrá cual es la decisión de los jueces Anabel Rodríguez, Ricardo Rolón y José Colabelli.

Juicio rápido: Mañana se sorteará el Tribunal

El lunes 7 fue sorprendido en flagrancia al sustraer una computadora portátil. El martes 8 se realizó la audiencia decontrol de la detención en la que la Fiscalía pidió juicio rápido. El imputado reconoció el hecho pero no hubo acuerdo en el monto de pena. La semana pasada finalizó la audiencia preliminar y este martes se realizará el sorteo público del juez para el Tribunal de Juicio.


El imputado había sido convocado a una audiencia. Mientras esperaba ingresó al sector de los despachos de los jueces y sustrajo de la oficina de la juez de cámara Carina Estefanía, una notebook con su respectivo cargador. Luego salió de los tribunales por Av. Alvear hacia Perito Moreno, con las manos en los bolsillos y la notebook oculta entre su ropa. Allí fue interceptado por dos policías afectados a la seguridad de los tribunales que le pidieron que se detenga. Hizo caso omiso, doblando por Perito Moreno hacia 9 de Julio. Uno de los uniformados lo tomó por el brazo y el imputado se resistió con fuerza, insultos y amenazas. Entonces la computadora cayó al piso y el sujeto fue aprehendido.

La Fiscalía planteó en aquella audiencia su interés de tramitar el legajo según la normativa del juicio rápido. El imputado no reúne las condiciones para una salida alternativa. La única opción posible sería la de juicio abreviado. Sin embargo, si bien reconoció haber cometido el hecho, no se mostró dispuesto a la imposición de una pena que supere el mínimo previsto por el Código Penal para la tentativa de hurto. Hace unos días se realizó la audiencia preliminar en la que las partes ofrecieron su prueba. El juez Martín O’ Connor resolvió abrir la etapa de juicio oral y fijó audiencia para el sorteo público del juez de juicio. Será este martes a las 9 hs.

El imputado permanece en prisión preventiva.

viernes, 18 de septiembre de 2015

Violencia familiar



Como parte del programa de capacitación interna permanente del personal del Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo esta semana una instancia en la que se analizaron experiencias de aplicación práctica del Protocolo para casos de Violencia Familiar, Intrafamiliar y Doméstica, Instrucción 01/14 PG. A partir de algunas conclusiones arribadas, este viernes la Fiscal Jefe María Bottini se reunió con el Jefe de la URE Esquel, Oscar Marinao. Del encuentro participó la funcionaria Julia Mateos y el área de Comunicación Institucional. 

El programa de capacitación prevé completar en lo que queda del año el análisis de aplicación práctica de cada uno de los Instructivos emanados por la Procuración General, revisar prácticas y realizar los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de cada uno de ellos.
En el caso concreto del protocolo para casos de violencia familiar, se evidenció que la estandarización de la recepción de denuncias permitió avanzar en la especialización en el abordaje de estos casos, además de comparar e identificar la necesidad de ciertos ajustes operativos.

En esta línea se llevó a cabo una primera reunión con el Jefe de URE para conversar sobre aspectos vinculados con la tarea policial. Marinao se comprometió, entre otras cosas, a implementar un sistema interno que permita a cada policía conocer con inmediatez las prohibiciones de acercamiento vigentes para poder actuar en casos flagrantes de desobediencia. También se acordó llevar a cabo una nueva reunión con la participación de la Comisaría de la Mujer y sumar a funcionarios de la Fiscalía a las acciones de sensibilización al personal de la fuerza, que ya está implementando la Comisaría de la Mujer.

El protocolo engloba las situaciones de violencias producidas dentro del grupo familiar. Tanto el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

martes, 15 de septiembre de 2015

Homicidio de Juan Huenchumán. Comenzó el juicio

Huenchumán perdió la vida a raíz de una puñalada recibida en un confuso episodio, la madrugada del 10 de abril de 2014. Al inicio del juicio el fiscal anticipó a los jueces las particularidades del caso, indicando que la teoría acusadora se basa completamente en prueba indiciaria. La defensa sostiene que la imputada es inocente, y ella, Olga Herminia Huenchaqueo, habló por primera vez dando su versión de lo sucedido.

