Los Dres. Martín O’ Connor y Anabel Rodríguez 
resolvieron otorgar la medida de no innovar solicitada por la Fiscalía por un plazo de 60 días, entendiendo que este plazo puede resultar suficiente a la investigación y no demasiado extenso para minimizar el perjuicio que pudiera generarse al Estado con la paralización de los trabajos. Los magistrados otorgaron la medida en relación a las parcelas citadas por la investigación, y no a un sector mayor del río Percey. También señalaron que la resolución no es inmutable, sino que de demostrarse la necesidad y condiciones para que esta sea modificada en alguno de sus puntos, se podrá modificar.
Los jueces consideraron que la resolución cuestionada por Fernando Rivarola se encuentra debidamente fundamentada y no se contradice con la resolución anterior del mismo magistrado. La situación varió desde que los organismos pertinentes autorizaron a realizar los trabajos de extracción de áridos en el sector. Sin embargo, que tales trabajos puedan afectar el normal desenvolvimiento de la investigación fiscal, y que se constituyan en un obstáculo para determinar si produjeron o no daño ambiental en el lugar, sí fue tenido como motivo suficiente para dictar la medida por parte de los magistrados.
Habría delito
La extracción de áridos previamente a la existencia de la autorización correspondiente sí podría constituir una acción antijurídica prevista por la ley penal en las figuras de hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público o daño. Cualquiera de ellas amerita una investigación penal con la consecuente realización de un estudio técnico pericial. Por ese motivo los jueces entendieron con la Fiscalía que la continuidad de los trabajos de extracción obstaculiza esa tarea.
Rivarola había solicitado que la paralización de los trabajos se realice a lo largo de todo el rio Percey, y esto fue rechazado por el tribunal por considerar que no fue debidamente acreditada esta necesidad, agregando que no se otorga por el plazo total de la investigación por ser conscientes de que se paralizarían trabajos destinados al bienestar público como lo es la pavimentación de la Ruta 71.
La resolución fue informada al Instituto Provincial del Agua, al Ministerio de Medioambiente y de control de Desarrollo Sustentable, a la Administración de Vialidad Provincial y a la Municipalidad de Trevelin.
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