Defraudación contra la Administración Pública

CONDENA EN ABREVIADO

Después de idas y vueltas, uno de los imputados por delitos cometidos en perjuicio de la Municipalidad de Tecka, resultó condenado en el marco de un juicio abreviado. Otro de los inculpados fue sobreseído por extinción de la acción penal a causa de su fallecimiento. En tanto que aun no pudo ser llevado a juicio el tercer imputado, Jorge David Seitune quien se ampara en sus fueros.

La investigación fiscal se completó en cuestión de meses, sin embargo el trámite de apertura de juicio se prolongó mucho más allá de lo esperable, en el contexto del cambio de sistema procesal. El transcurso el tiempo puso en riesgo la prescripción de la acción en relación a los imputados que no mantuvieron cargos públicos. Un tribunal colegiado dictó el sobreseimiento de los imputados en septiembre de 2012 por esos motivos. La Fiscalía presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y logró una resolución favorable para la realización del debate. Frente a las evidentes dificultades probatorias que resultan del paso del tiempo, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El imputado reconoció su responsabilidad y aceptó que se le imponga pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua.

 

Ricardo John Griffiths fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos con costas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública municipal en concurso ideal con uso de instrumento público adulterado cometidos bajo la modalidad de delito continuado agravado por la condición de funcionario público.

Los hechos por los que resultó condenado Griffiths ocurrieron en Tecka entre 2003 y 2004.

Los magistrados entendieron que la autoría del imputado se encuentra debidamente probada, que existieron los fraudes investigados por la Fiscalía y que su condición de funcionario público agrava la comisión del delito.

Los hechos consistieron en la contratación del “bacheo de la ruta 40” y la defraudación tuvo tres etapas, un contrato de locación de obra donde el grupo de operarios sería representado por Aníbal Tracamán, a partir del 11 de abril de 2003 se le dio curso a la facturación sabiendo que no había sido extendida por Aníbal Tracamán y posteriormente se libraron los respectivos cheques contra las cuentas municipales, se les pagó a los integrantes del grupo, logrando obtener un lucro indebido de $22.391,00. El segundo hecho consistió en actuaciones relacionadas con la “provisión de mano de obra para el Museo Inacayal, albergue estudiantil, vivienda del docente de escuela N° 17, vivienda de Huenchueque, vivienda cultivando el futuro y hormigón cordones a partir del 26 de febrero de 2003, dándole curso a las órdenes de pago, sabiendo que dichos trabajos no habían sido realizados por Aníbal Tracamán, sino por otras personas como Estanislao Rodriguez que cumplía horas en el municipio por ser beneficiario de planes estatales, el segundo paso fue el libramiento de cheques contra las cuentas municipales, obteniendo un lucro indebido por $28.583.

Griffiths no tiene antecedentes penales y se sometió al proceso, aspectos que fueron tenidos en cuenta para establecer el monto de la pena a cumplir. La condena lo inhabilita definitivamente para ejercer cargos públicos.

El tribunal de juicio estuvo conformado por Anabel Rodríguez, José Colabelli y Martín O’ Connor. La Fiscalía fue representada por María Bottini en tanto que la defensa estuvo a cargo de las Dras. Graciela Conesa y Adriana Conesa.

Continúa la prisión preventiva

El imputado por presunta inducción a la fuga del hogar de una menor de edad y estupro, cumplirá con dos meses más de prisión preventiva según lo dispuso la juez Anabel Rodríguez, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía. El principal motivo de la continuidad de la medida es el peligro de fuga.

Por la Fiscalía el funcionario Carlos Richeri dio detalles del estado de la investigación y de las líneas que resta profundizar antes de formular la acusación pública. Habló de evidencia de contacto previo del imputado con la víctima, de material secuestrado, de la modalidad de compra de los pasajes utilizados para salir de la ciudad, entre otros aspectos.

Incluso aclaró que aun no se pudo establecer la finalidad del autor en relación a la fuga del hogar de la niña.

Por parte de la Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce aceptó la falta de arraigo firme, aunque aclaró que este solo elemento no puede ser suficiente para disponer la prisión preventiva. La abogada resaltó que con ese criterio todas las personas en condición de indigencia deberían transitar el proceso en prisión. Sobre los antecedentes del imputado, resaltó que esto solo vale para saber que en caso de recaer condena esta deberá ser de prisión efectiva. Por otra parte cuestionó el análisis realizado por el funcionario fiscal en relación a los elementos recabados, por entenderlo excesivo e innecesario para esta etapa.

Anabel Rodríguez dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de sesenta días a cumplir en la comisaría de El Maitén, por entender que se encuentra debidamente acreditado el peligro de fuga y que debe garantizarse la presencia del acusado durante todo el proceso.