Algunos minutos pasaban de las 9 hs., cuando los jueces Anabel Rodríguez, Ricardo Rolón y Oscar Colabelli, daban por iniciado el debate. De un lado se ubicaron el fiscal, Fernando Rivarola y el abogado de la querella, Juan Zapata. Del otro la imputada acompañada por los defensores públicos Valeria Ponce y Marcos Ponce. Entre el público siguieron de cerca cada instancia familiares de la víctima.

La Fiscalía realizó su discurso de apertura refiriendo que el hecho ocurrió en el contexto de la señalada que se realiza cada año el un establecimiento rural Tres Aguadas, Gualjaina. Hubo juegos típicos, baile y consumo de alcohol. A la 1:30 de la madrugada se produjo una pelea entre Julián Barrera y José Huenchumán, intervino el hijo de este último, Juan, arrojando una botella a la cara de Barrera. Según la hipótesis fiscal, los hijos del herido persiguieron y forcejearon con el agresor y en ese contexto la mujer del primero intervino asestándole una puñalada a Juan. La herida le provocó la muerte.
Sobre este último tramo de los hechos, Rivarola indicó que solo hay prueba indiciaria. Uno de los indicios fueron las propias palabras de Huenchumán antes de morir, achacando la estocada a “La Cecilia”. Según surgió ese sería el nombre por el que conocía a la imputada.

Zapata adhirió al relato de la Fiscalía. En tanto que Valeria Ponce resaltó que se trató de un episodio confuso en el contexto de un hecho tumultuoso, sosteniendo que su defendida es inocente, que no fue la autora, ni participó en el hecho.

Huenchaqueo declaró por primera vez, aunque se negó a responder preguntas. Arrancó diciendo que es inocente, que no tiene nada que ver con esto. Luego relató la pelea de su pareja con el padre de la víctima, habló del botellazo que le arrojó Juan a su marido y sostuvo que ella y sus hijos se ocuparon de rescatar a su esposo y llevarlo a la casa donde trató de hacerle las curaciones con alcohol. También dijo que Juan le cortó una cubierta antes de que ellos pudieran alejarse del lugar. Ninguna referencia hizo al modo en que este último fuera herido.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Presunta defraudación a la Administración Pública



Se formalizó la investigación en relación al imputado que estuvo ausente en la audiencia del 24 de agosto. Los otros tres imputados fueron notificados en aquella audiencia. Ahora corre el plazo de seis meses para finalizar la investigación relacionada con la obra tramitada en el expediente n° 6733/14 de la Dirección de Obras Públicas  de la Provincia, consistente en la construcción de un galpón y la pintura exterior de la Escuela N° 726 de El Maitén. La Fiscalía sostiene que se canceló la totalidad del monto previsto, según la certificación de inicio, avance y finalización, sin que se la hubiera ejecutado. Provisoriamente se calificaron las conductas como defraudación a la administración pública, agravada por la condición de funcionarios públicos.