Fiscalía Abierta

Estudiantes secundarios de Río Pico visitaron la Fiscalía

Como cierre del año lectivo, alumnos de la Escuela n° 783 de la localidad de Río Pico, viajaron a Esquel para participar de Fiscalía Abierta. Previo al viaje investigaron y realizaron trabajos sobre el Poder Judicial para la materia Formación Ética y Ciudadana. El proyecto presentado por la profesora Florencia Andolfatti, contó con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia, lo que les posibilitó realizar el viaje de estudios a Esquel.

Con semblantes cansados y evidente curiosidad, después de madrugar y hacer más de 220 km., llegó el viernes último un grupo de veinte alumnos al hall de entrada del Ministerio Público Fiscal, acompañados por dos docentes. Luego de ser recibidos por el área de Comunicación Institucional, enterados de modo general sobre el trabajo de la Fiscalía, visitaron las instalaciones del SAVD y conocieron algunas pinceladas del trabajo de investigación criminal desde una de las disciplinas auxiliares, la antropología forense.

 

A través del sistema de puentes que comunica a los edificios de la Fiscalía, la Defensa y los Juzgados, los estudiantes visitaron la Oficina Judicial y se interiorizaron sobre el proceso penal acusatorio, la oralidad y publicidad de las audiencias.

Con el asesoramiento del juez Martín O' Connor, el fiscal Hernán Dal Verme y el defensor Bruno Deias, prepararon e interpretaron los alegatos de cierre de un supuesto juicio en el que uno de sus pares hizo las veces de imputado y otro de víctima. Tres "juezas" dirigieron la audiencia y dictaron sentencia, en tanto que el resto del grupo jugó el rol de jurado popular.

Para finalizar visitaron las instalaciones de la Cámara Gessel.

El programa “Fiscalía Abierta” está orientado a grupos de la comunidad interesados en saber más del funcionamiento de la justicia penal, hablar con sus protagonistas, conocer las formas de participación ciudadana disponibles, y, por qué no, prepararse para el momento en que se ponga en marcha el sistema de Juicio por Jurados en la provincia.

Formalizan investigación por presuntas estafas y defraudación a ancianos

La investigación se inició a partir de distintas denuncias presentadas al Ministerio Público Fiscal por familiares de los presuntos damnificados. La hipótesis fiscal sindica a personal directivo y administrativo del Hogar de Ancianos de Esquel en relación a los delitos de defraudación y estafa. La apertura se realizó por dos de las imputadas, en tanto que en enero se realizaría por la tercera, que presentó certificado médico justificando su ausencia.

Cuatro legajos fiscales tramitan en una misma carpeta judicial. Cada legajo se originó en una denuncia, en tanto que el último de ellos fue iniciado de oficio a partir de los indicios surgidos de las primeras medidas de investigación.

El primer legajo señala a una empleada administrativa del hogar de ancianos "Juan Domingo Perón", quién habría defraudado a una anciana aprovechando  su función. "Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de debito del Banco provincia del Chubut a nombre de la abuela  para luego dirigirse al cajero automático en la vecina localidad de Trevelin y extraer la suma de pesos mil ($ 1.000)", sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de 2014.

El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. El funcionario Fidel González atribuye el hecho que afectó a un anciano internado en el hogar, con su salud muy deteriorada, a dos administrativas y a la directora del establecimiento. Según la denuncia, esta última habría exigido a la esposa del damnificado, la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los gastos de la internación "a sabiendas que desde el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia del Chubut se abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del funcionamiento operativo del hogar (alimentos, vestimenta, higiene, etc). No quedando ningún tipo de erogación a cargo del los internos", indica la imputación fiscal, con una salvedad, los gastos de farmacia.

Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal administrativo imputado, se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba al hogar dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico causado rondó los $67.729.

El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014. Con una modalidad similar a la descripta en el hecho anterior, las imputadas, según la información obtenida hasta el momento, habrían causado un menoscabo de aproximadamente $713.638.

Finalmente el último legajo incrimina únicamente a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados de alrededor de $309.112.

Las imputadas fueron asistidas por dos abogadas de la Defensa Pública, la Dra. Valeria Ponce y la Dra. Paola Bagnato. Esta última cuestionó la descripción de la conducta achacada a su defendida, aunque aceptó los términos de la imputación por tratarse de la audiencia de apertura.

La investigación iniciada por el funcionario Fidel González cuenta con un plazo de seis meses para profundizarse y definir si hay o no elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

El juez de la carpeta es el Dr. Martín O'Connor.

Hechos en Gualjaina

SE CONOCIERON LAS CONDENAS

El juez Alejandro Rosales falló condenando a Luis Fabián Barría a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión y a Daniel Segundo Medina a cinco años de prisión. Los encontró responsables a ambos de los delitos de daño, robo agravado por el uso de armas y amenazas agravadas por el uso de armas. En tanto que Barría fue declarado responsable además de daño y abigeato, y lo absolvió por dos de los hechos que se le imputaron.