El escrito de apertura relata que el 16 de mayo de 2014, Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq, como Director Regional de Obras Públicas Esquel, gestionó la construcción de un galpón y pintura exterior de la Escuela N° 726 de El Maiten. La obra fue tramitada por “Expediente Nro. 6733/14 Compra Directa Nro. 79/14, elevando a la Dirección General de Obras Públicas de Rawson, la memoria descriptiva, planos y presupuesto oficial”.
La solicitud de gasto fue aprobada por el área respectiva. Portillo Delebecq solicitó cotización a una sola empresa proveedora que gira bajo la denominación comercial de Constructora Frede S.R.L. Con el del presupuesto firmado por su socio gerente José Antonio Lazarte, el 26 de mayo de 2014 efectuó la apertura de ofertas y emitió dictamen aconsejando adjudicar la obra a dicha empresa por considerar se trataba del mejor precio y resultaba ser técnica y económicamente  conveniente al fisco.
El 10 de junio, la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y Servicios Públicos, adjudicó mediante Resolución N° 00222, la compra directa N° 79/14 Obra: “Construcción de galpón y pintura exterior Escuela N° 726 de El Maitén”, a la empresa Constructora Frede S.R.L. por la suma de pesos quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta y seis con 80/100 pesos ($ 518.756,80).
El 26 de Junio, Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq, en su condición de Director Regional de Obras Públicas Esquel, Néstor Hugo Cilio  Maestro Mayor de Obras de esta misma repartición y José Antonio Lazarte en su carácter de socio gerente de la empresa Constructora Frede S.R.L., suscribieron el acta de inicio de obra. El 02 de Octubre, Lazarte, Cilio y el Director de la Escuela N° 726 de Maiten: Sr. Aldo Daniel Jios, certificaron el 50% de la misma, lo cual habilitó el primer pago efectivizado el 26/11/2014.
El 16 de Octubre los cuatro suscribieron el acta que certificó el 50 % restante de la obra, habilitándose el segundo de los pagos, efectivizado el día 30/12/2014.
Así, la cancelación de la totalidad del monto de la obra contratada y adjudicada a la Empresa Constructora Frede S.R.L. se efectivizó a sabiendas de los imputados de que las obras no habían sido ejecutadas conforme memoria descriptiva, planos y presupuesto presentados oportunamente por la empresa. Esto fue verificado en el lugar mediante inspección ocular llevada a cabo casi 9 meses después, concretamente el día 07 de julio de 2015.
La Fiscalía sostiene que de este modo, Luis Fabián Portillo Delebecq de manera conjunta con José Antonio Lazarte, defraudaron a la Provincia del Chubut, contando para ello con la colaboración necesaria de Néstor Hugo Cilio y Aldo Daniel Jios, en tanto la empresa prestataria percibió el total del precio presupuestado sin haber usufructuado la provincia, el total de la obra contratada.

Lesiones leves agravadas


El domingo a las 8:30 hs una mujer mayor se vio sorprendida por un sujeto que entró violentamente a su vivienda y la golpeó. El agresor huyó al verse descubierto por vecinos que avisaron a la policía. Todo ocurrió tan rápido que la anciana no alcanzó a darse cuenta de que se trataba de su nieto, un hombre con problemas psiquiátricos. El joven quedó detenido y el lunes fue llevado a audiencia.

La mujer vivía sola, ahora cambió de barrio y se instaló en casa de su hijo. Su nieto, de 33 años, vive con la madre y la hermana y debe medicarse dos veces al día para controlar su trastorno psiquiátrico. Desde hace varios años es paciente de Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel.

La fiscal María Bottini describió el hecho indicando que ocurrió el 13 de septiembre a las 8:30 hs., en circunstancias en que el imputado se hizo presente en el domicilio de su abuela de 77 años, sito en calle Costanera al 1300, Esquel. Entró violentando la puerta de entrada, tomó por la ropa a la dueña de casa, la tiró al suelo y, colocándole una pierna en el pecho mientras le tapaba la boca ante sus gritos de auxilio. Los vecinos escucharon, la socorrieron y luego dieron aviso a la policía.
El hecho fue calificado provisoriamente como lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio.

La fiscal entendió que para preservar a la víctima y evitar que se entorpezca la investigación es necesario fijar una medida de coerción. Bottini solicitó que se imponga prisión preventiva por un plazo mínimo de 48 hs., en ese plazo preveía hacerse de la historia clínica del imputado para saber cuál es su patología y si esta le permite comprender y decidir sus actos.
El defensor Marcos Ponce, no discutió la necesidad de la medida de coerción, pero pidió que se establezca un arresto domiciliario en la casa de la madre del imputado y por un plazo de cinco días hábiles. La madre del imputado y a su vez hija de la víctima, estaba en la sala y se comprometió a velar por el cumplimiento de la medida de coerción en su vivienda.
El juez, Ricardo Rolón, entendió que esta alternativa es la más apropiada y dispuso el arresto domiciliario hasta el lunes próximo. En esa fecha se realizaría una nueva audiencia para rever la situación.

martes, 8 de septiembre de 2015

Hurto tentado

LA FISCALIA PIDIÓ QUE SE HABILITE EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO RÁPIDO


El imputado fue aprehendido en flagrancia el lunes a la mañana, cuando llevaba escondida una notebook entre su ropa. La computadora había sido sustraída del despacho de una juez de cámara. Este martes se realizó la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como tentativa de hurto y pidió que se active el procedimiento de juicio rápido. En 48 horas se realizará una nueva audiencia para tratar la posibilidad de una salida alternativa como el juicio abreviado. Si no hay acuerdo, la defensa contará con cinco días para preparar su prueba con vistas al procedimiento rápido.



El imputado está en situación de libertad asistida. El lunes ingresó al sector de los despachos de los jueces y sustrajo de la oficina de la juez de cámara Carina Estefanía, una notbook con su respectivo cargador. Luego salió de los tribunales por Av. Alvear hacia Perito Moreno, con las manos en los bolsillos y la notebook oculta entre su ropa. Allí fue interceptado por dos policías afectados a la seguridad de los tribunales que le pidieron que se detenga. Hizo caso omiso, doblando por Perito Moreno hacia 9 de Julio. Uno de los uniformados lo tomó por el brazo y el imputado se resistió con fuerza, insultos y amenazas. Entonces la computadora cayó al piso y el sujeto fue aprehendido.



En la audiencia el juez Martín O' Connor declaró legal la detención, se formalizó la investigación y dispuso la realización de una nueva audiencia en 48 hs. para analizar si se avanza en el procedimiento de juicio rápido solicitado por la Fiscalía, o se acuerda una salida alternativa como el reconocimiento de autoría en un juicio abreviado. A pedido de la Fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva por considerar que existe riesgo de fuga. La decisión jurisdiccional se basó en la conducta demostrada por el imputado en relación a este y a otros procesos en trámite.



Publicidad y la libertad de expresión



Al inicio de la audiencia, el imputado se exaltó al notar que estaba siendo fotografiado para la difusión pública de la audiencia. Sus insultos fueron frenados por el juez Martín O' Connor que puso orden en la audiencia y ofreció un cuarto intermedio para que el defensor Marcos Ponce hable con su defendido y exponga cuál era su petición.

Luego del cuarto intermedio el defensor pidió que no se publiquen fotos del imputado de este proceso ni de otros procesos anteriores. El letrado planteó que su defendido está estigmatizado socialmente y la publicidad de estos hechos redunda negativamente en su intento de reinserción social.

Por la Fiscalía respondió la funcionaria Julia Mateos, defendiendo el principio de publicidad establecido por el Código Procesal, ya que en esta audiencia no se verificaron ninguno de los motivos previstos para restringirla.

O' Connor tuvo en cuenta que se pusieron en discusión dos principios de raigambre constitucional:  la libertad de expresión (de las libertades más relevantes citadas por la Constitución) y por el otro lado la publicidad en el proceso penal, una conquista lograda por los penalistas después de mucho tiempo para la etapa preparatoria, adquirido fundamentalmente en beneficio del imputado. Por otra parte el magistrado consideró que el pedido de la defensa se basa en el intento del imputado de reinsertarse socialmente."Este fundamento de ningún modo logra conmover ninguno de los dos principios que enuncié en un principio. No hay ningún motivo que haga que este magistrado tenga que restringir la publicidad, ni la libertad de expresión".