El hecho en que fueron encontrados coautores ambos imputados ocurrió en Gualjaina en un local comercial, los imputados provocaron daños cuando el propietario se negó a venderles cervezas y luego se fueron. Momentos después regresaron, el juez analizaba este tramo del suceso diciendo que “cuando el grupo agresor retorna al local, su propósito no fue otro que apoderarse de las bebidas que” el propietario del local “se negó a expenderle a Barría, Medina y la mujer que los acompañaba. Esta vez, cuchillo en mano, Medina persiguió al propietario del comercio, mientras sus cómplices decididos a llevarse las cervezas tomaron las botellas del exhibidor, para luego alejarse el grupo del lugar. Conforme a este análisis, esa violencia ejercida sobre la víctima, perseguida y amedrentada por Medina con el arma de filo que llevaba en su poder, que superó claramente los mecanismos de defensa de la persona y aumentó la potencialidad ofensiva, tuvo como propósito perpetrar el hecho desplegado conjuntamente con sus consortes de causa, es decir, existió una relación de medio a fin entre la violencia y el desapoderamiento.” Con posterioridad ambos amenazaron con un arma a la madre de un testigo de ese hecho.

 

Barría también fue declarado culpable de dañar “mediante un golpe de puño, sin mediar motivo alguno y a sabiendas de lo que hacía” el espejo lateral de una camioneta que circulaba en una caravana partidaria. El último de los hechos por los que fue condenado fue “el apoderamiento ilegítimo de seis corderos propiedad de la Escuela n° 99 “Manuel y Zenón Antieco”, de Costa de Lepá, que se hallaban en un corral del establecimiento ubicado en zona rural, y que previo a ser faenados fueron trasladados al domicilio particular de Barría”, expuso el juez Rosales en su sentencia luego de valorar la prueba producida en el juicio para acreditar el hecho.

Las absoluciones

Hubo dos hechos en los que el juez no encontró prueba suficiente para declarar la responsabilidad del imputado. En uno de los casos tuvo lugar en la casa de la hermana de Barría, damnificándola a ella y a su esposo. La hermana hizo uso de su derecho legal y no testificó. El juez sostuvo que “la única fuente de información que permite conocer lo sucedido aquella madrugada del mes de febrero del corriente año en el interior del domicilio en cuestión, y luego fuera de la casa donde se encontraba aparcado el rodado, es el relato del propio damnificado… sin que el mismo pueda ser convalidado por otros elementos de juicio que permitan arribar a la certeza, tal como lo exige esta instancia”.

Finalmente también Barría fue absuelto por el suceso del 31 de diciembre de 2013, alrededor de las 02:10 horas, en una vivienda particular. La Fiscalía acusó a Luis Fabián Barría, de arrojar una piedra al frente de la vivienda con la que rompió el vidrio de la ventana principal. Según la acusación, a escasos minutos Barría regresó, esta vez con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que se acercó hasta la puerta de la propiedad contra el consentimiento de su dueño, a la que aplicó dos puntazos, dañándola.

En este caso solo se contaba con el testimonio del damnificado y de un vecino, Matuzz que no se presentó a declarar. Sobre esta situación el Dr. Rosales decía: “probablemente la declaración del vecino Matuzz hubiese contribuido a aclarar la controversia, aunque no ha sido posible contar con ella ni con otro elemento que permita esclarecer el suceso”. 

A pedido de la fiscal María Bottini y con la oposición de la defensa, Barría continuará cumpliendo prisión preventiva. La sentencia aun no está firme y el defensor Julián Ripa Montuenga adelantó que presentará un recurso ante la Cámara Penal. Dos jueces revisaron la decisión de Rosales a pedido del defensor y decidieron mantener la prisión preventiva de Barría. 

Concurso de Funcionario del MPF

DOS POSTULANTES APROBARON

El puesto en juego es solo uno. Se trata de una vacante para la Oficina Fiscal de El Hoyo. En el concurso se previó que los concursantes manifestaran su interés por trabajar en El Hoyo o en la Oficina con sede en Esquel por tratarse de una misma circunscripción y ante la eventualidad de que se genere una nueva vacante durante el plazo de validez del orden de mérito.

La Dra. María Julia Mateos obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. El segundo puesto fue para la Dra. Débora Barrionuevo. A la instancia oral había accedido un tercer concursante, que finalmente no obtuvo el puntaje necesario para aprobar el examen.

El orden de mérito obtenido será enviado por el TribunalExaminador del Consejo de Fiscales al Procurador General, Jorge Luis Miquelarena. Será el máximo responsable del MPF quién realice finalmente la designación. Para tomarla tendrá que considerar las preferencias de las concursantes que ya manifestaron su voluntad al momento de la inscripción. La Dra. Mateos indicó que solo le interesa desempeñarse en la Oficina Única de Esquel, en tanto que la Dra. Barrionuevo optó por desempeñarse en El Hoyo.

Julia Mateos es actualmente la abogada del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito en Esquel, con cargo de Profesional.