El juez aclaró que si de la publicación el imputado pueda vislumbrar algún daño resarcible jurídicamente o que la publicación realice alguna vulneración de derechos tendrá obviamente todas las vías a su disposición para hacer valer sus reclamos. "De ninguna manera voy a restringir la publicación de imágenes".

Con posterioridad el imputado se disculpó por su exabrupto al inicio de la audiencia

lunes, 7 de septiembre de 2015

Conflicto en la estación de servicio Best & Best

En relación al conflicto que viene desarrollándose en la estación de servicio, tanto el Gerente como algunos trabajadores que se sintieron amenazados, realizaron denuncias en la Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal se expresó por escrito el pasado viernes indicando que se verificó hasta el momento una protesta de índole laboral, la que deberá ser destrabada por los organismos competentes. Por su parte la policía, órgano encargado de resguardar la seguridad, intervino de acuerdo a lo previsto por la Instrucción 007/97 PG, manteniendo en forma efectiva y constante el control y protección de las personas y bienes en conflicto.

Uno de los pedidos del denunciante estuvo dirigido a lograr el desalojo de los manifestantes. La postura adoptada por la Fiscalía le fue informada en un escrito el mismo viernes, indicando que “respecto a la solicitud de “desalojo” de las personas que se hallan en  el lugar, dados los elementos obrantes en el legajo, se verifica al momento una protesta de índole laboral, que deberá resolverse por los canales que corresponden, realizando las presentaciones pertinentes en la órbita de la Secretaría de Trabajo. Cabe referir que incluso nos ha informado el Comisario Mayor Marinao que quienes se encuentran llevando a cabo la protesta estarían dispuestos a destrabar el conflicto con la intervención de los organismos competentes en el área laboral.”
La Fiscal Jefe, María Bottini, resaltó que el derecho penal de “ultima ratio” y que “hasta el momento, no ha podido determinarse que la situación puesta en conocimiento sea delictiva; ello sin perjuicio de lo que pueda sucederse en el futuro, cuestión que podrá ser neutralizada con la presencia policial en el lugar”. Por otra parte aclaró que “el ordenamiento procesal penal de nuestra provincia, no prevé el desalojo como medida cautelar en la etapa preparatoria”.
La vía judicial que podría intentarse para garantizar el derecho a trabajar y ejercer libremente el comercio es la del amparo y no la intervención penal.

Por otra parte la Fiscalía tomó contacto con la Secretaría de Trabajo, teniendo en cuenta las amplias competencias que establece la Ley  X - N° 15 sobre su jurisdicción y atribuciones.

Policía garantiza la seguridad

El comisario Inspector Victor Hugo Acosta, informó este lunes por la mañana cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad y cuál fue la conducta verificada por los manifestantes.

Respecto de los reproches efectuados por el gerente de la estación de servicio, Acosta aclaró que “la situación planteada no se ajusta a la verdad atento la estación de servicio en cuestión no se encuentra tomada, impidiendo los manifestantes solamente el expendio de combustibles y destacándose que en ningún momento, estas personas han impedido el libre acceso a las instalaciones del edificio propiamente dicho, como así tampoco se realizan tareas u operaciones propias de manejo de combustibles y análogos. Por el contrario los empleados manifestantes han hecho expresa su voluntad de diálogo con el Sr. Oscar Bestene, para llegar a una solución en el conflicto haciendo caso omiso a este requerimiento el último nombrado”.


El funcionario policial agrega que el personal “consignado en el lugar controla constantemente que no se produzcan situaciones peligrosas”. Finaliza su informe diciendo que de consignar que existan “maniobras o procedimientos preventivos que la estación de servicio deba realizar en relación al venteo de gases, manejos de combustible y otras, como refiere el Sr. Gerente, es responsabilidad plena de ellos, destacándose que nada de esto ha intentado realizarse y por ende no ha sido impedido por los manifestantes.” Con estas afirmaciones el Jefe de la Comisaría Primera plantea que considera “improcedente el deslindamiento de responsabilidades que atribuye el Sr. Oscar Bestene”.